Cuando llegan noticias desde los territorios mapuche de la Patagonia es porque ya la fuerza represiva ha hecho de las suyas. Hace un año, ocurría el brutal desalojo del Lof Lafken Winkul Mapu de las tierras de Villa Mascardi, por el cual se detuvo durante ocho meses a cuatro mujeres mapuche y sus hijxs. Esta comunidad ya había sufrido otro desalojo violento en 2017 donde Rafael Nahuel fue asesinado de un tiro por la espalda por Prefectura Naval. Lo que está en pugna es el territorio ancestral y la gestión de los Parques Nacionales está atravesada por esa tensión entre la soberanía de los pueblos originarios, que cumple casi treinta años de reconocimiento constitucional, y un Estado nación que nunca dejó de imponerse.

Dos comunidades elevaron el reclamo ante la justicia de El Bolsón, Río Negro, por trabajadores de capitales extranjeros que pretenden alambrar las altas cumbres para manipular el agua del río Chubut y quedarse con tres lagunas de altura y nieves perennes. Un grupo subió al sitio para resistir la medida. El rol del emir de Qatar y de Mauricio Macri.

Ayer fue detenido Facundo Jones Huala a quien se acusa de ser líder de una organización terrorista, a la que se responsabiliza por múltiples atentados en la Patagonia Argentina. Ninguna de las circunstancias de su detención se corresponde con el mito de la fantasmal organización, el RAM, que desde hace años viene agitando la derecha.

Tras el allanamiento, las detenciones arbitrarias y un derrotero de encarcelamientos que siguen teniendo como como víctimas centrales a mujeres mapuche del territorio recuperado de Lafken Wincul Mapu, en Villa Mascardi, la antropóloga feminista Melisa Cabrapan Duarte, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, evalúa una nueva cacería de brujas y analiza el recrudecimiento de los ataques sobre las comunidades, en lo que considera una vuelta temible a la lógica criminalizante de la Campaña del Desierto.

Los voceros del poder económico y de la derecha política y eclesial buscan aumentar el control del territorio y de la población civil en una fracción del territorio andino patagónico, con epicentro en San Carlos de Bariloche (Río Negro). Este proceso comenzó a manifestarse violentamente con características propias al menos desde 2010.

En un mensaje publicado en Diciembre de 2015, el Presidente Macri anunciaba que “para este gobierno, el reconocimiento de las comunidades indígenas y las políticas hacia los pueblos originarios son políticas de Estado”. Casi dos años más tarde, los fatídicos eventos ocurridos en la Patagonia dan por tierra con el mentado reconocimiento.

Abordando de modo directo y breve lo más conflictivo, debe decirse que los mapuches tienen más derechos históricos, constitucionales e –incluso– legales sobre parte de las tierras por las que pelean en la provincia de Chubut que la latifundista italiana Benetton.