Brasil: justicia cautelar

Martín Schapiro


La decisión del Supremo Tribunal de aplazar el tratamiento de la situación de Lula da Silva, a la luz de las serias irregularidades reveladas en el proceso por el que fue condenado, confirma las sensibilidades de un órgano judicial que actúa con un oído en la calle y otro en el Palacio.

Cinco jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil, por una mayoría de tres votos contra dos, decidieron que el Luiz Inácio Lula da Silva puede esperar. El acuerdo del máximo tribunal denegó dos pedidos de hábeas corpus de la defensa del ex presidente en los que se requería su liberación inmediata. El primero de los planteos, derrotado por cuatro votos contra uno, versaba sobre un tecnicismo vinculado al modo en que la anterior instancia había tratado la apelación. Las mayores expectativas, sin embargo, se concentraban en el segundo planteo de la defensa, centrado en la supuesta falta de imparcialidad de Sergio Moro. El recurso de la defensa había sido interpuesto hace meses, tras conocerse la designación de Moro como Ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro y mucho antes de que salieran a la luz las conversaciones entre el ex-juez y los procuradores del Ministerio Público Fiscal.

Los cuestionamientos versaban, además de ese nombramiento, sobre actuaciones cuestionables como haber ordenado intervenir las líneas telefónicas de los abogados de Lula y la publicación de escuchas ilegales, como la que tuvieron el ex Presidente y la entonces mandataria Dilma Rousseff, en las vísperas de su frustrado nombramiento como ministro Jefe de la Casa Civil.

El Tribunal optó por demorar pronunciarse sobre el planteo de fondo de la defensa de Lula, esto es, la parcialidad de Sergio Moro. A propuesta del juez Gilmar Mendes, y a la luz de las recientes revelaciones de The Intercept, se votó aplazar el análisis de la conducta del ex-juez, y la votación de los jueces giró únicamente alrededor de una posible medida cautelar, propuesta por el mismo juez, para que el ex presidente espere esa decisión en libertad. Curiosidades de la historia, los dos jueces que más duramente se opusieron a la liberación de Lula fueron nombrados por éste y por Dilma Rousseff, con apoyo de los movimientos sociales. Mendes, nombrado por Cardoso, había sido en cambio duramente cuestionado cuando, mediante otra cautelar, impidió la designación de Lula como Jefe de la Casa Civil basado en las filtraciones de Moro.

El Tribunal Supremo es, además de un tribunal de justicia, la cabeza de uno de los poderes del Estado. A pesar de las inmunidades del carácter no electivo, sus jueces están sometidos al escrutinio público y han sido recientemente objeto de fuertes cuestionamiento en las movilizaciones del sector más duro del bolsonarismo, que encuentra en Moro a uno de sus mayores íconos.

A pesar de las series irregularidades demostradas por las revelaciones de The Intercept, cuya autenticidad fue confirmada en un principio por los propios integrantes del Ministerio Público, Moro se mantenía como el dirigente político con mejor imagen del país, aunque se encontraba en baja. Los sectores militares también cerraron filas tras el ex juez. "Si tuviera que ir a la guerra, llevaría conmigo a Moro y Dallagnol" dijo el vicepresidente, el General Mourão.

Ante las presiones cruzadas, por los cuestionamientos de medios periodísticos y sectores que apoyan al ex-presidente, y las cada vez mayores dificultades que enfrenta el gobierno de Bolsonaro, el Máximo Tribunal optó por el mismo principio que lo llevó a convalidar las serias irregularidades del juicio político contra Dilma Rousseff, y a que el presidente del Tribunal, José Antonio Dias Toffoli, antiguo abogado del PT y movimientos sociales, a referirse al último golpe de estado como el "Movimiento del '64".

Acompañar los tiempos de la política y desensillar hasta que aclare. El próximo round no será antes de agosto.

 

Cenital - 26 de junio de 2019