Ver tabla adjunta

Introducción:

El proceso económico-social que tuvo lugar en la Argentina durante la década de los años noventa fue sólo una etapa dentro de una tendencia más general, que comenzó en 1976 con la irrupción de la dictadura militar. La política neoliberal impuesta desde entonces creó un escenario signado por un proceso de concentración económica y centralización del capital1, que resultó funcional a los intereses del poder económico local y de los organismos multilaterales de crédito. El mecanismo que permitió la consolidación de este nuevo modelo económico fue la implementación de reformas estructurales de corte neoliberal, consistentes, en lo sustantivo, en una apertura económica (aunque asimétrica, atento a sus impactos sobre los distintos agentes económicos), eliminación de regulaciones, liberación del sistema financiero y reestructuración de la relación capital/trabajo. Estos mecanismos tuvieron entre sus principales implicancias la entrada masiva de capitales -no sólo de origen extranjero- con fines especulativos. Además, la preponderancia de la valorización financiera2 sobre la producción impulsó una inédita fuga de capitales, equiparable al monto total de la deuda externa, que derivó en una creciente internacionalización por parte de los grupos económicos locales. (Basualdo, 1987 y 2000)

La crisis hiperinflacionaria que precipitó la salida anticipada del presidente Raúl Alfonsín, si bien se originó en la moratoria de hecho en el pago de los servicios de la deuda externa que se inició en 1988 3, fue la consecuencia de los enfrentamientos entre los distintos integrantes del bloque de poder económico: los grupos económicos locales y la banca acreedora externa.

Las reformas estructurales implementadas durante la gestión del presidente Carlos Menem (1989-1999) tomaron formas particulares, ya que modificaron profundamente la relación Estado-economía-sociedad civil vigente hasta entonces. Estas medidas, junto con la sanción de la ley de Convertibilidad, fueron claves para la consolidación del actual escenario de concentración y centralización económica.

El plan de Convertibilidad estableció una relación fija de 1 a 1 entre el peso argentino y el dólar estadounidense, y prohibió cualquier emisión monetaria sin respaldo de divisas en las reservas del Banco Central. Al igual que otras reformas, no sólo no logró resolver las "brechas" fiscal y externa típicas de la economía argentina postsustitutiva, sino que también se tradujo en recesión en mediano y largo plazos, cierre de empresas y altísimos índices de desocupación y subocupación4.

El proceso privatizador logró disolver las controversias al interior de la cúpula económica. Con esta estrategia, los acreedores externos capitalizaron parte de la deuda externa argentina, mientras que el capital concentrado interno logró acceder a la propiedad de activos públicos de gran rentabilidad potencial (en los hechos, de las más altas de la economía argentina y, en muchos de los sectores, holgadamente superiores a los promedios internacionales). Además, el sistema de capitalización de títulos, mecanismo que caracterizó a un porcentaje importante de la privatización de empresas públicas, le permitió a este sector obtener una participación accionaria sustancial en las firmas que fueron privatizadas, a través de la utilización de los bonos surgidos de autopréstamos y la repatriación de parte de sus capitales en el exterior.

El sector de las comunicaciones no fue ajeno a este proceso. A fines de 1989 se privatizaron los cuatro canales capitalinos, en manos del Estado desde que fueron nacionalizados en 1973. En marzo de 1990, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) fue concesionada a dos grandes conglomerados, controlados por Telefónica de España y por Telecom Italia y France Telecom.

En ese contexto, el principal objetivo de este trabajo es analizar la forma en que el proceso de concentración económica y centralización del capital al que asistió la Argentina durante la década de los noventa se manifestó en el ámbito de las comunicaciones5. En particular, se apunta a determinar en qué medida el proceso de fusiones y adquisiciones que tuvo lugar en el sector repercutió sobre su configuración estructural y sobre las posibilidades de la ciudadanía de acceder a una oferta de la cobertura informativa veraz y diversa y de participar en la configuración de las políticas comunicacionales.

Concentración en el sector de las comunicaciones

Las reformas estructurales implementadas por el entonces presidente Carlos Menem fueron fundamentales para la nueva dinámica que tomó el mercado infocomunicacional. Las modificaciones en la legislación, congruentes con la reformulación en el modelo económico internacional, permitieron la desnacionalización de los medios de comunicación y del servicio de telecomunicaciones.

El proceso de extranjerización del sector infocomunicacional se consolidó en un escenario donde la convergencia tecnológica y de servicios generó un cruce de intereses entre la rama del audiovisual continuo y la industria de las telecomunicaciones. Hasta ese momento, la primera se encargaba de la producción simbólica de contenidos, y la segunda de su transporte. Según Nicholas Garnham (1990), "el proceso de convergencia plantea cuestiones políticas difíciles (...) causa conflictos en lo que atañe a modelos sociales, económicos y culturales diferentes". Una de las consecuencias de la convergencia de ambos servicios sería una distorsión del sentido de uno o de ambos. El sistema de radiodifusión tiene una visión de los teleespectadores y oyentes que concibe al servicio como promotor de 'una cultura común y participación en una esfera política compartida'. En cambio, el modelo de telecomunicaciones se basa sobre la mera provisión de medios físicos por los cuales los mensajes individuales pueden intercambiarse libremente entre abonados individuales".

En este sentido, César Bolaño (1998) señala que "producción material y producción simbólica convergen hoy, orientándose para la constitución de un capitalismo total en el cual ya nada escapa a la forma mercancía y a la producción de valor y de plusvalía"6. Este criterio abrió las puertas a la concentración económica al tiempo que cercenó el acceso a la información y restringió la diversidad cultural, en la medida en que la producción de contenidos y las vías para transportarlos pasó a ser controlada por pocos y concentrados operadores, regidos por la lógica de optimización de ganancias y minimización del servicio.

En un contexto favorable, la irrupción de grandes masas de capital internacional -que, en numerosas ocasiones, operarían con una lógica de carácter financiero- fue acompañada por el debilitamiento del sistema de regulaciones y la adecuación de la normativa a los intereses del sector privado más concentrado. La pretensión de implementar el proceso privatizador por cualquier medio, implicó que se desoyeran propuestas de alternativa, como la coadministración de los interventores y el sector gremial en los canales comerciales 11 y 13, que podían derivar en una polémica sobre la necesidad de privatizar dichas empresas.

La privatización de ENTel7 fue un instrumento determinante de un proceso prácticamente irreversible: la reestructuración económico-social y su impacto sobre la estructura y la dinámica del mercado local de las comunicaciones. Pero fue sólo la primera de las etapas hacia la consolidación de la concentración económica, ya que permitió la entrada de grandes conglomerados extranjeros -asociados con grupos económicos locales- para explotar el servicio de telefonía básica de corta y larga distancia en forma exclusiva, durante casi diez años8, con beneficios monopólicos, ganancias extraordinarias y ventajas de precedencia9, como consecuencia de ser propietarias de la red de enlaces fijos.

La normativa que habilitó el traspaso de la operadora estatal sentó las bases para una virtual obstaculización a la introducción de competencia en el sector, impulsada por los propios funcionarios, designados en julio de 1989 10. Un ejemplo que logra demostrar la lucha entre las presiones empresarias y la conformación de una normativa reguladora del sector fue la demora en la aprobación de la ley de Competencia, cuyo debate comenzó en 1991 y tardó ocho años en ser sancionada en 1999 11. La dilación en el tratamiento de esta norma no es casual, ya que entre 1997 y 1999 se dio el período más intenso en el proceso de fusiones y adquisiciones de la década, que repercutió en la concentración de este mercado. Esta constatación se complementó con las operaciones financieras posteriores y con las particularidades que tuvieron las adjudicaciones de los segmentos contiguos, desde los que -en mayor o menor medida- era posible competir con el servicio de telefonía básica.

Los procesos de concesiones posteriores -el de telefonía celular y el del servicio de comunicaciones personales (PCS)- fueron los principales instrumentos que beneficiaron a las licenciatarias del servicio básico telefónico (LSB) e incrementaron ostensiblemente el grado de concentración económica del conjunto del mercado local de telecomunicaciones.

En 1993, Telefónica de Argentina y Telecom Argentina accedieron al derecho de explotar -a través de la firma de propiedad compartida Movistar- la segunda banda para el servicio de telefonía celular, en el Área Múltiple de Buenos Aires12 (AMBA), hasta ese momento prestado en forma exclusiva por la Compañía de Radiocomunicaciones Móviles Movicom (asociada al grupo Macri). Un año antes, se llamó a concurso público internacional para explotar ese servicio en las dos áreas en que se dividió el interior del país. En ambos casos, la adjudicataria fue la Compañía de Teléfonos del Interior (CTI), controlada por el grupo Agea/Clarín y la estadounidense GTE. Por último, las LSB contaron en 1996, con el permiso para operar el servicio de telefonía celular a través de Telefónica Comunicaciones Personales Unifon (Telefónica de Argentina), y Telecom Personal (Telecom Argentina) en las regiones Sur y Norte del país, respectivamente.

"El propio marco regulatorio evitó la competencia entre las licenciatarias al otorgarles las concesiones para prestar el servicio de telefonía móvil en las mismas regiones en las que gozaban de una reserva de mercado en telefonía básica". (Schorr, 2001) Tanto la telefonía móvil como el sistema de PCS constituyen estructuras que permiten introducir presiones competitivas en el segmento de la telefonía básica. No obstante, en ambos casos se ha beneficiado a los actores preestablecidos. Poco antes de terminar su mandato, el presidente Carlos Menem otorgó en concesión doce licencias para brindar el servicio de PCS en el AMBA y en el interior del país, que fueron adjudicadas en su totalidad a Telefónica de Argentina, Telecom Argentina, CTI, Movicom, y a la empresa estadounidense GTE. (Forcinito, 2001)

Además de habilitar el proceso privatizador, la ley de Reforma del Estado y los decretos posteriores modificaron una serie de artículos contemplados en la ley de Radiodifusión (22.285/80), con el objeto de reducir el déficit fiscal que generaban los canales comerciales en manos del Estado y lograr el apoyo de las corporaciones periodísticas mediante la reforma de la estructura de propiedad en el sector. Sin embargo, aun cuando las medidas implementadas habilitaron legalmente la conformación de pools de medios gráficos, radiales y televisivos, la concurrencia de empresas extranjeras en el mercado se presentaba como una competencia desventajosa para los capitales locales.

Los cambios implementados terminaron por desmantelar la estructura establecida por el gobierno militar, marcada por un criterio de mercado oligopólico, con un fuerte control por parte del Estado en el número de licencias. Las restricciones a la conformación de redes así como el finalmente abortado proyecto de privatizar los canales de televisión de alcance nacional13, dejó en evidencia el temor de los altos mandos militares ante el riesgo de permitir la configuración de grupos multimedia que pudieren blandir opiniones contrarias al régimen militar.

En relación con la ley 22.285/80, los aspectos modificados durante el menemismo son los que establecían límites a la propiedad de estaciones (máximo 4 y bajo ciertas condiciones), prevenían la consolidación de conglomerados mediáticos (principalmente al no permitir el ingreso de corporaciones periodísticas al negocio de la televisión)14, prohibían la formación de redes de transmisión y difusión, limitaban la inversión extranjera e imponían numerosas regulaciones sobre la publicidad y varios requerimientos sobre los contenidos (por ejemplo que el 50% de la programación debe ser de producción nacional).

Las restricciones a la propiedad fueron relajadas aún más con el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos, firmado en 1991 y refrendado por ley del Congreso en 1994. Excepto en las áreas reservadas, las empresas estadounidenses podían invertir en el país como si fueran argentinas y las argentinas harían lo propio en el país del norte. Mientras Estados Unidos definió como áreas reservadas radiodifusión y telecomunicaciones, la Argentina permitió el ingreso de ese país en los tópicos de la sociedad de la información.

Por su parte, el decreto 1771/91 levantó las prohibiciones sobre la formación de redes de televisión, aunque restringió los tiempos al 50% de la programación y prohibió a las redes la venta de espacios directamente a los anunciantes. Esta disposición también eliminó el límite de 12 minutos por hora de emisión de publicidad y la prohibición de promocionar productos dentro de los programas. En septiembre de 1999, a pocos meses de la finalización del gobierno de Menem, el decreto de necesidad y urgencia 1005/99 elevó el número permitido de licencias de radiodifusión en manos de una misma empresa a 24, autorizó la constitución de redes privadas permanentes y flexibilizó aún más las pautas de emisión de publicidad.

Aun cuando desde la reinstauración del régimen democrático hasta la actualidad no se logró impulsar un debate parlamentario que discuta a fondo un nuevo marco jurídico para el sistema de radiodifusión, durante los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde se dictaron 171 normas que terminaron por desvirtuar el espíritu de la ley.

Los actores dominantes del sector de las comunicaciones en la Argentina de los noventa

Los avances tecnológicos, que diluyeron las barreras entre telecomunicaciones y radiodifusión, y la debilidad de un marco que regule la morfología del mercado infocomunicacional permitió que durante los noventa se concretara una serie de operaciones de fusiones y/o adquisiciones entre las empresas, que incrementaron el poder de mercado de algunos sectores y consolidaron el nivel de concentración en el sector.

Estos mecanismos dieron forma a una dinámica duopólica conformada por dos grandes conglomerados: el Grupo Agea/Clarín y el tándem CEI-TISA15.

Hacia fines de la década -momento en que comenzó un período de retracción económica- entre ambos holdings controlaban la mayor cantidad de firmas del sector de la radiodifusión, la casi totalidad de los abonados a la TV por cable, el diario de mayor distribución del país, un número considerable de radios AM y FM, cuatro de los cinco canales de televisión de alcance nacional y un alto porcentaje de canales provinciales. Además, tenían una posición preeminente en la prestación del servicio de telefonía fija y celular, en el acceso a Internet y en la producción y distribución de contenidos.

A la participación de empresas líderes en el proceso de adquisiciones y fusiones se sumó la existencia de prácticas restrictivas tendientes a limitar la entrada de nuevos operadores. De esta forma, pocas firmas (en muchos casos pertenecientes a un mismo conglomerado económico) pasaron a controlar la mayoría de los segmentos comprendidos en el mercado ampliado de las telecomunicaciones, sobre la base de una creciente integración vertical y horizontal de sus actividades16.

En los capítulos que siguen, se analizarán las principales implicancias que tuvieron algunas de las disposiciones y políticas instrumentadas durante la administración Menem, focalizando el estudio de la dinámica de los grupos empresarios más poderosos del sector.

Grupo AGEA-Clarín

El grupo Clarín empezó siendo una empresa periodística, fundada en 1945 por Roberto Noble. Es el único gran grupo de origen nacional del sector comunicacional. Se trata de aspectos sustanciales en el marco de una dinámica de mercado signada por la aparición de grandes operadores extranjeros que lideraron los conglomerados dominantes del mercado argentino actual. Aun cuando comenzó con un perfil ciertamente independiente, utilizó distintas estrategias y consiguió ocupar una posición dominante en el mercado de la radiodifusión y, a partir de los noventa, conquistar espacios de poder en el mercado de las telecomunicaciones. La capacidad de inserción del holding en el mercado ampliado de las telecomunicaciones estuvo ligada con el poder de lobby que le daba ser propietario del diario de mayor circulación nacional y un canal de televisión ubicado entre los de mayor rating.

Sus conquistas en el mercado local comenzaron con la dictadura militar, cuando se asoció al Estado en la empresa de papel para diarios "Papel Prensa". En los años siguientes y a través de una serie de subsidios y del aumento de protección arancelaria para la importación del papel al 48%, la firma se asentó y dominó este mercado.

A pesar de que la ley de Radiodifusión 22.285/80 prohibía ser propietario, socio o tener vinculación jurídica o económica con otras empresas de radiodifusión, en la década de los ochenta, Clarín compró la emisora de radio Mitre, a través de sus firmas vinculadas. Durante el menemismo, la sanción de la ley de Reforma del Estado 23.696/89 permitió a las empresas editoriales y periodísticas acceder a licencias de radiodifusión. La modificación de esta norma y la posterior convocatoria a concurso público para la adjudicación por quince años de las licencias de las emisoras LS84 TV canal 11 y LS85 TV canal 13, favoreció a la empresa. El futuro de los canales se decidió en medio de denuncias sobre presuntos acuerdos políticos. Un dato llamativo fue que el periodista de Clarín y Radio Mitre, Abel Maloney, fue gerente en el canal 13 poco antes de su privatización. (Rossi, 1995)

Las normas instrumentadas durante la administración Menem permitieron e impulsaron el proceso de concentración económica. Consecuencia de ello, el consorcio liderado por Ernestina Herrera de Noble logró conquistar una inusitada porción del mercado de radiodifusión e incursionar en el sector de las telecomunicaciones. En 1992, Clarín dio un salto cualitativo gracias a una serie de adquisiciones, que lo ubicarían en una posición dominante en el mercado comunicacional. El holding se asoció con la estadounidense GTE en la explotación de la firma "Compañía de Teléfonos del Interior" (CTI), y ganó -a través de CTI y CTI Norte- el concurso para la adjudicación de licencias para la explotación del servicio de telefonía móvil de las dos áreas en que se dividió el interior del país.

Ese mismo año, adquirió el sistema de cable Video Cable Privado (VCP), con 1.600 abonados y un cableado de 700 manzanas, que más tarde pasó a ser Multicanal. A lo largo de la década -con la incorporación de Telefónica Internacional y el CEI Citicorp Holding- Multicanal aumentó el número de abonados a 85.000 y se extendió hasta obtener 4.000 manzanas cableadas. Las transferencias en este segmento fueron ventajosas para Clarín. En una operación que totalizó alrededor de 360 millones de dólares, en octubre de 1997 obtuvo el control del 50% de Fintelco-Video Cable Comunicación (VCC). El otro 50% fue transferido a Cablevisión. La empresa Multicanal logró, al término de cinco años, facturar anualmente cerca de 250 millones de dólares, y hasta el año 2000 fue la principal operadora de cable en la Argentina y en América latina, con un millón de abonados. (Albornoz, Mastrini, Hernández, Postolski, 2000)

La concentrada estructura de propiedad -potencial formador de opinión a través de la difusión ocultamiento o tergiversación de la realidad- ayudó al multimedio a conseguir que se hicieran reformas en la legislación en provecho propio, usando sus páginas y pantallas para levantar encendidas críticas contra la intervención fiscal.

El Grupo Agea/Clarín, como los otros actores dominantes del sector, no sólo se valió de la especulación financiera para acumular stock. Su expansión se basó fundamentalmente sobre un ostensible endeudamiento externo. Esta estrategia de crecimiento se vio limitada, a fines de la década, por la recesión local y la retracción del crédito internacional. La política de desregulación dejó de ser conveniente para el holding. Luego de la depresión económica y la amenaza de una desnacionalización masiva del sector, comenzó a demandar una clara injerencia estatal que impida su ocaso. (Glenn, Santucho, Rodríguez, 2002)

Su ingreso a la TV por cable y la telefonía celular habilitó a Clarín para operar en el servicio de telefonía básica y de larga distancia. Según el decreto 264/98 17, los ingresantes a la prestación de este servicio debían estar integrados por operadores de servicios de telefonía móvil con arraigo en el país, operadores de redes físicas de televisión por cable de gran cobertura18 y otros prestadores con redes físicas ya instaladas y operadores independientes.

Con estas condiciones, el holding Agea/Clarín conformó a través de CTI Móvil-Multicanal, un consorcio llamado Cía. de Telecomunicaciones Integrales, junto a GTE (operadora internacional) y la cooperativa telefónica Fecotel, entre otras, para operar los servicios de telefonía básica y de larga distancia local e internacional, desde la primer etapa de la apertura en el sector, iniciada en noviembre de 1999. El consorcio competiría con Telefónica de Argentina, Telecom Argentina y con la Cía de Teléfonos del Plata19.

Producto de las presiones ejercidas por Clarín y empresarios estadounidense, un acuerdo firmado en 1998 entre la Argentina y Estados Unidos, permitió a otras empresas competir con el único operador de Televisión Directa al Hogar (TDH)20. Poco después, a raíz de las nuevas operaciones de compraventa y fusiones, Clarín adquirió un importante paquete de acciones en la firma Direct TV, a través de Multicanal. En ese momento, los restantes accionistas de Direct TV eran el holding venezolano Organización Cisneros (49%) y la norteamericana Hughes (20%), una subsidiaria de General Motors.

A fines de la década, diciembre de 1999, el grupo financiero internacional Goldman Sach Group compró el 18% de las acciones del multimedio por un monto de 500 millones de dólares. Con esta cifra, el holding local pudo reducir sus pasivos, contar con una fuente de inversión accesible y enfrentar las obligaciones financieras de su expansión, que continuó con la adquisición en 1999 de tres nuevas licencias para prestar el servicio de comunicaciones personales -una de ellas a través de CTI y las otras dos por medio de su asociación con GTE- y la compra del 100% de la empresa Telcor, por un monto aproximado de 15 millones de dólares, un año después. Sin embargo, la incorporación del grupo Goldman no fue una señal de opulencia. Por lo contrario, la necesidad de un socio financiero de capital externo, demostró el resquebrajamiento de Clarín, que se materializó a fines de la década.

En suma, las operaciones de fusiones y adquisiciones permitieron al holding ubicarse en el segmento de la transmisión de datos, a través de la empresa Prima (noviembre de 2000); profundizar el control en la prestación de televisión por cable, por medio de Multicanal y Supercanal Holdings; participar en la prestación de televisión satelital, ya que posee la mayoría accionaria de Galaxy Entertaiment Argentina21 que -al igual que la empresa TDH del Grupo Vila- es la única autorizada a prestar servicios en este segmento; y tomar posición estratégica en el mercado telefónico.

Como señala Enrique Arceo, "la liberalización del mercado no es, por consiguiente, un desplazamiento de las regulaciones nacionales por las fuerzas incontrolables del mercado, sino su reemplazo por otro tipo de regulación" (Arceo, 2001). Cuando el significativo monto de las pérdidas se convirtió en una amenaza, la normativa salvó nuevamente al grupo encabezado por Ernestina Herrera de Noble. Bajo el argumento de la necesidad de "apuntalar el principio general de preservación y subsistencia de las empresas", el decreto 1269/02 modificó la ley 19.550/84 de Sociedades Comerciales22. El texto advertía el "riesgo de que las sociedades comerciales registren pérdidas de su capital social" y frente a esta eventualidad, declaraba la necesidad "imprescindible de crear los medios para evitar, con carácter excepcional y en tanto subsista el estado de emergencia pública, que las sociedades entren en las situaciones mencionadas en los considerandos precedentes".

La convergencia entre la pesificación de la economía local, el encarecimiento de sus deudas y la inminente declaración de cesación de pagos, puso en riesgo la conservación de sus activos físicos. Junto con otros medios de comunicación y empresas privatizadas de servicios públicos, presionó para que el gobierno de Eduardo Duhalde extendiera la pesificación de las deudas contraídas con la banca local. Con esta medida, la licuación de los pasivos del Grupo Agea/Clarín con el sistema financiero local ascendió a casi 57 millones de dólares23. También hizo lobby -por primera vez en sus páginas y pantallas aparecieron alusiones a las "industrias culturales"- para que la ley de "Preservación de Patrimonios Culturales" fuera finalmente sancionada el 18 de junio de 2003. La norma introduce límites a la ley de Quiebras: la propiedad de los medios de comunicación debe ser de capitales nacionales, sólo se permite la participación de empresas extranjeras en el capital accionario hasta un 30%. Clarín corría el riesgo de perder sus activos, dada la dificultad para enfrentar sus deudas con los acreedores externos o conseguir un seguro de cambio por parte del Estado.

El alcance de su tirada -51% de los ejemplares vendidos en Capital Federal y conurbano bonaerense y más del 30% en el nivel nacional- también se constituyó en una amenaza para el Gobierno por el tratamiento que pueda darse sobre los temas de actualidad.

En suma, desde comienzos de los noventa hasta hoy, se puso en vigencia un entramado legal que funcionó como cobertura frente a la insolvencia de la lógica expansiva desarrollada por el holding, que confluyó en un endeudamiento desmesurado, casi tan importante como sus activos. Producto de su sujeción a las fluctuaciones del mercado interno, Clarín se encuentra en una situación de default de hecho desde la salida de la convertibilidad. No obstante, aun cuando el Gobierno de Eduardo Duhalde pudo solucionar la situación interna de Clarín, las medidas implementadas no han sido suficientes para resolver su crítica posición en el escenario internacional.

El tándem CEI-TISA

Mediante el decreto 731/89, el Poder Ejecutivo nacional instó al entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, a elaborar una normativa que formalizase la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel)24. Al año siguiente, el servicio básico telefónico

-provisión del servicio de transmisión de voz viva por enlaces fijos que forman parte de la red de telefonía pública, a nivel urbano, interurbano e internacional- era entregado a dos consorcios que resultaron adjudicatarios para explotar el servicio en forma exclusiva25.

Uno de los consorcios que ganó la adjudicación para operar en la zona Sur del AMBA y Sur del país fue la Compañía Internacional de Telecomunicaciones (Cointel), controlante de Telefónica de Argentina. El holding extranjero estaba integrado por Telefónica de España (a través de su controladora Telefónica Internacional), el Citibank (a través de Citicorp Venture Capital) y un conjunto de empresas como Inversora Catalinas (perteneciente al grupo Techint), Inter Río Holding Establishment (vinculada con el conglomerado local Pérez Companc), Sociedad Comercial del Plata (del grupo local Soldati) y numerosos bancos internacionales y fondos de inversión.

La concesión de más del 50% del servicio ubicó a este conglomerado en una posición dominante dentro del mercado por las ventajas de precedencia que implicaba ser propietaria casi exclusiva de la red durante por lo menos siete años. Incluso, una vez desregulado el mercado, el control del tendido de enlaces fijos lo mantuvo en un lugar dominante, ya que pudo desarrollar prácticas anticompetitivas a través de su arrendamiento.

Las inversiones del Citibank habían aumentado tanto que, en 1991, surgió el proyecto de conformar una corporación independiente. Richard Handley, CEO del Citibank, junto con John Reed, titular del Citicorp, crearon el Citicorp Equity Investments (CEI). El conglomerado no sólo se extendería a lo largo de la década hacia importantes segmentos de las telecomunicaciones26 sino que resolvería los problemas financieros por los que pasaba el Citibank hacia 1992 27. Richard Handley se encargó de ubicar a sus socios de confianza en la conducción del CEI, encabezados por Gilberto Zavala y Marcelo Gowland. En 1993, Handley vendió el 60% del holding, una operación que le redituó al Citibank una utilidad cercana a 450 millones de dólares. Entre los nuevos socios del CEI se encontraban Raúl Moneta y otros empresarios poderosos, de íntima confianza de Handley28. Entre éstos se llevaron el 45% del CEI. El resto de las acciones fueron adquiridas por el grupo Werthein (un 10% a través del Banco Mercantil y "Los W S.A.", por el que pagaron 60 millones de dólares al contado) y a otros inversores, entre los que se encuentran los fondos de inversión Quantum y Quadras, propiedad de George Soros.
El Citibank poseía el 61% del CEI. Poco después, un cambio de estrategia lo llevó a desprenderse de una parte de los activos y retuvo sólo el 40%, un 5% cotizó en la Bolsa de Buenos Aires y el resto de las acciones fueron adquiridas por el República Holding (propiedad de las familias Moneta y Lucini), un desprendimiento del Banco República de Mendoza y el Grupo Werthein, dueño del Banco Mercantil de la Argentina. Algunas versiones afirman que Handley habría vendido parte de las acciones motivado por disposiciones de la Reserva Federal de EUA, que ponían un límite del 40% a la participación de los bancos de aquel origen en otras empresas.

La estrategia diseñada por Moneta y Handley los llevó a vender posiciones en otros sectores de la economía y concentrarse sobre telefonía, distribución de señales y elaboración de contenidos29.

En un marco de una "retirada del Estado" de la faz regulatoria, el consorcio desplegó una activa estrategia de compra y creación de empresas en segmentos desde los cuales resulta posible prestar el servicio básico telefónico y, consecuentemente, consolidó su poder de mercado creando barreras a la entrada de potenciales competidores. En tres operaciones consecutivas efectivizadas en febrero de 1997, el CEI adquirió el 50,2% de Cointel30.

El proceso de concentración pudo lograrse en parte por la concepción regulatoria que tenía el gobierno de Menem. Las normas no debían desalentar a los posibles inversores. En este sentido, la capacidad de presión empresarial producto de la disponibilidad de recursos técnicos y de información derivó en una sobrerrepresentación de los intereses de los operadores privados. La orientación normativa de los entes reguladores fue condescendiente con las demandas de las empresas prestadoras. Este posicionamiento se profundizó por su falta de autonomía respecto del poder político.

La inserción estructural de estas firmas en el mercado ampliado de las telecomunicaciones requería de la intervención de un Estado que regulase la fusión entre empresas de diversas actividades y la participación de una misma firma en distintos segmentos del sector31. Ambos mecanismos -incentivados por la propia legislación impulsada en los años noventa- dieron origen a un elevado nivel de integración vertical y horizontal por parte de las firmas dominantes. Este poder oligopólico sobre la infraestructura forjó un aumento en las exigencias de capital para las empresas ingresantes (integración vertical) y profundizó la centralización del capital (integración horizontal).

La configuración estructural constituida a partir de la dinámica desplegada en el sector se dio a través de las estrategias anticompetitivas de estos conglomerados. Es decir, prácticas predatorias32 consistentes en el aumento indiscriminado de precios, pero también en la capacidad de mantenerlos por debajo de los costos y así impedir la entrada de empresas competidoras. El secretario de Comunicaciones durante el Gobierno de la Alianza, Henoch Aguiar, describió este instrumento como "la mejor manera de impedir que otra empresa crezca. Ahogarla financieramente. Hacerla caer. y después volver a subir los precios"33.

Desde principios de los noventa, Telefónica de Argentina vio crecer su facturación de manera sostenida, incrementada en parte por la implementación del rebalanceo tarifario en 1997 34, y porque, como fue mencionado, se le otorgó el permiso de participar en el concurso público para la adjudicación de licencias del servicio de PCS35. La segunda mitad de la década la encontró ubicada como la segunda empresa más importante del país (por monto de facturación anual).

En el sector de las comunicaciones, el conglomerado liderado por el CEI y TISA fue el más dinámico en materia de compraventa y adquisición de empresas. A partir de 1997 pasó a integrar y controlar la mayor parte de los segmentos del mercado local de las telecomunicaciones y un alto porcentaje de empresas de radiodifusión36. A partir de entonces, el CEI realizó compras por un monto equivalente a 2.300 millones de dólares, de los cuales una proporción mayoritaria se vinculó con la adquisición de sistemas de televisión por cable y abierta, radios y revistas. También se adjudicó los abonados de la empresa UIH que controlaba el Grupo Mandeville37, el 50% de Fintelco, controladora de VCC. Se constituyó así en el segundo operador nacional de televisión por cable detrás de la empresa Multicanal.

Entre CEI y TISA compraron, en julio de 1997, el 50% de la participación accionaria de la productora de contenidos Torneos y Competencias (TyC), dedicada a elaborar programas deportivos. Producto de ello, el CEI pasó a manejar el 20% del paquete accionario, TISA otro 20%, TCI mantuvo un 40% y los propietarios originales, Ávila y Nofal, se quedaron con el 20% restante. TyC adquirió Telearte-Canal 9, hasta ese momento en manos de Alejandro Romay. De esta forma, el CEI-TISA fue miembro accionario del canal capitalino.

El holding siguió sumando empresas de radiodifusión al asociarse con Editorial Atlántida, cuyo propietario, Constancio Vigil, ganó la licencia de Telefé-Canal 11. De esta operación, surgió la conformación de Atlántida Comunicaciones (AtCo), de la cual participaron el CEI con el 30%, TISA con otro 30% y la familia Vigil con el 40% restante38.

Las disposiciones impulsadas no sólo aplacaron la insolvencia empresarial de las firmas del sector, también habilitaron las lógicas expansivas propias de la época aun cuando fueran en contra de la ley.

Hasta junio de 2002, cuando vendió el 100% del paquete accionario de Azul TV a los empresarios Daniel Hadad, Fernando Sokolowicz y Benjamín Vijnovsky, Telefónica Media -controlada por TISA- estuvo en franca infracción de la ley 22.285, que prohíbe tener más de una licencia en "la misma área de cobertura primaria". Además, la compra de los canales capitalinos por parte de Telefónica Media no fueron blanqueadas ante el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), quien nunca autorizó dicha adquisición39.

El ingreso del CEI en el manejo de los canales del interior fue cuanto menos llamativo. En 1998, se vio favorecido por dos decretos sancionados por el PEN. El principal objetivo de dichas normas fue el llamado a licitación para la adjudicación de canales de televisión abierta de las ciudades de Córdoba y Rosario40, ya que según establecían los decretos, "en concordancia con las políticas trazadas y ejecutadas por esta administración, resulta necesario ofrecer a particulares las frecuencias". Lo incomprensible es que, luego de dos semanas de la adquisición de los canales, otros dos decretos suspendieron las licitaciones. (Albornoz, Hernández, Mastrini, Postolski, 2000)

El conglomerado controlado por el Grupo Telefónica y el CEI vivió durante la década de los noventa una etapa de crecimiento ininterrumpido, favorecido por las promesas del menemismo luego convertidas en presiones para conseguir su propósito reeleccionario, alentado mediáticamente por las empresas periodísticas en las que Raúl Moneta tenía alguna participación accionaria. Sin embargo, hacia fines de los noventa, el proyecto encontró sus límites. En 1998, el CEI y TISA rompieron la sociedad. Richard Handley renunció a la presidencia del CEI y asumió Raúl Moneta. Ese mismo año, Hicks, Muse, Tate & Furst (HMT&F) adquirió las acciones del CEI pertenecientes a la familia Werthein y una porción de las que el Citibank tenía en su poder, por un monto de 723 millones de dólares. De esta forma, uno de los fondos de inversiones más grande del mundo, pasó a controlar el CEI.

Después de esta operación, el República Holding mantuvo el 39,6% de las acciones, el Citibank el 23,4% y el HMT&F adquirió el 32,5%. El 4,5% restante se cotizó en la Bolsa. En 1999, Moneta fue reemplazado por Hicks en la presidencia del CEI, producto de las presiones que Telefónica de España ejercía sobre el banquero mendocino por la caída de los Bancos Mendoza y República41.

En una publicación del diario español El País (12 de mayo de 2001), Telefónica de Argentina figuraba como partícipe de "operaciones de lavado de dinero llevadas a cabo en el país sudamericano en la última década". Según una denuncia de Luis Alberto Balaguer -cuando era asesor en temas financieros de los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez (ARI)-, Telefónica de Argentina había realizado pagos ficticios al Banco República por casi 6 millones de dólares, camuflados bajo el rubro: "pago de honorarios por la elaboración de los estudios 'Telecomunicaciones en América', 'Programa de Propiedad Participada' y 'Rebalanceo de las Tarifas Telefónicas'". La denuncia de Balaguer comprometía también a un miembro de la Corte Suprema de Justicia y abarcaba operaciones realizadas por compañías constituidas en paraísos fiscales. (Cecchini, Zicolillo, 2002)

La acumulación de poder desplegada por el CEI a lo largo de la década fue objeto de una triple crisis: política, judicial y de negocios. Un proyecto que se presentaba como una posibilidad de crecimiento ininterrumpido
-alentado por la instrumentación de medidas favorables a la concentración y centralización económica- llegó a su fin cuando se desplomó la aspiración de Menem de acceder a su tercer mandato.

"El fin del sueño re-reelectoral de Carlos Menem, tuvo repercusiones políticas, económicas y mediáticas. El CEI, a fines de 1998, se constituyó como el principal grupo radiotelevisivo y la contraparte dominante del sistema de medios, junto con el grupo Clarín. Mientras éste asumía una actitud crítica frente a la posibilidad de un nuevo período electoral del presidente Menem, los medios vinculados al trío Moneta-Handley-Villalonga eran sus aliados. Imposibilitado de reformar la Constitución a tiempo, el proyecto Menem ´99 se desarmó y con él varios negocios comenzaron a hacerse jirones. De forma paralela, dentro del fondo de inversión comenzaron a darse una serie de modificaciones accionarias, que implicaron la entrada y salida de distintos actores (...) Producto de la causa judicial iniciada en su contra, Moneta fue resignando su protagonismo. El fondo de inversiones de origen texano Hicks, Muse, Tate & Furst, terminó controlando la presidencia del holding." (Postolski, Santucho y Rodríguez, 2002).

A partir de la incorporación del HMT&F en el CEI, TISA debió negociar con la entidad norteamericana la división de las empresas que poseía en AtCo y en AC Inversora y redefinir la propiedad de la firma Cointel. A partir de la separación entre el CEI y TISA, Telefónica Internacional quedó como propietaria de Telefé, Radio Continental, Editorial Atlántida y la red de siete televisoras del interior del país. Además, compró el 100% a AC Inversora, copropietaria junto a Prime de Australia, del 50% de las acciones de Azul TV. El convenio implicó la transferencia de las acciones que el CEI poseía en Telefónica de Argentina a Telefónica Internacional. Finalmente, TISA llegó a controlar a mediados de 2000, el 96% de Telefónica de Argentina y sus empresas controladas y/o vinculadas. Hicks mantuvo sus acciones en el CEI pero en mayo de 2000, hubo una reestructuración en el consorcio de telecomunicaciones: HMTF transfirió el 40,41% del paquete accionario a AMI Tesa, una compañía del propio Hicks.

La disolución de los vínculos entre CEI y TISA duró varios meses. Una de las operaciones más importantes fue la venta del paquete accionario que Telefónica Internacional poseía en Cablevisión a HMT&F. La transferencia había sido informada a mediados de 2000, pero pudo concretarse en abril del año siguiente, ya que recién entonces la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor había aprobado la operación42. Como producto de esta transferencia, HMT&F y Liberty Media International

-que ya participaban en la propiedad de Cablevisión- pasaron a controlar, cada una, el 50% de la empresa de cable.

Las inagotables variaciones en la composición societaria de las empresas del sector infocomunicacional, efectuadas a través de operaciones plagadas de espurias transferencias financieras, no fueron el resultado de una renuncia a la pretensión política sino de la reformulación de ésta. La concreción y el afianzamiento de la actual morfología del mercado estuvieron garantizados por la actitud condescendiente del poder político limitado a sostener el sistema hegemónico y excluyente que los ha elegido.

Acceso y participación en los procesos comunicacionales

El proceso de concentración en el sector de las comunicaciones tuvo impactos restrictivos en la participación de la ciudadanía en el acceso a la información, entendida como una oferta plural de los datos y las fuentes informativas, y en el proceso mismo de definición de políticas comunicacionales.

Para el abordaje de esta observación, se realizará previamente una suerte de marco teórico de los conceptos pilares del análisis: la participación, la práctica democrática, la ciudadanía y lo público.

Se entiende por participación la capacidad que poseen las personas para incidir en el curso de los acontecimientos; la posibilidad de formar parte y decidir sobre los asuntos públicos, aquello que es común a todos, de interés y utilidad común, lo que es visible frente a lo secreto, lo que es accesible frente a lo cerrado y excluyente.

La práctica democrática implica no sólo la posibilidad del voto libre e igual y la subsecuente transparencia de los comportamientos de los elegidos sino, y sobre todo, una distribución imparcial y equitativa de oportunidades y logros entre los diversos participantes y acceso a una competición abierta a todos. El Informe Mac Bride entiende la libertad como el derecho de un "ciudadano o un grupo social (de tener) acceso a la comunicación, a la vez como receptor y como emisor". (Mac Bride, 1980)43. Sin el cumplimiento efectivo de este derecho, hablar de participación democrática es una abstracción. "La cuestión democrática tiene que ver con la realización de los derechos y con la negación de todas las formas de discriminación". (Rey, 1997)

El concepto de ciudadanía será abordado aquí como un territorio de lo común en lo plural. Un esfuerzo por lograr homogeneidad en el nivel político, en tanto forma de superación de la fragmentación social y económica. El ejercicio ciudadano necesita de pactos que generen mecanismos de pertenencia a un colectivo donde el Estado impulse metas y destinos comunes. Esta pertenencia y el reconocimiento de los otros dentro de un espacio común posibilitan la construcción de un interés público. A su vez, la construcción de lo público requiere de un lugar de participación social y de un esfuerzo por descentralizar las decisiones.

En la medida en que los medios de comunicación trazan los temas que forman parte de la agenda pública y absorben buena parte del debate en torno a los temas de interés general, el sector comunicacional debe ser pensado desde una dimensión política, que tome en cuenta su relación con la libertad y con el poder.

En la Argentina, el carácter comercial del sistema comunicacional ha determinado la orientación política del debate que los medios imponen sobre lo social. A su vez, la estructura de propiedad de las empresas y su relación con el poder político desvirtúan la voluntad general, que se ve vulnerada por el interés particular y la capacidad de lobby de los grupos de poder que son dueños de los medios.

La experiencia política nacional de las últimas décadas se caracterizó por la imposición de una lógica de mercado en este sector que respondió y reprodujo las estructuras de poder y los mecanismos elitistas en los niveles de acceso. El concepto de democracia quedó supeditado al ámbito de la administración pública, con la consecuente despolitización de la sociedad civil y la privatización de la toma de decisiones. En este marco, las restricciones en los niveles de participación en el sector de las comunicaciones se convirtieron en indicadores funda-mentales a la hora de medir su grado de democratización, entendido no como el pasaje de información, sino como intercambio de sentidos, circulación y apropiación de significación.

La democratización de la comunicación puede definirse como "el proceso mediante el cual el individuo pasa a ser un elemento activo y no un simple objeto de la comunicación; aumenta constantemente la variedad de los mensajes intercambiados y aumenta también el grado y la calidad de la representación social en la comunicación". (Mac Bride, 1980)

El nuevo reparto de la propiedad aplazó toda forma de participación democrática en la selección de los temas que conforman la agenda pública. Y limitó abruptamente la capacidad de la ciudadanía de generar propuestas de alternativa. Lejos de proponer una visión plural de los acontecimientos, los medios de comunicación producen una visión mítica del mundo. "La uniformidad y la homogeneización obedecen a las exigencias de las leyes del mercado. Se producen efectos análogos cuando el poder de informar está concentrado en manos de una minoría, que dispone a la vez de los datos y de las fuentes de información". (Mac Bride, 1980) El resto de la población, queda confinada al silencio. Para evitar llegar a este adormecimiento, el Estado debe actuar como guardián del pluralismo, subvencionando a quienes deseen expresarse, sobre todo si se trata de grupos representativos que carecen de medios para hacerlo, cualesquiera sean sus opiniones y aunque sus posturas sean críticas.

Durante la transferencia de las empresas públicas del sector -y las transacciones accionarias posteriores- no se implementaron medidas antidiscriminatorias entre los prestadores privados de servicios públicos ni dispositivos que garantizaran los derechos de la ciudadanía44. Así como se dilató la sanción de la ley de Defensa de la Competencia, tampoco se institucionalizaron mecanismos de participación ciudadana como una contribución en la elaboración de políticas en el sistema comunicacional. Desde la existencia de regulaciones en el sector a principios del siglo hasta hoy, no se implementaron procesos de regionalización de las decisiones en cuanto a la adjudicación de las licencias. Esto significa que una emisora de baja potencia de una ciudad lejana debería esperar que una entidad centralizada decida sobre su futuro.

En un informe del Banco Mundial (1997), se advierte que las principales herramientas para concretar un debate público profundo sobre el diseño de políticas públicas en materia de comunicación son la disponibilidad de información y la transparencia de los asuntos públicos. Sin una circulación de sentidos democrática proveniente de múltiples fuentes de información y con oportunidades limitadas en la participación de los sectores, los espectadores y los oyentes, la verdadera democratización no llegará a ser una realidad.

Frente al escenario económico-social actual, se impone la necesidad de revisar la nueva relación entre la ciudadanía y el sector de los medios de comunicación masiva, a partir de los niveles de acceso y participación existentes en relación con las políticas implementadas.

El primer nivel de acceso que puede analizarse en el escenario infocomunicacional es la posibilidad de elección entre los distintos contenidos mediáticos y las formas de comunicarlos. Para esto, es necesario que exista diversidad en la oferta y una maximiza-ción en la cobertura del servicio, que permita a todos los ciudadanos del territorio nacional recibir al menos una señal audiovisual.

Desde mediados de la década de los ochenta, se viene dando en la Argentina una expansión de las radios de baja potencia. Hasta hoy, esas emisoras sólo han recibido un Permiso Precario Provisional (PPP) y el Plan de Normalización que organice el espectro no fue concretado en su totalidad. En ese marco, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó en general un proyecto de ley a fines de 2002, que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. El propósito de la norma era clausurar emisoras y sancionar penalmente a radiodifusoras que no estén "debidamente autorizadas por el Estado".

En materia de radiodifusión, la Argentina estuvo lejos de concretar una selección efectiva de los datos y las fuentes de información recibidos por la ciudadanía, fundamentalmente debido al criterio comercial de la política comunicacional45. La definición del servicio como "de interés público", habilitó a los operadores privados a justificar la cobertura arbitraria del servicio bajo el argumento de que las zonas de bajo poder adquisitivo no tenían razón de ser alcanzadas. Según esta postura, el acceso no suponía una maximización de la cobertura territorial, sino el aumento del "índice del parque receptor por habitantes". Consecuentemente, los medios estatales debieron hacerse cargo de esta tarea en forma subsidiaria. Actualmente, existe una discusión entre distintos actores que participan en el sistema de radiodifusión y responden a intereses divergentes. Mientras unos consideran que los servicios hertzianos de televisión abierta deberían tener estatus de "servicio público", otros se niegan a esta postura, bajo el argumento de que el servicio de radiodifusión explotado por privados no debe considerarse un derecho propio del Estado concedido. En medio de esta discusión, las empresas que ostentan una posición dominante en el sector pretenden que el espectro radioeléctrico sea calificado como un bien privado.

Por otra parte, se asiste a una competencia oligopólica -en la producción como en la distribución de contenidos- que reduce la variedad de la oferta. Y las opciones existentes están pautadas bajo una lógica comercial. La concentración del poder de informar por parte pocos actores -y la centralización de la distribución desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- no pudo ser revertida ni siquiera con el intento fallido de impulsar una nueva ley de radiodifusión, que fue debatido en el Congreso durante el año 2001. El proyecto, elaborado por el Comfer en el año 2000 y revisado por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados, no logró ser sancionado por las dilaciones y presiones empresariales sobre medidas que pudieran socavar su poder de mercado. Aunque en términos generales la norma convalidaba jurídicamente la política impulsada durante los noventa, el texto original del proyecto pretendía establecer mecanismos de regulación de las redes, de manera tal que las empresas estuvieran obligadas a incorporar producción local e independiente. Dichos dispositivos fueron eliminados y, con ello, se volvía a habilitar la centralización en la producción de contenidos desde Buenos Aires46.

El segundo nivel de acceso consiste en un juego de retroacción entre los productores y receptores, es decir, la participación interactiva del público en los programas, y la posibilidad de formular comentarios y críticas47. Este nivel de acceso no se refiere a la presencia pasiva de personas en tribunas, juegos, paneles, entrevistas. Se trata de "la presencia activa y orgánica de personas o representantes de distintos sectores políticos, culturales o sociales, en espacios autónomos de comunicación social". (Rossi, 2000)

La conquista de distintos segmentos del sector por parte de un grupo reducido de poderosos conglomerados, permitió a estos actores ejercer un inusitado control en el mercado de las comunicaciones e impedir la entrada de nuevos competidores. En el nivel cultural, las consecuencias fueron irreversibles: pocos operadores absorbieron la casi totalidad de la producción de contenidos y los canales para transportarla, bajo un único criterio: optimizar los beneficios empresarios.

Conclusiones

Durante los años noventa, la economía argentina asistió a una profundización de la relación Estado-sociedad que se venía dando desde la dictadura militar de 1976. Con el golpe de estado se interrumpió el tipo de relación que había prevalecido durante las cinco décadas anteriores, cuando el mercado se encontraba subordinado al control político. En el nuevo escenario, los sectores que pasaron a dominar la economía mostraron una influencia determinante -a través de un lobby cada vez más creciente- en la definición de las políticas públicas. A partir de allí, "la relación regulador (estados nacionales) regulado (corporaciones), resulta aquella en la que el regulador comparte el poder con el regulado, hasta límites donde lo público y lo privado se tornan confusos. Se produce una privatización de función pública, antidemocrática, que constituye lo que denominamos democracia formal de interés privado". (Mastrini, Mestman, 1996)

En el sector de las comunicaciones, las disposiciones instrumentadas durante la década pasada fueron una clara muestra de las alianzas desplegadas entre la dirigencia política y los sectores del poder económico. La entrada indiscriminada de capital extranjero, la posibilidad de conformar redes de medios y la posición estratégica de los grupos en los segmentos contiguos al mercado ampliado de las telecomunicaciones fueron convalidados por decretos y leyes dictados, en su mayoría, por la Administración Menem. Ninguna expresión de oposición pudo generar la presión suficiente para poner freno a dichas disposiciones.

El poder de lobby de los grupos dominantes del sector de las comunicaciones contó con una particularidad que les dio -en cierto sentido- algunas ventajas. Se trata de actores con fuerte incidencia en la producción y distribución de contenidos. Un aspecto sumamente relevante en un análisis como el que aquí se ha hecho, por su capacidad de formar opinión pública y, consecuentemente, usar como amenaza su aptitud de ocultar cierta información y sacar a la luz otra.

La influencia de los grupos preeminentes en este sector no perdió vigor con el comienzo del nuevo milenio, ni siquiera en el año 2002, en que la recesión económica se vio profundizada por la salida de la convertibilidad, y la retracción del crédito en el nivel internacional. En este contexto, el valor de los activos de las empresas disminuyeron en relación con las deudas contraidas en el exterior para financiar su expansión en el mercado. Las firmas cayeron en cesación de pagos y las perspectivas aparentemente inagotables de desarrollo -previsto a mediados de los noventa- empezaron a mostrar sus limitaciones.

La vulnerabilidad demostrada por las empresas y la amenaza de una desnacionalización masiva del sector -motivada por la institución del "cram down" contemplado en la ley de quiebras- llevó a estos actores a demandar la intervención del Estado para evitar su caída. La máxima expresión de este mecanismo fue el lobby desarrollado por el Grupo Agea/Clarín y otros operadores del sector48 para conseguir la sanción de la ley de Preservación de Patrimonios Culturales49. Asimismo, si se analiza qué legisladores impulsaban la sanción de la norma50, se puede deducir de que se trata de funcionarios fuertemente ligados con los medios de comunicación dominantes en sus provincias de origen.

Bibliografía
ABELES, M.: "La privatización de ENTel: regulación estatal y ganancias extraordinarias durante la etapa monopólica", en ABELES, M., FORCINITO, K., SCHORR, M.: El oligopolio telefónico argentino frente a la liberalización del mercado, FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP, Buenos Aires, 2001.
ABELES, M.: "El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa: "¿reforma estructural o consolidación hegemónica?", en Revista Época, Año 1, Nº 1, diciembre 1999.
ALBORNOZ, L., HERNÁNDEZ, P., MASTRINI, G., POSTOLSKI, G.: "Al fin solos", en Al fin Solos... La nueva televisión del Mercosur, Ediciones Ciccus-La Crujía, Argentina, 2000.
ALBORNOZ, L.; CASTILLO, J., HERNÁNDEZ, P., MASTRINI, G., POSTOLSKI, G.: "La política a los pies del mercado: la comunicación en la Argentina de los 90", en BOLAÑO, C., MASTRINI, G. (edits.): Globalización y monopolios en la comunicación en América Latina, Biblos, Buenos Aires, 1999.
ALBORNOZ, L., MASTRINI, G.: "La expansión del cable en la Argentina: un análisis desde la economía política", en Revista Voces y Cultura, Nº 14, Barcelona, II Semestre 1998.
ARCEO, E.: El ALCA. Neoliberalismo y nuevo pacto colonial, Los Impresionistas, Buenos Aires, 2001.
ARCEO, E., BASUALDO, E.: "Las tendencias a la centralización del capital y la concentración del ingreso en la economía argentina durante la década de la concentración", en Revista Cuadernos del Sur, Nº 29, noviembre 1999.
BANCO MUNDIAL: El Estado en un mundo en transformación. Informe sobre el Desarrollo Mundial, Washington, 1997.
Bases para un Anteproyecto de Ley de Radiodifusión, Comité Federal de Radiodifusión, 11 de noviembre de 2000.
BASUALDO, E., LOZANO, C. y SCHORR, M., "Las transferencias de recursos a la cúpula económica durante la presidencia de Duhalde. El nuevo plan social del gobierno", en Realidad Económica, Nº 186, febrero-marzo 2002.
BASUALDO, E.: Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa. Una aproximación a través de la reestructuración económica y el comportamiento de los grupos económicos y los capitales extranjeros, FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP, Buenos Aires, 2000.
BASUALDO, Eduardo: Acerca de la naturaleza de la Deuda Externa y la definición de una estrategia política, Colección Papeles de Investigación, Universidad Nacional de Quilmes, agosto de 1999.
BLUMLER, J.: Televisión e interés público, Bosch, Barcelona, 1993.
BOLAÑO, C.: "A problemática da convergência informática/telecomunicações /audiovisual: uma abordagem marxista", mimeo, 1998.
BRESSER PEREIRA, L.: "La crisis de América Latina. ¿Consenso de Washington o Crisis Fiscal", en Revista Pensamiento Iberoamericano, Centro de Investigaciones Europeo Latinoamericano, enero-junio 1991.
CECCHINI, D., ZICOLILLO, J.: Los nuevos conquistadores, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.
Decreto 264/98, Plan de Liberalización Económica, Boletín Oficial, 10 de marzo de 1998.
Decreto 731/89 de Privatización de Entel, Boletín Oficial, 14 de septiembre de 1989.
GARNHAM, N.: "Incógnitas planteadas para el futuro: La Convergencia de Telecomunicaciones y Radiodifusión", en Revista Telos, Madrid, Nº 25, 1990.
GERCHUNOFF, P. y CASANOVAS, G.: "Privatizaciones en un contexto de emergencia económica", en Desarrollo Económico, Nº 136, IDES, Buenos Aires, marzo-enero 1995.
GERCHUNOFF, P. y TORRE J. C.: "La política de liberalización económica en la administración Menem", en Desarrollo Económico, Nº 143, IDES, Buenos Aires, octubre-diciembre 1996.
GIORDANO, E.: "¿Hacia un imperio audiovisual español?", en Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur, julio 1999.
HERNÁNDEZ, P., MASTRINI, G., POSTOLSKI, G., URANGA, W.: "¿Hacia una convergencia intersectorial. Análisis de la nueva normativa en materia de radiodifusión y telecomunicaciones en la Argentina", trabajo producido en el marco del proyecto UBACyT TS19, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, mimeo, 2000.
HERRERA, A.: "Competencia y universalización: ¿qué hay de nuevo en la regulación. Los casos de Bolivia y Nicaragua", en Barrionuevo, A., Lahera, E. (edits.): ¿Qué hay de nuevo en la regulación de las telecomunicaciones, electricidad y agua en América Latina?, CLAD/Eudeba, 1998.
FORCINITO, K., "La política de liberalización del mercado argentino de telecomunicaciones: ¿Introducción de competencia o consolidación de posiciones dominantes?", en ABELES, M., FORCINITO, K., SCHORR, M.: El oligopolio telefónico argentino frente a la liberalización del mercado, FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP, Buenos Aires, 2001.
Ley de Radiodifusión N° 22.285, Boletín Oficial, 19 de septiembre de 1980.
Ley de Reforma del Estado N° 23.696, Boletín Oficial, 23 de agosto de 1989.
LORETI, D.: El derecho a la información. Relación entre medios, público y periodistas, Paidós, Buenos Aires, 1995.
LÓPEZ, A., FELDER, R.: "Servicios públicos privatizados. La regulación estatal, ¿servicio público o fallas de mercado? Algunas reflexiones sobre los criterios de regulación", en Revista Realidad Económica, Nº 163, Buenos Aires, abril-mayo 1999.
MAC BRIDE, Sean y otros: Un solo mundo voces múltiples. Comunicación e Información en nuestro tiempo. Fondo de Cultura Económica/UNESCO, México, 1980.
MASTRINI, G. y MESTMAN, M.: "¿Desregulación o rerregulación? De la derrota de las políticas a las políticas de la derrota"; en CIC, Nº 2, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1996.
MURARO, H.: "La comunicación masiva durante la dictadura militar y la transición democrática en la Argentina", en Medios, Transformación cultural y Política, Legasa, Buenos Aires, 1987.
NOGUER J.: Radiodifusión en Argentina, Bien Común, Buenos Aires, 1985.
O 'DONNELL, G.: "Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales", en Contrapuntos, Paidós, Buenos Aires, 1997.
OSZLAK, O., O'DONNELL, G.: Estado y Políticas estatales en América Latina: Hacia una estrategia de investigación, CEDESCO, Buenos Aires, 1981.
Decreto 62/90: Telecomunicaciones. Privatización del Servicio, Capítulos X y XII, Boletín Oficial, 12 de enero de 1991.
POSTOLSKI, G., SANTUCHO, A., RODRÍGUEZ, D.: Concentración y Dependencia. Los medios de comunicación en el centro de la crisis, ponencia presentada en "VI Jornada de Investigadores en Comunicación", UTPBA, Córdoba, 2002.
REY, G.: "Otras plazas para el encuentro". En Varios Autores: Escenografías para el diálogo, CEAAL (Consejo de Educación de Adultos para América Latina), Santiago de Chile, 1997.
Resolución 1669: Cumplimiento de Metas Obligatorias, Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), noviembre 1997.
Resumen de Cumplimiento de Metas para Extensión de la Exclusividad, en Resumen de Auditoría de Metas, Gerencia de Control de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), octubre 1997.
ROSSI, D.: "Radiodifusión en la Argentina neoliberal", mimeo, CECSO, Buenos Aires, 1995.
ROSSI, D.: Precisiones sobre acceso y Participación en la comunicación masiva, mimeo, CECSO, Buenos Aires, 2000.
SCHORR, M.: "La centralización del capital: consolidación del oligopolio telefónico y grupos multimedia", en ABELES, M., FORCINITO, K., SCHORR, M.: El oligopolio telefónico argentino frente a la liberalización del mercado, FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP, Buenos Aires, 2001.
SCHORR, M., LOZANO, C.: Estado nacional, gasto público y deuda externa, Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), mimeo, Julio de 2001.
TENZER, N.: "La sociedad despolitizada", en Ensayos sobre los fundamentos de la Política, Paidos, Buenos Aires, 1991.
THWAITES REY, M., LÓPEZ, A., FELDER, R.: ¿A quién defienden los Entes?, en Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, agosto 1999.
TORRE, J. C.: El proceso político de las reformas económicas en América Latina, Paidós, Buenos Aires, 1998.
TORRE, J. C.; GERCHUNOFF, P.: La política de liberalización económica en la Administración Menem, en Desarrollo Económico, Nº 143, Vol. 36, IDES, Buenos Aires, octubre-diciembre de 1996.

Notas
* Se agradecen los valiosos comentarios que Daniel Azpiazu y Martín Schorr realizaron a una versión preliminar del presente trabajo y se los exime de toda responsabilidad respecto de los errores y omisiones que pudieran existir. Este trabajo se completa con el cuadro "Principales transferencias de capital en el sector comunicacional (fusiones, adquisiciones y creaciones de empresas) 1997-2002" que se puede consultar en nuestro sitio www.iade.org.ar
** Licenciada en Ciencias de la Comunicación.
1 En este trabajo se entiende por concentración de la producción la incidencia que tienen las mayores firmas de una actividad económica en el valor de la producción. La centralización de capital alude a los procesos en los cuales unos pocos actores acrecientan el control sobre la propiedad de los medios de producción con que cuenta una sociedad, mediante la expansión de su presencia en una o múltiples actividades económicas basándose sobre una reasignación del capital existente, a través de compras de empresas, fusiones, asociaciones. (Arceo y Basualdo, 1999)
2 La valorización financiera remite a la colocación de excedente por parte de las grandes firmas en diversos activos financieros -como títulos, bonos, depósitos- en el mercado interno e internacional. Este proceso se expande debido a las tasas de interés o la vinculación entre ellas, supera la rentabilidad de las diversas actividades económicas, y a que el abultado endeudamiento externo posibilita la remisión de capital local al exterior operando como una masa de excedente valorizable y/o liberar las utilidades para esos fines. (Arceo y Basualdo, 1999)
3 El abultado nivel de endeudamiento externo del estado argentino en la segunda mitad de los años ochenta estaba asociado, en lo sustantivo, con el proceso de estatización de buena parte de la deuda externa privada, un proceso mediante el cual un conjunto reducido de grandes agentes económicos transfirió buena parte de sus acreencias externas al conjunto de la sociedad argentina.
4 Aunque el plan de estabilización financiera implicó un aumento del Producto Interno Bruto en el período 1991-1994 motorizado por el comportamiento del consumo, la regresividad en la distribución del ingreso no tuvo alteraciones respecto de la administración anterior. Por lo contrario, los estratos de bajos recursos se beneficiaron con los valores estables de los alimentos pero fueron los más perjudicados en términos de empleo, costo de los servicios, desindustrialización, flexibilización laboral, etc.
5 El sector de las comunicaciones remite al conjunto de actividades comprendidas en los segmentos de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. El primero se refiere al transporte de voz, señales, imágenes visuales y otros sonidos por medio de distintos tipos de infraestructura, fundamentalmente, redes de cable, sistemas radioeléctricos y satelitales. La radiodifusión comprende aquellos sectores encargados de la producción de contenido para los medios masivos de comunicación.
6 Un ejemplo de la "alianza entre soporte y contenido" se dio con la fusión entre la empresa proveedora de Internet American Online (AOL) y la corporación de entretenimientos Time Warner. (Postolski, Santucho, Rodríguez, 2002)
7 ENTel fue vendida al consorcio Telefónica de Argentina (liderado por Telefónica de España) y Telecom Argentina (controlado por las firmas Telecom Italia y France Telecom, quienes explotaron el servicio en forma exclusiva durante 7 años, con posibilidades de una prórroga de 3 años más si cumplían con las metas establecidas en el contrato de concesión.
8 El Pliego de Bases y Condiciones 62/90 establecía siete años de exclusividad, prorrogables por tres años más. El artículo 13.5.7 del pliego rezaba: "cumplidas en exceso las metas contenidas en los capítulos 10 y 12 del pliego, se otorgará una prórroga de tres años a las empresas adjudicatarias para seguir prestando el servicio de telefonía básica, en forma monopólica".
9 Se trata de una asimetría estructural en las capacidades tecnológicas (know how), comerciales (basadas sobre el conocimiento de los hábitos de consumo de los usuarios) y financieras (fundadas sobre el proceso de acumulación llevado a cabo durante la vigencia de los períodos de exclusividad), entre las operadoras preestablecidas y las potenciales ingresantes. Dicha asimetría constituye una significativa barrera a la entrada de nuevos oferentes al mercado, y opera independientemente de si existen o no restricciones legales al ingreso. La importancia que asumen las ventajas de precedencia como factores que restringen la introducción de competencia en el mercado de telecomunicaciones puede consultarse en Herrera (1998).
10 Las personalidades que ocuparon puestos de decisión en materia de radiodifusión, a principios de la gestión menemista, coincidentes en la defensa de "lo nacional", "lo federal" y "lo popular" contaron con escaso apoyo gubernamental y en poco tiempo debieron renunciar a sus cargos. (Rossi, 1995).
11 La ley 25.156/99 de Defensa de la Competencia modificó -junto con otras 16 normas- la ley 22.262/80 de Defensa de la Competencia, sancionada durante la dictadura militar. La norma establece en su artículo 2° la obligación "de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios", con el objeto de impedir la implementación de "prácticas restrictivas de la competencia". Boletín Oficial, 20/09/1999.
12 Comprende la Capital Federal y los principales partidos del conurbano bonaerense.
13 De un informe difundido por la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación surge que "el Estado nacional asumió de manera directa, en 1974, la conducción de las emisoras televisivas privadas, situación que heredó el gobierno de las Fuerzas Armadas a partir de 1976, con la firme voluntad de reintegrar los canales a la iniciativa particular(...) En este sentido, conforme con los pasos fijados por la ley, ya está en marcha la privatización de emisoras en el interior del país y, en lo que respecta a Capital Federal, la transferencia de los canales 9, 11 y 13 se concretará a partir de 1982 y dentro de los plazos que establece la ley de Radiodifusión". (Noguer, 1985)
14 La ley 22.285/80 establecía, en su artículo 45º inciso e, que para ser adjudicatario de una licencia del servicio de radiodifusión no debía haber "vinculación jurídica o económica con empresas periodísticas extranjeras. Tampoco con empresas periodísticas nacionales".
15 Uno de los conglomerados que desarrolló una dinámica activa en los distintos segmentos del mercado local, a lo largo de la década, ha sido Telecom Argentina (conformado por las firmas europeas Telecom Italia y France Telecom). Sin embargo, aun cuando la inserción estructural alcanzada por este holding -a partir de su participación en el proceso de fusiones y adquisición de empresas registrado a partir de 1997- da cuenta de un elevado grado de integración vertical, su participación en el sector de la televisión por cable, la televisión abierta, la radiodifusión y la producción de contenidos es casi nula. Por ese motivo, este conglomerado quedará fuera del análisis que se desarrolle en este trabajo.
16 Existe integración vertical de servicios cuando una empresa o grupo económico controla toda la cadena de producción. Tal hecho deviene de que las infraestructuras de alternativa de comunicación mantienen con la red de enlaces fijos relaciones verticales del tipo "proveedor-cliente". En consecuencia, la adquisición de una empresa de, por ejemplo, televisión por cable o telefonía celular por parte de una firma dominante en el sector de la telefonía básica supone un acto de integración tanto vertical como horizontal. (Schorr, 2001)
17 El período de exclusividad vencía el 7 de noviembre de 1997. Once días más tarde, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) dejó constancia, a través de 18 resoluciones (1660/97 a 1678/97), de que tanto Telefónica de Argentina como Telecom Argentina habían incumplido las metas obligatorias, "referidas a eficiencias del servicio de operador de llamadas internacionales asistidas, incidencias de fallas en planta interna y externa, demoras en reparar fallas y promedio de tiempo de espera para la instalación correspondiente al año 1994, para el acceso a la prórroga de exclusividad" (Res. 1669/97). Las 18 resoluciones fueron registradas en los libros de la CNC, pero nunca notificadas a las empresas involucradas ni publicadas en el Boletín Oficial. Cuatro meses después y amparándose en el propósito de "instrumentar un plazo de transición que resguarde el derecho de los actuales y potenciales prestadores y que posibilite el tránsito ordenado, efectivo y sin dilaciones al régimen de competencia abierta, prevista en el marco jurídico del sector" (decreto 264/98), el presidente Carlos Menem concedió dos años más de prestación duopólica del servicio.
18 Para cumplir con los requerimientos del Plan de Liberalización, el grupo Clarín debió adquirir el 100% del paquete accionario de la empresa de cable Multicanal.
19 La creación de este consorcio fue el producto de las disposiciones emanadas del decreto 264/98 de liberalización de las telecomunicaciones. La norma determinaba que en la conformación de los nuevos consorcios debía figurar un operador de servicio de telefonía móvil o de radiocomunicaciones móviles celulares con arraigo en el país, diversos operadores de redes físicas de televisión por cable y/u otros prestadores de servicios de telecomunicaciones con redes físicas ya instaladas, y operadores independientes (cooperativas telefónicas). Compañía de Teléfonos del Plata es una empresa controlada por Compañía de Radiocomunicaciones Móviles (CRM), conformada actualmente por BELLSOUTH, en calidad de accionista mayoritario, MOTOROLA, ambas de Estados Unidos y BGH de la Argentina.
20 Hasta ese momento, la resolución 817/96 del Comfer estipulaba que las señales de televisión directa al hogar debían ser ofrecidas a través de satélites registrados por la República Argentina ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), condición que sólo cumple el sistema Nahuelsat.
21 A partir de comprar la empresa Galaxy Entertainment Argentina (GEA), en septiembre de 1997, Agea/Clarín creó una sociedad con el grupo Cisneros (Venezuela), Multivisión (México) y Grupo Abril (Brasil), para proveer el servicio de Televisión Directa al Hogar (TVH).
22 La ley 19.550/84 de Sociedades Comerciales establece que la sociedad se disuelve por pérdida del capital social. Además, según el artículo 206 de la ley y sus modificatorias, la reducción es obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas y el cincuenta por ciento (50%) del capital, situación por la que atraviesa el holding, cuya empresa más endeudada es la operadora de TV por cable Multicanal, con un pasivo que supera los 500 millones de dólares.
23 Para un análisis más detallado véase Basualdo, E. Lozano, C. y Schorr, M., "Las transferencias de recursos a la cúpula económica durante la presidencia de Duhalde. El nuevo plan social del gobierno", en Realidad Económica, 186, febrero-marzo 2002.
24 La concesión de la empresa estatal fue contemplada expresamente al ser aprobada la ley 23.696 de Reforma del Estado en septiembre de 1989. Poco tiempo después, por medio del decreto 62/90 (Pliego de Bases y Condiciones) se organizó la nueva modalidad de explotación del servicio de telefonía.
25 En 1989, ENTel brindaba el 95% del servicio telefónico argentino. Tenía a su cargo la casi totalidad de las redes interurbanas de telecomunicaciones, incluyendo los servicios de télex, facsímil y poseía el monopolio de las comunicaciones al exterior. (Abeles, 2001)
26 La primera adquisición en el sector de las telecomunicaciones se produjo en agosto de 1993, tres años antes de su participación en el consorcio adjudicatario de Telefónica de Argentina. En esa ocasión, el CEI compró el 60% de las acciones de Ringer S.A., una firma que comercializaba equipos de comunicaciones.
27 Richard Handley dijo en 1996 que "la región latinoamericana salvó al Citibank en el '92, cuando el banco perdía dinero y en Latinoamérica ganó US$ 400 millones. Nosotros teníamos en la Argentina US$ 80 millones prestados y decidimos convertirlos en activos: hoy el CEI, por su valor de mercado, está cotizado en US$ 1.000 millones, y tiene sólo US$ 80 millones de deuda" (Clarín, 3/4/96). Tres años antes, la consultora norteamericana Salomon Brothers había afirmado, respecto de la situación del Citibank en 1992, que "los ingresos netos del Citicorp en Latinoamérica cubrieron con creces sus pérdidas en América del Norte" (El Cronista, 31/5/93).
28 Raúl Moneta (que había sido compañero de Handley en la escuela primaria) accedió a un 33% del CEI, a través de United Finance Company Ltd, Investment Union y el Banco República. Según Handley, el banquero mendocino había comprado en junio de 1991 un 10% del paquete accionario del CEI, y un año después otro 23%, para lo cual contó con un crédito del mismo Citibank por US$ 85 millones (fuente: base de datos del Proyecto "Privatización y regulación en la economía argentina").
29 El CEI decidió desprenderse de algunas firmas controladas en otros sectores de la economía argentina a partir de 1996/1997 -coincidente con el período de mayores operaciones de adquisiciones y fusiones en el sector de las infocomunicaciones- y concentrarse en el mercado ampliado de telecomunicaciones. Antes de este viraje, había logrado cubrir gran parte del espectro sectorial ocupado por las empresas públicas privatizadas: electricidad (distribución y transporte), gas (distribución y transporte), inversora, inmobiliaria y una modesta incursión en telecomunicaciones desde 1993. (Abeles, 1999)
30 La primera empresa que adquirió el CEI en esta serie de operaciones fue Riverside Investment Holding, una empresa perteneciente al grupo Pérez Companc. La venta de las acciones de Perez Companc no fue un hecho aleatorio sino una política generalizada: a partir de la segunda mitad de la década y especialmente desde 1997, los grupos económicos locales empezaron a desprenderse de su participación accionaria en estos conglomerados, obteniendo por ello ingentes ganancias; mientras sus compradores accedieron al control de empresas con una muy elevada rentabilidad. De las empresas que habían formado parte del consorcio adjudicatario de ENTel, el grupo Perez Companc (a través de Inter Río Holding y Compañía Naviera) y el grupo Soldati (a través de Sociedad Comercial del Plata) fueron los que mayores ganancias obtuvieron entre sus inversiones iniciales y la venta de sus respectivas participaciones accionarias. Compañía Naviera Perez Companc hizo una inversión inicial de 112 millones de dólares y obtuvo una ganancia patrimonial de 267 millones de dólares (44,8%); Inter Río Holding invirtió 79 millones y obtuvo una ganancia patrimonial de 436 millones (70,2%). Sociedad Comercial del Plata (Soldati) con una inversión inicial de 18 millones, obtuvo una ganancia de 67 millones (79,1%) luego de vender su parte accionaria. Para un análisis más detallado de las transferencias de capital y la concentración económica producto del proceso privatizador en la Argentina véase Abeles (2001)
31 Las experiencias regulatorias más exitosas en el plano internacional tienden, por un lado, a impedir que la prestación del servicio de llamadas de larga distancia sea realizada por el mismo operador que brinda el servicio de telefonía local y, por otro, a restringir -o impedir- la participación de las empresas que tienen el monopolio de la telefonía celular o televisión por cable. En la Argentina, Telefónica -lo mismo que Telecom- brinda el servicio de telefonía básica local, de larga distancia nacional e internacional. Además, se les permitió participar de segmentos competitivos del mercado y se le reconoció el derecho de prestar "nuevos servicios de telecomunicaciones", no incluidos en el tradicional servicio de telecomunicaciones.
32 La maniobra diseñada por las empresas dominantes del sector consistió en desarrollar "prácticas predatorias", como la aplicación de subsidios cruzados, o precios elevados de interconexión a aquellos operadores de los mercados conexos que necesitan arrendar la red pública de enlaces fijos para proveer sus propios servicios, tales como telefonía celular. Esta situación se da porque por ejemplo, el operador de telefonía inalámbrica no podría prestar dicho servicio si no garantizara a sus clientes la posibilidad de comunicarse con abonados de las operadoras de la red fija de telefonía. Lo mismo ocurre con una operadora de TV por cable, ya que si se propusiera brindar el servicio de telefonía básica en la red instalada, requeriría conectarse a la red preestablecida de enlaces fijos; de lo contrario, sus nuevos clientes quedarían restringidos a conectarse entre sí. (Schorr, 2001)
33 Entrevista realizada en noviembre de 2001.
34 El rebalanceo tarifario, surgido del decreto 92/97, consistió en un aumento en el costo de las llamadas locales y una disminución en las interurbanas e internacionales. El rebalanceo fue aprobado por la Corte Suprema luego de varios meses de acciones judiciales en contra de la implementación del aumento. Sin embargo, las operadoras habían comenzado a cobrar las nuevas tarifas desde febrero del '97. La definición en torno del rebalanceo era sustancial para las LSB, ya que el aumento en las tarifas en el ámbito local, donde tenían un mercado cautivo, las dejaba en una posición provechosa frente a la entrada de nuevos competidores. Producto de esta indexación, la tarifa promedio se incrementó en un 16%, lo que permitió a estas operadoras aumenta su facturación y utilidades, así como los márgenes de rentabilidad.
35 Esta habilitación fue conseguida después de arduas negociaciones, ya que, en un primer momento y con el fin de favorecer una dinámica competitiva, se excluía del concurso a las operadoras del servicio básico telefónico.
36 El proceso de concentración bajo la forma de compra, venta y fusiones de empresas en el sector de la radiodifusión fue "autorizado" normativamente dos años después, cuando el ex presidente Carlos Menem dictó el decreto de necesidad y urgencia 1005/99. La nueva normativa modificó el "régimen de multiplicidad de licencias": pasó de cuatro a veinticuatro las licencias permitidas a un mismo operador. autorizó la transferencia de la titularidad y la compra de medios sin previa autorización del Comfer, permitió la formación de redes, y liberó el tiempo publicitario por hora de emisión.
37 El grupo Mandeville se conformó en 1993 a partir de que el fondo de inversiones norteamericano HMT&F adquirió pequeños sistemas de televisión por cable en el interior del país a un grupo de empresarios provinciales. Poco después, vendió sus acciones al CEI-TISA -a través de CableVisión-TCI-, por 525 millones de dólares.
38 En ese momento, el holding manejaba el 95% de Editorial Atlántida, el 100% de Telefé, radio AM Continental y FM Hit de la Ciudad de Buenos Aires.
39 Telefónica Media pudo efectuar esa compra en su momento debido a que el decreto 1005/99 permitía a los radiodifusores la compra de medios sin pedido previo de autorización del Comfer.
40 También llama la atención que en el momento en que se sancionan los decretos 85 y 86 (Boletín Oficial, 28/01/1998), el titular de la Secretaría de Comunicaciones era el actual intendente de la ciudad de Córdoba, Germán Kammerath.
41 La debacle financiera de los bancos del Grupo República se sostuvieron con auxilios concedidos por el Banco Central (BCRA) hasta 1998, cuando mediante una resolución, la entidad monetaria ordenó el cierre del Banco República y el Banco de Mendoza. El juez Luis Leiva libró una orden de allanamiento y detención con incomunicación para Raúl Moneta y el resto de los miembros del Directorio de dichas entidades, imputados de cometer asociación ilícita, infracción a la ley penal tributaria y subversión económica. Moneta estuvo prófugo de la Justicia hasta que la causa pasó a manos del juez federal Carlos Liporaci, quien lo sobreseyó por falta de méritos.
42 La mencionada ley 25156/99, modificatoria de la ley de Defensa de la Competencia, contaba con una serie de avances respecto de su precedente dictada durante la dictadura militar. Entre las principales mejoras se destacan dos: la autarquía del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y el control de las fusiones y adquisiciones. Sobre este segundo aspectos, la ley fijaba dos criterios para notificar sobre las fusiones y adquisiciones: que la participación en el mercado alcanzada por la fusión no fuera mayor del 25% y que los volúmenes de ventas de las empresas involucradas no superara el límite de los 200 millones de dólares, argumentando que ese era el límite fijado por la Unión Europea.
43 La UNESCO designó una "Comisión Internacional de Estudios sobre los Problemas de Comunicación", presidida por el Premio Nobel de la Paz, Sean Mac Bride. La Comisión, que se reunió por primera vez en París en diciembre de 1977, elaboró un informe que fue puesto a consideración de la XXI Conferencia General de la UNESCO que se realizó en Belgrado en el año 1980. (Argumedo, 1987)
44 Sin embargo, éste no fue un fenómeno privativo de los años noventa, ni empezó en la década de los ochenta. Pese a las legislaciones antimonopólicas vigentes en los diversos países, desde la década de los treinta se vienen registrando fenómenos de concentración tanto en producción como en distribución audiovisual que reducen la variedad de las ofertas. Asimismo, la forma de programación impuesta por la lógica comercial conlleva otra limitación para las posibilidades de elección del receptor.
45 A diferencia de la experiencia argentina en materia de radiodifusión, la programación europea ha estado atravesada, desde los años veinte hasta los ochenta, por un modelo de servicio público. Bajo este patrón, los servicios de radiodifusión compartieron una serie de responsabilidades: programación de amplia cobertura y de exhaustividad; comunicación pluralista que reflejara las inquietudes de todos los grupos y fuerzas sociales; vocación cultural, a través de la cual difundir su propia riqueza lingüística, espiritual, estética y étnica; organización altamente politizada, incluso en sociedades provistas de sólidas salvaguardas de su independencia editorial; carácter no comercial, que denotara un profundo esfuerzo por mantener a raya a las fuerzas del mercado y asegurarse de que no dominaran ni distorsionaran la programación. (Blumler, 1993)
46 El caso europeo se ubica en las antípodas del argentino. A partir de un debate parlamentario se aprobó la norma llamada "Televisión sin fronteras", según la cual, el 51% de la producción debe ser nacional, local o regional. Con esta medida, entre 1995 y 2001 se creó un millón de puestos de trabajo.
47 En nuestro país se confunde este nivel con el primer nivel de acceso. La muletilla de "programa-ción participativa" se aplica indiscriminadamente a diversas producciones que incluyen a gente "no famosa" en el éter o la pantalla. (Rossi, 2000)
48 El presidente de la Asociación Argentina de TV por Cable (ATVC), Walter Burzaco se había pronunciado a favor de la promoción de la defensa de los medios culturales para que sean excluidos del cram down. El ejecutivo argumentó que "de preservarse como está en la actual norma la institución del cram down, hasta se podría estar burlando el mismo objetivo de la ley de radiodifusión si los acreedores se hacen dueños de las empresas del área". ("ATVC no avala tope a foráneos pero sí la exclusión del cable en cram down", http://www.rt-a.com/71/05-71.htm.)
49 Según la versión de los legisladores de las comisiones de Libertad de Expresión, Legislación General y Comunicaciones, la norma pretendía "preservar la identidad nacional de los medios y darle oxígeno a las empresas culturales afectadas por la crisis y evitar que inversores del exterior decidan de aquí en adelante cómo será la agenda diaria de la Argentina". ("El Senado busca evitar la extrajerización de los medio", http://www.rt-a.com/71/04-71.htm)
50 Algunos de los senadores más conspicuos que apoyaban el proyecto eran Miguel Angel Pichetto (PJ), Carlos Maestro (UCR) José Luis Zavalía (PJ) y Jorge Yoma (PJ).