El documento titulado "A 46 años del golpe genocida, reafirmamos la lucha", se apuntó a los "responsables económicos, grupos empresariales y militares, que contaron con el apoyo eclesiástico y de la corporación judicial".

En vísperas de la conmemoración 46° del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia. La entidad vuelve a decir Nunca Más al quiebre del orden democrático, la persecución, el genocidio, la censura y la muerte: todo lo que significó el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional liderado por las juntas militares junto con sus cómplices de las cúpulas eclesiástica, judicial y empresarial, local y extranjera, de las finanzas y el “campo” latifundista.

Antes del golpe de 1976, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tenía unos 5000 trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos. Todos esos datos comienzan a ser revisados en una nueva causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.