Un nuevo esfuerzo de los jubilados

 

El año 2017 finalizó con la aprobación legislativa del cambio en la ley de movilidad jubilatoria. Desde el 2008, las jubilaciones y pensiones tenían por ley, un incremento garantizado dos veces por año: en marzo y septiembre según un coeficiente que promediaba la variación de salarios de la economía con la variación de la recaudación tributaria semestral con un rezago de 6 a 12 meses.

El balazo y la tijera

 

Nadie puede ser privado de un balazo de goma. Nadie puede ser privado de un recorte en sus haberes. Dos nuevos derechos universales que el Gobierno quiere garantizar y que, obtusa, rechaza la oposición en sus distintas variantes, ahora con la CGT incluida. Así está planteada la puja de las jubilaciones.

La metodología del ajuste

 

En virtud de que la propuesta oficial –y recientemente ratificada en el dictamen de Comisión del Senado- que implica actualizar las jubilaciones, las AUH y el salario familiar con la variación de precios, y del escaso efecto del “incentivo” por encima de la inflación propuesto (acotado a la evolución salarial en un 30%), en adelante, los jubilados, los beneficiarios de la AUH y del sistema de asignaciones familiares no podrán ganar poder adquisitivo sino que –cuanto mucho- podrán esperar a no reducir sus ingresos reales.

El fuerte impacto inflacionario en los medicamentos esenciales utilizados por las personas mayores

 

Tras un año y medio transcurrido de la gestión del actual gobierno resulta cada vez más evidente la situación de retroceso y el proceso de deterioro de las condiciones de vida de las personas mayores de nuestro país, quienes día a día ven disminuir el poder adquisitivo de sus jubilaciones, lo que afecta notablemente su capacidad de compra de bienes de consumo básicos.

Ahoga a los jubilados

Las recientes resoluciones de la Corte Suprema que impiden la asignación de recursos tributarios coparticipables a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ponen seriamente en riesgo muchos de los avances que se lograron en la última década en materia de jubilaciones, asignaciones familiares y políticas públicas en general. Se trata de una medida que no sólo implica una reducción gigantesca de los fondos corrientes de la Anses, sino que además desvaloriza y pone en peligro al principal patrimonio de la misma: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).