Escrito durante la presidencia de Julio Asesino Roca y sancionado con Juárez Celman, este código lleva el sello de agua de los principios liberales de la generación del 80, la misma generación que sentó las bases de un país agroexportador, donde no sólo sobraban los pueblos originarios sino también un montón de actividades económicas.
Más de un siglo después, en otra década infame, el presidente Menem en uso de las famosas facultades delegadas por el congreso “ordenó” el texto del código, actualizándolo de acuerdo a su nuevo modelo de país -donde también sobraban millones de argentinos y argentinas- echando por tierra cualquier posibilidad de desarrollo autónomo. El resultado final fue el texto vigente, que entrega los metales más valiosos a empresas extranjeras. El Estado mantuvo el derecho a explotar sólo Río Turbio en Santa Cruz (carbón), Sierra Grande en Chubut (hierro) y los hidrocarburos, pero perdió la exclusividad con los minerales nucleares (uranio y demás) que fueron puestos en igualdad de condiciones al resto de metales para ser explotados por particulares; sometiendo al Estado –su dueño- a las reglas y precios del mercado para poder adquirirlos.
En lo que mantuvo competencia, en términos generales fue “dos pasos atrás, uno adelante”. Río Turbio se privatizó en 1994 y en el 2002 volvió a manos del estado; Sierra Grande (HIPASAM) cerró en 1991, en el 93 pasó a la provincia y hoy está en manos de capitales chinos; la crisis del mercado y la baja del precio dificultan la venta del hierro y hace que su producción, destinada a la exportación, se acumule en puertos por miles de toneladas. Hacia fines de los 90, el estado abandonó la producción de uranio, sólo los privados siguieron en actividad, en momentos en que el precio internacional comenzó a subir sostenidamente. En el 2006 el gobierno lanzó un plan nuclear cuestionado entre otras cosas por la deuda ambiental pendiente del proceso anterior por el saneamiento, remediación y disposición final de los residuos radiactivos. Las idas y vueltas en torno a la explotación del petróleo con YPF, Repsol y ENARSA amerita un capítulo aparte.
Las definiciones respecto a la soberanía y la renta minera resultan indispensables al replantear cualquier modelo de desarrollo nacional. Así lo entendieron Venezuela, Bolivia y Ecuador dándole un lugar prioritario en sus reformas constitucionales; también Zelaya en Honduras intentó revertir las leyes mineras en el Congreso, días antes del golpe. No se pueden copiar y pegar procesos diferentes, pero no sólo se trata de “ideología” en estos cambios; es que el marco legal heredado de los 90 deja un estrecho margen para encarar un camino a favor de las mayorías, sobre bases de una mayor redistribución de esta riqueza.
A fines de los ‘80 y durante la década de los ‘90 la mayoría de los países de Latinoamérica modificaron las leyes que regían la actividad por obra y gracia de las principales trasnacionales metalíferas. Agotados los principales yacimientos en el mundo, los avances técnicos permitieron la explotación de aquellos que se encontraban diseminados en el suelo, a través de procesos químicos que emplean sustancias tóxicas en gran cantidad, como el cianuro de sodio o el ácido sulfúrico, con explotación a cielo abierto y la utilización de grandes volúmenes de agua y energía. En los países de origen de estas empresas, las leyes rigurosas en materia ambiental les impedían operar con esta tecnología y al mismo tiempo mantener altas ganancias. Sus propuestas de inversión lograron que los gobiernos neoliberales de la región modificaran rápidamente a su medida las normas vigentes. En nuestro caso la actividad minera fue de un tipo hasta esa década y de allí en adelante, se transformó en otra muy distinta.
En 1993 se aprobaron la Ley de Inversiones Mineras y el Acuerdo Federal Minero; en 1994 el financiamiento del IVA, entre otras normas. A fines de los 90, se firmó el Tratado binacional minero con Chile, “padre” del proyecto Pascua Lama, de la Barrick Gold que vetó la Ley de Glaciares. El tratado crea virtualmente un “tercer estado” de empresas extranjeras en la cordillera; cada proyecto con su propia legislación.
A diferencia del resto de países andinos, la minería metalífera nunca fue importante en Argentina, el desarrollo minero se asentaba mayormente en insumos vinculados a la construcción. Pero las nuevas leyes no fueron para exportar arena o cal: la producción se concentró en los metales más rentables a cargo de un puñado de empresas extranjeras, con tecnología importada de sus casas matrices, con poquísima mano de obra, en contadas provincias.
Menem preparó el terreno con estas leyes, pero las mineras que desembarcaron empezaron a florecer después del 2001. A partir del gobierno de Kirchner lograron en el 2003 y en el 2004 la posibilidad de no ingresar al país las divisas resultantes de sus exportaciones. No se tocaron en absoluto los privilegios, se sigue promocionando la “Argentina Minera” ante el mundo; sólo a partir del 2007 se ampliaron las retenciones del 3 al 5%. La presidenta hoy prioriza el aval de las mineras y sus representantes del PJ, a cargo de las provincias de San Juan, La Rioja o Santa Cruz, antes que el costo político por vetar una ley aprobada por unanimidad en el congreso. Se habla mucho de la oligarquía sojera y la necesidad de redistribuir esa renta, pero silencio de radio cuando se trata del escandaloso robo de nuestros recursos mineros. Como lo demostró Pino Solanas en las elecciones pasadas, ya va siendo hora de empezar con estos debates.
Las leyes de la entrega
-El estado tiene prohibido explotar el oro y la plata, solo los particulares pueden hacerlo a cambio de un canon irrisorio ($80 por unidad en caso del oro, con un precio internacional a mas de 900 dólares la onza)
- La investigación geológica y estudios previos sí puede hacerlas el estado, pero las minas descubiertas debe transferirlas a privados.
- No son alcanzadas por ningún aumento de impuesto nacional, provincial ni municipal durante 30 años. Están eximidas de todo gravamen y tasa municipal (ingresos brutos, sellos, patentes, habilitaciones, combustibles) y los gobiernos deben facilitarles la infraestructura (caminos, servicios de agua y luz).
- No pagan mas del 3% de regalías de lo que dicen que extraen presentando sólo una declaración jurada. Igual pueden descontar los gastos de traslado, entre otros, desde que el mineral es extraído hasta su comercialización (inflan los datos, total nadie controla sus gastos, ni qué y cuánto se llevan).
- No pagan el impuesto al cheque; les reintegran el IVA de lo que invierten en inmuebles y maquinarias, además de financiarles su pago. Los gastos de exploración y toda la previa, lo descuentan del impuesto a las ganancias.
- Utilizan muchísima energía eléctrica y agua. La Alumbrera, solamente, consume más del 80% del total de su propia provincia, Catamarca.

*Asesora de la Diputada Cecilia Merchán, Libres del Sur.