Paradigma regresivo

Julián Blejmar


La Alianza Cambiemos pretendió presentarse como “desarrollista”, pero su política y esencia es “neoliberal”.

Posiblemente, una de los máximos desafíos para la nueva derecha argentina, que por primera vez en su historia exhibió vocación democrática, fue cómo presentar un programa económico regresivo que resultara atractivo para un electorado al que mayormente se le iban a recortar derechos. La estrategia optada por la Alianza Cambiemos fue presentarse como “desarrollistas”, es decir utilizar un ambiguo concepto para situarse en otro espacio al del gobierno kirchnerista, sin por ello presentarse como neoliberales. 

Lo cierto es que la delimitación teórica para un gobierno que regresó a las fórmulas de endeudamiento externo para financiar la valorización financiera y la fuga de capitales, junto a la apertura importadora, la reducción del salario real y las jubilaciones, y el acuerdo stand-by con el FMI, lo sitúa nitidamente en el paradigma neoliberal. De hecho, el investigador del Conicet Martín Schorr afirmó recientemente a este diario, que  “claramente” la Alianza Cambiemos no era desarrollista, pues “el tipo de fomento al capital extranjero que han realizado está ligado al negocio financiero, o bien al sector primario” con lo que “desde el punto de vista de la inserción productiva e industrial no tienen nada de eso”.

Pero de todas formas, si la Alianza Cambiemos no hubiera engañado a gran parte de su electorado y hubiera optado por políticas industriales desarrollistas, ello no implicaría un claro avance socioeconómico. En efecto, pese a su positiva semántica y la cobertura mediática de la gozó debido a la militancia periodística del diario Clarín durante las décadas del sesenta y del setenta a través de Rogelio Frigerio (abuelo del actual ministro del Interior), la apertura prácticamente irrestricta al capital extranjero que las políticas desarrollistas propiciaban para la economía nacional, tenían como fuertes víctimas a los empresarios nacionales, fuertemente afectados por la desigual competencia con empresas que poseían tecnología y financiamiento privilegiado; a muchos trabajadores que no había podido insertarse en las ramas dinámicas de la economía; y finalmente a un elemento central de la economía, como lo es la Balanza de Pagos.

Ya en 1974, la entidad gremial empresaria que agrupaba a las Pymes nacionales, la Confederación General Económica (CGE), había sostenido a través de su Centro de Estudios Económicos y Financieros que el modelo desarrollista implicaba una “distorsión de la estructura productiva, generando desempleo, agravando los problemas de vulnerabilidad del sector externo, y aumentando la dependencia económica y tecnológica”, pues fomentaba una “orientación del capital extranjero hacia los sectores de mayor rentabilidad, sin seguir el orden de prioridad exigido por las necesidades de la economía”, con un requerimiento de importaciones “que agravó la Balanza de Pagos internacionales”. 

De hecho, este centro de estudios económicos, el primero en constituirse en el país por fuera de la esfera gubernamental, planteaba que en los finales de los períodos desarrollistas, “el endeudamiento con el exterior había crecido sustancialmente y se había perdido una parte fundamental del control autónomo de las decisiones económicas”. Así, concluían que las elevadas tasas de desarrollo que permitía este modelo “implicaban una permanente postergación de los sectores del trabajo y la producción nacional”. José Ber Gelbard, el histórico líder de esta organización, reafirmaba esta concepción al señalar que con las políticas desarrollistas, “los recursos técnicos, los capitales, y todos los demás factores de la producción estaban volcados a crear un bien que en algunos casos es de segunda prioridad social y económica en el desarrollo nacional”, poniendo como ejemplo uno de los emblemas del desarrollismo, la industria automotriz, al señalar que “a pesar de que no teníamos caminos, las fábricas automotrices seguían saturando de unidades el mercado interno”.

Por cierto, al igual que su organización gremial empresaria, Gelbard se ocupaban de aclarar que “nosotros no desdeñamos las inversiones extranjeras, siempre y cuando se destinen a aquellos sectores determinados por el interés nacional y obviamente, no afecten la capacidad de decisión nacional”.

Fue de hecho lo que Gelbard impulsó como ministro de Economía con la Ley 20.557 de Radicaciones de Capitales Extranjeros, sancionada el 1° de diciembre de 1973, la cual sería uno de los ejes del “Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional”, el programa económico del tercer peronismo. Los considerandos, es decir los motivos que se acompañaban para justificar la necesidad de esta ley, expresaban que “hace más difícil la satisfacción de las necesidades de la población que el centro donde se toman las decisiones cruciales se ubique en países extranjeros y en las manos de empresas multinacionales; que países dependientes adopten el modelo de las potencias dominantes; que la tecnología que se introduzca esté ligada a grupos privilegiados; y que las industrias que se introduzcan sean capital intensivas”. De lo que se trataba, sostenían desde la CGE, era de revertir los resultados de la estrategia desarrollista iniciada por el gobierno de Arturo Frondizi, que había provocado que las inversiones extranjeras lograsen cerca del 35 por ciento del PIB industrial, lo cual creaba permanentes dificultades en la balanza comercial, por la compra y remisión de utilidades de las multinacionales a sus casas matrices. Por eso, la flamante ley impedía que los inversores extranjeros tuvieran un trato más favorable, sobre todo en materia financiera, que los nacionales. Asimismo, les requería el pedido de autorización para sus nuevas radicaciones, las cuales serían otorgadas solo si cumplían determinados requisitos, entre los que se encontraban que sus inversiones se destinasen a actividades y zonas consideradas prioritarias; contribuyeran a un mejor empleo de los recursos humanos y naturales del país; y que los bienes o servicios producidos permitieran sustituir a los importados hasta entonces.

La dictadura cívica–militar en 1976 barrió por completo con toda esta legislación, por lo que la inversión extranjera no tuvo ya mayores condicionantes, al punto que a diferencia del período desarrollista, el actual gobierno ni siquiera la convoca para desarrollar la industria, sino para financiar la fuga de capitales.

 

Suplemento CASH de Página/12 - 2 de septiembre de 2018