Vázquez metió el freno

El Presidente de la República Oriental del Uruguay definió los ejes de la negociación con Estados Unidos. No habrá TLC. Y en la búsqueda de un acuerdo Uruguay parece dispuesto a negociar únicamente sobre el intercambio de bienes. Autor: [b]Víctor H Abelando[/b] Fuente: [b]Brecha[/b]

En clave política, la definición permite al menos dos lecturas: no deja bien parado al ministro Danilo Astori y parece avanzar en una tendencia que tiene como fin acotar su poder.

La decisión presidencial de no transitar la vía de un TLC para incrementar el comercio con Estados Unidos promete tener consecuencias en los equilibrios internos del gobierno. Por lo pronto, y en atención a los alineamientos previos sobre el tema, un primer dato político se impone: la pérdida de incidencia del equipo económico, encabezado por el ministro Danilo Astori, en las políticas gubernamentales. Ese dato, como se verá, registra varios antecedentes, aunque la definición presidencial de ayer jueves parece darle mayor contundencia.

Las posturas a favor o en contra de ese tipo de acuerdo supusieron un parteaguas muy claro en el propio gabinete, y se evidenciaron a través de dos de sus principales figuras. Desde el comienzo mismo de las especulaciones sobre el formato y contenido de un acuerdo con Estados Unidos, que datan de fines del año pasado, el canciller Reinaldo Gargano se mostró firmemente contrario al modelo TLC, mientras su colega de Economía apareció como uno de sus más fervientes defensores. La vehemencia de Astori en la defensa de un arreglo comercial por la vía rápida (que sólo supone acuerdos con el formato TLC por parte del gobierno de Estados Unidos) se hizo evidente hasta último momento, cuando el martes 26 en un seminario sobre facilidades para el comercio sostuvo que la “vía larga es penosa y peligrosa”.

Hasta hace unas pocas semanas, parecía que la postura de Astori era compartida por el presidente Tabaré Vázquez, que durante su visita a Estados Unidos en mayo declaró su intención de aumentar el comercio con dicho país y sostuvo que si para ello era necesario un TLC, habría que firmarlo. El discurso de Vázquez el 9 de agosto en Punta Cala pareció reafirmar esa percepción, sobre todo cuando aludió a la mentada metáfora del tren que “a veces, pasa una sola vez”. Pero también es cierto que en esa oportunidad el presidente evitó mencionar específicamente a qué formato se refería cuando habló de incrementar el comercio y no perder el tren, aunque sus argumentos llevaban agua al molino de Astori.

Pero ayer, jueves, después de la reunión con los ocho ministerios implicados en las negociaciones comerciales, despejó la incógnita: “Sobre el fin de la semana anterior supimos, a través del señor embajador de Uruguay en Estados Unidos, que el Departamento Comercial del gobierno de Estados Unidos proponía a Uruguay como único camino el avanzar en el formato TLC tipo Perú y por la vía rápida, es decir, por fast track (...). Ante esta situación el presidente de la República entendió que no era un camino de recibo, por dos razones: porque si estamos en una negociación, el que se nos presente un único camino corta toda negociación; y en segundo lugar, porque entendíamos que este TLC por vía rápida no nos permitía con tiempo, con seriedad, en profundidad, analizar los distintos temas para llegar a un acuerdo. Desechamos entonces esa propuesta pero no cerramos la negociación”.

Luego dijo que se trabajará en anexar un capítulo de intercambio comercial de bienes al tratado de protección de inversiones, aprobado en diciembre de 2006 por Uruguay y recientemente por el parlamento estadounidense. Este mecanismo no es, aclaró Vázquez, un tratado de libre comercio sino un acuerdo comercial conocido bajo la sigla Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), que permitiría el ingreso preferencial de algunos productos al mercado estadounidense. A diferencia de los TLC típicos, un acuerdo de este tipo no contendría obligatoriamente capítulos referidos a la propiedad intelectual, las patentes y el trato nacional a los extranjeros en las compras gubernamentales. Tratados como el TIFA “pueden dejar absolutamente de lado” esos temas, dijo Vázquez.

Independientemente de la suerte de la negociación que comenzará el próximo lunes, y la posibilidad o no de restringir los capítulos de un eventual acuerdo (el capítulo servicios viene con el tratado de protección de inversiones), el paso dado por el presidente debe medirse en términos políticos. Es que con su negativa al formato de acuerdo firmado entre Estados Unidos y Perú, Vázquez inclinó la balanza en la puja interna establecida tanto en el gabinete como en el Frente Amplio (FA).

Ya el documento entregado el lunes 25 por los técnicos que trabajan en la negociación comercial al secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, y al que tuvo acceso BRECHA, anunciaba la postura presidencial. El texto dice en su primer párrafo que se “elevan a consideración de los señores ministros los análisis de los grupos de trabajo sobre las áreas que cubriría una posible negociación comercial con Estados Unidos, que de conformidad con la definición política trasmitida, no comenzaría siguiendo los procedimientos y plazos vigentes en la legislación de Estados Unidos (Trade Promotion Authority o TPA)”.

En esa decisión expresamente contraria a la vía rápida (y consecuentemente a los TLC conocidos) parecen haber jugado dos elementos determinantes: la presión interna y de los socios del Mercosur, y el éxito de uno de los sectores que se oponen al rumbo que ha tomado la estrategia de inserción internacional impulsada desde el equipo económico.

EL FRENO AL PRIMER MINISTRO

Los pronunciamientos contrarios a un TLC con Estados Unidos del congreso del FA y de su Plenario Nacional podían haber quedado en el papel si no se hubieran producido diversos movimientos dentro de la fuerza de gobierno.

Las discrepancias con la política económica y el modelo de inserción internacional dispuesto desde Economía se remontan a las primeras medidas adoptadas por el equipo encabezado por Astori. Así, se cuestionó, sin mayor énfasis público, la forma en que se firmó la carta de intención con el fmi o se dio vía libre al tratado de protección de inversiones con Estados Unidos, e incluso la apuesta a la inversión extranjera como motor del desarrollo productivo.

El silencio público de los críticos a esta orientación económica ha tenido varias razones. Entre ellas, la de no precipitar crisis políticas en una administración que recién comenzaba, y la conclusión de que, hoy por hoy, no existen relevos a nivel del Ministerio de Economía. En consecuencia, dijeron a BRECHA fuentes frenteamplistas, la estrategia consistía en acotar el peso del equipo económico en la línea general del gobierno. Esto se traducía, en términos generales, en neutralizar y/o modificar los lineamientos que surgían de Economía sin ingresar en un choque frontal. El arco crítico ha estado compuesto por la mayoría del MPP, el Partido Comunista, la línea garganista del Partido Socialista, el PVP, y algún senador no sectorizado como Alberto Couriel. A ellos pueden sumarse, en determinados temas y circunstancias, la Vertiente Artiguista y algún legislador de la Alianza Progresista.

El intento por neutralizar el peso expansivo del equipo económico no es un dato reciente. La primera escaramuza en ese sentido tuvo lugar con el porcentaje del PBI destinado a la educación pública en el presupuesto quinquenal. En esa ocasión, y con la decisiva participación de Vázquez, se impuso el 4,5 por ciento prometido durante la campaña electoral, a pesar de que Astori sostuviera que ello no era posible. A este episodio sucedió la discusión sobre la reforma tributaria, el mensaje de rendición de cuentas y el endeudamiento de pequeños y medianos productores agropecuarios. En relación con la reforma tributaria, por ejemplo, las modificaciones que el proyecto original de Economía ha tenido en el Parlamento se produjeron por obra y gracia de la bancada del FA, con excepción de Asamblea Uruguay. Distintos diputados oficialistas se han encargado de señalar que ahora la reforma tiende más a la equidad gracias a su intervención.
Con respecto a la rendición de cuentas, el mensaje original fue reformulado al alza tras varias discusiones en el gabinete y la bancada oficialista. Y en materia de endeudamiento agropecuario, si bien se rechazó la salida de una solución legal, el ministro del área, José Mujica, impuso después de varios episodios conflictivos una refinanciación que no estaba en los planes del Brou y la conducción económica.

Los condicionamientos a las políticas de Economía también se han reflejado en otros episodios, como la decisión de enviar un proyecto de ley que prohíbe que sociedades anónimas innominadas sean propietarias de tierra. Astori mostró públicamente su desagrado por esta iniciativa.

LOS CAMINOS NO CONDUCÍAN A WASHINGTON

En el FA, la oposición a un formato TLC fue en aumento con el paso del tiempo. Lo mismo ocurrió a nivel social, donde a partir de una iniciativa del PIT-CNT y FUCVAM se conformó una Comisión en Defensa de la Soberanía, que contó con la simpatía de la gremial de micro y pequeñas empresas, de la Asociación de Laboratorios Nacionales y de algunos industriales.

Pero los mayores movimientos contrarios se sucedieron, cual efecto dominó, dentro del FA. Al bloque opositor de comunistas, socialistas y emepepistas se sumó, el domingo 24, la Vertiente Artiguista. A este cuadro deben agregarse pronunciamientos en contra de dirigentes de la Alianza Progresista, como el senador Eduardo Ríos, y del diputado Gonzalo Mujica, que se alejó del Nuevo Espacio a raíz de este tema.
Por otro lado, el citado documento de los técnicos que ayer, jueves, Vázquez entregó a sus ministros preanunciaba claramente las diferencias en el gabinete, y quizá haya sido un elemento gravitante en la definición del presidente.

Es que por primera vez en un texto oficial al respecto aparece la posición discrepante del Ministerio de Ganadería, es decir del mpp, la fuerza mayoritaria del gobierno. Por ejemplo, Ganadería consideraba “perjudicial para el país una negociación por listas negativas”, como exige la administración Bush, “ya que dada la carencia de un sistema nacional de servicios se impondrá un ritmo de liberalización más rápido y menos controlado de lo que el interés del país exige”. También advertía que cualquier empresa mediana estadounidense puede desplazar definitivamente del mercado local a las pequeñas y medianas uruguayas. Extremo que puede repetirse en el caso de las compras estatales.

Si las cosas venían de este modo en el gobierno, el panorama no era mejor con los socios del Mercosur. Luego de los sondeos correspondientes, quedó claro que Brasil y Argentina sólo permitirían un acuerdo como el que propuso Vázquez ayer, es decir que Uruguay acceda a un trato preferencial en sus productos sin afectar el “corazón del Mercosur”, esto es el arancel externo común.

A todo esto, y en paralelo, la estrategia del equipo económico fue golpeada en uno de sus ejes privilegiados, el de la inversión extranjera, al anunciarse que la multinacional ENCE no construirá su planta de celulosa en Fray Bentos.

Sin embargo, y más allá de los episodios mencionados, nada hace pensar que los sectores que se opusieron al TLC exijan cambios drásticos en la línea económica, y menos que cuestionen públicamente a Astori. Hay razones para administrar sobriamente la situación. En primer lugar, el abandono de la vía rápida y la modalidad TLC no significa que desaparezcan los riesgos y las condicionantes perjudiciales para el país: basta pensar en las asimetrías existentes en la producción de bienes y las exigencias estadounidenses respecto a los servicios, que pueden incluir la desmonopolización en el caso de la telefonía básica, la refinación y venta de combustibles, o la apertura del mercado de seguros de accidentes laborales. Peligros que aumentarían si la contraparte exige la inclusión de la propiedad intelectual o el trato nacional.

BRECHA consultó a tres legisladores oficialistas sobre sus primeras impresiones acerca de la decisión anunciada por el presidente de la República. A continuación, una síntesis de sus valoraciones:

Diputado Roberto Conde (Partido Socialista). "Descartado el formato “TLC Perú”, creo que esto es un gran triunfo intelectual del Frente Amplio, que tenía fundadas y muy analizadas y serias razones para tomar la decisión que tomó en su Plenario y su Mesa Política.
En segundo lugar, me parece auspicioso porque abrir una vía de negociación con Estados Unidos si no impone las reglas típicas de un TLC y no perfora el Mercosur, es una oportunidad interesante de trabajo.
Hay que ver cómo son los contenidos y la agenda de la OMC. No debemos negociar nada contrario a la OMC, al arancel externo y los fundamentos del Mercosur. Si por ese camino hay posibilidades de avanzar, me parece una situación auspiciosa."

Senador Alberto Couriel (frenteamplista independiente). "Nosotros ya habíamos dicho que Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Todo el mundo quiere venderle y nosotros también. Lo que no queríamos era usar la vía rápida y un TLC, porque no había tiempo para estudiarlo y tiene múltiples inconvenientes.
Comparto plenamente la decisión de la Presidencia de la República, que dice no al TLC y a la vía rápida. Y dice que vamos a hacer un anexo al tratado de inversiones, parecería que sólo sobre bienes, cosa que también comparto. Esto puede llevar un año o más. Por lo tanto podemos estudiar con tranquilidad cuáles son los bienes que nos importan, y qué nos pedirá Estados Unidos.
Acá no hay triunfadores ni perdedores, acá primó la sabiduría del presidente de la República para resolver un tema de esta naturaleza. La decisión también fortalece la situación regional".

Senador Alberto Cid (Asamblea Uruguay). "La decisión del presidente ratifica lo que veníamos diciendo desde Asamblea Uruguay, en el sentido de buscar acuerdos comerciales con distintos países sin ponerle ninguna sigla.
Dijimos que íbamos a valorar muy estrictamente los alcances del acuerdo para que el país no tuviera perjuicios en temas de extrema sensibilidad.
Creo que se ha tomado una decisión importante, inteligente, trascendente, que mantiene las vías de búsqueda para un acuerdo comercial, sin incurrir en los modelos tradicionales negociados con otros países de Latinoamérica como Perú. Sabíamos que eso tenía riesgos para el país y no era conveniente transitar ese camino.
El anuncio del presidente, además, nos resuelve un conflicto que estaba planteado en teoría porque algunos analizaban situaciones que no tenían nada que ver con ningún formato ya que no se habían iniciado las negociaciones. También es un paso adelante en la situación dentro del Mercosur, aunque no se empezó a negociar. Vamos a ver los alcances de la negociación que se logra, que comienza en la primera semana de octubre".

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