Sin vueltas: robar está mal. En la vida privada y en la pública. En la calle y en el Estado. Pero, en política, hay momentos en que además de un acto que va contra la ética y contra el Código Penal, robarse el dinero público puede ser un acto suicida. Políticamente suicida. Más aún para fuerzas que invocan la defensa de los intereses populares y que gobernaron mediante la extensión de derechos sociales y no a través de su restricción.