Se señala a muchas grandes empresas de alimentos, bebidas, consumo masivo y supermercados de aumentar precios, despedir personal, suspender turnos, no invertir y subir importaciones. Se estudian más controles.

Hace un año, este colectivo se pronunció de manera crítica ante los primeros esbozos de un programa económico neoliberal en lo económico y conservador en lo político.

Los y las abajo firmantes, intelectuales, artistas, defensores de DDHH, comunicadores y referentes políticos y gremiales del mundo entero, manifestamos nuestra más plena solidaridad con el pueblo argentino, que enfrenta las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.

Desde diciembre de 2015 a la fecha, las políticas implementadas en la Argentina han generado más de 190.000 despidos y cerca de 40.000 suspensiones, lo que constituye el mayor y más intenso deterioro de las condiciones de trabajo desde la crisis de la Convertibilidad, y el primer evento de esta naturaleza que se verifica en nuestro país en ausencia de crisis o golpes de Estado.

El informe señala que respecto de los conflictos que implicaron a ambos sectores (trabajadores estatales y privados) se destaca la movilización por Tierra, Techo y Trabajo y la marcha Federal que realizaron las dos CTA junto a organizaciones de trabajadores desocupados y sindicatos adheridos a la CGT, y los paros y movilizaciones en las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Misiones, Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que impulsaron gremios estatales y privados.

El relevamiento presentado para el mes de agosto arroja interesantes conclusiones.

En primer lugar, en agosto se mantiene la cantidad de despidos y suspensiones en cantidades similares a las de los últimos meses. Mientras que en junio se produjeron 11.721 casos, en julio fueron 15.137 y este mes sumaron 13.658.

El nuevo ciclo de endeudamiento externo público y privado comenzó con 26.710 millones de dólares en apenas tres meses. Se suman otros 5000 millones de dólares recibidos por el Banco Central en un préstamo de corto plazo, con una garantía de 10 mil millones en bonos públicos. Más otros 1489 millones en Letras del Tesoro a corto plazo. El saldo en un solo trimestre alcanzó los 33.199 millones de dólares. Ese monto seguirá aumentando en lo que queda del año. Esta semana habrá una nueva ronda de esas Letras en dólares a 3, 6 y 8 meses, y el plan del blanqueo de capitales de por lo menos 20 mil millones de dólares, según estimaron funcionarios de Hacienda y Finanzas, tiene previsto que una parte se canalice a través de la emisión de títulos públicos a tres y cinco años.

El inmenso esfuerzo social de cancelación neta de deuda iniciado con el pago al FMI, en enero de 2006, proceso que se extendió hasta el final del anterior gobierno, dejó el terreno despejado para que un gobierno conservador pudiera desplegar lo que mejor sabe hacer: endeudamiento gigantesco para maquillar el descalabro fiscal autoinfligido y para abordar la debilidad del sector externo por el déficit comercial y la constante fuga de capitales. Así fue durante la dictadura militar, en la década del noventa con la convertibilidad y ahora en el gobierno de Macri.

Mientras las tensiones sociales amenazan con bloquear el país y el gobierno sigue negándose al diálogo y la negociación, su propuesta de legislación laboral se revela cada vez más como lo que es: una metedura de pata terrible, uno más de un periodo presidencial perdido, y tal vez el más grave. El gobierno nos quiere hacer creer que paga el precio por ser reformador, y que tiene que luchar solo contra el conservadurismo. La verdad es muy diferente: en este tema, como en otros antes, quienes ostentan el poder multiplican sus improvisaciones, mentiras y chapuzas.

En pocos meses el gobierno de Cambiemos ha desmontado gran parte de los avances logrados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina en doce años. La brutal devaluación, acompañada por la eliminación de las retenciones y una rebaja del 5 % a la de la soja (en un plan plurianual para eliminarla totalmente) se tradujo en un salto inflacionario que erosiona los salarios reales. Por otro lado ha iniciado un plan de reducción de personal en el Estado con claros fines persecutorios y de disolución de organismos de control y promoción social, al tiempo que da una señal al sector privado para que haga lo propio. El veto a la doble indemnización es una luz verde para continuar con esa política.