Quizá uno de los aprendizajes más importantes del ciclo 2003-2015 es que la profundización de la democracia en los países denominados emergentes, como la Argentina, es una condición de posibilidad para el desarrollo con inclusión social, lo cual contradice la teoría clásica del desarrollo y la modernización. Según esta teoría, el desarrollo económico conduce al desarrollo político y éste a la democracia. Un país debe comenzar por crecer económicamente y transformar sus pautas de organización para recién después encarar las tareas del desarrollo político; o sea, la implantación de una democracia representativa.

Sin embargo, el ascenso y posterior retroceso de gobiernos populistas en América latina durante los primeros años del siglo parece probar lo contrario: que la democracia en los países denominados emergentes o subdesarrollados puede ser la condición para el desarrollo con inclusión social. Pero también que la sostenibilidad de esos procesos -surgidos en contextos determinados por regímenes de acumulación concentradora de la riqueza- está indisolublemente ligada con la capacidad de la sociedad para democratizar la democracia. Es decir, a la activa participación de los ciudadanos en la vida colectiva de la sociedad.

Democratizar la democracia significa impulsar una democracia donde la conquista del gobierno por el voto popular no agota la participación ciudadana sino que, por el contrario, permite generar otro proceso, produciendo dos focos de poder democráticos: uno originario del voto y otro originario de las instituciones directas de la participación. Siguiendo a Carole Pateman,[1] para ser efectivamente democratizadora, la participación debe ser tanto deliberativa (orientada al mejoramiento y la ampliación del debate acerca de las cuestiones que interesan a la sociedad) como activa (incidir en la toma de decisiones sobre el sentido en que esos temas deben ser resueltos). 

La democratización de la democracia es algo así como un movimiento continuo, ciertamente imprescindible para fortalecer la visión de la democracia como gobierno del pueblo y no de los políticos. Es, en definitiva, una estrategia para que el sistema democrático no quede sometido a los mandatos del mercado, que lo limita a sus mecanismos formales (elección plural, cuarto oscuro y urna), postergando, cuando no negando, las aspiraciones de igualdad y justicia social que conforman la esencia de la democracia. En otras palabras, se trata de superar los presupuestos del paradigma minimalista de la democracia popularizada por Joseph Schumpeter, que la reducía a un método de selección de las élites gobernantes.

Desde esta perspectiva, el elemento definitorio de la democracia no son las elecciones sino la presencia de una ciudadanía activa. El proyecto democrático no se agota con la consolidación de un régimen electoral que asegure la libertad política de los electores. Entraña también la expansión del principio igualitario a diversas esferas sociales. La democracia participativa es por tanto un llamado a politizar la sociedad.

La política de comunicación, por consiguiente, es uno de los pilares para estimular la participación popular en los asuntos públicos, haciendo que cada vez más voces puedan hacerse oír. En paralelo, la gestión de comunicación de gobierno también apunta a resignificar la conciencia de la sociedad acerca de la realidad que la atraviesa, a promover una matriz cultural que supere, entre otras cuestiones, las aspiraciones individualistas. En fin, a modificar la caja de herramientas cognitivas con la que los individuos aprenden e intervienen en el mundo tanto individual como colectivamente,

Desde luego, la mudanza o migración de un sector mayoritaria de la sociedad de un imaginario a otro no será resultado de un fenómeno espontáneo. Por el contrario, será el resultado de la capacidad para producir relaciones de fuerza favorables y la puesta en marcha de un conjunto convergente de acciones surgidas del intercambio con los actores sociales que conforman la escena pública.

Ahora bien, y dado que la comunicación es un eje transversal en la construcción de la democracia, este movimiento continuo que es la democratización de la democracia requiere del aporte de la comunicación en términos integrales. Esto es, como proceso de intercambio y diálogo entre los ciudadanos que conforman la escena pública, como instrumento de difusión e información, como herramienta para la organización de un nuevo sentido común que haga comprensible a los ciudadanos que la democracia es un proyecto en construcción permanente. O sea, un esfuerzo cotidiano para abrir y desarrollar el espacio político en el cual la sociedad aspira a vivir una vida digna.

Las políticas de comunicación pueden hacer entonces un aporte sustantivo a la construcción de una esfera pública; esto es, un espacio desde donde consolidar la efectiva participación ciudadana, fortalecer una profunda conciencia pública en la sociedad, democratizar el Estado y promover los derechos para todos.

Algo más. En el enfoque de la democratización de la democracia, las posibilidades de la comunicación dependen de que la política restituya el lazo representativo entre los que gobiernan y las mayorías populares, institucionalizando de esta manera, y como ya se señaló, una participación tanto deliberativa como activa. La ecuación democracia-desarrollo inclusivo no se resuelve entonces desde una gestión profesional sino desde el abordaje político de la tensión y conflictos, que requiere un compromiso efectivo de quienes la ejecuten, además de profesionalismo y creatividad.

En tal sentido, el otro aprendizaje a capitalizar para no repetir errores es que el papel activo del Estado como promotor del crecimiento económico e impulsor de los derechos sociales resulta insuficiente sin su democratización desde una esfera pública, separada del aparato estatal, que promueva a los individuos en ciudadanos capaces de empoderarse como sujetos reales de derecho y así hacer sostenibles las transformaciones políticas, económicas y sociales soberanas.

La comunicación, en síntesis, constituye una herramienta clave para que desde esta esfera pública los argentinos podamos fortalecer y ampliar el pacto democrático -hoy amenazado por políticas neoliberales- que trabajosamente venimos construyendo desde 1983 alrededor del Nunca Más, el respeto irrestricto al estado de derecho, la convivencia y la resolución pacífica de los naturales conflictos de una sociedad.

* Comunicador, integrante de la redacción de la agencia de noticias Infogei. Excoordinador de Comunicaciones del Senasa, exjefe de prensa de la Secretaría de Ambiente de la Nación y exdirector provincial de Prensa del Ministerio de Seguridad bonaerense, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática y del Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación (Codehcom) | 12-09-2018.

[1] Autora de Participación y teoría democrática, Buenos Aires, Prometeo libros, 2014.