Derecho a la Tierra, no solo palabras

Oscar Bazoberry Chali - Carmen Beatriz Ruiz
El artículo comienza con un breve recuento de la escalada de asesinatos de líderes campesinos e indígenas que están luchando por acceso, restitución y seguridad jurídica de la propiedad de la tierra en varios países sudamericanos. Luego se repasan algunos datos sobre hitos del desarrollo rural y la integración en la región. Los autores del texto concluyen que declaraciones, documentos y compromisos formales sólo serán palabras que se lleve el viento si los gobiernos no garantizan la seguridad y la vida de quienes están luchando por un derecho humano inalienable e imprescriptible: su tierra.

Cerca de las cuatro de la madrugada del sábado primero de diciembre, dos sicarios enmascarados irrumpieron en la casa del dirigente campesino Vidal Vega, en Marina Cué distrito de Curuguaty, en Paraguay, y lo balearon frente a su familia. Vidal Vega era colaborador importante de la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos (PEICC) de ese país. El PEICC dio a conocer un estudio paralelo y cuestionador de la versión oficial sobre los acontecimientos en Marina Cué el 15 de junio este año, que le costó la presidencia a Fernando Lugo. Vega había asumido recientemente la conducción de la Comisión sin Tierra de Marina Cué, pues la mayoría de sus integrantes habían muerto o están imputados por la Fiscalía. Marina Cué es el lugar donde fueron asesinados 11 campesinos sin tierra y seis policías en junio pasado (Ver Diálogos 82).

Las muertes de líderes campesinos e indígenas han estado ocurriendo en Colombia durante este año trágico, en una escalada que comenzó el año 2007. Desde entonces fueron ejecutados 60 activistas por la tierra, 17 de ellos desde junio de 2011, cuando el Presidente Juan Manuel Santos aprobó la Ley de Víctimas, que incluye el programa para la restitución de tierras. Hasta el momento, la violencia contra activistas y campesinos ha sido la respuesta al ambicioso plan de Santos, que pretende devolver más de tres millones de hectáreas, aproximadamente la mitad del total, antes de 2014,cuando termine su mandato.

Los afectados por la violencia criminal contraria a la devolución de las tierras suelen ser pequeños o medianos propietarios rurales: Jairo Martínez, Óscar Maussa, Manuel Antonio Ruiz y su hijo, son solo algunos nombres de la larga lista de víctimas. Según medios periodísticos, aunque solo se ha esclarecido uno de los 60 asesinatos de los últimos cinco años, se sospecha que los hostigadores son remanentes de antiguas bandas paramilitares ligadas a terratenientes particulares y, en teoría, disueltas desde el inicio, en 2007, del proceso de desmovilización de paramilitares, denominado Justicia y Paz.

Cuentas negativas

Es imposible realizar una valoración del año que termina sin expresar nuestro malestar porque continúa la violencia contra dirigentes indígenas y campesinos en varios países de la región. El asesinato del campesino paraguayo Vidal Vega, y de muchos como él en Brasil y Colombia debe llamar nuestra atención porque, además de las bravuconadas cotidianas y la intimidación judicial contra los pobres, el término de una vida muestra los límites a los que puede llegar el conflicto por la tierra y por los derechos de los trabajadores (Ver Exploraciones 13).

Al mismo tiempo que la violencia, continúan avanzando la deforestación y la especulación de la tierra. Aunque ha habido avances normativos y de acceso en el pasado inmediato, en general el año 2012 los gobiernos de la región frenaron los procesos de reconocimiento de territorios indígenas y no hay progresos en la dotación de nuevas tierras. Los casos de Paraguay y Brasil, cuyos Estados compraron tierras para atender las demandas de campesinos e indígenas, muestran que en la nueva coyuntura, con los precios altos y la tendencia permanente al alza, se ha llegado al límite de lo que se puede lograr por la vía del mercado. En Perú, en cambio continúa la acumulación de tierras que muestra el rostro anti campesino de las políticas de Estado en ese país, desde hace ya una década.

El acoso a la naturaleza en pos de recursos para la vida de una población humana creciente también continúa. En distintas partes de la región se siguen anunciando mega proyectos de infraestructura, como carreteras (el ejemplo más reciente está en Bolivia, donde el gobierno pretende atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure –Tipnis-); hidroeléctricas (como la Cachuela Esperanza en la Amazonía boliviana y la de Bello Monte en la Amazonia Brasileña); nuevas concesiones mineras y exploración de hidrocarburos (Conga en Cajamarca, Perú y Marmato en Colombia y el Chaco guaraní en Bolivia) solo a manera de ejemplo de los innumerables casos en los otros países de la región, y grandes proyectos hídricos (como el acueducto en el Chaco paraguayo).Sobre las consecuencias del constante acoso basta dar un ejemplo, pequeño para la región aunque tan grande como el propio mundo para las comunidades pescadoras del pueblo Wenayek de Villamontes en Bolivia: este año el rio Pilcomayo, que alimentó a esa y otras comunidades, ya no trajo peces. Probablemente muchos otros pueblos indígenas y campesinos sudamericanos están viendo, con la impotencia de los Wenayek, desabastecidos y contaminados sus ancestrales medios de subsistencia.

Muchas palabras y pocas acciones

Desde el año 2008, que trajo la bullada crisis del alza de los precios de los alimentos se han ido acumulando tantas y tan diversas explicaciones y, sin embargo, pocas acciones concretas para resolverla (Ver Diálogos 77).

No es de esperar que las tendencias del mercado pongan algún tipo de freno a las consecuencias negativas que puede acarrear la creciente ventaja que ofrece la producción de alimentos y combustibles de origen orgánico a los capitales, que en estas épocas andan buscando refugio, mejor si es refugio con ganancias. Los últimos informes del año 2012 provenientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL) y el instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)son contundentes al indicar que el precio de los alimentos seguirá subiendo, a diferencia de las otras materias primas, que muestran altibajos, de acuerdo al crecimiento o estancamiento de la economía mundial, la cual, como sabemos, anda con un ala quebrada (ver “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas, una mirada hacia América Latina y el Caribe 2013” y “Estado mundial de la agricultura y la alimentación 2012”(CEPAL - FAO – ICCA).

Los gobiernos sudamericanos y las instituciones multilaterales conocen perfectamente la situación y, si bien han actuado en algunas áreas, como por ejemplo regulando la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros, también están siendo notoriamente insuficientes en temas de tecnología y otros eslabones del área de gigantesco negocio del agro. Este puede prescindir de la propiedad directa de la tierra pero igualmente imponer un sistema productivo y una forma de negocios y mercado, generando mayor presión sobre la explotación de los recursos naturales y sobre el acceso de campesinos e indígenas a la tierra y a sus oportunidades de articulación al mercado como productores.

La Declaración de la 42 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en junio de 2012 en Cochabamba, Bolivia, fue una muestra clara de las contradicciones que los Estados están dispuestos a aceptar y rubricar en un documento, y de la dificultad que tienen, en la práctica, de equilibrar el bien nacional en términos de sostenibilidad y generación de empleo con las oportunidades de crecimiento económico, a pesar de que este rubro deja poca renta comparado con otras actividades extractivas (Ver Diálogos 85 y Exploraciones 12).

En cuanto a las instituciones de integración, destacan los cambios inesperados en el Mercado Común del sur (Mercosur), luego de la suspensión de la participación de Paraguay a raíz del golpe parlamentario que depuso al Presidente Lugo, la incorporación de Venezuela como miembro pleno, tramitada ya desde el año 2006, y la invitación al ingreso de Bolivia y otros países como miembros plenos (Ver diálogos 25). Son cambios con consecuencias que ponen de manifiesto el desconocimiento de las dificultades en que ponen a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que va camino a su desaparición (Ver Diálogos 86).

A pesar de este panorama complejo, lo cierto es que el MERCOSUR mostró su fuerza como bloque económico y, al mismo tiempo, la tendencia del tipo de relaciones y tensiones que veremos en el futuro inmediato en la región. Para el desarrollo rural esto significa el predominio del libre mercado y, en gran medida, la expansión de la frontera del modelo brasilero, con sus luces y sombras (Ver Diálogos 76 y 78).

Por otra parte, a pesar de que la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) ya se encuentra en etapa de institucionalización, muestra más vitalidad para temas políticos, que para asuntos del área del desarrollo regional. Es destacable la conformación de una plataforma de consulta a la sociedad civil que fue recibida por muchos movimientos sociales con gran entusiasmo, aunque el interés aparece deslucido en otras oportunidades como durante la sexta Cumbre realizada el pasado mes de noviembre en Lima, donde Se excusaron cuatro jefes de Estado que han sido sus más entusiastas impulsores: Dilma Rousseff de Brasil, Cristina Fernández de Argentina, Evo Morales de Bolivia y Hugo Chávez de Venezuela. El presidente ecuatoriano llegó tarde. Pero lo central fue lo poco trascendente de sus acuerdos. No se trata de un detalle que la Declaración Final no se ha hecho oficial y, más bien, se limitó a un informe del presidente Humala.

Respecto a los movimientos sociales, durante el año 2012 no han mostrado su mejor expresión, si bien es cierto que en muchos países lograron avances en espacios de representación ante sus gobiernos e incluso en algunos foros internacionales. La cercanía a los líderes de gobierno, a cargos públicos y una mayor articulación formal con los poderes nacionales, han generado cierto debilitamiento de la expresión de demandas, de los mecanismos de protesta y la independencia de las movilizaciones. Lamentablemente, en gran parte de los países hay fracturas importantes en el movimiento social de la región y, más lamentable aún, muchas veces éstas han sido patrocinadas por los propios gobiernos populistas que tienen discurso de izquierda.

Por todo lo anterior, el próximo año 2013 se viene con grandes desafíos. Desde el IPDRS esperamos que el debate sobre desarrollo rural de base campesina indígena sea más intenso, que se preste más atención a las inversiones públicas, al acceso de campesinos e indígenas a tierras, a su participación en los mercados en condiciones de equidad y a la responsabilidad de los consumidores. Por nuestra parte, continuaremos recogiendo y difundiendo información y testimonios sobre el derecho a la tierra y sobre buenas prácticas del trabajo de producción en el campo.

ALAI, América Latina en Movimiento - 18 de diciembre de 2012