La familia del albañil que desapareció luego de testificar contra Etchecolatz halló textos donde relata los años en que estuvo detenido durante la dictadura; son exhibidos en La Plata

Los números redondos suelen tener un impacto especial. Quizás esta sea solo una de las razones que explican la enorme cantidad de personas que se movilizaron en las marchas realizadas en 1986, 1996 y 2006 para conmemorar el aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo, y la multitud que se espera para este año, a 40 años del inicio de la dictadura. «Creo que la más grande de las marchas fue la de 1996, que fue cuando nosotros, como organización H.I.J.O.S., participamos por primera vez junto con Madres y Abuelas», destaca Raquel. «Me acuerdo de que en plena década neoliberal, con los genocidas en la calle por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos, había movilizaciones no solo pidiendo justicia, sino también por los despidos, por otros derechos, por todo, pero la de ese 24 fue multitudinaria».

Estaba la madre, dolorosa, al pie de la Cruz donde su hijo agonizaba.

Estaban las madres de la plaza pidiendo sin tregua por sus hijos desaparecidos.

El 27 de enero, a los cuatro meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el asesinato de otros cuatro, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, repitió los argumentos, versiones y testimonios ya presentados el 7 de noviembre de 2014. Con un agregado: ahora los declaró “verdad histórica”. Con esta presentación pretende cerrar el caso, suspender toda investigación y cortar la interlocución con los familiares de las víctimas.

El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni participó de un acto en la Legislatura porteña. Hijos Capital les agradeció “por haber elegido la lucha, por ser valientes, por habernos enseñado que lo imposible sólo tarda un poco más”.

Durante un homenaje que tuvo lugar en la exEsma, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, afirmó que la organización de derechos humanos es un ejemplo de que "pelear por lo que uno ama es la mejor manera de vivir" y consideró que su creación el 30 de abril de 1977 "constituyó la fecha de parto de la democracia moderna de nuestro país". A través de una carta, la agrupación HIJOS les agradeció "habernos enseñado que lo imposible sólo tarda un poco más" y "seguir firmes y llenas de amor".

"Junto a estas mujeres queremos ratificar la importancia de que la escuela hable de valores, que pueda reflexionar sobre el pasado reciente, porque este es uno de los caminos educativos", indicó Sileoni durante el encuentro "Vida Siempre", que se realizó en el ECuNHi.

Antes del golpe de 1976, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tenía unos 5000 trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos. Todos esos datos comienzan a ser revisados en una nueva causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.

Dice Guido Prividera que empezó a preguntarse qué pasó en el INTA cuando escuchó las primeras denuncias sobre la participación de civiles durante la última dictadura. “Alguien hizo allí las listas, alguien señaló a mi mamá para que la vinieran a secuestrar, no fueron los militares.” Guido Prividera, sociólogo e integrante de la Comisión de Reparación Histórica del INTA, es hijo de Marta Sierra, una investigadora del área de Ecología del INTA Castelar que fue secuestrada un día después de la intervención del organismo.

El juez Fernando Poviña lo procesó en dos causas. “La cooperación tuvo lugar en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma”, dice el escrito, que también alcanza al ex gerente administrativo Alberto Lemos.

El paso está dado. El juez federal Fernando Poviña procesó al empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier como cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura militar. El procesamiento se hizo en dos causas, cuyas distintas características importan para entender el peso determinante de esta medida.

Ver los fallos de las dos causas por las que se lo procesa:">http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-a223-9690.pdf]
-Aredez
-Burgos">http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-a259-308c.pdf]-Burgos[/url]