Dudas del modelo de “agronegocios”

Jose Pierri

 

Los costos de laboreo, semillas, agroquímicos y fertilizantes aumentaron sustancialmente, mientras que los rendimientos por hectárea lo hicieron en porcentajes mucho menores en los últimos veinte años. Debate acerca de la conveniencia de ese paradigma de producción.

Muchos autores e instituciones han proclamado sin demasiado análisis  crítico que las explotaciones agropecuarias que no se adaptaran al  paradigma de agronegocios estarían condenadas a desaparecer. Gustavo Grobocopatel señaló: “O sea , la competitividad en la soja se hizo con sangre. No fue una fiesta. ¿Y qué es la competitividad en la soja? Es la suma de innovaciones tecnológicas que pusimos en el campo en los últimos quince años”. El concepto de agronegocio y su difusión se propagandizó en la década del 90. Acompañando la privatización y desregulación económica se impuso la idea que las explotaciones debían convertirse en unidades de negocio; en ese sentido uno de sus propagandistas señaló “Antes los del campo eran productores agropecuarios, después gerentes de agronegocios”.

La tradicional explotación familiar debía convertirse en una empresa en “red” que pudiese/debiera convenir con contratistas de labores las actividades de producción (siembra, pulverización y cosecha y otras tareas), transformando al dueño de la explotación en “gerente” sin actividades productivas directas pero contratando mediante celular o medios informáticos a aquellos proveedores y teniendo acceso, por esos medios, a toda información sobre innovaciones, nuevos herbicidas, semillas, fertilizantes. 

El concepto de agronegocio también obligó al tradicional productor a “abrirse” al trato con otros actores de la cadena agroindustrial; oportunidades de financiamiento y comercialización ofrecida por “pools de siembra”, acopios locales, grandes empresas comercializadoras y exportadoras. Así, especialmente en la producción de soja, en muchas ocasiones la venta y financiación de la futura cosecha se consensúa antes de la siembra, cumpliendo las expectativas de las grandes empresas que mediante la “compra directa” (sin pasar por las bolsas de cereales) se aseguran, meses antes de la cosecha, los granos producidos en las explotaciones. 

Por otra parte, el altísimo costo de la maquinaria agrícola alejó a los viejos productores de su posesión, aspecto de singular importancia para entender el cambio profundo de “paradigma” productivo propagandizado como la panacea para aumentar la producción y rentabilidad en las explotaciones: aquel que no se incorporara al nuevo paradigma estaría condenado a desaparecer. 

Bloque

Los suplementos rurales de los principales diarios, diversas cátedras de las distintas facultades de agronomía y multitud de autores certificaron las bondades del nuevo modelo de agronegocio, formando un bloque inexpugnable a las críticas, aún cuando no existió ni existe una contrastación seria, científica, de muchas de sus afirmaciones. Así surgen interrogantes: ¿cuánto aumentó la productividad por hectárea producto del nuevo modelo?; ¿en qué medida mejoró la rentabilidad de las inversiones realizadas (costos de siembra, pulverización, cosecha en la producción de granos) desde los años 90 hasta el presente? ¿Es verdad que en la década del 90 el nuevo paradigma y la política económica liberal mejoraron la rentabilidad y que la política económica posterior al 2003, cuando se reimplantaron las retenciones y aumentó el control y regulación del comercio de granos hubo una “discriminación contra el agro” que limitó su rentabilidad y posibilidades de inversión?

La confección de estadísticas que abarquen a las últimas dos décadas, tomando como fuente a las relativas pocas publicaciones accesibles sobre costos y rentabilidad (muchos estudiosos y/o entidades cifran sus trabajos en base a datos de publicaciones privadas sobre la cuestión) puede comenzar a despejar alguno de esos interrogantes y a dar inicio a estudios que permitan profundizar y precisar muchas afirmaciones que hasta hoy tienen poco fundamento y contrastación.

Un trabajo del Instituto de Estudios Económicos de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), entidad favorable a la introducción del agronegocio y la liberalización económica mostró en 2008 datos que permiten dudar de los beneficios “extraordinarios” del nuevo paradigma. La publicación del IERAL muestra que en la campaña 1995/96 los costos de producción en agroquímicos en la producción de trigo eran de 13,61 dólares la hectárea y los de soja de 69,24 dólares y aumentaron hasta llegar a los 110,11 y 129,50 dólares la hectárea, respectivamente, en la campaña 2007/2008 (el costo en insumos en dólares constantes en trigo habría aumentado 800 por ciento y los de soja, 87). 

Según otra fuente, los Informes Anuales de la Estación Experimental del INTA Marcos Juárez (que puede presumirse imparcial respecto al establecimiento del agronegocio), el incremento de los costos de producción en trigo en dólares corrientes por hectárea entre los cuatrienios 1998/2001 y 2008/2011 fue algo mayor al 80 por ciento (121,5 y 209,5 dólares en promedio, respectivamente).

En síntesis los costos de laboreo, semillas, agroquímicos y fertilizantes aumentaron sustancialmente mientras que los rendimientos por hectárea lo hicieron en porcentajes mucho menores.

Preguntas

Los datos obligan, por lo menos, a formular algunos interrogantes sobre la conveniencia económica del agronegocio. Puede pensarse en ese sentido que si no hubiese precios relativamente altos de los granos respecto de los de fines de la década del ‘90, el costo de producción en trigo sería un serio obstáculo para obtener rentabilidad en la explotaciones. Esta situación a la que se suman otros aspectos negativos, como la descapitalización en maquinaria agrícola (hoy el grueso de las explotaciones recurre a contratar con terceros las tareas de siembra, pulverización y cosecha), la manifiesta concentración de la producción y comercialización, el aumento de las ventas directas sin pasar por los recintos de la Bolsas de Cereales restando transparencia al mercado, la dependencia tecnológica respecto de insumos y maquinaria deben, por lo menos, hacer dudar sobre el efecto positivo del nuevo paradigma para el país y en particular y especialmente para los tradicionales productores.  

El panorama actual muestra que muchísimos propietarios de explotaciones han dejado de ser productores directos de granos o deben afrontar crecientes costos de producción impuesto por los proveedores de insumos. Un aspecto inusual en la actualidad es que los productores son obligados por contratos privados establecidos con Monsanto a pagar por el uso de semillas en su poder, no permitiendo la resiembra gratuita (situación contraria al derecho esencial de los agricultores en toda su historia) a lo que se suma la aparición de resistencias a herbicidas lo que obliga a aumentar las dosis, cambiarlos y, por ende, a aumentar los costos de producción. 

La situación de la agricultura especializada en la producción de granos, hoy mostrada como un ejemplo de las virtudes del agronegocio, muestra signos muy preocupantes sobre su futuro, que la mayoría de los investigadores y aún de las instituciones representativas de los productores no profundiza en sus estudios y/o reclamos. 

Una agricultura extremadamente concentrada y extranjerizada en cuanto a la tecnología, en la comercialización, productora de divisas para el país pero también fuente de salida de dólares vía pago de tecnología en semillas y agroquímicos, fletes marítimos, remisión de utilidades no parece ser beneficiosa para el país. 

Los peligros de esta nueva agricultura son mayúsculos y deben ser fuente de una discusión seria, racional, que defienda el interés nacional por todos los sectores y, en especial por los que se supone primeros interesados: propietarios de tierra, productores, semilleros, contratistas de labores,  acopios, cooperativas (en todas las esferas muchos de ellos en peligros de extinción) y que involucre a las entidades representativas del sector (FAA, SRA, CRA) que no se expresan con la contundencia que la preocupante situación requiere.

* CIEA / FCE / UBA.

 

Suplemento CASH de Página/12 - 8 de enero de 2017