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La primera crisis del sistema previsional ocurrió a mediados de los años 60. La promesa del 82 por ciento móvil había sido obra del gobierno de Frondizi, pero el sistema no pudo cumplir con las prestaciones que debía otorgar según la Ley 14499, que no contempló un aumento de los aportes al sistema ni la modificación de la edad de la jubilación.

En verdad, el 82 por ciento sólo correspondía al salario mínimo. En cambio, para las jubilaciones más altas no llegaba al quince por ciento y para la prestación promedio apenas superaba el cincuenta por ciento. Pero aun para los mínimos su vigencia fue efímera.

Luego se produjo un aluvión de sentencias judiciales a favor de los beneficiarios y en cinco años se cayó el sistema gracias a la inflación, la baja rentabilidad del superávit previsional, el trabajo en negro y el aumento de los haberes con independencia de los ingresos. Tras la dictadura de Martínez de Hoz, Alfonsín declaró la emergencia del sistema previsional. Se suspendieron la ejecución y el pago de sentencias contra el Estado durante dos años, además de modificar el modo de cálculo de la jubilación ordinaria. Pagar el 82 por ciento móvil requería un aumento del setenta por ciento del Presupuesto, con un déficit que treparía del 5 por ciento al 8,5 por ciento del PBI.

Esta trayectoria revela un par de tendencias esenciales. Primero, el 82 por ciento móvil prácticamente nunca pudo hacerse efectivo; segundo, la lenta declinación de la economía en las últimas décadas, con la fragmentación del mercado de trabajo, el aumento de la informalidad, el desempleo, el bajo nivel de salario real, etcétera, hizo más lejano el cumplimiento de esa meta.

El desquicio financiero, producto de la descomposición del mercado de trabajo, tuvo su consumación bajo el menemismo con la generación de bonos previsionales y el régimen de las afjp que aumentó en diez años la edad para acceder al beneficio y cambió de cómputo. Finalmente, la Alianza llevó la crisis a su máxima expresión: se sancionó la “Ley de déficit cero” que dispuso una quita del trece por ciento de las jubilaciones y de los haberes de los empleados públicos.

El actual gobierno sacó la jubilación mínima del ostracismo, al quebrar esa tendencia, y la puso en un punto más realista, pero aún lejos de lo que se necesita. Ahora intenta ser acorralado por los mismos grupos que quebraron el sistema con la baja de los aportes patronales, que lo privatizaron y que incluso llegaron al récord histórico de bajar las jubilaciones en términos nominales. Por esto, hay que poner el necesario debate sobre el problema previsional en un contexto distinto. Por caso, implementar el 82 por ciento móvil de su remuneración en actividad a todos los jubilados y pensionados tiene un impacto fiscal incalculable con déficit de la Anses que superaría el diez por ciento del PBI, algo imposible hasta para un populista desenfrenado. Lo mismo ocurre con el proyecto de un haber mínimo equivalente al salario mínimo (Smvm), incluyendo recomposición y movilidad (como el proyecto Carrió y cia).

Al mismo tiempo, los mismos grupos de la oposición que fogonean estos proyectos, acuerdan consensuar un proyecto para disminuir los gravámenes a las exportaciones agrícolas y llevarlo al recinto antes del próximo 24 de agosto.

Sin embargo, hay otras propuestas, más racionales, que apuntan al aumento del haber mínimo previsional al 82 por ciento del Smvm con un impacto fiscal anual adicional cercano a los 21 mil millones (3,5 veces el monto total de la asignación por hijo). Hay espacio para una discusión seria -más allá de las hipócritas pretensiones de la oposición-, que pueda centrarse en el largo plazo y en las condiciones necesarias requeridas para que existan jubilaciones dignas, ya que los cambios propuestos no son meramente coyunturales: la conquista efectiva del 82 por ciento móvil es un gran cambio estructural que nunca se logró en el país.

En ese contexto, en primer lugar, debería desterrarse la noción que asimila la Anses con una caja donde estaría depositada la “plata de los jubilados”. Como bien explicó Zaiat recientemente, esta noción revela como pocas el éxito de la concepción neoliberal acerca del funcionamiento del sistema de seguridad social. Ese stock de recursos recuperado con la estatización de las afjp forma parte del patrimonio previsional y fiscal del Estado. Tales recursos confieren al Estado una potente capacidad de intervención en el fomento y desarrollo económico con el objetivo de impulsar un círculo virtuoso del crecimiento junto con políticas de raíz estructural que alteren la fragmentación del mercado laboral, y reduzcan el desempleo y la informalidad.

Este proceso terminará impactando positivamente sobre la recaudación del sistema previsional, al tiempo que redundará en mayor empleo y formalización laboral. De modo tal que el stock de activos del régimen jubilatorio de reparto debería estar en función de mejorar el flujo de fondos futuros, lo que permitiría aumentar el monto de los haberes así como el grado de cobertura. Además, la incorporación de más de cuatro millones de personas a una “cláusula gatillo” atada a la marcha del salario mínimo (Smvm) genera un gran compromiso a futuro, porque la idea es que el salario mínimo también vaya aumentando y, si la iniciativa jubilatoria prospera, habrá más de cuatro millones de personas sumadas a la “rueda” del Smvm. De hecho, la estimación de 21 mil millones es un piso que será sin dudas superado con el ajuste del salario mínimo. Además, por supuesto, ya existen demandas naturales para ajustar el monto de la Asignación por Hijo.

Por eso, se ha planteado correctamente que la capacidad del Estado para instrumentar una política de eficaz intervención en la economía debe incluir como factor clave la suba de los aportes patronales, que forma parte de la tarea de reconstruir una estructura tributaria progresiva que transforme dichos tributos en uno de pilares de la recaudación. Sin embargo, hay una fuente vital -aunque poco mencionada- de recursos genuinos que además poseé otras bondades. La medida del 82 por ciento móvil es muy dificil, sino imposible, sin considerarla en estrecho vínculo con la reapertura del debate sobre las retenciones a la soja (y otros recursos). La captación más amplia de la renta sojera aportará vastos recursos fiscales, aunque por supuesto no sería conveniente basar una reforma social estructural en un recurso tan volatil e incierto. No obstante, además de sus aportes fiscales de corto plazo, las retenciones sojeras permitiran, entre tanto, regenerar la producción de alimentos a mejor precio y reducirán la presión sobre el poder de compra de los salarios y jubilaciones, aliviando la necesidad de mayores reajustes nominales. Estos requisitos son lógicos: las reformas estructurales, si se llevan a la práctica, impactan sobre el conjunto del sistema económico y social.

Reclamo posible de alcanzar

“El aumento de la mínima jubilatoria al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil es un reclamo absolutamente justo y un objetivo que es posible alcanzar”, sostienen Martín Sabbatella, Carlos Heller, Ariel Basteiro, Vilma Ibarra y Jorge Rivas en un artíulo publicado en Página 12 el martes 6 de julio en el que se explica que el porcentaje del 82 por ciento móvil en las jubilaciones mínimas redundará en “un beneficio directo sobre el 72 por ciento de los trabajadores jubilados, que pasarán de los 895 pesos actuales a 1230 pesos de haber mensual”.

El Bloque de diputados nacionales de Nuevo Encuentro Popular y Solidario asegura que el reclamo “encuentra hoy un contexto más que apropiado para concretarse, a partir de que se consiguió organizar un esquema previsional inmensamente más justo, abarcativo y solidario que el existente hasta hace menos de una década, mejorando la recaudación y la gestión de la Anses, terminando con el negocio especulativo de las AFJP, ampliando la cobertura a 2,4 millones de personas que estaban privadas de ese derecho, brindando aumentos que rondaron casi un 500 por ciento desde el 2003 y estableciendo por ley una actualización semestral de los haberes”.

“Todos esos pasos, que desde Nuevo Encuentro compartimos y apoyamos, merecen ser continuados con una medida redistributiva como ésta, de enorme impacto económico y social en el país y que cobra aún más importancia luego de que en Argentina se recuperó la discusión periódica sobre el salario mínimo, vital y móvil”, argumentan.

Asimismo, el Bloque advierte que “si la puesta en marcha del aumento del 82 por ciento móvil en los haberes que perciben tres de cada cuatro jubilados no va acompañada de una reforma tributaria inmediata que amplíe las fuentes de ingresos del Estado nacional, el perjuicio que se les imprimirá a las cuentas públicas será inmenso y terminará impactando en quienes menos tienen y más necesitan de las políticas públicas”.

Ante esto, Nuevo Encuentro impulsa “la restitución de las alícuotas de los aportes patronales a los niveles previos a 1993, aplicando medidas específicas para no impactar negativamente en pequeñas y medianas empresas. Esos aportes fueron recortados con el argumento de que achicar los costos empresarios favorecería el trabajo registrado. La realidad, como suele ocurrir, demostró la hipocresía de esa excusa, cuyo propósito real era ampliar los márgenes de ganancias y la desigualdad”.

Nuevo Encuentro Popular y Solidario destaca que “la restitución de los aportes patronales, como una fuente legítima de financiamiento, es un reclamo que desde hace años realizan legisladores y dirigentes de nuestro espacio, y se trata de uno de los aspectos salientes del ‘blindaje social’ planteado por Hugo Yasky y la CTA que lidera”.

*Economista del Grupo Luján. Universidad Nacional de Luján.

Fuente:">http://www.nuestrapropuesta.com.ar/index.php?option=com_content&view=art... Semanario Nuestra Propuesta - Agosto 2010