El significado y la importancia de la nueva ley de emergencia económica

Por la historia, sabemos que Juan Perón agrandó su concepto agregándole a los ancianos y a los trabajadores. La realidad permite a nuestra imaginación seguir construyendo la frase asignada a Carlos Menem, sumándoles a los banqueros y a las empresas privatizadas. Asimismo, la conducta que siga el presidente Eduardo Duhalde nos permitirá completar el encabezamiento del presente trabajo, pero, por el tratamiento que está otorgando al tema bancario y financiero, no debemos descartar que los privilegiados del actual Presidente sean los banqueros. Desde ya, manifestamos nuestra simpatía por los niños. Esta mezcla entre verdad y ficción indiscutiblemente realista, viene a cuento a consecuencia de la reciente sanción de la enésima ley de Emergencia Económica, la 25.561, en la cual, para salvar los perjuicios que las nuevas medidas les puedan ocasionar a las entidades financieras, se crea un Derecho a las Exportaciones de Hidrocarburos, por el término de cinco años, autorizándose al Poder Ejecutivo (PE) a fijar la correspondiente alícuota. Innecesaria e incomprensiblemente, la ley señala que ese derecho no podrá disminuir el valor en boca de pozo utilizado para el cálculo y pago de las regalías a las provincias.

La ley 25.561 es, desde el alejamiento de Bernardo Grinspun del Ministerio de Economía en 1985, el primer acto producido por los poderes del estado por el cual se afecta -mejor expresado, se crea la posibilidad para que el PE pueda afectar- los intereses de los grandes grupos económicos, es decir, a los ganadores del modelo neoliberal cuyos resultados nos agobian. Así debe considerarse a:

a) Creación del impuesto a las exportaciones hidrocarburíferas, cuyos resultados dependerán, entre otros factores, de la tasa que se fije y del valor sobre el cual se aplique, de la inclusión, o no, de los derivados (naftas, gas-oil, fuel-oil, GLP, etc...) y de los productos petroquímicos básicos, intermedios y finales, del régimen de anticipos y compensaciones, etc.
b) Ratificación de la prohibición de indexar incluida en la originaria ley de Convertibilidad 23.928, incumplida -a pesar de ser de orden público- desde sus inicios en marzo de 1991, por los concesionarios de producción, que siguieron aumentando el precio del petróleo local de acuerdo con las variaciones del internacional, circunstancia que nos obliga a pagar precios que se ubican entre los más elevados del mundo, incluso con devaluación mediante. Si el PE les hiciera cumplir la ley a quienes ostentan el carácter de auténticos intocables -Repsol-YPF, Pérez Companc, Total, Pan American, Chevron, etc.- la repercusión política sería de tal magnitud que marcaría el inicio de la recuperación de la credibilidad perdida por el pueblo en sus gobernantes, sin dejar de lado la incidencia favorable que una significativa y factible rebaja en los precios de los combustibles tendría sobre el resto de las actividades económicas y, especialmente, su proyección sobre los precios relativos de la economía. Recordemos, además, que hasta la desregulación aplicada en 1991, los precios de los combustibles siempre fueron determinados por el estado.
c) Desdolarización en cuanto procedimiento indexatorio de las tarifas de los servicios públicos, la eliminación de los ajustes con índices de precios del exterior y la renegociación de los respectivos contratos, que puede permitir, además, suprimir una serie de ventajas de los concesionarios y permisionarios, de tal magnitud que transgreden el principio constitucional de la igualdad ante la ley. En el caso del gas tenemos, por ejemplo, la consideración de la actividad de los concesionarios de producción como un servicio público, la exclusión de los cuadros tarifarios del costo del capital propio, de las depreciaciones excesivas, calculadas sobre valores de activos inflados, y del concepto Consumo Mínimo, que carece de justificación teórica y representa un incremento oculto del Cargo Fijo. El marco regulatorio eléctrico requiere la reimplantación de la solidaridad tarifaria, que implica la eliminación del régimen vigente en el mercado mayorista, como también considerar de servicio público a la actividad de los generadores, la obligación a los transportistas de realizar por su cuenta todas las inversiones que resulten necesarias para satisfacer la demanda, tal como sucede en todos los países del mundo, la unificación del prestador en la región metropolitana, etc.

Las modificaciones y ajustes propuesto no carecen de importancia, pero deben ser considerados como soluciones para el corto plazo, pues todos los servicios públicos básicos deben ser reestructurados en forma tal de ponerlos al servicio de un desarrollo económico sin exclusiones, socialmente equitativo y geográficamente integral y equilibrado. Al mismo tiempo, deben disminuirse los costos excedentes e innecesarios que genera una burocracia privada artificialmente creada y superarse los gruesos inconvenientes operativos que derivan de la existencia de una multitud de prestadores. Si el país comenzara a crecer, ni el sistema gasífero ni el eléctrico estarían en condiciones de afrontar la situación. Como ejemplo, mencionaremos que la estructura definida por el Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica es similar a la que recientemente colapsó en California y el Brasil y, que además, corrupción mediante, contribuyó a la quiebra de Enron.
d) Potestad de establecer precios de insumos, bienes y servicios críticos, que constituye, prácticamente, una ratificación legislativa a través de una ley de orden público, de la ley de Abastecimiento 20.680. En julio de 1999, con el decreto de necesidad y urgencia 722/99, el PE declaró el "estado de emergencia de abastecimiento a nivel general de conformidad con las previsiones del artículo 4 del decreto de necesidad y urgencia 2.284 del 31 de octubre de 1991, ratificado por la ley 24.307 restableciéndose el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680 y sus modificatorias". De acuerdo con la jurisprudencia aplicable, el decreto 722/99 se encuentra vigente a la espera de su tratamiento por el Congreso. Resulta evidente que lo recientemente manifestado en el inciso b) tiene íntima relación con este tema.
Recordemos que el mercado de los hidrocarburos presenta una marcada concentración de tipo oligopólico. En la etapa extractiva, ocho concesionarios concentran el 90% de la producción de petróleo y gas y, tal como se señaló en el ítem b), desde 1991 han indexado y modificado los precios a su antojo. Esas mismas empresas participan decisivamente en el transporte, e incluso algunas lo hacen en la distribución de gas. Por otra parte, el 80% de la refinación y comercialización está en manos de cuatro multinacionales.
e) Derogación del candado monetario de la convertibilidad, que nos libera del régimen del patrón-dólar, un dislate que ataba el volumen de la circulación monetaria a las existencias de divisas fuertes. Además, la devaluación derivada, unida al control de cambios, entre otras implicancias, ha puesto un importante límite al gran negocio de las privatizadas, que consistía en obtener espectaculares ganancias en pesos, comprar los dólares al cambio de 1 $ = 1 US$ y girarlos libremente al exterior; obviamente, gran parte de nuestro endeudamiento externo tiene su origen en la modalidad comercial descripta.

El carácter estratégico de los hidrocarburos: la vigencia del concepto

Mal que les pese a los neoliberales, los hidrocarburos no son una simple mercadería -un commodity- sino una materia prima-poder, pues tanto el petróleo como el gas, son bienes no renovables, estratégicos y, para muchos países, entre los que nos encontramos, escasos. Entre las pocas naciones que adscriben a la visión neoliberal, la Argentina es el único que ha adherido a la teoría a ultranza, sin adoptar ni el más mínimo recaudo en defensa de los intereses nacionales. En el otro bando se anotan, desde los Estados Unidos (EUA) -cuyo Estado Federal, sin poseer empresas públicas se apropia de gran parte de la renta petrolera y sí tiene la propiedad de las reservas estratégicas, entre las que están los yacimientos marinos y gran parte de los situados en Alaska- hasta los latinoamericanos más importantes como el Brasil, México y Venezuela que, como buenos seguidores de las ideas de Hipólito Yrigoyen y Enrique Mosconi, mantienen en la órbita estatal a sus empresas petroleras. Además, a los tres, les va bastante mejor que a nosotros, siendo una de las causas la apropiación estatal de la renta de los hidrocarburos.

No viene al caso historiar el peso decisivo que tuvo el petróleo en la definición de las dos guerras mundiales, pero sí recordar que la no finalizada Guerra del Golfo Pérsico de 1991 y la actual Guerra del Caspio o del Asia Central, son conflictos provocados por la posesión de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta y, consecuentemente, por la seguridad de los abastecimientos energéticos de las grandes potencias en los próximos cincuenta años. En el mundo actual, si existen reservas de petróleo y gas, la potencia hegemónica y sus socios menores, se encargan de establecer gobiernos sátrapas, utilizando para tal fin todos los medios necesario, incluso las operaciones militares y el terrorismo; el Golfo Pérsico, el Asia Central y Somalia son claros ejemplos.

A los integrantes del Grupo de los 7, más que los volúmenes producidos, les importan las cantidades que están debajo de la superficie, es decir, las reservas. Ese es un concepto contrario al vigente en la Argentina, que considera que sólo tiene valor el petróleo extraído. Arturo Frondizi y Carlos Menem, cuando llegaron al poder, lo adoptaron y utilizaron para justificar sus involuciones ideológicas. Estas son algunas de las causas que hacen que en los eventos energéticos internacionales independientes, es decir, no monitoreados por las empresas, la Argentina sea considerada como "el hazmerreír energético del mundo".

El petróleo y el gas en la Argentina
La corrupción y el proceso privatizador.

Según las palabras del presidente Duhalde en la convocatoria a la Concertación Social, a esta crisis hemos llegado por la acción de ineptos y corruptos. Sin dudas, si hay un sector donde esa acción llevó al despojo de bienes que importaban el sacrificio de varias generaciones de argentinos y, a la consiguiente utilización, generalmente devastadora, de esos bienes para generar cuantiosas riquezas a costa del empobrecimiento general de sus verdaderos dueños, es el energético. La ilicitud fue el común denominador del proceso privatizador y desregulatorio. Para ello, fue necesario contar con un Poder Judicial corrupto y dependiente del poder administrador y con un Congreso cómplice y sumiso. El proceso implicó el desconocimiento de normas constitucionales, la sanción de leyes mediante procedimientos fraudulentos y su modificación por medio de decretos y resoluciones ministeriales, tasaciones realizadas por entes privados no autorizados, subvaluaciones generalizadas, subsidios ocultos a través del reconocimientos de sobrevaluaciones de títulos públicos aceptados como parte de pago, etc. Sin olvidar la vista gorda y las interpretaciones antojadizas que fueron norma habitual en la conducta del poder administrador y de los organismos constitucionales de control.

Reservas y exportaciones.
Legalidad y racionalidad energética

Previo al análisis del nuevo tributo, debe tenerse presente que todas las exportaciones de petróleo y gas son inconstitucionales, ilegales e irresponsable. En primer lugar, porque a consecuencia del premeditado desmantelamiento de la otrora poderosa y eficiente Secretaría de Energía (SE) y de la inacción complaciente de quienes la ocuparon desde julio de 1989 hasta la fecha, la Argentina es el único país que desconoce la magnitud de sus reservas. Las cifras oficiales no están auditadas por la SE, que sólo se dedica a sumar las que le informan los concesionarios de explotación y los permisionarios de exploración, amparadas bajo la firma de empresas de auditoría hipotéticamente independientes, pero realmente dependientes de las petroleras. En tales condiciones, no resulta disparatado suponer que, con el objetivo de exportar gas natural a los países vecinos, se han "inflado" las correspondientes reservas y, por lo contrario, se han subestimado las de petróleo, en pos de la obtención de distintos incentivos a la exploración.

Sin considerar la crítica formulada y otorgando validez a los datos oficiales de reservas al 31/12/00, los horizontes lineales de reservas son de 10 años para el petróleo y de 17 años para el gas, sin contemplar las nuevas y misteriosas reservas de Loma de la Lata y Sierra Barrosa, como tampoco el incremento significativo de las exportaciones de gas natural a concretarse en los próximos años. Observando que solamente el 40% de la población dispone del servicio del gas natural por redes y considerando que países de desarrollo avanzado, como Estados Unidos y Canadá -que incluyen en sus planes estratégicos el concepto "seguridad"- estiman imprescindible contar con un horizonte mínimo de 25 años, las reservas argentinas son manifiestamente insuficientes y demuestran que no estamos internamente abastecidos, contrariando la opinión interesada e irresponsable de petroleros y funcionarios. El autoabastecimiento de petróleo no se mide por el corto plazo de un año y el de gas no puede estimarse logrado olvidándose que el 60 % de los habitantes no dispone de las ventajas que su uso le brinda, en su calidad de vida y nivel de ingresos.

Desde el punto de vista legal, las exportaciones resultan violatorias de las leyes de Hidrocarburos 17.319 y de la Industria del Gas 24.076, que privilegian la satisfacción de la necesidades del mercado interno. Asimismo, transgreden disposiciones de la Constitución Nacional, que, en su art. 41, obliga "a la utilización racional de los recursos naturales" y dispone que todas las actividades productivas deben satisfacer "las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras". Es opinión generalizada entre quienes no viven de las petroleras, que en el sector de los hidrocarburos estamos padeciendo una explotación depredatoria e irracional de los yacimientos, regida por criterios eminentemente financieros y lucrativos. En resumen, a la falta de autoabastecimiento, se agrega la afectación de la calidad de vida de las generaciones futuras y, por consiguiente, el derecho a las exportaciones de hidrocarburos debe ser considerado como una medida temporaria, sólo aceptable en razón de la gravedad de la actual crisis.

Las petroleras y el golpe de mercado

Sólo desconociendo la conducta de las petroleras desde mediados de la gestión de Alfonsín, pueden llegar a sorprender sus recientes actitudes. Conocidos los lineamientos de la ley, pusieron en ejecución toda su capacidad de persuasión. La simple observación de lo sucedido nos retrotrae a los meses del gobierno de Alfonsín: con la finalidad de torcer la voluntad del nuevo gobierno comenzó a gestarse un golpe de mercado. Sus actores son conocidos: gobernantes y embajadores de países extranjeros, políticos locales apátridas e interesados, comunicadores sociales entendidos en este nuevo golpismo, empresarios criollos especialistas en lobbying, asociaciones civiles supuestamente apolíticas que alertan sobre la desaparición de fabulosas inversiones, etc. Así tenemos para destacar que:

a) Durante su tratamiento parlamentario, sin sorpresa, pudimos escuchar recitar el discurso de los petroleros a los legisladores de las provincias productoras y a los pertenecientes a un nuevo agrupamiento político que dice ser alternativo e igualitario; creo que los representantes de la izquierda, de reconocida honestidad, en esta ocasión votaron equivocadamente.
b) En cuanto a presiones respecta, observamos las insolentes e interpartidarias provenientes del Reino de España -los revividos "maturrangos" que tanto despreciaba José de San Martín- encarnadas en Felipe González y José M. Aznar, a las que últimamente se sumaron las del principal gestor en el copamiento accionario de YPF S.A. por parte de Repsol: el Rey Juan Carlos I de Borbón. No fueron las únicas presiones, pues también se agregó el gobierno socialista francés en defensa de sus empresas del sector, tanto privadas como estatales. Naturalmente, no podían estar ausentes los "new matourrangous", que por medio del fraudulento y petrolero presidente George Bush, al igual que su par español, se permitió aconsejarnos para superar la crisis, la aplicación de medidas similares a las que nos llevaron a ella. El 27/01/02 el editorialista de Clarín Eduardo van der Kooy señala que en la dureza del FMI "podría estar pesando la influencia de España y Francia, cuyas empresas en la Argentina han sentido el impacto del nuevo rumbo".

No está de más aclarar, brevemente, la importancia que tiene para el Reino de España en general y para Repsol en particular, la evolución de la situación argentina. La medida de la dependencia y extranjerización de la economía nacional, surge de observar el Balance de Pagos, es decir, la cuenta caja de las relaciones comerciales internacionales. Aproximadamente 8.000 millones de dólares anuales salen hacia el exterior en concepto de utilidades, regalías, etc.; ese importe representa más de la mitad de los US$ 14.000 millones que se remitían en concepto de intereses y amortizaciones de la deuda externa, antes de la extraña cesación de pagos dispuesta por el presidente Rodríguez Saá. La mayoría de los US$ 8.000 millones corresponden a las empresas privatizadas y más de la mitad a las cuatrocientas empresas españolas radicadas en la Argentina. Sólo Repsol aporta US$ 1.600 millones y Telefónica supera los US$ 500, sin contar Endesa, Gas Natural Ban, los Bancos Francés y Río, etc.

Por su parte, Repsol atraviesa una situación delicada: tiene una deuda de aproximadamente US$ 19.000 millones con vencimientos de US$ 5.300 millones en el año 2002. Ha calculado que el Derecho a las Exportaciones la afectará en US$ 400 millones e ignora, entre otras cosas, como podrán evolucionar sus precios locales, ni a que dólar le reconocerán sus exportaciones, ni siquiera sabe si podrá remitir sus utilidades a España. Uno de sus principales accionistas y acreedores, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), a través de sus subsidiarias, también tiene sobradas y serias inquietudes por la evolución de la situación argentina.
c) Padecimos, por suerte por pocas horas, un brutal aumento del precio del gasoil dispuesto por Repsol-YPF que, de concretarse, por su incidencia en los productos agrícolas y el transporte, hubiera tornado incontrolables los incrementos de precio derivados de la devaluación y profundizado la justificada agitación social. También fue común escuchar amenazas empresarias de todo calibre, tales como la suspensión de los teóricos y nunca concretados planes de inversión, el retiro del país de las empresas más importantes, el descuento del derecho en las liquidaciones de las regalías y el cierre de los yacimientos menos rentables.

Cada una de estas advertencias merecen comentarse.

1.- Cierre de los yacimientos menos rentables. Previamente, ya comenzaron con los despidos y suspensiones, en especial en la Cuenca del Golfo San Jorge. La ajuricidad que reina en el sector de los hidrocarburos, hace que las provincias petroleras se crean las propietarias indiscutidas del subsuelo, cuando en realidad sólo poseen el dominio originario que no les otorga la jurisdicción sobre los yacimientos, pues ésta, por disposición de las leyes de Hidrocarburos 17.319 y de Federalización del Subsuelo 24.145, sigue en manos del Estado nacional, hasta tanto se sancione una nueva ley de Hidrocarburos.

Por su parte, los concesionarios de producción se han apropiado de las reservas y disponen libremente sobre ellas. La ley 17.319 sólo les otorga la libre disponibilidad de los hidrocarburos extraídos, pero no de las reservas. Nada impide, entonces, que la SE disponga cuánto debe producir cada una de las áreas, regulando de esta forma la actividad interior, las exportaciones y, por supuesto, si lo desea, también los precios.

Queda claro que, haciendo realidad la visión estratégica que tenían en su momento Yrigoyen, Mosconi, Alvear, Perón, Canessa, Illia e incluso el mutante Arturo Frondizi, los hidrocarburos deben ser administrados por la Nación, ya que las provincias no pueden ejercer ningún poder sobre las petroleras, ni tampoco podrían participar en eventuales reuniones internacionales donde se trate el tema de los hidrocarburos. Es más, en manos de algunos gobernadores son una inagotable fuente de negociados, cuyo último ejemplo lo constituye la prórroga de la concesión del yacimiento gasífero gigante de Loma de la Lata.

2.- Suspensión de millonarias inversiones. En realidad, en la industria de los hidrocarburos las únicas inversiones de real riesgo son las exploratorias, pues en ellas existe el llamado riesgo minero. Son, justamente, esas inversiones las que no se han realizado en la Argentina desde la privatización de YPF, donde, además, la llegada de Repsol, las ha reducido a su mínima expresión. Uno de los indicadores utilizados para medir las inversiones en exploración son los metros perforados: en 1993 se concretaron 300.448 m, correspondiendo a YPF S.A 123.438 m; esas cantidades marcan el récord de la etapa desregulatoria; en el año 2000, el metraje bajó a 98.974 y 24.847. Tales números representan menos de la mitad del promedio de Y.P.F. estatal entre los años 1983 y 1989.

La compra de yacimientos desarrollados, realizada a precios irrisorios que no cubrían ni siquiera los mencionados gastos necesarios para ponerlos en funcionamiento, no son inversiones genuinas. El sensible aumento de la producción requirió gastos de desarrollo concretados en yacimientos ya descubiertos por YPF pública, como es el caso de Rincón de los Sauces y Huantraico. Los US$ 1.800 millones de inversiones en exploración y producción de petróleo que esgrimen las petroleras para el año 2001 son falaces e indemostrables. La actual caída de la producción de petróleo se debe a la falta de inversiones en exploración y, por supuesto, a la explotación intensiva a que fueron sometidos.

Repsol "invirtió" 15.500 millones de US$ en la compra del 99% del capital social de YPF SA, pero los activos productivos son los mismos que operaba YPF estatal. En realidad la infraestructura petrolífera y gasífera es la misma de 1989; solamente se agregaron ductos para las ventas al exterior.

Las cifras sectoriales y millonarias que se manejaron, tanto en el Plan Quinquenal elaborado por Carlos Menem en las postrimerías de su mandato, como en el Plan de Infraestructura anunciado en los inicios del gobierno de De la Rúa, además de estar calculados al voleo, jamás se concretaron, ni siquiera en una mínima parte. Vale recordar que superaban los 3.500 millones de US$ y eran prácticamente similares.

Por consiguiente, resulta absurdo que los mismos empresarios que no invirtieron, amenacen con dejar de hacer lo que nunca concretaron. La responsabilidad no es de ellos solamente, sino de quienes, en ejercicio de funciones públicas, les creen, ya sea porque carecen de la necesaria idoneidad requerida por la Constitución o por otros motivos moralmente inaceptables.

Desde un punto de vista jurídico, cuesta comprender cómo ciertos grupos empresarios del sector, que presentan una situación jurídica insostenible, se atreven a presionar a las autoridades, advertencias incluidas. Así se entiende el porqué de la permanencia de la actual Corte Suprema: es funcional al modelo neoliberal aplicado porque éste requiere, indefectiblemente, de un alto grado de corrupción y el actual tribunal garantiza impunidad. El análisis detallado de las anormalidades jurídicas no es motivo de este trabajo, pero sí cabe destacar las más evidentes, tales como: a) la acumulación simultánea de más de cinco concesiones de explotación y también de igual número de permisos de explotación, prohibidas expresamente por los Arts. 25 y 34 de la ley de Hidrocarburos. Como ejemplo de concesiones de explotación, tenemos que Pérez Companc posee 19, Pan American Energy (Amoco y Bridas) 11, la francesa Total 6, Tecpetrol (Techint) 8, Pluspetrol 9, la estadounidense Pioneer Nat. Resources 9, sus connacionales Vintaje Oil y Chevron-San Jorge 15 y 10 respectivamente, Astra Capsa 15 e YPF 30 (en éste caso, son legales sólo las recibidas con motivo de la ley de Privatización 24.145; b) salvo YPF , casi todos los demás accedieron a la categoría de concesionarios de explotación a través de la "conversión" o "reconversión" (términos impuestos por el ministro Roberto Dromi) de sus anteriores contratos de locación de obras y servicios, modalidad que la ley no contempla, considerándolos, en su artículo 79 inc. c) como "absolutamente nulos".
3.- Deducir del valor adoptado para calcular las regalías, el importe correspondiente al Derecho a las Exportaciones. Las regalías se liquidan sobre la base del valor contractual. Este surge de un convenio aceptado por todos los sectores: se toma el precio internacional y se le resta el valor del flete desde el Golfo de México hasta Ensenada (paridad de importación). A ese valor, de acuerdo con la ley 17.319, sólo se le debería deducir el flete para trasladarlo hasta el lugar previamente definido como boca de pozo y aplicarle el 12%. En la realidad, el poder de las petroleras y la debilidad de las provincias productoras, hace que el descuento sea mucho mayor y terminen pagando el 6 ó 7 % de la paridad de importación. Asimismo, la ley de Hidrocarburos obliga a la SE a fijarlo mensualmente, cosa que en la actualidad no hace, sin olvidar que, oportunamente, esa misma Secretaría determinó que los descuentos, en ningún caso, podrían superar el 3 por ciento.
Dado el supuesto de que se abonara el 12 % sobre el precio internacional sin deducción del flete hacia la Argentina, ese porcentaje es, en nivel internacional, significativamente bajo. Hasta puede afirmarse que no llega al tercio de los habitualmente aplicados. Si consideramos que por regalías sobre el petróleo y el gas las provincias productoras perciben, aproximadamente, US$ 1.000 millones anuales (770 de petróleo y 230 de gas), y pensamos que estamos en presencia de un bien no renovable, estratégico y escaso, no resultaría descabellado elevar, por ejemplo, al 36 % el porcentaje a aplicar, compartiendo el incremento entre las provincia y la Nación, en razón del dominio originario del subsuelo que ostentan las primeras, y de las inversiones que realizó la Nación, a través de Y.P.F estatal, para descubrirlos y desarrollarlos. Estamos hablando de un aumento de recursos cercano a los US$ 2.000 millones al año, que no es un dato menor, pues siendo el derecho creado con afectación específica al sistema financiero, destinado a compensarlo por los quebrantos que les ocasione la pesificación uno a uno de sus créditos otorgados en dólares, el incremento podría destinarse para resarcir a los acreedores de los préstamos concretados fuera del circuito regido por el Banco Central. Éstos últimos son, en volumen y número, superiores a los primeros, circunstancia que demuestra otra faceta del fracaso del sistema financiero neoliberal aplicado.

Como se puede apreciar, la incidencia directa e indisoluble del nuevo tributo sobre la determinación de las regalías, no existe, pues son dos valores distintos e independientes. Y si se creara una relación por parte de los petroleros, la SE tiene el poder legal para deshacerla, simplemente determinando que las regalías se calculan de acuerdo con la ley 17.319 y sus modificatorias, mientras que el derecho se rige por las normas tributarias que la AFIP establezca.
4.- Incentivado por el empresario petroheladero nativo más importante del sector, Pérez Companc, presenciamos la desaforada defensa de las compañías petroleras, especialmente de Repsol-YPF, realizada por Carlos Menem y los infantiles y sofisticados argumentos esgrimidos por los gobernadores de Neuquén y Chubut, que luego de actuar como abrepuertas de las empresas ante el presidente de la Nación, pusieron en su boca conceptos que éste jamás había vertido.

Cuadro Nº 1 (millones de dólares)

CONCEPTO EXPORTADO 40% 20% 10% 5%
Total de petróleo, gas y petroquímica: 5.183 2.073 1.037 518 259
Petróleo, gas natural y procesados Subtotal 4.394 1.757 878 439 220
I- Petróleo crudo 2.844 1.138 569 285 143
II- Gas natural 343 137 69 35 18
III- Productos procesados 1.207 483 242 121 61
Petroquímica Subtotal 789 316 158 79 40
Materias primas 331 132 66 33 17
Básicos e intermedios 84 34 17 8 4
Productos finales 374 150 75 38 19

Análisis del derecho a las exportaciones de hidrocarburos
El préstamo patriótico y el anticipo devaluado

Una vez aprobada la ley, en conocimiento de que la tasa en estudio sería del 20%, los petroleros realizaron un extraño cálculo y estimaron que, sobre un promedio anual de exportaciones de US$ 3.500 millones, deberían desembolsar en el quinquenio, un importe similar, a razón de US$ 700 anuales. Sabedores de las urgencias financieras gubernamentales, ofrecieron en canje por el derecho, un préstamo de aproximadamente US$ 1.400 millones que, obviamente, generaría altos intereses. Estaban siguiendo la misma mecánica aplicada por los empresarios en los "empréstitos patrióticos" de las gestiones de Menem y De la Rúa. De acuerdo con su costumbre, no consideraban necesario modificar la ley: bastaba con un simple decreto. Trataban de repetir la historia de los tres decretos desregulatorios de 1989 (1.055; 1.212 y 1.589), que, con el pretexto de reglamentar algunos de sus artículos, modificaron sustancialmente las leyes de Hidrocarburos 17.319 y de Reforma del Estado 23.696.

Ante el rechazo de la propuesta por parte del PE, de inmediato, ofertaron adelantar en los próximos 40 días, un importe US$ 1.500 millones en concepto de anticipo impositivo, que tendría carácter de pago único. Según sus manifestaciones, el anticipo surge de determinar el valor actual de los US$ 3.500 millones que deberían abonar en el quinquenio. La tasa utilizada para el cálculo resulta, en principio, tan disparatadamente elevada como inaceptable.

Estimaciones presupuestarias y otras posibilidades recaudatorias

Informaciones periodísticas dan cuenta de que Repsol-YPF habría fracasado en su intento de lograr la designación de un director en representación del Estado, cercano a los grandes bancos españoles radicados en el país y relacionado con el Ministerio de Economía y con sectores neoliberales de la UCR. Además, informan que los estimaciones realizadas para el Presupuesto 2002, calculan la recaudación del derecho en US$ 600 millones, lo cual surge de aplicar una tasa del 20% sólo sobre las exportaciones de petróleo crudo, excluyendo al gas (exención no contemplada en la ley), a los derivados y a los productos petroquímicos.

Como dato histórico, recordemos que hasta julio de 1989 solamente se exportaban pequeñas cantidades de productos procesados excedentarios del mercado interno, especialmente fuel-oil, e ínfimas cantidades de petróleo crudo en concepto de pago por la construcción del Gasoducto Neuba II. El derecho de exportación era del 40 %. También se exportaban productos petroquímicos básicos, excedentes del consumo local, mayoritariamente elaborados por la estatal Petroquímica General Mosconi SA, por un valor aproximado de US$ 200 millones anuales.

De acuerdo con los datos del INDEC para el año 2000, el periodista especializado Edgardo A. Silveti publicó en Petrotecnia (la Revista del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas), un trabajo titulado "Uno de cada cinco dólares que la Argentina exporta surge del complejo productivo petróleo-petroquímica". En uno de sus cuadros muestra el siguiente detalle, expresado en millones de dólares, al que, con la finalidad de formar una idea de los valores que están en juego, hemos completado con varias alícuotas, para que cada uno pueda realizar sus propios números. En principio, las cifras del año 2001 deberían ser apenas menores, ya que recién después del atentado a las Torres Gemelas los precios sufrieron una baja cercana al 20%. Así tenemos el cuadro Nº1.
Un ejemplo podría ser gravar con el 40% al petróleo crudo y al gas natural, con el 20% a los productos procesados y materias primas petroquímicas, con el 10% a los básicos e intermedios y con el 5% a los finales. En el cuadro, la tasa va disminuyendo de acuerdo con el valor agregado nacional que se incorpore al bien a exportar. La recaudación final del ejemplo alcanzaría a los US$ 1.609 millones, bastante más que el cálculo para el Presupuesto 2002.

En cuanto al valor base para calcular el importe a pagar, debe ser el real de la venta, sin deducción alguna y aforando los precios (valores de transferencia) cuando las operaciones se lleven a cabo entre empresas del mismo grupo, como Repsol-YPF, por ejemplo.

Impuesto al Crudo Procesado

No debe descartarse la posibilidad de reimplantar el Impuesto al Petróleo Crudo Procesado en refinerías nacionales. Es imprescindible recordar que al momento de iniciarse la era Menem, las leyes 17.574 y 19.287 gravaban con un 5% cada una a los crudos refinados. Bajo la teoría imperante de que el bien más contaminante, no renovable y escaso -el petróleo- debía financiar a otras fuentes alternativas o sustitutivas, menos contaminantes y renovables, los fondos recaudados se destinaban a la construcción de grandes emprendimientos hidroeléctricos.

A través de uno de los llamados decretos desregulatorios -el 1.055/89- se fijó en el 0,1% la correspondiente alícuota, que fue finalmente eliminada varios años después mediante la ley 23.966. Dejando de lado que la cesión de este impuesto a las refinadoras significó, en promedio, unos US$ 400/año, y observando que en el año 2000 se procesaron 30.200.000 m3 de petróleo y que el precio promedio del petróleo en el mercado local fue de US$ 176 el m3 (US$ 28/barril), tenemos que el valor procesado ascendió a US$ 5.315 millones; aplicando una tasa del 10% recaudaríamos US$ 531,5 millones. Como 2002 permite vislumbrar un promedio de US$ 20 el barril, es decir, US$ 126 el m3, y suponiendo que el volumen procesado se mantenga, la probable recaudación llegaría a US$ 380 millones.

Derecho a las importaciones de hidrocarburos y productos derivados

En 2002, la Argentina importó hidrocarburos por un total de US$ 584.436.700, de los cuales los más importantes son los US$ 258 millones de petróleo y los US$ 121 millones de gasoil. Excluyendo al gasoil, en razón que somos deficitarios en su producción, y por la importancia que tiene para el agro y el transporte, podrían gravarse US$ 463 millones, que con una alícuota promedio del 10% permitiría ingresar a la Tesorería, aproximadamente US$ 46 millones.

Regalías y canon

El tema de las regalías fue tratado anteriormente y en la hipótesis adoptada el aumento a obtener podrían oscilar alrededor de los US$ 2.000 millones/año. De acuerdo con la ley 17.319, los concesionarios de explotación y los permisionarios de exploración deben abonar a la S.E. un canon anual de, aproximadamente, US$ 400 por km2; el importe es irrisorio y podría triplicarse tranquilamente. Ligeramente, por falta de datos actualizados, estimamos que la recaudación podría alcanzar a los US$ 200 millones.

Posicionamiento ante las empresas petroleras

Es probable que ante la sola lectura de algunas de las propuestas aquí esbozadas, las empresas manifiesten, airadamente, que se retirarán del país, que devolverán las áreas, etc. La realidad es que pretenden ubicarse mejor para cualquier tipo de negociación futura; jamás se retirarán por su propia voluntad y, con seguridad, antes de hacerlo tratarán de volver a su rol de contratistas del estado. Actualmente pocas cosas beneficiarían más a los argentinos que el alejamiento de estos grupos empresarios mayoritariamente multinacionales; recuperaríamos poder y riquezas. Asimismo, aprovechando la propiedad de las reservas por parte del Estado nacional, y la cantidad de excelentes profesionales y técnicos -ex ypefianos, hoy desocupados- la creación de una petrolera estatal no ofrecería mayores dificultades.

Muchos compatriotas, incluso en los actuales momentos de crisis, temen afrontar circunstancias como las señaladas. Todavía es muy fuerte la creencia del fracaso del estado empresario. Como ejemplo podemos citar que economistas prestigiosos e independientes como los autores del Plan Fénix, que tienen una visión integral y acertada de los problemas de nuestra economía, terminan aceptando la irreversibilidad de las privatizaciones y, al igual que los liberales, adscriben a la teoría regulatoria, que en este caso consistiría en la creación de un Ente Federal de Hidrocarburos, que se encargaría de poner en regla a las petroleras.

Conclusiones

El gobierno del presidente Duhalde tiene las herramientas para comenzar a cambiar la historia de nuestra decadencia, que es sinónimo de recuperación del carácter de nación soberana. Su legitimidad no dependerá de las formalidades de su elección, sino de la aceptación que su gestión genere en el pueblo.
Para un gobierno al que en menos de veinte días los banqueros le hicieron abandonar la única promesa concreta formulada ante la Asamblea Legislativa, la forma de aplicación del Derecho sobre las Exportaciones de Hidrocarburos clarificará el camino futuro: cede ante el establishment petrolero o privilegia los intereses populares.

Vienen al caso las palabras que el Che Guevara le escribía a su madre: "Mi más completa decepción se produce frente a algunas situaciones ni fu ni fa, de las cuales creía que se podía sacar algo. Ahora me convencí terminantemente de que los términos medios no pueden significar otra cosa que la antesala de la traición", como también las de Arturo Illia: "Ningún país puede pensar en desarrollarse sobre bases coloniales". Hoy, mal que nos pese, la Argentina es una colonia.

La Plata, 27 de enero de 2002
Nota de actualización al 14 de febrero de 2002

Dos diarios de la fecha tratan el tema del Derecho a las Exportaciones de Hidrocarburos. El Cronista, en tapa, subtitula "El gobierno confirmó un gravamen del 20 por ciento para la exportación de petróleo" y "El Ejecutivo sorprendió a las petroleras, con las que había acordado un impuesto de 8% sobre la producción", agregando en la nota lo siguiente: "Luego de 40 días de negociación con petroleras y de consensuar un impuesto de 8 % sobre la producción...". Por su parte, Clarín, bajo la firma de Marcelo Cantón, titula "Arrancan retenciones al petróleo"; del contenido de la noticia se pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) las empresas fueron sorprendidas en su "buena fe petrolera", pues estaban dispuestas a pagar, solamente, un importe quinquenal que oscilaba entre los US$ 1.200 a 1.500 millones;
b) el lobby petrolero, practicando su propia concertación, había consensuado otro proyecto de ley que estipulaba un impuesto del 8 % sobre el total de la producción que, según las empresas, permitiría recaudar US$ 350 millones anuales, evitando las distorsiones del derecho a las exportaciones;
c) los consensuadores gubernamentales eran el presidente, el jefe de gabinete de ministros, el ministro de Economía y los gobernadores de las provincias petroleras y algunos legisladores;
d) no puede dejar de considerarse la presentación judicial del Dr. Monner Sans, requiriendo la citación del presidente de la Nación por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ocasionado en la demora en la puesta en vigencia de las retenciones establecidas por la Ley de Emergencia Pública 25.561.

Con los riesgos que implica, a causa de la información limitada que se dispone, pueden efectuarse algunos comentarios, dando por sentado que se gravará toda la producción, entendiendo por tal a los hidrocarburos extraídos, aunque por la cifra anual que manejan los empresarios, podría inferirse que sólo considerarían al petróleo, valorizado con la "calculadora petrolera", que es distinta a la nuestra. Estimo que en la decisión gubernamental han incidido, además de la presentación judicial citada, otros factores, a saber:

1) El primero es el rechazo del FMI y del Tesoro de Estados Unidos al proyecto de Presupuesto 2002; en esencia, le critican que no se han contemplado gastos de significación, como los que se derivarán de las compensaciones ocasionadas por la pesificación; también solicitan una reforma impositiva integral.
2) El segundo tiene relación con los precios internos, sobre los cuales un incremento de los combustibles provocaría una situación gravísima, prácticamente insostenible.

El sector del justicialismo impulsor del derecho a las exportaciones de hidrocarburos, lo justificaba diciendo, entre otros argumentos, que su aplicación importaba capturar una parte de una renta extraordinaria nacida por la devaluación; para ellos allí terminaba la cuestión, porque, además, para mayor abundamiento, la casi totalidad de sus costos son en pesos y, como recibieron los yacimientos a precio de regalo y no invierten en exploración, esa franja del costo total que representan los costos de exploración, son, para "nuestros" petroleros, una ganancia neta. Pero los petroleros, para contrarrestar ese razonamiento, buscaron siempre generalizar el problema, incluyendo a todas las áreas que integran el ciclo económico de los hidrocarburos: cerrar yacimientos, despedir gente, suspender inversiones, abandonar el país, bajar las regalías, aumentar los precios, etc...; la proyectada ley que gravaba con el 8 % a la totalidad de la producción, les otorgaba un argumento de peso para trasladar el impuesto a los precios del mercado local que, por otra parte, es la alternativa que tienen, pues a causa de la mecánica vigente desde julio de 1989, la formación de los precios externos resulta en un 100 % ajena a compañías petroleras que desarrollan sus actividades en un país cuya producción anual no alcanza a la media diaria de Arabia Saudita.

Notas
* Ex subsecretario de combustibles de la Nación durante la presidencia de Raúl Alfonsín (dic. 83/abril 86). Vicepresidente de la Fundación Arturo Illia, en la cual dirige el Instituto de Energía e Infraestructura.