El vicepresidente de la SRA, Hugo Biolcati, dijo que lo ideal para el futuro inmediato sería que la Mesa de Enlace –espacio de las cuatro entidades ruralistas– y el Poder Ejecutivo se sienten a elaborar una ley para el sector agropecuario (en Hora Clave, el domingo 20 de julio). Una manifestación descarnada para una concepción de la política que, lamentablemente, no sólo circula por los gremios empresariales, sino por los ámbitos de los partidos políticos. Es una idea burda –un marxismo vulgar, diría en afán didáctico– de la relación entre economía y política. La ley como rústica traducción de la suma de intereses sectoriales.

Alguna vez, a fines de 2002, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, cuando se discutía un proyecto de ley para fomentar la biotecnología, en mi carácter de socióloga les recordé a los diputados presentes que sólo ellos estaban en condiciones para legislar para el bien común; que ni las empresas de biotecnología con sus fuertes lobbies ni el aparato científico con sus intereses académicos propios del campo o en articulación con “el mercado” (financiamientos de Monsanto), estaban en condiciones de decidir lo mejor para el conjunto del país.

La decisión es un acto político y en ella se juega la posibilidad de mantener y afianzar una determinada gramática del poder o introducir reformas que se orienten a generar otra política agroindustrial. El Estado como garante del bien común es el que promulga las leyes. No obstante, se puede pensar que en nuestra historia muchas veces han sido los movimientos sociales –el obrero, el de derechos humanos, el de mujeres, etc.– los que han impulsado leyes reformistas importantes. Expansión de derechos que los legisladores tomaron de las luchas de los movimientos sociales. Pero hace falta hacer una distinción: una cosa es la acción colectiva de protesta por la tierra, por el “no a la minería”, por el agua, por el gatillo fácil, etc., y otra es la acción corporativa como la de estas cuatro entidades agropecuarias u otras. En las primeras, el núcleo central de la acción está constituido por un reclamo que incluye un bien común (los recursos o bienes comunes naturales) o un reclamo “universalizable”, que incluye a toda la población (la vida de los jóvenes, por ejemplo). Otra cosa es la defensa por intereses sectoriales.

El país necesita urgentemente una ley agraria y con la memoria fresca acerca del funcionamiento del sistema agroindustrial es más fácil legislar con propiedad. Nunca la sociedad tuvo tanto acceso a los pliegues ocultos del poder. Las denuncias acerca de los exportadores, las consecuencias sociales del proceso de sojización en la salud, en la concentración de la tierra, sobre los trabajadores rurales, los campesinos, las comunidades indígenas; los disparatados pedidos de subsidios para producir soja en Chaco o Santiago del Estero ganando tierras del algodón (que ahora es rentable) o a las economías locales; el sufrimiento de las comunidades wichís perdiendo tierras, cementerios e hijos, etc. Todo se dijo, todo se sabe. Es hora de legislar, de poner límites al modelo sojero.

Los legisladores tienen potestad para consultar a todas las entidades representativas, a la Mesa de Enlace, a los campesinos, consejos indígenas, trabajadores rurales; pueden recibir a los técnicos, a los especialistas en el tema desde las distintas disciplinas, a los consumidores, etc., pero tienen que asumir la responsabilidad de generar políticas públicas para el bien común. Para nosotros, con muchos años de conocer el campo, ese “bien común” posible para esta compleja Argentina actual podría apoyarse en una economía sustentable, diversificada y basada en los alimentos, con rentabilidades razonables para los pequeños agricultores, orientada a la soberanía alimentaria; un modelo que equilibre los mercados interno y el externo (tan promisorio) con institucionalidad y no con el puro mercado; que grave y limite la rentabilidad de los exportadores, fondos de inversión, semilleras, etc., y sobre todo, con una fuerte protección estatal para los recursos naturales y para las poblaciones campesinas e indígenas; respeto a otros modos de producir y vivir. Seguramente existen muchas herramientas legislativas posibles, desde la creación de un ente estatal de exportación (o reformas sobre el uso de la tierra) hasta medidas intermedias en los eslabonamientos agroindustriales. Es una decisión del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajando en conjunto o separados en una o varias leyes. Pero la ley está por encima de los intereses sectoriales.

Fuente: Página 12 – 25.07.2008