Las semillas constituyen un insumo fundamental para la agricultura, por la riqueza genética contenida en ellas, por la identificación de las mismas con el desarrollo cultural de las comunidades agrícolas y por la incidencia económica dentro del costo de producción agrícola. Por esta razón, la redacción y/o discusión de una nueva Ley de Semillas.

“En la Argentina, la industria de los bioproductos destinados a la agricultura tiene un gran desarrollo”, aseguró Adolfo Cerioni, coordinador nacional de Vinculación Tecnológica del INTA, quien además destacó el liderazgo del instituto en el desarrollo de este tipo de insumos.

En 2013, el 93% de la venta de cereales al exterior fue realizado por una decena de empresas, la mayoría transnacionales. Tienen miles de hectáreas sembradas, centros de acopio, molinos harineros, plantas aceiteras y puertos propios. El Gobierno estima que hay 8.000.000 de toneladas retenidas por estas firmas. Este escenario hace imprescindible retomar caminos ya experimentados en la Argentina para regular el comercio de cereales y oleaginosas. Canadá, Australia y la Unión Europea tienen agencias públicas o mixtas que procuran evitar desigualdades.

En una nueva muestra de cómo la informatización está remodelando las actividades económicas, Monsanto anunció el miércoles que compró Climate Corporation.

Pagó US$930 millones en efectivo por la compañía, que se vale de datos como el historial de lluvias y calidad de suelos para predecir el rendimiento de cultivos. Monsanto espera aplicar el análisis informático de Climate Corporation en sus diversas áreas, para crear lo que un ejecutivo de la firma denominó “el siguiente nivel de la agricultura”.

Aunque sea reciente el enfoque teórico que aborda el desarrollo rural y la agricultura, la Agroecología viene consolidándose rápidamente como una nueva ciencia del campo de la complejidad.

“El genocidio del general Roca continúa hoy en Tucumán”, denunció la comunidad Indio Colalao, del norte provincial, que sufrió dos represiones de la policía para ser desalojados del territorio que habitan desde el 1600. También enfrentaron 25 pedidos de detención por no acatar el desalojo y dos miembros de la comunidad estuvieron apresados durante doce días. El motivo: 19 mil hectáreas que empresarios pretenden destinar a campos de soja. “Jueces y políticos violan nuestros derechos y sólo benefician a los que tienen dinero”, acusó Cynthia Ovejero, vocera de la comunidad.

La comunidad Indio Colalao vive en Riarte, norte de Tucumán, casi al límite con Salta. La historia de la comunidad incluso da nombre a la localidad (Martín Riarte, comunero diaguita del siglo XVII, es ancestro de la actual comunidad Colalao y de él proviene el nombre del lugar).

En tiempos de crisis, la agricultura y la alimentación se están consolidando como uno de los negocios más lucrativos… no para agricultores o consumidores sino para transnacionales e inversionistas. El motivo es sencillo: una familia puede dejar de pagar la hipoteca pero siempre tendrá que comer. Ya desde hace décadas que la cadena alimentaria (semillas, agroquímicos, distribución, etc.) estaba “oligopolizada” y en manos de unas pocas transnacionales que se están lucrando a toda costa.

Pero a principios de siglo, a raíz de la “burbuja de las punto.com”, el capital financiero empezó a moverse buscando inversiones seguras y aterrizó en el mercado de futuros (alimentación, petróleo, etc.). Si en el año 2000 los activos financieros en éste oscilaban los 5.000 millones de dólares, en 2011 treparon hasta los 450.000. Para ellos un gran negocio, ya que por ejemplo el grupo de inversión Goldman Sachs ganó más de 5.000 millones de dólares en 2009 especulando en materias primas, lo que supuso un tercio de sus beneficios netos. Pero, para el resto, una gran chanchada: Los precios de los alimentos se multiplicaron por 2,5 desde 2000, se oscila el umbral de los 1.000 millones de famélicos y en estos momentos en el Cuerno de África 12 millones de personas sufren una cruel hambruna.

Representante de una generación que al momento de relatar su vida, la divide entre antes y después del exilio, la socióloga Norma Giarracca, a cargo del área de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani, recuerda que la despidieron en 1976 de la Secretaría de Agricultura, donde había empezado a trabajar mientras cursaba la carrera, por el artículo castrense que la declaraba persona real o potencialmente peligrosa para el Estado nacional. «Cuando dan el golpe –dice Giarracca– la Marina toma el control de la Secretaría como represalia por la política que habían llevado adelante José Ber Gelbard y el ingeniero Horacio Giberti desde 1973 en adelante. Y nos echan a todos».

Despedida y con una orden de captura contra su esposo, el economista y docente Miguel Teubal, parten a su primer destino de un exilio que los alejaría del país durante más de 6 años. Tras recalar en España e Inglaterra, México los cobija hasta su vuelta al país.
Un doctorado en la Universidad Nacional de México, trabajos de investigación sobre el campesinado mexicano –en la misma línea que los comenzados en Argentina sobre los pequeños productores rurales– y trabajos de campo financiados por el estado mexicano, quedan atrás y la familia regresa al país.

La soja lo hizo. El potente negocio que gira alrededor de ese cultivo provocó una fuerte revalorización del principal activo con que cuenta la Argentina: sus tierras agrícolas. Desde 2001, según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, el valor de los campos registró un aumento en dólares superior al 120% . Así, las más de 31 millones de hectáreas que hay en producción pasaron a valer la friolera de 155.000 millones de dólares, el equivalente a 42% del PBI . O más del dinero que se necesitaría para cancelar la deuda externa, ubicada hoy en US$ 127.000 millones.

Los datos sobre cuánto cuesta la superficie que este año aportará una cosecha de casi 100 millones de toneladas y 30.000 millones de dólares en exportaciones fueron calculados por los economistas rosarinos multiplicando la superficie sembrada en la campaña 2009/10 (algo más de 31 millones de hectáreas) por unos 5.000 dólares, el precio promedio por hectárea. Es que, según su ubicación y aptitudes productivas, el valor de un campo puede variar significativamente, desde menos de 1.000 dólares a picos de 16.000 dólares en las mejores zonas agrícolas.

Es el caso de la llamada zona maicera (donde, en realidad, hoy abunda la soja), ubicada entre el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Allí, la cotización de la hectárea agrícola pasó de unos 4.000 dólares en 2000 a unos 15.000 dólares en la actualidad.

Pero como la divisa se depreció cerca del 70% desde entonces, el análisis partió de un valor base para principios del milenio de 6.800 dólares por hectárea. “El incremento real habría sido de 121%”, determinaron los expertos.

Las cifras coinciden con las que publica la inmobiliaria especializada Compañía Argentina de Tierras. Para 2010, la firma calculó que en los partidos de Salto, Pergamino o Rojas los precios de los campos promediaban los 15.500 dólares en marzo pasado. Solamente en un año, habían aumentado más de 20% en dólares.

El fuerte crecimiento de la soja en el esquema agrícola argentino tuvo que ver mucho con esta revalorización. En 2000/01, el poroto ocupaba menos del 40% del área sembrada, mientras que ahora su participación trepa a más del 58%.

Pero el informe de la Bolsa aclara que “el valor de la tierra aplicada a otros cultivos no se ha incrementado tanto”. Esto explica por qué el promedio nacional es apenas una tercera parte del costo de la mejor tierra agrícola.

“El precio de la tierra depende, fundamentalmente, del precio del bien que produce esa tierra. Y esto se puede ver claramente teniendo en cuenta el precio que tenía la soja en 2000/01, cuando su valor FOB llegaba a 160 dólares, contra alrededor de los 500 dólares o más a que cotiza en los últimos tiempos”, razonó el trabajo.

El alto valor de la tierra agrícola ha sido un argumento muchas veces utilizado por el Gobierno para desacreditar los reclamos del agro. Según el razonamiento, no tienen razones las quejas de un chacarero de 100 hectáreas del sur santafesino por el hecho sencillo de que dispone de un capital cercano al millón y medio de dólares, lo que a los ojos de cualquier mortal lo convierte en un millonario.

Sin embargo, según diferentes estudios, en un año de excelentes precios como el actual, la rentabilidad del sector productor (antes de impuestos) se podría ubicar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Es decir, el retorno que recibe el sector equivale a 2 a 2,5% del valor de la tierra que cultiva.

Un aspecto impecable, una colección de datos elaborados con gran rigurosidad científica, un gráfico ingenioso y una explicación muy elegante que apela al sentido común. Armados con estas herramientas, cuántas veces en la historia hemos visto a prestigiosos economistas recomendar políticas que, nos dicen, son la única vía posible para el bienestar económico, y que ir contra ellas es como negar la ley de gravedad. En este artículo buscaremos evidenciar en algunos ejemplos cómo aquellos discursos, colocándose desde una posición ilustrada, distante, neutral, proclaman soluciones sobre problemas económicos como si ellas fueran grandes verdades universales, pero que lo que en realidad tienen por detrás, siempre, es la defensa del interés de algún sector de la sociedad.