Pocas veces en la historia económica argentina se conjugaron altos niveles de crecimiento económico con una mejora sustancial de la matriz productiva. En los últimos años, se exhibe un escenario novedoso: aumento record de la actividad, tanto en porcentaje como en permanencia, y recuperación del aparato productivo. En este marco, la protección de la pequeña y mediana empresa dejó de ser un discurso para ser el centro de las políticas oficiales. Este segmento es vital en el desarrollo económico, lo que puede verificarse en su participación en los países desarrollados. Las pymes constituyen las organizaciones con mayor capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y de generación de empleo, con lo que representan un importante factor de política de distribución de ingresos a las clases media y baja. El principal escollo del sector es la falta de crédito bancario. En un relevamiento realizado por Cash se observa que el Gobierno destinó más de 21 mil millones de pesos en distintas formas de financiamiento y acceso a préstamos.

Las pymes en general, y las dedicadas al sector industrial en particular, comenzaron a adquirir mayor relevancia en la economía argentina en los ’50 y ’60, durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones. Ese desarrollo se vio obstaculizado en las tres décadas subsiguientes, producto de una política que privilegió la importación por sobre la fabricación local, sumada a las recurrentes crisis que vivió el país en esos años. Tras la debacle económica y social de 2001-2002, se inició un nuevo proceso productivo en el que las políticas públicas pusieron a este segmento de empresas en el centro de la escena.