La trama entre empresas y dictadura militar

Javier Gortari * (Especial para sitio IADE-RE) | Reseña del libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Editorial Universitaria, Universidad Nacional de Misiones. Tomo I (612 pgs) y Tomo II (480 pgs). Posadas, 2016.

En el marco de las Jornadas Memoria, Verdad y Justicia organizadas por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) con motivo de cumplirse 41 años del golpe militar que instaló a la última dictadura, se presentó la primera versión impresa del libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, editado en forma conjunta por la Editorial Universitaria (UNaM), FLACSO y CELS. Participaron de la presentación el rector de la UNaM, Dr. Javier Gortari, y tres integrantes del equipo de investigación:  Victoria Basualdo (CONICET/FLACSO), Alejandra Esponda (UNAJ) y Andrea Copani (UBA). Además de miembros de la comunidad académica, estuvieron presentes, llegados desde Gobernador Virasoro (Corrientes), familiares y compañeros de los trabajadores Neris Pérez y Marcelo Peralta, sindicalistas de FATRE, secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura cívico militar en esa localidad. Ambos trabajaron en la empresa yerbatera y tealera Las Marías, uno de los 25 casos analizados en el libro.

Responsabilidad empresarial… reúne y analiza evidencia sobre el rol de directivos y funcionarios jerárquicos nacionales y extranjeros de las 25 empresas investigadas, en acciones de cooperación e involucramiento directo en el despliegue represivo contra la clase trabajadora, que arrancó en 1974 de manera selectiva, se intensificó durante 1975 y adquirió un carácter sistemático de exterminio masivo con el terrorismo de Estado instalado el 24 de marzo de 1976. 

Aunque existieron importantes variaciones en cada uno de los casos, los numerosos puntos de contacto en las estrategias adoptadas por estas direcciones empresariales, siempre en combinación con el accionar militar, nos permiten visualizar la existencia de una estrategia represiva común. La selección del tipo de prácticas a emplear en cada caso, la gradación de la violencia de los métodos y el nivel de participación relativa en esta combinación empresarial –militar, no alteran, en ninguno de los casos, el hecho de que tanto por sus características propias como porque se insertaban en la trama del terrorismo de Estado, el uso que se hizo de estas prácticas derivó en violaciones a los derechos humanos (Conclusiones, Tomo II).

Más allá de reconocer la responsabilidad primaria de las fuerzas armadas en la planificación y ejecución de un plan sistemático de eliminación y desaparición de personas sospechadas de “disidencia ideológica” y en consecuencia, de representar una amenaza al “ser nacional, occidental y cristiano”, en el libro se analizan las particulares conexiones establecidas entre las fuerzas armadas y jerarcas empresariales en el marco de la ejecución del proceso represivo. Como se señala en el trabajo:

Los hechos analizados en este informe forman parte de un período histórico marcado por un proceso de radicalización política y de auge de la militancia sindical de base que no se restringió a Argentina, sino que tuvo proyecciones significativas en América Latina y en distintos puntos del mundo. En el marco de la Guerra Fría, al calor de los procesos de descolonización en importantes regiones de Asia y África, y de proyectos revolucionarios como el que triunfó en Cuba en 1959, se produjo el crecimiento de organizaciones políticas y sindicales que –con diversos lineamientos ideológicos- compartían una posición crecientemente contestaría y llamaban a producir cambios radicales en el orden económico, político y social. En este contexto, se produjeron fuertes procesos de movilización y protesta obrero-estudiantil a fines de la década del 60, desde el denominado “68 global”, que incluyó grandes movimientos de protesta en Francia, Checoslovaquia, México, entre otros; a sucesos posteriores entre los que se destacaron el Cordobazo y las diversas movilizaciones en otros puntos del país entre 1969 y 1970 (Introducción, Tomo I).

En la primera mitad de la década del 70 el nivel de confrontación económica, política y social alcanzó picos inéditos en la historia nacional, en la que la clase trabajadora – portadora desde el peronismo de una historia y una estructura sindical de gran alcance y fortaleza en la vida social y económica del país-, jugó un papel central. Y que tuvo como trasfondo la confrontación creciente entre el capital y el trabajo en los ámbitos de la producción. Las políticas de la dictadura, más allá de sus múltiples contradicciones y tensiones, tuvieron como objetivo central resolver a favor de la clase empresarial el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social con el poder que la clase trabajadora iba desarrollando.

Desde el 24 de marzo de 1976, la dictadura llevó adelante políticas que implicaron un cambio en el patrón de acumulación que había estado vigente  en las cuatro décadas previas: la industrialización por sustitución de importaciones, tanto en su primera fase de producción de bienes  de consumo masivo como en su segunda etapa de gran dinamismo del complejo metalmecánico, industria automotriz y química, con fuerte presencia del capital extranjero. La reforma financiera de 1977, la apertura arancelaria y el endeudamiento externo, promovieron una reestructuración regresiva del sector industrial y una profunda transformación de la estructura económica y social. Se produjo entonces, una caída considerable de la producción industrial en términos agregados, que además tuvo un impacto heterogéneo sobre las distintas ramas y provocó un proceso de concentración económica en beneficio de  un conjunto de grupos económicos locales e internacionales. En este contexto, tuvo lugar un incremento exponencial del endeudamiento externo, vinculado en forma creciente al proceso de valorización financiera  y de fuga de capitales. Este cambio de patrón de acumulación de capital constituye el contexto imprescindible para analizar las transformaciones experimentadas por los trabajadores y sus organizaciones durante la dictadura (Introducción, Tomo I).

A lo largo de la investigación, se logró identificar un patrón común de prácticas empresariales represivas, con instrumentos, métodos y efectos similares, permitiendo inferir la existencia de una estrategia sistemática de disciplinamiento anclada en el terrorismo estatal. A partir de 1976 los trabajadores fueron perdiendo abruptamente el terreno para la organización y participación sindical y los empresarios fueron avanzando sobre derechos y conquistas introduciendo transformaciones laborales profundas, bajando los costos del trabajo y aumentando los ritmos productivos. En 17 de los casos analizados las empresas redujeron personal, en 19 se aumentó la productividad y en 15 se redujo o desapareció la representación gremial en la fábrica, lo que redundó en el empeoramiento de las condiciones de trabajo y del régimen de salubridad. La regulación oficial de salarios provocó una caída del 40% respecto a los niveles de 1974, en un contexto de aumento del desempleo, supresión de horas extras y recortes en las prestaciones sociales. Se señala en el trabajo que mientras en 1974 la participación de los asalariados en el ingreso nacional era de 48%, en 1982 había bajado al 22%. En los primeros años posteriores al golpe cerraron más de 20.000 establecimientos fabriles y el producto bruto industrial cayó un 20% entre 1976 y 1983: la industria dejó de ser el núcleo dinamizador central de las relaciones económicas y sociales (su participación en el conjunto de la economía pasó del 28% al 22%).  

El entramado que ponemos en evidencia solo puede comprenderse a la luz de aportes relevantes que han examinado la relación entre fuerzas militares y poder económico en diversos planos y han demostrado que la utilización planificada y sistemática del terror tuvo como objetivo, no solo acallar la disidencia y la militancia política radicalizada, sino también disciplinar a la clase trabajadora que, a lo largo de las décadas, había acumulado poder político y social e impuesto límites  a los beneficios, la autoridad y el poder de importantes sectores de elite empresarial. La reorganización nacional llevada adelante por la dictadura transformó en forma radical la estructura económica y social, atacó severamente la fuente y el nivel de los ingresos de los trabajadores y sus condiciones de vida y de reproducción. También promovió la sustancial alteración del régimen laboral y sindical que garantizó entonces, el aumento de los niveles de explotación, de inseguridad productiva y de pauperización (Introducción, Tomo I).

Asimismo, se pudieron constatar conexiones económicas tejidas entre el gobierno militar y las empresas analizadas, muchas de las cuales recibieron importantes transferencias de fondos estatales a través de programas de promoción industrial, seguros de cambio para el endeudamiento externo y estatización de deudas contraídas con el exterior.  

El trabajo presentado involucra a empresas de distintas regiones del país, de diferentes sectores industriales y de servicios, en todos los casos con un peso económico de relevancia, cuando no dominante, en la rama productiva respectiva. Se trata de 3 fábricas siderúrgicas, 3 automotrices, 4 textiles (una de ellas especializada en fibras sintéticas y por tanto conectada con la actividad petroquímica), 3 ingenios azucareros, una empresa minera, 2 ceramistas, 3 astilleros, un frigorífico, una cementera, una gráfica, 2 de la industria alimenticia y una de servicios de transporte.  La única de estas empresas de origen y gestión estatal es Astilleros Río Santiago. Si bien Swift y Petroquímica Sudamericana habían pasado a la gestión estatal en la primera mitad de los años setenta por desmanejos empresariales, fueron de nuevo privatizadas durante la dictadura. El trabajo se organizó a partir de la siguiente regionalización:

  • NOA: industria azucarera (ingenios Concepción, La Fronterita y Ledesma), minería (El Aguilar) y servicios de transporte colectivo de media y larga distancia (La Veloz del Norte).
  • Sur de Santa Fe, norte de la Provincia de Bs.As. y Capital Federal: siderurgia (Acindar, Dálmine-Siderca), astilleros (Astarza y Mestrina), fábricas de productos cerámicos (Lozadur y Cattaneo), automotrices (Mercedes Benz y Ford) e industria textil (Grafa y Grafanor).
  • Sur del Conurbano bonaerense: frigorífico (Swift), siderurgia (Propulsora Siderúrgica), química (Petroquímica Sudamericana), textil (Alpargatas), industria naval (Río Santiago) y alimentación (Molinos Río de la Plata).
  • Centro y sur de la Provincia de Buenos Aires: producción de cemento (Loma Negra) e industria gráfica (La Nueva Provincia).
  • Córdoba: automotriz (Fiat).
  • NEA: producción e industrialización de yerba mate y té (Las Marías).

La investigación se realizó con criterios metodológicos diseñados específicamente para contrastar la evidencia preliminar, recabar nueva información y elaborar un primer análisis sistemático. El trabajo tuvo como eje la selección de archivos pertinentes, fundamentalmente el Fondo Documental del Archivo Nacional de la Memoria dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, creado por decreto presidencial en 2003 y que incluye colecciones documentales en formato papel, digital y audiovisual de origen público y privado, entre ellos el archivo de la CONADEP. De manera complementaria se utilizó el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), a cargo de la Comisión Provincial de la Memoria. También los archivos CISEA-CESPA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA;  del CELS, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. También los fondos documentales del área de economía de FLACSO y del Museo de la Memoria de Rosario. A esta documentación escrita se sumó un vasto espectro de fuentes orales, conformado por entrevistas hechas por otros investigadores e instituciones, así como por aquellas realizadas específicamente para esta investigación.

La indagación y sistematización de la información fue realizada entre mediados de 2014 y fin de 2015, por un equipo interdisciplinario integrado por investigadores y abogados del Programa Verdad y Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO sede Argentina). Los resultados alcanzados fueron presentados a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal.

Para el conjunto de empresas analizadas se identificaron cerca de 900 trabajadores víctimas del terrorismo de Estado: 354 continúan desaparecidos, 65 fueron asesinados y más de 450 sufrieron alguna forma de represión. La mayoría eran trabajadores o ex trabajadores de las empresas al momento de los hechos. Las prácticas represivas detectadas y mensuradas por su recurrencia fueron:

  • En el 88% de las 25 empresas ocurrieron secuestros en las propias fábricas y despidos de obreros activistas (algunos ya asesinados o desaparecidos).
  • En un 76% de los casos bajo análisis se entregó información privada de los trabajadores y listas de delegados a las fuerzas represivas.
  • 72%: presencia y actividad militar en las fábricas
  • 68%: participación de oficiales de las fuerzas de seguridad en cargos directivos.
  • 60%: existencia de agentes de inteligencia infiltrados.
  • 56%: realización de operativos militares en los predios fabriles.
  • 52%: presencia de directivos empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas.
  • 48%: habilitación de instalaciones en las fábricas para el asentamiento de fuerzas represivas.
  • 48%: aportes económicos a las fuerzas represivas
  • 40%: uso de vehículos de la empresa en operativos represivos.
  • 40%: control militarizado del ingreso a la planta fabril.
  • 36%: amenazas de directivos con uso de la fuerza represiva.
  • 36%: pedidos de detención de parte de directivos.
  • 32%: pedidos de intervención militar en conflictos.
  • 32%: secuestro de trabajadores en el trayecto entre empresa y vivienda.
  • 32%: existencia de agencias de seguridad en las empresas.
  • 24%: funcionamiento de centros clandestinos de detención en las empresas.
  • 16%: control militarizado de la producción.
  • 16%: detención y tortura en espacios de la fábrica.

A un año de instalada en el gobierno la dictadura, Rodolfo Walsh denunció estos y otros crímenes de lesa humanidad, sin dejar de señalar con su lucidez analítica, que en realidad se trataba del “trabajo sucio” encomendado a las fuerzas armadas por las elites empresariales, a fin de reducir a su mínima expresión todo vestigio de resistencia obrera al proceso de concentración y profunda transformación que se dio en la estructura socioeconómica del país.

Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40 %, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9 % prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron (Walsh, Carta Abierta a la Junta Militar 24/03/77).

A partir de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se iniciaron varias causas en las que se abordó la participación empresaria en la represión. Pero fue recién en septiembre de 2015 que se llegó al primer juicio oral y público contra el empresario M. Levín, dueño de La Veloz del Norte durante la dictadura, por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. En mayo de 2016 resultó condenado a 12 años de prisión. En todos los otros casos se han debido enfrentar enormes dificultades y demoras propias de la maquinaria judicial, cuando se trata de implicar en esas causas a poderosos personajes empresariales con fuertes vínculos con el poder político y económico, y conexiones sociales de todo tipo. Un caso emblemático fue el del dueño de Las Marías, Navajas Artaza, imputado por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de Neris Pèrez, dirigente sindical de FATRE en su empresa. 19 magistrados de Corrientes se inhibieron de investigar al empresario, hasta que el vigésimo, Antonio Chalup, lo sobreseyó en mayo del 2008, al día siguiente de haber sido convocado -sin presentarse- a indagatoria. El fiscal de la causa decidió no apelar ante la Cámara de Casación Penal. En otro caso paradigmático, la Cámara de Casación Penal, dictó en marzo de 2015 la falta de mérito para el procesamiento del empresario Carlos Pedro Blaquier, acusado también por delitos de lesa humanidad ocurridos en las localidades de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar (Jujuy), todas aledañas al Ingenio Ledesma de su propiedad. Fue imputado en el hecho conocido como La noche del apagón, cuando en el marco de un corte de energía provocado ex profeso, fueron secuestrados 400 trabajadores en esas poblaciones, 30 de los cuales continúan desaparecidos. Ese mismo mes, el Juez Federal de Bahía Blanca se expidió también por la falta de mérito respecto a la imputación de Vicente Massot dueño del diario La Nueva Provincia, en la causa que investigó el asesinato en 1976 de dos obreros gráficos y activistas gremiales que trabajaban en el periódico.

Destaca el libro que más allá de esas dificultades propias de la realidad social, cultural y política de la Argentina de principios del siglo XXI, la imputación judicial a empresarios por delitos de lesa humanidad, se dio en un contexto de creciente desarrollo internacional en la temática. Se conformó en el ámbito de Naciones Unidas el Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Corporativa en el Consejo de Derechos Humanos, publicándose en 2012 la Guía de Interpretación acerca de la Responsabilidad de las Empresas de Respetar los Derechos Humanos.

En tanto, la Comisión Internacional de Juristas creó el Foro de Expertos Jurídicos sobre Complicidad Empresarial en Crímenes Internacionales, que publicó en 2009 un informe que recoge experiencias históricas, poniendo en evidencia la relevancia de analizar el papel de estos actores económicos en las violaciones de los derechos humanos, desde Nüremberg en adelante. Lo que permite ubicar el caso argentino en un marco de análisis más universal, que amplía las posibilidades de valorar ética y penalmente la participación y la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.

También nos permite reflexionar acerca del sentido y la “huella genética” de las propuestas de “modernización” productiva y tecnológica –asociadas ambas a la flexibilización laboral- encaradas durante los años 90, como continuidades de un mismo proceso, ahora aggiornado democráticamente. En la misma dirección y desde la misma clave, pueden comprenderse las líneas de acción propugnadas en las áreas económica, laboral y previsional por el gobierno asumido en diciembre de 2015.

 

El libro “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” es de acceso libre en:http://www.saij.gob.ar/ediciones ; https://www.editorial.unam.edu.ar/images/digitales/978-950-579-430-0.pdf

* Profesor de la UNaM.