La ruptura de un desarrollo energético armónico
Gustavo Calleja*

La Argentina fue modelo en el mundo de un sistema energético integrado, creado a partir de Mosconi, con Yrigoyen, con Alvear, con Perón, con Canessa, y defendido luego por las fuerzas armadas, cuando estaba Savio, que protegía a su pueblo y no que lo mataba.

La venta de YPF es una de las causas principales de que la Argentina tenga tantos desaparecidos sociales. Pero esto de apropiarse de los recursos petroleros empezó con el golpe contra Yrigoyen, en 1930. En el gabinete de Uriburu, ocho de los ministros eran representantes de compañías petroleras. Y hubo ataques permanentes a YPF durante toda su historia, pero siempre fracasaron.

La Argentina llegó a este grado de desarrollo por YPF. De allí nació Gas del Estado, la petroquímica, se integró la Patagonia, hubo desarrollo social, hubo combustible. Desde que se terminó YPF, estamos como estamos.

Y ese final empieza con las famosas 21 áreas que regaló Martínez de Hoz al empresariado petrolero nacional, entre los que estaban Pérez Companc, San Jorge y Pluspetrol, que después se convirtieron en dueñas de las áreas. De contratistas de YPF pasaron a ser concesionarios.

Los tres decretos
En la época de Menem se dictaron tres decretos cuando era ministro Roberto Dromi y secretario de Energía Julio César Aráoz. Y después se continuó. Hubo una perfecta coordinación entre los distintos ministros. Todos trabajaron igual.

Estos decretos empezaron a sentar las bases de lo que era la destrucción de un sistema centralizado, políticamente dependiente de la Secretaría de Energía, con dos grandes subsistemas, uno eléctrico y uno de combustibles, con grandes empresas de combustibles: YPF, una empresa gasífera y una empresa de carbón.

Del otro lado estaba Agua y Energía Eléctrica, que venía a ser algo así como una YPF de la energía eléctrica y el riego; Hidronor, una empresa creada por Onganía para hacer negociados con el Chocón; y SEGBA, que fue creada en la época de Frondizi para tratar de sacarle a Agua y Energía el avance que estaba teniendo en el área metropolitana con la electricidad, y cuidar los negocios de la CADE, la CHADE y la Italo, que en aquel momento se estaban cayendo. Hasta que fue recuperada por Arturo Illía, en la famosa pelea entre Blanco y el vicepresidente del Banco Mundial.

Este sistema funcionaba en una forma racional. Los primeros estudios en este sentido los hizo Perón en 1944 y se continuaron después, con un decreto inspirado por Conrado Storani en 1985. Esto significaba que una vez que el país determinaba qué iba a consumir, se establecía primero la producción de energía con la hidroelectricidad, después con las usinas atómicas, después con el gas -que era menos contaminante y del cual teníamos más reservas- y finalmente con el petróleo. Y para exportar, nada, porque no había reservas. De esta forma se obtenía un desarrollo armónico del país, con el menor costo en cada una de estas especialidades.

Luego esto se rompió. Se cambió la racionalidad por la irracionalidad del mercado. Y es lo que tenemos ahora. Toda la renta, cualquiera sea la forma en que se la quiera determinar (diferencia de ingresos y gastos, ganancias y pérdidas o ingresos brutos) estaba en manos del estado. Había algunos contratistas que después se quedaron con el petróleo y las empresas refinadoras (Esso y Shell), limitadas al 30 % de producción y comercialización, con lo que tenían un nicho de mercado pero que estaban prácticamente bajo el control de la Secretaría de Energía, que regulaba las utilidades de todas las empresas.

YPF no perdía porque estuviera mal administrada, sino porque el estado se apropiaba de sus ingresos a través del impuesto a los combustibles. En todos esos años quedaba para YPF un promedio de 50 dólares por metro cúbico de petróleo, contra un costo de 110. Eran 1.800 millones de dólares por año que se sustraían del ingreso genuino de YPF. Cuando la hacen sociedad anónima y de golpe empieza a ganar plata, no fue por aumento de la eficiencia empresaria, sino por la reducción del impuesto, que dejó de ir a los jubilados y al estado nacional, provocando con posterioridad el aumento de precios que sufrimos en los bolsillos.

Violaciones a la ley
Los decretos de Menem permitieron un montón de enormidades. Primero se licitaron 240 áreas secundarias, que se distribuyeron entre los amigos del ex presidente. Publicitaron que se iban a recolectar mil millones de dólares y las vendieron en 160 millones. Menem dijo que con ese éxito íbamos a integrar la OPEP.

Después empezaron con las violaciones al marco legal. Las áreas centrales se entregaron a uniones transitorias de empresas (UTE) sin participación estatal. La ley de reforma del estado, que fue la base de la entrega de las privatizaciones, establecía que en las áreas donde se hiciera recuperación asistida -es decir, las centrales- tenían que constituirse sociedades mixtas.

Además, estos decretos violaron la ley de Hidrocarburos en cuanto a la acumulación de áreas. La ley dice que, para favorecer la competencia, no se puede acumular más de cinco permisos de explotación. Hoy, entre ocho empresas que tienen 15 a 20 áreas cada una, producen el 80 % del crudo y del gas del país, con lo cual conforman un oligopolio perfecto.

Según esa ley, los contratos de concesión de explotación o permiso de exploración son absolutamente nulos. Los decretos mencionados permitieron que se crearan concesiones o permisos mediante reconversión de contratos, término jurídico que usó Dromi. Pero hasta el Banco Mundial dijo en su momento que esto no se podía hacer legalmente.

Menem estableció la libre disponibilidad del crudo extraído y otorgó a las empresas beneficios tributarios. Los petroleros añadieron la libre disponibilidad de las reservas también. Estos decretos, entre otras cosas, eliminaron por vía indirecta un impuesto al crudo procesado (10 % del valor del petróleo que entra a refinería), que iba para la construcción de represas hidroeléctricas. Esto significó más o menos 400 millones de dólares por año regalados a los petroleros.

Durante los 12 últimos años no se ha iniciado ninguna represa. Apenas se terminaron las que venían en construcción, que se pagaban a través de este tipo de impuesto, o de otros que gravaban las naftas y que fueron prácticamente eliminados, cediendo su importe a las compañías energéticas privadas en una masa de 2.500 millones de dólares al año. Asimismo, la ley de Onganía le daba a YPF áreas que teóricamente no le podía sacar nadie. Bueno, estos decretos se las sacaron.

Daño social y ambiental
Hasta la privatización, la Argentina venía siguiendo el proceso lógico del combustible: leña, carbón, combustibles líquidos (querosén, por ejemplo, como combustible popular), gasoil, fuel-oil, gas licuado, gas natural. Eso se rompió. Grandes masas de la población fueron para atrás. Se volvió a consumir leña, depredando los bosques. Y eso no alcanza. A partir de esta desregulación, se mueren de frío más de 100 argentinos por año.

Otra cosa terrible es la depredación del medio ambiente. Cada vez que se perfora un pozo de petróleo se hace un piletón que puede tener 20 por 50 metros, o 50 por 50, donde van las primeras salidas del pozo, que son contaminantes. Normalmente se hacían sobre la tierra. En Estados Unidos se impermeabilizan, porque lo lógico es taparlo después y reparar en parte el daño ecológico causado.

En el segundo mandato de Menem, YPF tenía en promedio 3 mil piletones sin tapar y perforaba mil por año (entre exploración y desarrollo). Es decir, dos años de atraso. En menos de dos años las empresas llegaron a 25 mil piletones de petróleo: cada quien sacaba lo que podía y después lo tiraba sobre la tierra. Esto provocó una enorme depredación, sobre todo en las aves de la Patagonia, que creen ver un lago y no saben que es de petróleo. Hay especies que han desaparecido. El tema luego se reglamentó y en un momento dijeron que había mil y pico, pero creo que deben ser ahora 5 ó 6 mil en todo el país.

Y está el tema del venteo de gas. En 1989 era de aproximadamente un 10 %, ya que había bajado desde un nivel de 20 % gracias a las grandes obras. De golpe, hasta 1997, la producción de petróleo empezó a crecer y después aumentó la de gas. Pero como son dos productos asociados, si sale uno sale el otro. No se puede aumentar 30 ó 40 % la producción petrolera y que la de gas siga igual. A algún lado iba: lo venteaban, y cuando hacían un balance, lo declaraban como reinyectado a los yacimientos. Pero nadie controla y se pone cualquier cosa. Eran cifras de 200 a 300 millones de dólares al año.

Además, las grandes compañías establecieron bocas de expendio, con lo cual se integraron verticalmente. Y se decretó la libertad absoluta, con lo cual cualquiera puede poner una estación de servicio al lado de una escuela, de un hospital, debajo de una autopista, en lugares prohibidos en todo el mundo.

Expresamente, en esos decretos se excluye a las empresas de pagar derechos de exportación y de importación, porque "nos íbamos a insertar en el mundo internacional de los combustibles". Y también les permiten tener afuera, hasta la fecha, el 70 % de las divisas de exportación.

En cuanto a Gas del Estado, hay que recordar que la ley que la vendió, la 24.076, es la famosa ley del diputrucho. La empresa había sido tasada por gente de Petrobrás, que estaba estudiando cómo iban a hacer una compañía similar, en 25 mil millones de dólares. Se vendió en 2.500 millones. Y además la rompieron, cuando se trataba de una empresa que venían a estudiar de todo el mundo. Junto con Gaz de France dictaba las normas en el mundo.

Después de la privatización se construyeron nuevos gasoductos, pero ninguno para el mercado interno. Y el problema es que ya sale al exterior casi la mitad de lo que va al mercado interno, con reservas que han bajado de una forma tremendamente violenta. De 18 años que había en petróleo en 1989 estamos en 9 años. Y en gas, estamos en 16 años, cuando había 34 a consumo constante.

Rescatar riquezas
Toda esta distorsión del área energética construida por todos los argentinos, y que ahora estamos viendo que se va para afuera, motivó el planteo del MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) de rescatar estas riquezas y el poder que da el manejo de este sector.

Las bases jurídicas para eso ya las planteó don Arturo Illía en los decretos 743 y 744 de 1963. Allí está prácticamente toda la teoría de la nulidad. El Poder Ejecutivo debe anular los contratos cuando hay hechos ilícitos y ni siquiera se debe ir a la justicia: es un acto de soberanía.

El tema de la diferencia patrimonial lo podemos discutir en los tribunales: Illía no pagó un solo peso de indemnización y se quedó con los yacimientos. John Kennedy, una semana antes de ser asesinado, reconoció el derecho soberano de la Argentina a recuperar sus yacimientos. Claro que con esta Corte no se puede plantear la nulidad, porque el riesgo es que le den al tema el blanqueo de cosa juzgada.

Volver al concepto de servicio público

Félix Herrero*
El mejor resumen de un modelo económico neoliberal es el que surge de la aplicación del Consenso de Washington, que nace con el economista Williamson en 1981, y es un decálogo que se impuso al mundo. Si bien diez años después, este listado pasó a tener 20 "verdades", en las 10 originarias se proponía, en primer lugar, la reorientación del gasto público. Esto quedó claro en la Argentina. Se dijo que todo el presupuesto iba a ser para educación, salud ni seguridad; nada de energía, transporte o rutas. Lo último lo hemos cumplido estrictamente. El problema es que nos quedamos sin educación, salud y seguridad. Y el sector energético sufrió rápidamente las consecuencias, porque había muchas obras que se estaban realizando, tanto en hidroelectricidad como en los hidrocarburos y en lo nuclear, que quedaron paralizadas. Sólo se terminó a duras penas, Yacyretá.

Otra "verdad" del Consenso de Washington es la reforma tributaria, y ya sabemos a qué sectores castigó. Luego, se impuso la eliminación de subsidios, sobre todo los sociales y regionales, no los que reciben las empresas: el caso ferroviario es claro. Con la cuarta parte de la extensión, quienes manejan los trenes reciben los mismos subsidios, o sea, cuatro veces más en términos relativos. Y en las leyes de gas y electricidad se prohibieron los subsidios cruzados, cuando se trata de una práctica mundial, que se estudia en cualquier libro de economía, tanto en Estados Unidos como en Europa. Toda la economía francesa es un gran desarrollo de ingeniería de estos subsidios.

Después tenemos la liberalización financiera, la apertura comercial y la inversión extranjera. La Argentina abrió las puertas al capital externo mucho más que Estados Unidos y Europa. Cualquier capital podía comprar cualquier empresa, sea de recursos naturales, en áreas de frontera o con manejo de recursos estratégicos. Y la apertura comercial fue tan grande que en el sector petrolero el país permitió a los exportadores de gas o petróleo quedarse con el 70 % de las divisas, que no tienen que pasar por el Banco Central.

Un país en default permite estos márgenes de maniobra y desde 1989. La situación es increíble, y recién ahora se discute si es legal o no, cuando todos sabemos que la ley de emergencia de enero de este año establecía que ya no había privilegios en cuanto al tratamiento de las divisas para ningún sector. Sin embargo, los petroleros admiten entregar el 50 % de las divisas, pero piden a cambio que les bajen las retenciones del 20 al 10 por ciento.

La megaprivatización
Obviamente, en el Consenso de Washington no podía faltar el punto de las privatizaciones y la desregulación, que es otra forma de privatizar; algo que, por supuesto, no se aplicó en los países grandes. En Estados Unidos el 80 % de las hidroeléctricas son estatales. Alaska es una gran reserva petrolera. En la Argentina se han eliminado límites y controles y cuando conviene no se respetan las normas. Aquí se puede explorar en cualquier lugar con el otorgamiento de mucho más de cinco permisos de exploración y explotar con más de cinco contratos de concesión, incumpliendo con la ley.

La experiencia argentina demostró que el problema de la eficiencia y de la corrupción no pasaba sólo por el estado o las empresas públicas. Para el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, privatización ha sido sinónimo de sobornización, y los ejemplos que cita son los de Rusia y la Argentina. En nuestro caso, la privatización petrolera ha sido absoluta, del 100 %. Y el 90 % de la venta se hizo a capital extranjero, si aceptamos que Tecpetrol y Pluspetrol sean argentinas. En el sector eléctrico, el 70 % es privado y fuertemente extranjero. No pasaron al sector privado las binacionales -Yacyretá y Salto Grande- porque los socios no aceptaron.

El Consenso habla también de una banca central independiente, pero en ningún caso esta autonomía limitó a las petroleras, que pueden seguir sin liquidar el 70 % de las divisas por sus exportaciones. Y termina mencionando la red de contención social: la famosa teoría del derrame y el goteo, que nunca se dieron, porque el empobrecimiento ha sido muy fuerte.

Hay tres trabajos ineludibles para estudiar estos temas en la Argentina. Uno es el informe del Banco Mundial de 1988, pero entregado oficialmente al gobierno para hacerlo operativo en 1990, que se llama "Argentina, reformas encaminadas a lograr estabilidad de precios y crecimiento". Ahí se plantea cómo hay que privatizar, cómo hay que desregular, cómo hay que cambiar la política financiera, cuál es el papel de las provincias y del estado. Es el mensaje del Consenso de Washington hecho para la Argentina, para cualquiera de los dos candidatos a presidente que "competían".

Otro informe es el que acompañó la misión privatizadora del Banco Mundial de 1988 y 1989, en el que aparecen todas las empresas públicas argentinas. En el sector de los hidrocarburos el estudio lo hizo el ingeniero Bozzolo mientras que las empresas de energía eléctrica estuvieron a cargo del licenciado Devoto, actual secretario de Energía.

Un tercer libro sobre la renta petrolera en la Argentina lo encargaron ADEBA (la Asociación de Bancos) y el Banco Mundial, y fue hecho por Alietto Guadagni y Pablo Gerchunoff. Como en el caso anterior, un justicialista y un radical actuando en forma conjunta. Acá se propone la locura más grande que se ha visto escrita: que para socializar la renta petrolera había que privatizar YPF y los yacimientos.

En cuanto a la situación petrolera mundial, es muy grave: Estados Unidos, que sigue produciendo el 50 % de su consumo e importando la otra mitad, con lo que absorbe más del 30 % del consumo mundial de petróleo está viviendo una crisis. Crisis que ya provocó varias guerras: 1991 en Kuwait; en 1994, invasión a Mogadiscio, capital de Somalía; luego Afganistán, por el tema de los gasoductos y oleoductos; y ahora Irak.

Esto pone de manifiesto que, después de tanta privatización, no tenemos una reserva petrolera estratégica. En 1922, cuando los aviones argentinos no tenían aeronafta, Enrique Mosconi dijo que necesitábamos una empresa para que nuestros aviones pudieran volar.

Hoy todos los grandes países tienen esas reservas. Estados Unidos posee en el sur de Alabama, en grandes construcciones de aluminio, petróleo propiedad del estado federal para tres meses, y ahora aumentaron ese stock un 30 %, para llegar a 4 meses. Hace pensar que la probable guerra de Irak podría durar ese tiempo. La Unión Europea también mantiene desde el primer trimestre de este año el mismo porcentaje de reservas estratégicas. La misma cantidad de semanas de autosuficiencia.

Extranjerizador y excluyente
En síntesis, la característica de este modelo energético neoliberal aplicado en la Argentina es que, primero, ha sido brutalmente desnacionalizador. Ha extranjerizado un sector en el que había habido un desarrollo autónomo, que era tomado como ejemplo en el mundo. Luego, es un modelo excluyente, y ya no nos puede extrañar que 5.000 familias argentinas dejen cada día algún servicio público. También es un modelo desintegrador, porque no optimiza todo el proceso energético. Nosotros estamos en contra de la Cammesa (Compañía Argentina Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) y del mercado eléctrico actual, y a favor de un sistema de planeamiento integrado

Además, es un modelo abstracto e irracional. Acá no se tarifa en función de los costos: se inventó un sistema que toma en cuenta los precios anteriores, que se actualizan con variaciones de índices de precios de otros países, y no considera ni los costos ni las ganancias. Es necesario un sistema de tarifas que responda al costo individual empresario y al costo social del país. Y por último, es un modelo en el cual la corrupción es más que funcional, porque forma íntegramente parte del mismo.

Por eso, al igual que nuestros vecinos del PT del Brasil, creemos que es imprescindible la democratización y fortalecimiento de los órganos de regulación, y no la autorregulación de las empresas. Y pensamos que es urgente caracterizar la energía como servicio público desde el principio hasta el final de la cadena energética y la recuperación del carácter público del operador nacional, como lo era el Despacho Unificado de Cargas.

De la protesta social a la denuncia judicial
Fernando "Pino" Solanas*
Después de tanta memoria de despojo y de castigo, ¿qué posibilidades tenemos? Este es un tema que nos tiene que preocupar a todos. Estamos entrando en un proceso electoral y el tema energético está ausente o se trata con evasivas.

Una de los objetivos por los cuales nace el MORENO es informar a la opinión pública que la energía es un tema fundamental de su calidad de vida. Cada aumento de precios en el sector energético es un disparador en la canasta familiar y como la energía es el primer insumo en la cadena de valor, es también un disparador general para la industria y el comercio.

El otro tema grande es volver sobre el sector comunicacional, que fue corresponsable del vaciamiento de la conciencia argentina en estos últimos 15 ó 20 años. Sobre todo, después de la privatización de los medios de comunicación, que al ser entregados al mercado se basan sobre los avisos, los anunciantes.

En los últimos años, a medida que fue desapareciendo la industria nacional y las PYME, sólo pudieron avisar los grandes grupos y, sobre todo, los sectores exitosos: las grandes compañías. A través de los medios se desinformó y se creó la conciencia de que había que desprenderse de todo ese patrimonio; en definitiva, la opinión pública creyó que era un lastre, y que era el culpable, junto al "monstruoso" estado que teníamos, de todos los males que padecíamos.

Hacer memoria
Es interesante hacer memoria, releer diarios, ver en las grabaciones las verdaderas monstruosidades que se dijeron para avalar el desguace del estado. Podemos llegar a comprender cómo con tanto desparpajo, con tanta irresponsabilidad la clase dirigente se desprendió de un sistema energético modelo, del cual YPF fue pionera en el desarrollo petrolero latinoamericano. México tomó la experiencia argentina, luego el Brasil. Y lo mismo podemos decir de otros sectores como el eléctrico y el nuclear.

Fuimos pioneros y la clase dirigente argentina regaló todos estos activos, ya que algunos yacimientos, por ejemplo, fueron vendidos al 2 ó 3 % de su valor real. Recordemos además que las reservas argentinas, al momento de su privatización, fueron tasadas por una sola consultora extranjera, a cinco dólares el metro cúbico. Y se calcularon existencias un 30 % más bajas de lo que eran hasta el año anterior, para volver a subirlas al año siguiente.

Se cometieron grandes atropellos. El yacimiento Puesto Hernández -quizás el mayor, donde YPF había hecho una inversión de más de 600 millones de dólares- se vendió en 240 y tantos millones. Huemul fue vendido en 126 millones, que era el valor de lo que producía en 9 meses. Se cedieron 25 años de extracción, por el valor de 9 meses.

Pero la clase dirigente no reaccionó. Y tampoco lo hizo cuando Fernando de la Rúa, con su ministro José Luis Machinea y el gobernador Sobisch protagonizaron uno de los escándalos de corrupción administrativa y uno de los latrocinios más groseros que sufrió nuestro patrimonio público, al prorrogarle a Repsol la concesión del yacimiento de Loma de la Lata, más de 10 años antes de lo que la ley marcaba.

Una riqueza equivalente en aquel momento a 44 mil millones de dólares, fue cedida por 300 millones. La operación fue tan escandalosa que en uno de los primeros artículos del contrato se explicita que ninguna legislación ni medida administrativa futura podrá alterar la validez del contrato.

Tampoco reaccionaron los poderes ni los resortes republicanos e institucionales para denunciar un contrato que no pasó por la Legislatura de Neuquén. Además, la constitución de la provincia, en los artículos 228 y 229, señala de la manera más explícita que se impide cualquier forma de privatización de los hidrocarburos provinciales.

Cuando se ve este panorama queda una sensación de indefensión absoluta. La verdad es que estamos ante el dilema de la reconstrucción de la Argentina. Porque no se trata sólo de lo malo que resultan el Consenso de Washington, el FMI, el Banco Mundial, la presión de las multinacionales. Esas presiones existen igual para todos los países de la tierra. Nosotros tenemos que entender que buena parte de la responsabilidad directa la tuvo la clase dirigente argentina de todos estos años, que fueron los verdaderos gerentes o capataces de aquellos mandantes o nuevos intereses neocoloniales.

En América latina hemos tenido gobiernos neoliberales en México, el Brasil y Venezuela, y ninguno de ellos se desprendió de sus activos de hidrocarburos. Es más, los incrementaron.

Gesta nacional
Por eso, otro de los grandes objetivos que se fijó el MORENO fue, además de denunciar el latrocinio, plantear una gesta nacional de recuperación de todo lo que le pertenece al pueblo argentino, ya que buena parte de las concesiones se realizó a través de una serie de ilícitos. Es decir, de operaciones que vulneraron la ley nacional de hidrocarburos, lo cual se sumó al incumplimiento de las obligaciones contractuales. Entre ellas, la necesidad de realizar una cantidad importante de nuevas exploraciones, perforaciones, etc. para que el nivel de exploración y reservas no variara.

Al momento de la privatización teníamos 16 años de reservas e YPF perforaba en la década de los '80 un promedio de 100 pozos exploratorios anuales; actualmente no llega a 30. Y hoy tenemos reservas por menos de 9 años. Los privados tomaron los yacimientos en pleno funcionamiento y se dedicaron a sacar y a construir gasoductos hacia fuera del país, cuando un gran porcentaje de la población argentina no recibe el gas de red.

Una política irracional extractiva produjo un daño ambiental fenomenal, que sólo en la provincia de Neuquén está evaluado en más de mil millones de dólares. Pedimos, entonces, a la clase dirigente que se pronuncie sobre estos temas. Nos preguntamos, por ejemplo, qué quiere decir el gobernador Néstor Kirchner, este gran fogonero de la privatización de YPF, que hasta mandó con el avión de la gobernación al entonces diputado Rafael Flores, con la pierna enyesada, a votar el día de la privatización. Este señor, que fue de los primeros en salir a objetar las retenciones a las exportaciones cuando se habló de aumentos, ahora dice que va a retener la renta petrolera. No se sabe de qué habla.

Nosotros le dijimos a Lilita Carrió que Pérez Companc no es un modelo de empresariado nacional. En el ambiente petrolero, el lobby de este grupo fue de los más eficaces. Era una transportadora, que gracias al buen apoyo de la dictadura empezó a tener contratos que luego fueron convertidos en concesiones.

Tampoco se puede ignorar la enorme cadena de ilícitos que se cometieron para arrebatarnos esta riqueza. Si se aplicara la ley nacional de hidrocarburos, caerían las dos terceras partes de las concesiones. Esto es tan real como otra verdadera monstruosidad que denunciamos hace años: que la Argentina es el único país donde se extrae petróleo y gas sin ningún control fiscal. Por eso los gobernadores Sobisch y Kirchner hablan de los acuerdos estratégicos con Repsol.

Lo preocupante es que no hay ninguna fuerza opositora de número que haya hecho realmente propias estas denuncias. Entonces, ¿qué perspectiva tiene la Argentina? Es un problema de decisión política. Otros países, aun con proyectos conservadores, las han ejecutado. Nosotros estamos en una etapa preconservadora. No tenemos ni gobernantes conservadores que defiendan los intereses de la Nación.

Un escándalo más
Otro gran escándalo es el tema del precio de las naftas, que en la Argentina nunca tuvo que ver con el costo real, ni con el precio de un mercado desregulado. El precio no es el costo más la ganancia, sino el del mercado internacional. El gobierno aceptó este disparate, de manera absolutamente innoble para los intereses del país, y jamás exigió a las petroleras que lo bajaran cuando cayó el precio internacional de 25-30 dólares el barril a 12-14 dólares. La diferencia acumulada es de 7 a 8 mil millones de dólares. Durante toda la década, mientras Estados Unidos vendía el litro de combustible a 15 centavos de dólar el litro, la Argentina vendía a 32 o 33 centavos, sin impuestos, por cierto.

Lo más inteligente, para evitar todo tipo de polémicas, es integrar todo el sistema energético. Por supuesto, se necesita un buen poder político. Pero mientras eso no sea posible, mientras la Argentina no llegue a construir un gran frente de unidad o de salvación nacional, con reglas claras y precisas para dirimir las diferencias internas, tenemos que denunciar y empezar a proceder por vía judicial.

Hay que colocar las concesiones en caja, de acuerdo con la ley nacional de hidrocarburos, que está amenazada de serias modificaciones para legalizar toda esta historia negra. Hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque no hay nada más terrorífico que los últimos meses de un gobierno, y más éste, que no tiene legitimidad alguna.

Debemos recuperar la mayor cantidad de concesiones y hacer caer contratos por incumplimiento de obligaciones, entre ellas, la de proteger el medio ambiente: el fabuloso daño en esta materia no ha sido reparado.

Hay que aplicar la ley de Emergencia y la de Abastecimiento para los precios de los combustibles, que no tienen por qué estar atados al mercado internacional. Utilizar el criterio del costo interno, porque no hay ningún insumo importado. Impedir este circuito cerrado que es el nido de la evasión impositiva. Volver a aplicar impuestos correctos y justos. Impedir la exportación de nuestros combustibles, ya que no tenemos una cantidad tal de reservas como para exportar. Volver al sistema integrado.

En definitiva, volver a recuperar un recurso esencial, porque la energía es un bien social y un derecho humano y no le puede faltar a ninguna familia argentina. Además, la energía abundante y barata debe ser la base para el relanzamiento industrial que este país espera.

Al mismo tiempo, tenemos que hacer una fuerte inversión en las energías renovables y alternativas, que se desaprovechan. Entre ellas, cualquier proyecto energético serio debe contemplar que la más refinada y poderosa de las energía es la de la inteligencia, el conocimiento científico técnico. Pero nada será posible si esto no forma parte de un gran proyecto nacional estratégico, no coyuntural ni electoral.

Las dos razas
Para concluir, quiero decir que la Argentina está poblada por dos razas. Hay una raza desde los albores de la nacionalidad que dijo, en 1807: no es posible, son unos absolutos irresponsables y locos los que creen que a estos 11 mil ingleses profesionales los podemos vencer y echar, siendo 40 mil los habitantes de Buenos Aires, incluidos niños y mujeres. En la otra raza también hubo locos que dijeron: podemos armar un ejército, cruzar los Andes y derrotar a los españoles. América, la independencia latinoamericana, se construyó con grandes patriadas.

En toda la década de los '90, los medios de comunicación de masa, con la enorme inversión que hicieron los grupos extranjeros, -y a caballo del fin de la historia y de la ideología, y de todas las ideas bobas pero eficaces, con buenas campañas de publicidad, que lanzaron desde el Norte- nos hicieron creer que no había posibilidad de confrontar con el modelo único. De la Rúa, hace poco más de un año, cuando quiso imponernos a Ricardo López Murphy, sostuvo esta idea: cualquiera que diga que pueda haber otra solución a la que López Murphy plantea, miente.

La mejor solución es que esta energía de protesta y este movimiento social en estado de asamblea, avance hacia la construcción de sus representaciones democráticas, si no quiere seguir delegando su destino en la vieja corporación de la política. Estoy convencido de que la Argentina tiene toda la potencialidad y todas las energías para dar vuelta el país mucho antes de lo que dicen los agoreros de lo no posible.

Notas
*Contador público. Ex subsecretario de Combustibles de la Nación. Presidente de la Fundación Arturo Illia.
* Ex presidente de las hidroeléctricas binacionales argentinas Yacyretá y Salto Grande. Lic. en Economía y abogado (UBA)
* Ex diputado nacional. Luchó en favor de los intereses nacionales frente a la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Llevó a cabo una acción que impidió la privatización de Yacyretá y Salto Grande.