El sistema jubilatorio y la negación de la cuestión social

Sergio Carpenter - Especial IADE/Realidad Económica
En una nota reciente, Orlando Ferreres plantea que [i]“el sistema jubilatorio argentino empobrece al trabajador”[/i]. Dicha conclusión se deriva de combinar una visión muy particular sobre la “cuestión social” y el sistema previsional argentino, asumiendo cierta metodología de proyecciones económicas y financieras. Aquí publicamos la respuesta del Lic. Sergio Carpenter al artículo de Ferreres.

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. El sistema jubilatorio argentino empobrece al trabajador / Orlando Ferreres

En una nota reciente(1), Orlando Ferreres plantea que “el sistema jubilatorio argentino empobrece al trabajador”. Dicha conclusión se deriva de combinar una visión muy particular sobre la “cuestión social” y el sistema previsional argentino, asumiendo cierta metodología de proyecciones económicas y financieras.

El punto de partida es el trabajador individual, al cual se le “retira una parte de la capacidad actual de gasto mensual (el 28 % del sueldo bruto sujeto a aportes) para devolvérselo en la vejez”. La conclusión no se deja esperar: para cubrir el monto del haber que actualmente paga el sistema “haría falta descontarle el 5% de sus ingresos. Como se le retiene el 28% y solo hace falta el 5%, luego el 23 % restante es lisa y llanamente un impuesto disfrazado de aporte jubilatorio”. El Estado es el malo de la película, que con una voracidad inusitada destina los recursos “sobrantes” a no se sabe qué oscuro fin.

El cálculo efectuado por O. Ferreres es muy simple. Supone a una persona que trabaja en “blanco” ininterrumpidamente desde los 18 hasta los 65 años, capitalizando el monto de los aportes previsionales. Luego, sobre dichos fondos capitalizados percibe una renta hasta el fin de sus días. Un verdadero “Robinson Crusoe” que no participa de contrato social alguno. Que no tiene responsabilidades respecto de otros trabajadores como él, pero que estando en la etapa pasiva tienen derecho al sustento después de una esforzada vida laboral activa; que tampoco paga los costos de transición derivados de cambios en el sistema jubilatorio impulsados por gobiernos privatizadores, costos que generaron enormes erogaciones, pagos de intereses y pasivos públicos. Estos dos hechos olvidados son suficientes para invalidar el ejercicio. En este sentido, se sugiere revisar la frondosa literatura existente al respecto, particularmente recomendamos los trabajos de Nicolas Barr, un coloso teórico; el documento liminar de Paul Samuelson del año ’58 y el debate académico en los Estados Unidos que posteriormente y por décadas le han dado un basamento profesional a la Economía de las Pensiones.

En segundo lugar, debemos decir que se aplica una lógica, un pensamiento que no ubica el Estado Social en su perspectiva histórica. El predominio de la relación salarial como alternativa a la tutela, trajo aparejada un doble proceso: la libertad del hombre ahora despojado de las coacciones señoriales y absolutistas; y un nuevo sometimiento, esta vez a “la peor de las servidumbres, la servidumbre de la necesidad”(2). Es allí en donde aparecen las regulaciones que constituyen la “cuestión social” de la modernidad, que se entiende como las fuerzas que mantienen la cohesión societal en un contexto disruptivo protagonizado por los grupos sociales que quedan afuera del sistema, fuera de la protección del trabajo decente. Entonces, esa individualidad positiva del que tiene cobertura se ve amenazada por los grupos de los márgenes, que invariablemente terminan en el centro de la escena. La desprotección social es la contracara, la individualidad negativa. Entonces, la construcción de los sistemas de seguridad social no surge de la idea de que “los trabajadores son poco previsores y no van a ahorrar para el momento en que no puedan trabajar” sino que, por el contrario, es un producto histórico que surge de la experiencia social que da respuesta a una necesidad también social.

Pero además, O. Ferreres supone que nuestro buen Robinson se emplea 47 años en un trabajo decente, registrado, con empleadores que realizan contribuciones patronales. Una “racha” perfecta en su historia laboral. Es decir, una situación que hace altamente probable que Robinson no trabaje en la Argentina. Con esto queremos resaltar que en nuestro país, cuatro de cada diez empleos no son registrados, no generan aportes previsionales y observan salarios que en promedio no llegan ni a la mitad de lo que ganan los trabajadores registrados. Además, los trabajadores “en blanco” observan trayectorias de entrada y salida al mercado laboral formal que han dependido del ciclo económico, con épocas de políticas públicas que tornaron más vulnerable la situación del empleo(3). Esa es nuestra realidad. La “racha” supuesta para nuestro Robinson nos es ajena, O. Ferreres parece olvidar completamente esa verdad. El título de su nota no incluye a los trabajadores en “negro”. Son ignorados, ignotos. Sencillamente no existen en sus pretendidos cálculos actuariales.

¿Por qué en América Latina más de la mitad de los puestos de trabajo son precarios, de baja productividad y no brindan cobertura médica ni previsional? Ambos sujetos, trabajadores registrados y no registrados ¿no deben mirarse a los ojos? ¿Se deben quedar con lo que tienen? ¿No es ello la supremacía del egoísmo? ¿Quién financiará el retiro de los trabajadores no registrados? ¿Sino son los trabajadores, O. Ferreres piensa quizá en los dueños de los medios de producción, en las ganancias empresariales? La cuestión es que los trabajadores en “negro” no son otra cosa que… trabajadores. ¿O qué son? Y esos trabajadores ¿se han empobrecido por la vuelta del Estado al manejo del sistema previsional? Se puede ensayar una respuesta verificando el corolario de la política de inclusión previsional desarrollada por el gobierno nacional desde el año 2005, que permitió que aquellos trabajadores que reunían el requisito de edad de retiro pero que no contaban con los años de aportes, se adscribieran a un régimen de moratoria previsional. Resultado: 2,5 millones de nuevos beneficios previsionales; un 78% de ellos correspondientes a mujeres; disminución de la pobreza e indigencia; mejora de la distribución del ingreso territorial(4). Estos millones de personas ¿son más pobres que antes de otorgado el beneficio?

¿Por qué nuestros sistemas económicos no son capaces de emplear a toda la mano de obra existente? El economista mexicano Alejandro Valle Baeza, en su último paso por Buenos Aires(5), presentó un trabajo que muestra cómo las naciones con alta proporción de bienes de capital importados empeoran la situación del empleo al acrecentar la composición orgánica de capital. La supremacía del capital sobre el trabajo genera excedente de mano de obra. ¿Estamos condenados al desempleo y el trabajo precario, muchas veces refugio ante la incapacidad de generar empleo productivo? En este sentido, la política pública ha tenido y tiene algo que decir ¿Quién puede negar el rol del Estado en la recuperación de empleo en la argentina reciente? Por lo demás, desde la propia experiencia, surge que el sistema previsional también está llamado a atenuar los efectos de ese desequilibrio. No se puede tener un sistema previsional que reproduzca y potencie la desigualdad generada en la etapa activa del trabajador.

Otra sección merecen los cálculos de O. Ferreres sobre el “Patrimonio Neto Previsional”, efectuados en el documento que da sustento a la nota comentada(6). Sin embargo, no se explicitan supuestos ni metodología, y en ese sentido no es posible reproducir el ejercicio. Sin embargo, podemos decir que la tarea de evaluar actuarialmente el sistema previsional es de una gran complejidad y envergadura; y que ello no se resume en este caso. El cálculo actuarial combina proyecciones de activos, pasivos, flujos financieros y stocks, en particular, de la denominada “deuda implícita previsional”. Cada proyección de activos sintetiza, a su vez, variados modelos de comportamiento, que deben considerar los aspectos demográficos, las proyecciones de mortalidad y fertilidad dinámicas, la composición por edad de los activos y pasivos, la acumulación de años de servicio de los activos, la caracterización de las entradas y salidas al mercado laboral formal, entre otros. A ello hay que sumar las condiciones paramétricas del sistema previsional y las hipótesis de evolución futura de la situación macroeconómica. Nada de eso surge de dicho trabajo, y por ende, el ejercicio propuesto por O. Ferreres parece no calificar para el análisis actuarial del sistema jubilatorio. Sugerimos en este sentido que se indague en las metodologías de proyecciones previsionales elaboradas por la OIT, tomadas en los ejercicios de la Secretaria de Seguridad Social o que -al menos- se investigue la metodología del programa PROST (Pension Reform Options Simulated Tookit) del Banco Mundial, o en su defecto que se consulte a un/a actuario/a con experiencia en el tema, que los hay ¡y muy buenos!

Confieso que el título provocador de la nota de O. Ferreres me generó la obligación de tomar posición respecto del tema. Una externalidad positiva para mí. Pero ello contrasta con la negatividad que dicha visión le imprime al Sistema Previsional Argentino actualmente vigente. Con una cobertura cercana al 90% de la población adulta mayor, record para América Latina; con un gasto previsional del 6,4% del PBI (2010), un 23% más que lo erogado en el año 2000; con una ley de movilidad de los haberes en vigencia, el rescate de la política previsional del gobierno nacional es altamente positivo, aun en el convencimiento de que hay muchas cuestiones por abordar, incluido el análisis de su sostenibilidad en el tiempo y las transferencias intra e intergeneracionales que caracteriza a todo sistema de pensiones. El sendero recorrido por la Argentina va en el rumbo indicado por Naciones Unidas y OIT al promover un “piso de protección social”. Los derechos económicos van construyendo ciudadanía y ello debería seguir inspirando las políticas previsionales. Como Rocinante, que -según Camilo José Cela- sólo se movía ante la palabra “justicia”.

Sergio Carpenter
Presidente del IADE

Especial IADE/Realidad Económica - 19/11/10

[i]Notas

1 .El sistema jubilatorio argentino empobrece al trabajador / Orlando Ferreres
2 .Castel, Robert. “La metamorfosis de la cuestión social” (1995) pagina 31 (Paidos, 1ª reimpresión).
3 .Rodrik, Dani. “¿Por qué hay tanta inseguridad económica en América Latina?” CEPAL (2001).
4 .ANSES. “Análisis de la Cobertura Previsional del SIPA: Protección, Inclusión e Igualdad” (2010).
5 .Valle Baeza, Alejandro. “Why capitalism is not exploiting all available labor force?” (2008). Invitado por las III Jornadas de Economía Crítica en la UNR y el IADE.
6 .Ferreres, Orlando y Barros, Marta. “Sistema Jubilatorio y 82% móvil” Fundación Norte y Sur.

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