La historia urgente del shale en Argentina

Alberto Elizalde Leal
La desastrosa gestión de Repsol al frente de YPF y las carencias energéticas impulsaron con ritmo inusual la exploración de un nuevo horizonte para el gas y el petróleo. En octubre de 2011, en un escenario energético que ya mostraba preocupantes signos de vulnerabilidad, el director de Exploración de YPF, Tomás García Blanco, sorprendía –en el evento Argentina Oil & Gas Expo 2011– con un anuncio sobre “el enorme potencial de los hidrocarburos no convencionales en la formación geológica neuquina Vaca Muerta”. El directivo de YPF, en ese momento con mayoría accionaria de Repsol, afirmaba que el yacimiento constituía la posibilidad de ser “el primer desarrollo masivo de shale oil fuera de Estados Unidos” y agregaba que a la fecha ya se encontraban operando 15 pozos en producción en Loma La Lata, Bajada de Añelo y Loma Campana.

Paradójicamente, el mismo año en que se realizaba ese anuncio promisorio, la gestión de Repsol y sus socios locales se traducía en un proceso de desinversión y una brusca caída de la producción de petróleo y gas que motivó la necesidad de comenzar a importar energía con el consiguiente perjuicio para el sector externo. Esto llevó a que el Gobierno Nacional decidiera nacionalizar el 51% de las acciones de YPF y retomara el control y la gestión de la compañía en mayo de 2012 mediante ley aprobada por el Congreso Nacional.

A partir de la llegada de la nueva gerencia, encabezada por Miguel Galluccio, no sólo mejoró sustancialmente la performance productiva de YPF, logrando un crecimiento del 11% de la producción en menos de un año de gestión, sino que comenzó a concretarse lo que se había anunciado en los finales de la gestión anterior: la ampliación de las posibilidades productivas de la petrolera estatal mediante la exploración de fuentes no tradicionales de hidrocarburos y consecuentemente la búsqueda de las mejores opciones de incorporación de capitales, tecnologías y management que hicieran posible el acceso a las riquezas del yacimiento que ubicaba a la Argentina –según la Agencia Internacional de Energía– en el segundo puesto mundial en reservas de shale gas y el cuarto en shale oil. Pero el impulso hacia los nuevos recursos no provenía solamente de consideraciones a futuro o especulaciones geopolíticas: la balanza comercial energética cerraba 2012 con un déficit del orden de los 5 mil millones de dólares y sólo cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento, las restricciones a las importaciones, las restricciones cambiarias para particulares y empresas y la persistencias de los precios de las commodities agrícolas impedían que ese déficit se ubicara en niveles que hicieran intolerable la presión sobre las reservas nacionales.

El vocabulario del ansiado futuro energético comenzó a circular con la fuerza de una nueva fiebre del oro: las palabras Vaca Muerta, shale oil, shale gas, fracking, autoabastecimiento, tight oil, número EROI, curva de declinación, peak oil, comenzaron a sonar en los medios, en los círculos académicos, en las empresas y en los partidos políticos. Desde la petrolera estatal china Cnooc hasta la brasileña Petrobras aparecían y desaparecían como posibles socios de YPF. También comenzaron a escucharse las voces que desde la defensa del medio ambiente alertaban sobre los eventuales peligros de implementar tecnologías que eran cuestionadas –principalmente en Estados Unidos– por sus consecuencias contaminantes y disruptivas de equilibrios ambientales. No faltaban tampoco quienes –desde la tradición de las luchas nacionales por la soberanía– criticaban cualquier acuerdo que pudiera realizarse con grandes firmas petroleras extranjeras y caracterizaban su eventual concreción como un apartamiento de las grandes líneas del yrigoyenismo y el peronismo en defensa de las reservas energéticas nacionales.

Finalmente, el Gobierno Nacional puso fin a todas las especulaciones y el 15 de julio pasado promulgó el Decreto 929/13 creando el Régimen de Promoción de la Explotación de Hidrocarburos, que prevé una serie de facilidades y medidas impositivas y cambiarias para las empresas que inviertan “más de 1.000 millones de dólares” en el sector. A renglón seguido, el 16 de julio, anunció la firma de un acuerdo con la firma estadounidense Chevron –que ya tiene presencia en la Argentina en los yacimientos neuquinos de El Trapial-Curamched a través de su controlada petrolera San Jorge– para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta. Lo poco que ha trascendido públicamente del acuerdo señala que en un primer momento la empresa Chevron invertirá1.200 millones de dólares (en dos entregas de 300 y 900 millones a lo largo de 16 meses) y luego compartirá al 50% las inversiones, los gastos y los beneficios con YPF en el proceso de maduración de la explotación en el lapso de 35 años. Especialistas en el tema, funcionarios y dirigentes políticos han coincidido en afirmar que el monto total de inversión supera los 30.000 millones de dólares, que deberán ser cubiertos por partes iguales por YPF y Chevron en una progresión que sólo el avance y maduración del proceso pueden determinar. Un punto especialmente sensible es el referido a la jurisdicción acordada en caso de litigio: para diferendos a zanjar por arbitraje, el ámbito sería Francia mientras que para procesos judiciales el ámbito sería Estados Unidos.

El acuerdo firmado necesita inevitablemente de la aprobación de la provincia de Neuquén, dada la propiedad que ésta mantiene sobre el subsuelo a partir de la Constitución de 1994, por lo que, luego del decreto pertinente del gobernador Sapag refrendándolo, tomó estado parlamentario en la Legislatura provincial, donde se tratará este mes en las comisiones de Hacienda, Legislación e Hidrocarburos como paso previo a su discusión en el recinto. Se estima que la coincidencia del bloque FpV-Movimiento Popular Neuquino –que conforma una amplia mayoría– no tendrá dificultades en aprobar los despachos favorables de comisión. Una muestra de esa capacidad fue puesta en evidencia al lograr el bloqueo de una moción de la oposición para que el tema se tratara también en la Comisión de Medio Ambiente. Esto significa que, al menos en el ámbito legislativo, el acuerdo no será sometido al escrutinio de los enfoques ambientales.

Una fuente de YPF en Neuquén explicó a Miradas al Sur que el silencio de radio que los funcionarios y técnicos mantienen sobre los detalles del acuerdo se debe a que el mismo está siendo manejado por “no más de cinco o seis personas en total” y que –salvo las explicaciones generales que un alto directivo de la empresa dio a los legisladores neuquinos del FpV y las que por su parte dio el gobernador Sapag al bloque del MPN– no se espera que en el recinto se discuta mucho más que lo que ya es conocido a grandes rasgos a través de los medios. También destacó que la perspectiva de que la provincia perciba –a lo largo de los 35 años de concesión– un monto del orden de los US$ 8.500 millones en concepto de regalías, sumado a los 1.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional se comprometió a aportar para obras de infraestructura y vivienda en las zonas de afectación del proyecto y las perspectivas de aumento del empleo y el movimiento económico general son factores favorables para la consideración de la opinión pública y los sectores políticos y sindicales.

Desde el anuncio que se cita al comienzo de esta nota hasta la actualidad, han transcurrido solamente dos años y diez meses y desde la nacionalización de YPF sólo un año y tres meses. En este cortísimo lapso –urgida por la fuerza de la necesidad–, la persp ectiva del sector hidrocarburífero ha mejorado, pese a los interrogantes que desde distintos sectores surgen con respecto al desarrollo del acuerdo establecido con Chevron.

No es el menor de ellos la elección de un socio con una performance productiva poco halagüeña en el país: en sus explotaciones locales disminuyó un 84% su producción de petróleo, pasando de 4,6 millones de metros cúbicos en 2001 a 736.000 metros cúbicos en 2012 y su producción gasífera disminuyó un 87%, de 1,37 miles de millones de metros cúbicos en 2001 a 170 millones de metros cúbicos en 2012. Chevron, que según el Nasdaq vale US$ 245.000 millones ha tenido fuertes fluctuaciones en sus resultados financieros y el segundo trimestre de 2013 no le ha sido favorable, con un caída del 36% de sus ganancias globales con respecto a 2012.

La cuestión ambiental tampoco es despreciable y si bien el ingeniero Galluccio y los funcionarios neuquinos han reafirmado su confianza en la seguridad de las operaciones de fracking, no es menos cierto que hay una larga experiencia de pasivos ambientales dejados por las explotaciones petroleras, aun las tradicionales (el caso Ecuador-Texaco- Chevron es muy ilustrativo al respecto), y que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Neuquén cuenta con sólo ocho inspectores en toda la provincia para controlar todos los temas de su incumbencia, no sólo los petroleros. La tradición contaminante de la industria petrolera, la escala de las operaciones proyectadas (del orden de los miles de pozos) y la exigüidad de los recursos estatales actuales hacen necesario poner especial énfasis en su ampliación tanto en personal como medios técnicos adecuados.

Por otra parte, los argumentos que se esgrimen en defensa de la estrategia adoptada sobre la relativa incapacidad técnica de YPF para encarar las operaciones de fracking se relativizan por el hecho de que la empresa ya ha perforado más de cien pozos en el área y lo mismo podría decirse con respecto a la declamada necesidad de capitales externos para financiar el proyecto a largo plazo. La abundancia en el mundo de capitales de préstamo a tasas más que razonables para una economia en crecimiento es una posibilidad que otros países de la región vienen aprovechando para la mejora de sus infraestructuras.

El hecho de que la falta de información y los puntos opinables del acuerdo intenten ser capitalizados electoralmente por la oposición no debería ocultar que ante una decisión estratégica cuyas consecuencias se extenderán a las próxima generaciones, se deben extremar los esfuerzos para garantizar no sólo la sustentabilidad económica y ambiental del proyecto sino los mecanismos institucionales y los consensos políticos y sociales que permitan su continuidad.

Miradas al Sur - 4 de Agosto de 2013