Cuando el Gobierno dispone medidas económicas de trascendencia genera corrientes de apoyos y rechazos en el momento álgido del debate sobre sus implicancias inmediatas. La expropiación de acciones de YPF fue uno de esos casos. Para algunos ha sido el camino de recuperación de la soberanía energética, y para otros, el avasallamiento de la propiedad privada. Existen costos y beneficios visibles que involucran a protagonistas directos de una iniciativa tan importante. Si sólo fuera eso, la cuestión sería bastante manejable en términos políticos y económicos. Sin embargo, existen impactos no visibles que exceden el hecho en sí, pues alteran relaciones de poder en la economía.