Accionistas contra trabajadores

Tomemos el caso muy reciente de la Airbus. Esta compañía que pertenece a un verdadero complejo industrial europeo, la Eads, tiene pedidos garantizados por cinco años y sus utilidades sólo para el año 2005 suman 2 mil 850 millones de euros: un incremento del 17%. Beneficios máximos, entonces; sin embargo, a los accionistas no les bastan, porque las utilidades de las inversiones llegan después de casi 8 años. Los accionistas piden tiempos más cortos y, por lo tanto, que los contratos de trabajo por tiempo indeterminado sean convertidos en contratos a plazo, precarios. Por esto, se amenaza con despedir hasta a 22.000 trabajadores. Pero el competidor principal, la compañía Boeing norteamericana, hace lo mismo, y amenaza con despedir a 7.000 trabajadores entre el 2008 y el 2009.
Como de Airbus podemos decir lo mismo, mirando desde Alemania, de Volkswagen, Telekom, Bayer, etc. La competencia desenfrenada pone en jaque todo tipo de resistencia sindical y obrera que se limita a un nivel local o nacional.

La UE se ocupa de deshacer los sistemas sociales

En cuanto a los sistemas sociales, la situación no es mejor, aun cuando los mecanismos sean diferentes porque tienen que ver con los sistemas estatales en los que la competencia no tiene un rol tan prominente. Es aquí donde entra en juego la Unión Europea: los dictados de Maastricht imponen a los gobiernos reducciones drásticas del gasto público y regalos tributarios fabulosos a los empresarios. Para pagar esta política de enriquecimiento de los ricos se trata de obtener dinero de otras partes. Se lo obtiene de los desocupados, de los enfermos, de los jubilados, de los jóvenes en formación, del trabajo. Y se convierte un bajo nivel de gastos patronales en constricciones a trabajos de cualquier tipo a cualquier precio, liquidando derechos elementales a la protección contra la desocupación, y los pocos o ningún impuesto, en factor positivo para atraer inversiones. La UE no tiene competencias sociales directas, ni las quiere. Quiere que los sistemas sociales y los sistemas fiscales continúen siendo de competencia puramente nacional – en Alemania, con las leyes Hartz para los desocupados, incluso se baja todavía un escalón: se apunta a volver responsables a las comunas de mantener a los desocupados. Hablando claro, esto significa que se tiende a situaciones como las que se dan en Inglaterra o en Polonia: si la Comuna tiene dinero eres afortunado y te paga apenas lo necesario para sobrevivir, si no lo tiene, estás listo. La idea maestra de la UE, con sus tratados de Maastricht, Niza y Amsterdam, todos englobados en el tratado constitucional que ahora nos impone la cancillería de Merkel, es aquella: para las exigencias del capital (la así llamada "economía") –o sea para desreglamentaciones, moneda común, protección contra los mercados americanos o asiáticos o africanos, control de flujos externos sobre el mercado de trabajo, rearme – se piden normas europeas, que se substraen al control de los parlamentos nacionales; mientras que para las exigencias de los trabajadores, desocupados e inmigrantes está incluso prohibida la creación, a nivel europeo, de condiciones comunes de vida y trabajo. El tratado constitucional conoce en la Parte II (Carta de los derechos fundamentales) la "libertad del empresariado", veta, en cambio, una política por niveles iguales, o comparables, de tasación, y una adecuación de los niveles de protección social. Esto podría entrar en contradicción con la libertad empresarial y "desviar la libre competencia".
En los Tratados de Roma, 50 años atrás, figuraba todavía la idea de que Europa debía servir al progreso económico y social de todos sus ciudadanos y que las condiciones de vida debían ser progresivamente adecuadas hacia lo alto. Esta idea no sólo ha desaparecido de los nuevos tratados, sino que se ha transformado en su contrario: todas las medidas de la Comisión europea para hacer equiparables los niveles de vida y de impuestos, tienden al objetivo de incitar la competencia y bajar el costo laboral.

«¿Paso a paso adónde?», preguntan los escandinavos

¿Qué hacer? Es necesario salir de la UE, que es una máquina de destruir el estado social – responden nuestros amigos escandinavos, que gozan todavía de niveles de protección más altos que, con justicia, quieren preservar. En sectores de nuestra población se expanden, en cambio, consideraciones racistas del tipo: pongamos juntos sólo a los "buenos" europeos, los ricos, en lo que respecta a los otros han hecho méritos, quizás, para ser explotados, no para ser ayudados (los polacos, por ejemplo, ni hablemos de los rumanos o de los búlgaros.
Gracias a la globalización del capital, pero también a decisiones políticas explícitas tendentes a volver imposible otra guerra europea, hemos alcanzado en nuestro continente un nivel de integración económica y política que, aun cuando defectuosa, podríamos disolver sólo a costa de nuevas guerras – económicas, políticas, quizás incluso militares. El 70% de las leyes hoy votadas en nuestros parlamentos nacionales tienen su origen en Bruselas. El rol "independiente" (del control parlamentario) del Banco central europeo es objeto de fuertes
críticas, ¿pero quién propone seriamente reintroducir barreras y aduanas entre los países de la UE? ¿Quién quiere prohibirle a un abogado italiano instalarse en Suecia, como hacen tantos médicos alemanes? ¿Y la moneda común? No es la moneda, en realidad, la que crea los problemas, es la política económica. Pero ésta no se hace en Bruselas, sino más bien en todas las capitales europeas, porque los verdaderos señores de esta Europa siguen siendo los grandes complejos industriales y los aparatos políticos que deciden a su favor (más a nivel nacional que europeo).

El peso político de las experiencias

¿Entonces qué hacer? Los autores de la "Carta de principios por otra Europa" proponen una solución internacionalista: derechos sociales iguales para todos en todos lados. No sólo para quien ya hoy goza de ciudadanía en la UE, sino para todos los residentes. La vieja idea según la cual el progreso económico debe ser usado para aumentar y adecuar hacia lo alto los niveles de vida de todos debe finalmente realizarse. No podrá hacerse apoyándose en mecanismos institucionales creados para obtener lo contrario; queremos nuevos mecanismos que combinen los derechos de los pueblos a la autodeterminación con la busca a nivel continental de soluciones comunes para los problemas que tenemos en común. Concentrándonos en los derechos sociales mencionamos sólo un nivel común europeo de salario mínimo, un nivel común de prestaciones sociales en caso de desocupación, de enfermedad, para las jubilaciones, la educación gratuita, y servicios públicos extendidos y de calidad. La reducción del horario de trabajo a 35 horas semanales para todos en toda Europa, derecho a huelga y contratos colectivos de trabajo a niveles incluso supranacionales, etc.
La «Carta de principios» exige que Europa sea construida de manera diversa. Pero para hacerlo se requiere de la acción social, común, de los movimientos, de los sindicatos. La dimensión europea de la lucha social debe volverse común en nuestras intervenciones, con la huelga europea y las campañas contra las directivas de la Comisión (como la Bolkestein) y contra la militarización de Europa.

*Angela Klein es una activista de las Marchas europeas contra la desocupación, la precariedad y la exclusión.

Fuente: Sin Permiso - 01.04.2007