Desde el 21 de noviembre Colombia parece un país diferente. El clima de indignación es generalizado, los chats familiares explotan entre noticias, análisis y discusiones, la calle de las principales ciudades es un territorio de disputa entre manifestantes y fuerza pública, no hay clases en las universidades, que se han vuelto centros de asistencia a manifestantes y en todos los medios se habla, se debate y se defiende la realidad del país. Las redes sociales explotan de imágenes, información, memes y preguntas. La conversación se nota profunda: no es una demanda abstracta "contra la corrupción" o "por la paz", por primera vez en mucho tiempo, la mayoría de la sociedad colombiana -sobretodo la población de clase media y urbana- le reclama al estado por cuestiones concretas: derechos, leyes y un rendir de cuentas sobre la política militar. Una nueva conciencia se ha instalado y parece no tener vuelta atrás. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué explota ahora una situación que viene desde hace tanto tiempo?

Iván Duque y todos sus muertos

El presidente Iván Duque fue electo en el 2018 con el 54% de los votos. Candidato de la fuerza política liderada por Álvaro Uribe Vélez (presidente de Colombia entre 2001 y 2010), las propuestas principales de Iván Duque encarnaban los de la derecha más tradicional del país, teniendo como bandera la revisión de los acuerdos de paz firmados con las FARC en el 2016 y un retorno de las políticas militares más crueles, tal como reveló el New York Times a principios de este año, cuando se filtraron documentos del ministerio de defensa en los que el ex ministro Guillermo Botero ordenaba doblar "el número de criminales y guerrilleros que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate" (y el incremento en las víctimas civiles). Es decir, la vuelta de los denominados "falsos positivos", jóvenes civiles asesinados por el Estado y presentados como bajas de combate. Se calcula que hay más de 5000 casos sólo durante los gobiernos del ex presidente Uribe.

Aunque todo esto pueda parecer aterrador para quienes lo leen por primera vez, los muertos del Estado colombiano no son una novedad ni han generado movilizaciones masivas en el pasado. Sin embargo, durante el mes de octubre el senador Roy Barreras reveló que el Gobierno había asesinado a 18 niños entre los 12 y los 17 años durante el mes de septiembre y que los había presentado como "disidencias de las FARC". La presentación de barreras durante una sesión especial en el Senado logró una indignación particular. No sólo el gobierno había masacrado niños y niñas, sino que habían mentido al respecto, tratando de encuadrar el hecho como un error de inteligencia militar. El "error" le costó la renuncia a Botero tres días después de la sesión, a causa de las presiones de la sociedad civil.

A pesar de eso y, como es la política, lo que terminó por enojar a la gente fue el silencio absoluto del presidente frente a la masacre de los niños y un video que se filtró en redes sociales, en que un joven le pregunta grabándolo con su celular sobre los 18 niños, a lo que Duque responde, con cinismo y frescura "¿De qué me hablas, viejo?".

La frase quedó grabada en la rabia nacional y el hecho de los niños puso en boca de la mayoría de la sociedad un asunto que preocupaba a sectores marginales desde hace tiempo: el asesinato sistemático de líderes y liderezas sociales y territoriales, así como de ex combatientes que entregaron las armas. De acuerdo con recuentos de organizaciones sociales, en Colombia ocurrieron más de 400 asesinatos de líderes sociales, defensores del medio ambiente, activistas y también exguerrilleros de las FARC en los últimos cuatro años. A eso se suma la masacre de indígenas del Cauca. Durante 2019 se calculó que cada 72 horas un líder indígena era asesinado, situación que se agravó por el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados en el 2016. La vuelta de los "falsos positivos" y los excesos de parte de las fuerzas de seguridad están entre los principales reclamos de las personas que marchan. Muchos de los carteles rezan "de esto te hablamos, viejo", en referencia a las cifras de asesinados por el estado.

Paquetazo de leyes

Otras de las principales razones para convocar al paro fueron las declaraciones sobre "el paquetazo" de leyes que planeaba presentar el ejecutivo y que incluían eliminar el fondo estatal de pensiones, reducir el salario de las personas de menos de 25 años al 75%, una reforma laboral, que se especula hacia la flexibilización y precarización laboral y una reforma tributaria interesada en satisfacer las necesidades de las grandes empresas y conglomerados económicos, así como algunos tarifazos en los servicios de la luz. Si bien el gobierno salió a desmentir que tales proyectos fueran a presentarse sin previa discusión parlamentaria, muchos funcionarios ya han dado declaraciones públicas sobre las reformas.

Para la educación nada

En septiembre de este año estallaron diversas protestas estudiantiles en Bogotá. Los reclamos eran por falta de fondos para las universidades públicas (que en Colombia no son gratuitas) y un escándalo de corrupción del rector de la Universidad Distrital (una de las universidades públicas). Lo llamativo de las manifestaciones es que por primera vez en la historia reciente, las universidades privadas se sumaron casi sin excepción. Alumnos y alumnas sin distinción de clase movilizaron por toda la ciudad para exigir mejores condiciones educativas. Los altísimos precios de las matrículas universitarias y la poca oferta de financiamiento que tienen los estudiantes se sumaron a los reclamos. Sin embargo, lo que terminó de agitar las marchas, fue la represión que perpetró el Estado, valiéndose de su Escuadrón Antidisturbios (ESMAD). Aunque las marchas estudiantiles se prolongaron por varios días y finalmente se calmaron, la articulación entre universidades privadas y públicas prevaleció y es un pilar fundamental para pensar lo que está pasando ahora en todo el país. Como siempre, la revuelta empezó por el movimiento estudiantil.

La institucionalización de la guerra

El incumplimiento de los acuerdos de paz de parte del gobierno de Duque también genera un descontento. Las decisiones erráticas del gobierno en materia de seguridad y con la implementación de los acuerdos no sólo generan malestar, sino que son las culpables de una crisis de seguridad en los sectores rurales del país. Si bien la sociedad colombiana votó que No en el plebiscito por el acuerdo de paz en el 2016, lo cierto es que las consecuencias de no garantizar lo pactado repercuten en el bienestar de la gente y la cifra de muertos vuelve a estar en alza. Cada vez es más difícil para el gobierno construir un discurso sobre el enemigo interno como históricamente se hizo, ya que la sociedad colombiana exige más información veraz sobre la situación de seguridad del país.

La chilenización de la protesta

Aunque la sumatoria de todos estos factores parece más que suficiente para una manifestación de las dimensiones actuales, la realidad es que ninguno de los hechos es nuevo para la sociedad colombiana. Ni la guerra, ni la precarización laboral, ni los asesinatos desde el estado, ni el recorte y desidia con los recursos de la educación son noticias novedosas para el país. Sin embargo, es la primera vez que todos esos reclamos se toman la voz pública y, sobretodo, logran conmover a las clases medias urbanas. Si bien en Colombia hay manifestaciones todo el tiempo, así como la respectiva represión, siempre se dan de manera marginal, o en los territorios rurales más afectados por los conflictos. Lo que cambió, lo que nos hace pensar a los colombianos que quizás podemos habitar un país distinto, es la sensibilidad de una clase media acostumbrada como ninguna otra a la indiferencia y anestesiada respecto de la realidad del resto del país. Si bien las realidades de Chile y Colombia no son iguales, son países que tienen una reciente tradición neoliberal y que en materia económica se piensan de manera similar. Países promocionados como milagros económicos cuyas hilachas se hicieron cada vez más difíciles de ocultar. Para una clase media acostumbrada a las imágenes de la guerra y con una tradición apolítica, ver las noticias de las movilizaciones chilenas, encabezadas por personas de las mismas clases medias del otro país, que no han sido movilizadas ni capitalizadas por ningún partido político y que han logrado cambios desde el gobierno, es una nueva idea de esperanza. Una nunca antes vista por la sociedad colombiana, acostumbrada a que nada nunca puede cambiar.

La articulación de sectores tan diversos en el espacio público también ha generado un ámbito para nuevos vínculos y alianzas entre clases sociales que en Colombia más parecen sistemas de castas. Es destacable la solidaridad de las personas con los manifestantes, ofreciendo sus casas como refugio cuando se anunció el toque de queda. No por nada, uno de los carteles más populares de la marcha reza "que el privilegio no te nuble la empatía", haciendo un claro llamado a que quienes tienen más, quienes históricamente han tenido más en un país tan desigual como Colombia, no pueden seguir dándole la espalda a quienes han sido tan castigados por la injusta realidad.

El remate ha sido la brutal represión estatal que, como era de esperarse, sólo enlazó más y mejor la indignación nacional. Aunque durante la noche del viernes hubo una estrategia de pánico en Bogotá, con la circulación de videos sobre saqueos que nunca llegaron a ocurrir, con el fin de "enfriar" las manifestaciones para la tarde del sábado había nuevos cacerolazos convocados. Las respuestas del gobierno se demoran y no hay ninguna medida sustancial anunciada más que reprimir y acallar las manifestaciones, ahora volcadas en permanentes cacerolazos. Se espera que Duque pueda responder más rápido que Piñera y que las consecuencias de las represiones no tengan la gravedad de las Chilenas. Algunas personas temen que se declare Estado de excepción (2 veces declarado por el ex presidente Uribe) que le otorga al Ejecutivo mayores poderes y discrecionalidad. Aunque canalizar el hartazgo está siendo muy difícil para los líderes políticos de todos los partidos, y hay una resistencia de las clases medias a que las manifestaciones se capitalicen políticamente, se espera que al menos desde el gobierno tengan intención de concertar en lugar de reprimir y que esta oportunidad sirva para promover alternativas políticas diferentes en Colombia. Las clases medias urbanas del país han probado de las mieles de la protesta social y hay una sensación de ser invencibles, ser escuchadas, pero además de haberse quitado una venda de los ojos y ver por primera vez a un país que antes ignoraban. Por lo pronto se verá cómo termina la jornada de hoy, aunque sin duda hay una certeza: la represión y el miedo no pueden apagar este nuevo fuego.

De esto te hablamos, viejo.

 ^{Cenital - 24 de noviembre de 2019}