No estamos felices


Roberto Gómez (Especial para sitio IADE-RE) | En su libro Medios, poder y contrapoder, Ignacio Ramonet, habla de un poder gemelo, «el poder económico-financiero y el poder mediático. Si no van juntos, no funcionan, porque no basta con vencer, hay que convencer.

La victoria neoliberal no sería completa si el vencido no estuviese convencido, no estuviese feliz de haber sido vencido. De manera que ni siquiera debe darse cuenta de que ha sido vencido, debe pensar que en realidad está participando de la victoria de su adversario y que él no es una víctima».

¿Cómo enfrentar un poder de esa envergadura? Una de las formas más eficaces para, al menos, crear una suerte de contrapoder informativo es impulsar el desarrollo y crecimiento de los medios comunitarios, cooperativos y de todos aquellos incluidos en el 33% del espectro radioléctrico reservado por el artículo 89 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,  desmembrada por decreto presidencial a fines del año pasado.

Vale recordar que en 1980 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) elaboró un informe titulado «Un solo mundo, voces múltiples» que consideraba la información como un derecho humano fundamental, saliendo al cruce de la concepción dominante que la define como una mercancía más del mercado. En ese mismo año, mientras el mundo avanzaba hacia la concepción impulsada por la UNESCO, en nuestro país, la nefasta dictadura autoproclamada Proceso de Reorganización Nacional –o de retroceso nacional, más bien– dictaba la maldita Ley de Radiodifusión, que determinaba todo lo contrario. Las cooperativas y todas las entidades sin fines de lucro estaban prohibidas en el área informativa. La dictadura sabía lo que hacía. Ese año aprobó, también, la Ley de Entidades Financieras, que todavía padecemos.

Hoy estamos viviendo "dijo hace muy poco Carlos Ulanovsky ,destacado periodista argentino «un momento fronterizo en el periodismo, en donde una generación formada superficialmente en la idea de la neutralidad se enfrenta a la obligación de decir desde dónde habla”. Lo ocurrido en nuestro país y en la región en los últimos años demuestra que ya no es factible pensar la política sin los medios ni los medios sin la política. El rol que las empresas periodísticas juegan en la Argentina y los países vecinos pone en evidencia el innegable papel político de los medios de comunicación y echa por tierra definitivamente la «independencia periodística» esgrimida por las corporaciones de la información como defensa de sus negocios.

La Coalición por una Comunicación Democrática plantea, en ese contexto y como gran desafío del presente, establecer las condiciones de sustentabilidad que permitan encarnar la multiplicación de voces, a partir de una de las disposiciones clave de la ley: la mencionada reserva de un 33% del espectro radioeléctrico para la comunicación sin fines de lucro. Se trata de ocupar esos espacios para transformar de verdad el escenario mediático, de enfocar allí la lucha luego de tantos años destinados a derribar el entramado judicial impuesto por el Gran Hermano para evitar la desmonopolización y de facilitar la participación de los nuevos actores.

No es un asunto sectorial, ni destinado a los actores de la comunicación, sino que, por el contrario, es esencial para la democracia y la participación social, así como para preservar las identidades y las culturas locales y regionales, arrasadas por la uniformidad que se trata de imponer para favorecer los negocios globales. Los medios configuran el escenario del debate público en la actualidad y si sólo mandan allí un puñado de megaempresas, sus propios intereses económicos y políticos siempre estarán por delante de los derechos colectivos y la libertad de información.

El Estado no puede eludir sus responsabilidades en este plano ya que si no interviene para asegurar condiciones de pluralidad, se impone la ley del más fuerte. Así lo reconoció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que terminó con los cuestionamientos por inconstitucionalidad interpuestos por el Grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al establecer que “a diferencia de lo que sucede en la libertad de expresión en su dimensión individual, donde la actividad regulatoria del Estado es mínima, la faz colectiva exige una protección activa por parte del Estado, por lo que su intervención aquí se intensifica. Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público, motivo por el cual el interés del Estado en la regulación resulta incuestionable”.

En este escenario, multiplicar protagonistas y voces, ganar audiencias en el seno de los sectores populares, son puntos clave para defender la democracia.  Nuestros medios, los comunitarios, los alternativos, serán los que hagan realidad el derecho a la comunicación de vastas porciones de la sociedad que no encuentra hasta el presente canales para expresarse, para sentirse representados en el discurso público. Son las herramientas indispensables para sostener la batalla cultural, aquel recordado concepto de Floreal Gorini, quien sabía que para transformar la sociedad, era indispensable «enfrentar al pensamiento dominante que propicia el individualismo, margina a una gran parte de la población, empobrece a la mayoría y fractura la sociedad».

- Roberto Gómez, periodista. Miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática.