No nos cabe la más mínima duda de que, a pesar de cuanto digan nuestros gobernantes, la Doctrina de la Seguridad Nacional sigue plenamente vigente, ahora aplicada por EEUU a nivel planetario; sólo se le han hecho algunas actualizaciones “cosméticas” para adaptarla a la nueva situación internacional que se vive desde poco antes de comenzar el siglo XXI.

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La modalidad militarizada del capitalismo de nuestros días juega con mecanismos de involucramiento generalizado y aborda científicamente la dimensión simbólica y de creación de sentidos que permite construir un imaginario social sustentado en la existencia de un enemigo siempre acechante y legitimar la visión guerrera de las relaciones sociales y las políticas que la acompañan. Esto supone que la militarización de las relaciones sociales es un fenómeno complejo que no se restringe a las situaciones de guerra abierta sino que incluye acciones de contrainsurgencia muy diversas, que comprenden el manejo de imaginarios, todos los trabajos de inteligencia, el control de fronteras, la creación de bancos de información de datos personales, la introducción de nuevas funciones y estilos en las policías ocupadas de la seguridad interna, e incluso la modificación del estatuto de la seguridad en el conjunto de responsabilidades y derechos de los Estados.

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México es un caso paradigmático de la apropiación de los recursos naturales de América Latina que, por distintas vías, adelanta Estados Unidos. Aunque la nacionalización efectuada por Lázaro Cárdenas significó un mejoramiento sustancial del bienestar social, ya desde esa época, el lema «México para los mexicanos» ha sido un punto neurálgico de la relación bilateral y una política que los organismos internacionales encabezados por Washington han intentado revertir. Aun sin la reforma constitucional, ahora el Banco Mundial y el gobierno de Vicente Fox aceleran la transferencia de la renta petrolera a los privados nacionales y extranjeros por medio de modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex, algo a todas luces fuera de la Constitución.

Felipe Calderón asegura que su gobierno no privatizará a Petróleos Mexicanos, que seguirá siendo del pueblo de México. Sin embargo, esa promesa no incluye al petróleo, al gas natural y a los demás hidrocarburos, ni tampoco significa voluntad real, efectiva y contundente para fortalecer a la primera empresa del país. Este ensayo tiene por objetivo exponer el proceso de privatización y extranjerización de las actividades petrolera que acompaña al desmantelamiento de PEMEX y sus organismos subsidiarios, así como una alternativa de reforma que atiende al interés de todos los mexicanos y no sólo de unos cuantos como proponen las fuerzas de derecha alentadas desde el extranjero.

PEMEX es la empresa más rentable de México. Los ingresos derivados del petróleo representan alrededor del cincuenta por ciento del presupuesto federal. Se trata de una gigantesca fuente de riquezas que siempre ha despertado el apetito de intereses privados de dentro y de fuera. La expropiación de la industria petrolera decidida por Lázaro Cárdenas buscaba convertirla en un puntal del desarrollo del país. La riqueza petrolera bien empleada es una palanca para nuestro futuro y factor de nuestra independencia. Si se privatizara PEMEX, ¿a dónde irían estas cuantiosas ganancias? Debe decirse sin tapujos que quienes impulsan el despojo de la principal riqueza de México, conspiran contra la nación.

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Acerca de la incursión del ejército colombiano en territorio de Ecuador, para eliminar a un grupo de guerrilleros de las FARC, parece estar todo dicho; más aún si aparece como un caso cerrado, exitosamente cerrado. Pero la verdad es que no es así. Lo que se revela sobre la situación es tan importante como lo que se oculta.

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Satisfecho con la veloz resolución de la crisis que puso al borde de un conflicto bélico a la región, Correa dice que el presidente Uribe debe garantizar que los países vecinos no se vean involucrados en el conflicto colombiano.

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La crisis desatada entre Colombia, Ecuador y Venezuela–que parece haber llegado a una tregua luego de la cumbre del Grupo Río, realizada en Santo Domingo— fue una rápida vuelta atrás de una vieja película de la Guerra Fría. Para quienes aceptaron acríticamente la fábula posmoderna del fin de los Estados y de los conflictos que marcaron el siglo pasado la sorpresa fue tan grande como para aquellos que pensaban que el gobierno de George W. Bush, empantanado en Irak y Afganistán, no estaba en el día a día de su antiguo "patio trasero". La violación del territorio ecuatoriano por una patrulla colombiana nos recordó de inmediato la impunidad con la que, mediante el Plan Cóndor, las dictaduras del Cono Sur realizaban secuestros, robos y asesinatos, pasando de un país a otro, sin mayor problema.

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La revolución venezolana ha inspirado a los trabajadores, campesinos y jóvenes de toda América Latina y a escala mundial. Durante la pasada década las masas revolucionarias han conseguido milagros, pero la revolución venezolana no está completada. No se puede completar hasta que expropie a la oligarquía y nacionalice la tierra, los bancos y las industrias clave que siguen en manos privadas. Después de casi una década esta tarea no se ha cumplido y representa una amenaza para el futuro de la revolución.

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La derrota en el referéndum sobre la reforma constitucional en Venezuela ha dado lugar a una rica discusión acerca de su evaluación y los modos de resolver la problemática que plantea. En la mayoría de los casos, los interrogantes se dirigen a encontrar el modo de preservar y profundizar las transformaciones sociales a las que han dado lugar los nueve años de gobierno de Chávez en el poder. O lo que es lo mismo, a visualizar cómo afianzar y extender una perspectiva revolucionaria que, a partir del país caribeño, se proyecta sobre nuestro continente.

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