CARACAS, Venezuela.- La agenda socialista del presidente Hugo Chávez está entrando en una nueva fase. Algunas empresas expropiadas son transformadas en compañías financiadas por el gobierno y que son gestionadas conjuntamente por el Estado y cooperativas obreras.

El nombre que ha recibido esta política es régimen de cogestión, y forma parte de la iniciativa de confiscar activos de empresas y tierras "holgazanes". El gobierno ha tratado de vender la cogestión como el siguiente paso de la senda venezolana hacia el socialismo.

Pero este programa -que según Chávez contribuye a "democratizar el capital"- ha espantado a algunos inversionistas y amenaza con socavar la economía del país. Los líderes empresariales temen que esa iniciativa sea la puerta trasera por la cual Chávez quiera llevar el país por una senda similar a la que ha seguido Fidel Castro, un amigo y mentor del presidente venezolano.

La cogestión se inspira en la llamada autogestión que adquirió popularidad en Europa del este durante los años 70 y 80. El primero en imponer este enfoque fue el líder comunista yugoslavo Josip Broz Tito y llevó en última instancia a la creación de industrias dependientes de subsidios fiscales, dejando a Yugoslavia ahogada en deudas.

En el caso de Venezuela, el Estado asegura que a largo plazo (en unos diez años o más) venderá a los trabajadores su participación en las empresas, de manera que éstos pueden asumir pleno control en una economía cogestionada. Casi todas las empresas que han sido absorbidas este año han intentado implementar este enfoque. Pero la estrategia corre el riesgo de convertirse en una estructura de subsidios masivos para empresas débiles, financiada con las por ahora enormes ganancias de la industria del petróleo.

Con la promesa de créditos gubernamentales bajo el brazo, Chávez también está promoviendo esta idea entre las empresas privadas que no cotizan en bolsa. Según este plan, las empresas deben compartir sus ganancias con las cooperativas de trabajadores y darles a éstos un asiento en las juntas directivas. A cambio, recibirán capital de trabajo del gobierno.

También se espera de las compañías que modifiquen sus procedimientos en la junta para garantizar que los trabajadores tengan una participación activa y que dediquen una parte de sus ganancias a programas sociales para las comunidades cercanas.

Los funcionarios de gobierno defienden la cogestión y dicen que tendrá éxito porque el gobierno sólo permitirá que los trabajadores adquieran participaciones en empresas viables. Las empresas cogestionadas deberán cambiar sus procedimientos en la junta directiva de manera que, por ejemplo, un 90% de sus miembros apruebe siguientes rondas de capitalizaciones gubernamentales. La idea es evitar que los dueños privados intenten diluir la participación de los trabajadores.

Casi 200 empresas privadas, en su mayoría pequeñas y con problemas de flujo de caja, se han ofrecido voluntariamente para adoptar la cogestión a cambio de obtener fondos fiscales. Y el equipo de cogestión del gobierno ha aprobado este año planes para 20 de estas compañías. Este año, el gobierno también expropió cuatro empresas que estaban en quiebra y se incautó condicionalmente de los activos de dos compañías sanas. La idea del gobierno es cogestionar todas estas empresas.

Chávez ha prometido que continuará absorbiendo empresas para convertirlas en entidades cogestionadas.

Actualmente, el sistema de cogestión es de naturaleza voluntaria, pero algunos legisladores venezolanos están considerando una ley que impondría esta estructura a las empresas que reciben o hayan recibido algún tipo de incentivo gubernamental. En un país en que el Estado es el mayor motor de la actividad económica, una ley de ese tipo podría cambiar efectivamente la manera en que las empresas privadas conducen sus negocios.

Aun antes de que Chávez llegara a la presidencia en 1999, Venezuela tenía un amplio historial de nacionalizaciones y líderes populistas. Y que el gobierno absorba las pérdidas de negocios que dependen del Estado también ha sido una práctica de larga data. El gobierno de Chávez se está centrando en reconstruir empresas ineficientes en industrias clave, las que habían sido privatizadas en gobiernos anteriores. Por ejemplo, CVG, la empresa de telecomunicaciones manejada por el Estado, ha comenzado a competir con la empresa de telecomunicaciones privada más grande del país, mientras que una nueva aerolínea del estado, Conviasa, reemplazaría a la fracasada línea aérea Viasa.

La mayoría de las empresas privadas que ha adoptado el modelo de cogestión aún no ha comenzado a producir y sólo está en operaciones una empresa controlada por el Estado. Invepal, una papelera expropiada en enero y que es considerada la compañía insignia de la cogestión, ha recibido hasta ahora US$ 7 millones del gobierno. La empresa se sometió a las leyes de bancarrota a fines de 2004 y su planta principal opera actualmente a 30% de su capacidad.

Los trabajadores de Invepal, que controlan un 49% de la empresa, decidieron ahora aumentar la producción y los salarios. La mayoría de ellos gana actualmente casi el doble de lo que ganaba bajo la gerencia anterior, dice Alexis Hornebo, un maquinista de 42 años que encabeza la cooperativa de trabajadores de Invepal.

Venezuela carece de datos fidedignos respecto de la inversión extranjera, pero la constante intromisión de Chávez en la economía, y en especial su plan de cogestión, ha despertado el nerviosismo de las compañías extranjeras que tienen intereses en este país.

Christophe Nicoli, jefe de la unidad local de Lafarge SA, una empresa francesa de materiales de construcción, teme que la cogestión perjudique a los proveedores y pequeños clientes de Lafarge.

La compañía limitará sus inversiones a US$ 5 millones al año, que es el mínimo necesario para mantener las operaciones de cementos en su nivel actual, hasta que la construcción se recupere. "La posible ley sobre la cogestión es una razón para preocuparse. El gobierno debe manejar esto con cuidado", asegura.

Los líderes empresariales locales, conscientes de las tendencias antinegocios de Chávez, también están evitando las grandes inversiones. Por más de tres años, las inversiones en las plantas industriales se han mantenido bajas. Un 82% de ellas planea invertir lo mínimo necesario para mantener los actuales niveles de producción, según arroja un estudio realizado durante el tercer trimestre por el gremio comercial manufacturero Conindustria.

Hasta dónde presionará Chávez para implementar su agenda socialista, es aún una pregunta abierta. Pero encuestas recientes muestran que muchos venezolanos rechazan el modelo cubano. El presidente dice que su gobierno no intenta copiar el sistema comunista de Cuba o violar los derechos de propiedad privada. Pero sí ha prometido crear un nuevo sistema socialista para el siglo 21.

Y hay quienes acogen su agenda. En Pulplus, una nueva compañía de pañales y pionera de la cogestión, los trabajadores y otros accionistas deben estar de acuerdo en todo, desde los niveles de producción hasta despidos.

De hecho, Yossi Anidja, el máximo ejecutivo, no puede despedir a miembros ineficientes de la cooperativa de trabajadores. "Puedo sugerir que alguien sea despedido y luego podemos ponernos de acuerdo al respecto", dice.

Para proteger los derechos recientemente adquiridos y garantizar la viabilidad del negocio, un representante del gobierno se mantiene en contacto con la compañía a diario.

La producción de Pulplus aún está en sus niveles iniciales y también la iniciativa de cogestión. Anidja admite que muchas soluciones son improvisadas y que el involucramiento del gobierno es clave. Si los trabajadores y dueños discrepan, por ejemplo, el gobierno casi siempre tratará de facilitar una solución.

Pero Anidja, un inmigrante marroquí de 48 años, es un firme creyente de ese sistema. "Hoy puedo irme de vacaciones tranquilo, porque toda mi gente trabaja para hacer dinero como lo hago yo", dice.