Política petrolera, empresas y seguridad energética

Víctor Bronstein
El acuerdo entre YPF y Repsol, aunque aún falten los términos concretos de la negociación, cierra el capítulo de la expropiación del 51% de las acciones de las acciones que la petrolera española tenía en YPF, lo que permitió recuperar YPF para el Estado argentino, abriendo un nuevo capítulo en la historia de los hidrocarburos en Argentina. Si bien el Estado argentino recupera YPF, esta YPF no es la misma que antes de su privatización en la década de los ’90, la cual era ciento por ciento estatal.

Cuando se crea YPF en 1922, nuestro país no contaba con una ley de hidrocarburos y el objetivo fundamental fue entonces tener una herramienta para defender el recurso petrolero de la avidez de las grandes empresas extranjeras y evitar el monopolio en la comercialización de combustibles. En 1923, Mosconi define un plan estratégico para la empresa con tres objetivos fundamentales: 1) Hacer de YPF una empresa integrada con producción, destilación, transporte, almacenamiento y distribución. 2) Actuar como regulador del mercado, bajando los precios a niveles convenientes a los intereses nacionales, arrastrando en ese movimiento a las empresas privadas, y 3) Lograr el autoabastecimiento. Es decir, la empresa petrolera nace para llevar a cabo una política petrolera.

El autoabastecimiento fue la asignatura pendiente de Mosconi y su legado, y marcó la historia del petróleo en nuestro país, donde sólo en breves períodos este objetivo fue cumplido. Las características geológicas de nuestro país explican en gran medida esta situación. Sin embargo, en aquel entonces el mundo contaba con grandes reservas de petróleo y, por lo tanto, la búsqueda del autoabastecimiento tenía fundamentalmente un objetivo económico, ya que provocaba un déficit importante en nuestra balanza comercial. El segundo gobierno peronista, por ejemplo, sufrió este problema, ya que en los años 1951, 1952 y 1953 los combustibles representaron el 15,1; 21,2; y 22,9% respectivamente de las importaciones totales de Argentina. Ante esta situación, Perón decide ir a fondo con el objetivo del autoabastecimiento y plantea la firma del contrato con la Standard Oil de California, reconociendo la imposibilidad operativa y financiera de YPF para alcanzar este objetivo y, lo que es más importante, que la política energética la debe definir el estado, no la empresa petrolera estatal.

En los ’90, Menem cambia el paradigma y, siguiendo las políticas de reforma del Estado impulsadas por el Consenso de Washington, acepta las políticas de integración energética regional propuestas por Estados Unidos, privatiza YPF y desregula el sector petrolero. Argentina aumenta así de manera significativa su producción de hidrocarburos, pero dejando que el mercado fije las condiciones y sin tener en cuenta las cuestiones estratégicas. En ese momento se consideraba que el petróleo era un commoditie más y que el mercado se podía hacer cargo de conseguirlo. Hasta la reciente recuperación de YPF, estábamos pagando las consecuencias de esas políticas que nos condenaban a ser un país importador de energía.

Además, hoy el escenario es completamente distinto. Si bien la importación de gas natural y derivados del petróleo genera déficits comerciales, la problemática es mucho más trascendente y hace a la necesidad de garantizar la energía para nuestro desarrollo. El petróleo está comenzando a dar síntomas de agotamiento a nivel mundial y poseer este recurso se convierte en una cuestión estratégica.

Según los estudios prospectivos del Departamento de Energía de EE. UU., el consumo global de petróleo pasará de los actuales 91 millones de barriles diarios a 115 mbd y la producción de gas de los 3,2 billones de m3 actuales a 5,3 billones de m3. El problema es que el mundo ha alcanzado su máxima producción de petróleo convencional y los descubrimientos de nuevos yacimientos vienen decayendo año a año desde 1960, cuando se alcanzó el pico de descubrimientos. Estos estudios reconocen que no se sabe bien de dónde saldrá el petróleo y el gas que el mundo necesita para su funcionamiento. Es en este contexto que el desarrollo de los recursos no convencionales que tiene nuestro país se convierte en una cuestión de estado, no sólo una oportunidad económica. El gobierno de Cristina Kirchner ha comprendido esto y ha establecido una política petrolera en este sentido. Para eso necesitaba la herramienta, y la herramienta no es volver a la YPF del siglo pasado sino a una nueva YPF, una YPF mixta.

En el mundo encontramos tres tipos de empresas petroleras, cada una de las cuales tiene diferentes historias, estrategias operativas y objetivos de producción.

Por un lado están las llamadas international oil companies (IOCs), entre las cuales encontramos a Exxon Mobil, Shell, BP y Chevron, entre otras. Estas empresas son totalmente privadas y tienen como objetivo principal incrementar el valor de sus acciones y toman sus decisiones de inversión en función de factores económicos, así lo hacía Repsol-YPF antes de su recuperación. Estas empresas suelen tener un buen sistema de gestión, capacidad tecnológica y recursos financieros para desarrollar y producir los recursos petroleros en los países donde operan y venden su producción en el mercado mundial. Si bien están condicionadas por las leyes de esos países, todas las decisiones, en última instancia, se toman en función del interés de la empresa. Este tipo de empresas dominaron el mercado mundial del petróleo hasta la crisis petrolera de 1973, donde los países productores de petróleo nacionalizan sus recursos y se crearon las empresas nacionales en los países árabes y en Venezuela. Es decir, el mundo aceptó y acepta que los estados expropien a las empresas petroleras privadas, ya que es un acto de soberanía. Hoy, las IOCs tienen sólo el 10% de las reservas petroleras mundiales, pero producen cerca del 40% del petróleo a nivel global.

Luego, están las denominadas Nacional Oil Companies (NOCs), las cuales funcionan como una extensión de los gobiernos y con objetivos estratégicos que trascienden la lógica económica. En general, estas empresas nacieron con el objetivo de defender los recursos petroleros y apropiarse de su renta. Entre estas encontramos hoy a Saudi Aramco (Arabia Saudita), Pemex (México, Pdvsa (Venezuela), NIOC (Irán) y el resto de las empresas estatales de los países pertenecientes a la OPEP; en este lugar también estaba YPF antes de su privatización. Estas empresas funcionan adecuadamente en los países con grandes recursos petroleros, que no ha sido el caso de Argentina, de ahí las dificultades que tuvo la YPF cien por ciento estatal. También tenemos dentro de esta categoría a las empresas nacionales chinas, aunque el objetivo estratégico de estas compañías es actualmente garantizar el petróleo que necesita China, buscando reservas por todo el mundo, ya que su producción local no pudo seguir el ritmo de crecimiento económico. Hoy, las NOCs producen casi el 60% del petróleo a nivel mundial.

Por último están las empresas mixtas. Este tipo de empresas, si bien tienen participación accionaria estatal, no funcionan como una extensión del gobierno y poseen una autonomía estratégica y operativa que le permite una gestión dinámica y acceso al mercado de capitales. Son empresas que tratan de equilibrar las preocupaciones y objetivos del país al cual pertenecen con su estrategia empresarial. Entre este tipo de compañías se destacan Petrobras y Statoil de Noruega, y ahora tenemos a la nueva YPF. Las características de los recursos no convencionales hace que se requieran grandes inversiones, y para eso una YPF mixta es la herramienta más adecuada.

Sin embargo, en el contexto energético mundial, además de la recuperación de YPF, debemos tener una política nacional para garantizarnos los recursos hidrocarburíferos. Es una debilidad institucional que los acuerdos que firme YPF dependan de las legislaturas provinciales o que el desarrollo de los recursos no convencionales estén sujetos a que un municipio, sin ningún rigor técnico, se declare como libre del fracking.

La energía es una cuestión de seguridad nacional, por lo tanto debemos volver al Art. 40 de la Constitución de 1949 que establecía que “…Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación…”.

Miradas al Sur - 1 de diciembre de 2013

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