¿Qué supone para la universidad pública el proceso de convergencia en que nos ha sumido la Unión Europea?

Algunos pensamos que, en realidad, nos enfrentamos a una verdadera “reconversión industrial” en el sector de la educación superior, un proceso de privatización de la universidad que es enteramente coherente con las salvajes directrices marcadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo General del Comercio de Servicios (GATS) para reducir el peso del sector público tanto en la Educación como en la Sanidad. El resultado será una educación basura, a la medida del mercado laboral basura al que nos condujeron las reconversiones industriales desde los años ochenta.

La hoja de ruta del neoliberalismo europeo, la Estrategia de Lisboa, impone a la Universidad un papel central en la creación de lo que denominan la “economía del conocimiento”. Las universidades europeas tienen que competir con las de EEUU y Japón. Se pretende que todo se subordine a este objetivo, empezando por la actual geografía del mundo académico: la ordenación de disciplinas, la distribución de cátedras, departamentos, facultades y escuelas universitarias, los planes de estudio y la metodología docente, todo lo que, en realidad, es obra de 26 siglos de historia de la ciencia, ha quedado de pronto hipotecado a las exigencias de la competitividad. Con el pretexto de poner a la Universidad al servicio de la Sociedad (a la que, por cierto, se identifica sin más con los empleadores, los agentes económicos o las empresas) se consigue que la investigación y la docencia se subordine, en vez de a criterios propiamente científicos o académicos, a otros criterios como los de la rentabilidad económica. Esto no es poner a la universidad al servicio de la sociedad. Es, sin duda, prestar un gran servicio al mundo empresarial, pero a costa de destruir por el camino a la Universidad misma. Todo el edificio de la comunidad científica, levantado mediante el esfuerzo científico de millones de investigadores, a través de siglos de diálogos, polémicas y refutaciones, puede encontrarse de pronto destinado a la tarea de entrenar profesionales para la Olimpiada imprevisible de un mercado laboral vertiginoso. De este modo, la anarquía ciega e insensata del mercado se apoderará de uno de los pocos sectores sociales que aún resisten mal que bien a la dictadura neoliberal.

Hace cinco años, en medio de las protestas contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU), Zapatero prometió que si llegaba al gobierno la derogaría; sin embargo, en vez de hacerlo, la está adaptando aún más a las exigencias de la UE. ¿Cómo entiendes esta situación, y en qué lugar pone al gobierno ante las exigencias de aquellos que le votaron el 14 de marzo con la esperanza de un cambio?

El PSOE y el PP siempre estuvieron de acuerdo en lo esencial. Desde que en 1999 se puso en marcha el proceso de Bolonia, los dos partidos se comprometieron a hacer todo lo posible por sacarlo adelante. De hecho, se puede decir que compitieron entre sí en acelerar este proceso de destrucción de la universidad pública. Y como ellos estaban básicamente de acuerdo en lo esencial, pretendieron que había un consenso general en el conjunto de la comunidad académica y de la sociedad en general. En realidad, este supuesto consenso ni existe ahora ni ha existido jamás. Ha sido completamente prefabricado a base de reunir en cada ocasión a los que siempre estaban ya de acuerdo en lo esencial. El supuesto apoyo de los estudiantes es un completo montaje. De hecho, unas de las mayores movilizaciones que se recuerdan en las universidades madrileñas se convocaron durante el curso 1999/2000 para combatir la mercantilización de la Universidad que, por aquel entonces, venía anunciada por el Informe Universidad 2000 (más conocido como Informe Bricall), cuyo contenido coincidía exactamente con el espíritu de Bolonia que ahora ha venido a plasmarse en la Convergencia Europea. Un año después, cuando los estudiantes volvieron a movilizarse masivamente contra el Proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOU), la cúpula del PSOE y la Conferencia de Rectores hicieron todo lo posible por ponerse a la cabeza de las manifestaciones, pues esta vez parecía que la cosa iba tan sólo contra el Partido Popular. Pero no era ni mucho menos así. Unos 25.000 estudiantes se negaron a seguir el recorrido proclamado por la cadena SER y anunciaron que se manifestaban contra la LOU, pero bajo el lema “no somos Zapatero, no somos los rectores, somos gente honrada”. Con eso querían señalar que eran los mismos que se habían manifestado el año anterior contra el Informe Bricall y contra el espíritu de Bolonia, y que si ahora se oponían a la LOU no era porque nos apartara de tales directrices, sino, al contrario, porque las asumía enteramente. Denunciaban así lo que consideraban que era una agresión que podía herir de muerte el carácter público de las universidades españolas y europeas, condicionándolas al criterio de la demanda empresarial. Algunos de los que participaron en esas movilizaciones han publicado ahora el libro Eurouniversidad (Icaria, 2006). Este libro es irrefutable. Nadie discute las tesis que plantean sus autores (Judith Carreras, Carlos Sevilla, Miguel Urbán), porque, sencillamente, es demasiado claro que tienen toda la razón, la misma razón que tenían, en efecto, las movilizaciones del año 1999/2000 que denunciaron el Informe Bricall.

¿No era contradictorio pedir la derogación de la LOU y sin embargo aceptar el proceso de unificación europea tal como éste está planteado? Y a la inversa, ¿no habría que empezar en nuestro país por solicitar la derogación de la LOU a la hora de atacar las políticas que Bruselas quiere imponer a nuestras universidades, algo que parece haberse quedado en el olvido?

Desde el principio, la LOU no le había parecido mal a Zapatero por lo que tenía de mercantilización de la universidad, sino porque no le parecía que avanzaba lo suficiente en esa dirección. Lo esencial no es la LOU, lo esencial es que tanto el PP como el PSOE saben muy bien que es en la OMC donde se ha decidido ya hace tiempo lo que tiene que ser la universidad, y no piensan en otra cosa que en adaptarse a esos designios.

A los hechos me remito. Desde que en 1999 se dio en Bolonia el pistoletazo de salida para la actual “revolución educativa”, la financiación pública ha ido quedando cada vez más condicionada a la previa obtención de financiación privada (al considerarse ésta, por parte de las agencias externas de evaluación, el criterio fundamental de la “calidad” de una investigación); esto es tanto como decir que sólo se impulsarán las investigaciones que hayan sido consideradas como una inversión económicamente rentable por algún agente externo a la comunidad universitaria. Ahora bien, la docencia y la investigación de las universidades públicas tendrían que poder ser financiadas con criterios académicos y autónomos, que se conformen a los intereses de la razón y no a los del mercado. En muchas ocasiones hay que garantizar la financiación pública precisamente porque no existe financiación privada. Pero, desdichadamente, llevamos años observando que la financiación pública se condiciona más y más a la posesión previa de fuentes de financiación “externas” y “privadas”, lo cual, puede llegar a convertirse, en último término, en una manera de financiar con dinero público actividades empresariales privadas (al tiempo que se ahoga la financiación pública de actividades de interés ciudadano que no sean rentables).

El artículo 15 del GATS amenaza con acabar directamente con la financiación pública de la enseñanza al calificar las subvenciones como “efectos distorsionadores en el comercio de servicio” y afirmar que “cualquier miembro que considere que una subvención acordada por un estado miembro le perjudica, podrá poner en marcha el proceso de examen y solicitar una consulta en el órgano de resolución de diferencias” (un tribunal de la OMC que aplicará sanciones a los países que establezcan obstáculos a libre competencia). Esto se aplicará cuando convenga. Pero en la mayor parte de los casos, seguirá habiendo dinero público para la universidad: sólo que para una universidad a la medida de las empresas. En resumidas cuentas: lo que se ha inventado es una manera de que las empresas se apropien, por la puerta trasera, del dinero público de los impuestos. La patronal europea ha decidido que puede robar ese dinero y punto. Las empresas tendrán a su disposición los fondos del estado que ahora se destinan a la universidad pública, logrando un ejército de becarios que trabajarán para ellas gratis, a cargo del dinero de los impuestos, logrando también inversiones públicas para sus negocios privados, etc.

¿Cómo surgió el manifiesto de profesores universitarios, cuál es su objetivo y en qué situación se encuentra actualmente?

Se trató de una iniciativa que surgió de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Se trataba de mostrar que el supuesto consenso que tenía la Convergencia Europea en Educación Superior (y la forma específica en la que se estaba llevando a cabo) era completamente prefabricado e irreal. Así pues, un colectivo español llamado Profesores por el Conocimiento elaboró un Manifiesto que fue firmado por casi tres mil profesores e investigadores universitarios. El documento, titulado ¿Qué educación superior europea? Manifiesto de profesores e investigadores universitarios se ha dado a conocer fundamentalmente en las universidades españolas, pero fue firmado también por académicos franceses (colectivo Abélarde, Universidad de París VIII), griegos, alemanes, etc. Es posible que el Manifiesto vuelva a circular en un futuro no muy lejano, cuando las universidades europeas comiencen a experimentar el desastre al que están abocadas. Por ahora, sigue estando disponible (con problemas técnicos habituales, la verdad), junto con otros muchos documentos en la página http://fs-morente.filos.ucm.es/debate/inicio.htm.

Esta salvaje revolución neoliberal del mundo académico puede encontrarse con grandes dificultades si se consigue abrir un verdadero debate público al respecto. Igual que ocurrió con el siniestro AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones), su salida a la luz pública puede suponer la mayor dificultad para su aplicación. Cada vez son mayores los sectores de la población para los que no es evidente que la única manera de demostrar la dignidad de las cosas sea probar su éxito como mercancías. Todo el mundo admite, en efecto, que hay cosas que no merecen existir si no logran sobrevivir como mercancías (por ejemplo, un perfume). Pero también es una “demanda social” creciente (mientras no se identifique a la sociedad sin más con los empleadores) que se pongan determinadas cosas al resguardo de ese criterio, entre ellas la investigación científica, humanística o el cultivo de diversas artes o saberes. Es posible que todavía estemos a tiempo de evitar que la universidad europea converja en el desastre.

El Manifiesto de Profesores por el Conocimiento fue una verdadera zancadilla a la credibilidad de los rectores españoles, entre los que existe un consenso casi entusiasta a favor de las directrices de Bolonia. Ello, incluso, entre los equipos rectorales más pretendidamente de izquierdas, como el de la Universidad Complutense de Madrid o el de la Universidad Autónoma. Es terrible ver cómo gente que se reclama de izquierdas lava los trapos sucios y pone la cara por el neoliberalismo.

Ahora bien, no podemos ser nada optimistas. El colectivo de los profesores es tan conservador que por amoldarse, se amolda incluso a las revoluciones, incluso a las más salvajes revoluciones con tal de que (como ésta en la que nos encontramos) vengan decretadas desde lo alto. Así es que no se puede esperar mucho del profesorado, si bien recientemente los profesores de la Universidad de La Laguna se han plantado contra la LOU. La única esperanza es que los estudiantes europeos reaccionen a tiempo y sean capaces de hacer un buen diagnóstico de esta embestida neoliberal. En España algunas asociaciones de estudiantes (en Madrid fundamentalmente “La Caverna”) han trabajado sin descanso en esta dirección, uniéndose en la Asociación ACME, la Asamblea contra la Mercantilización de la Universidad, cuya página es http://www.nodo50.org/acme. En Grecia la cosa está que arde, literalmente. En algunos sitios, se va cobrando conciencia de que el enemigo es el neoliberalismo, o mejor dicho, el capitalismo, que es ahí donde se conectan todos los problemas, y que hay que presentar una batalla global, a nivel europeo y mundial.

En este contexto, ¿qué te pareció el llamamiento de Berlín a constituir un comité de enlace a nivel europeo con el objetivo de la unidad de las luchas?

El manifiesto que se firmó en Berlín el 25 de febrero de 2006 fue clarividente y contundente. El diagnóstico era el adecuado: la universidad pública, como la escuela pública en general, es, ante todo, una conquista obrera y ciudadana de la que el sistema capitalista estaría encantado de liberarse. Fue un gravísimo error muy extendido entre la izquierda insistir en el carácter de clase de la escuela como “aparato ideológico de Estado”. El profesor francés Michel Éliard ha incidido en este punto con todo el acierto del mundo y justo cuando era más oportuno recordar estas cosas. Su libro El fin de la escuela (Grupo Unisón Ediciones, Madrid, 2002) es el mejor antídoto contra todas los desvaríos y tonterías que sobre el tema de la educación nos dejaron en herencia Foucault y Bourdieu (y algunos otros, claro). La universidad pública, por su parte, es, como decíamos antes, un inmenso botín del que el mundo empresarial lleva intentando apropiarse desde los años setenta (los documentos de la patronal francesa que cita Éliard son estremecedores). Ahora, por fin, la patronal europea ve que ha llegado su hora. Y así será, si no presentamos una resistencia frontal.

*Carlos Fernández Liria es profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, España.

Javier Alcolea Rodríguez es profesor de Filosofía de bachillerato y miembro de Trabajadores y Jóvenes por la República.

Fuente: Rebelión - 14.02.07