La UIA pide más flexibilización laboralLa propuesta de la Unión

Industrial Argentina para las pymes, presentada el martes pasado tras un encuentro a puertas cerradas en Punta del Este, tiene—lamentablemente— similitudes con la política laboral aplicada en los años noventa, basada en la flexibilidad y la precariedad como ejes de la reducción del costo laboral. Autor: [b][color=336600]Daniel Muchnik[/color][/b] Fuente: [b]Clarín[/b]

El argumento de la UIA es que el país necesita un plan de "fortalecimiento" de las pequeñas y medianas empresas, que apunta a actualizar un anterior Proyecto de Ley Pyme, ahora olvidado, para crear mejores condiciones para la inversión. Si se sigue su propuesta, la entidad juzga que en 10 años se podría duplicar el número de pymes industriales (para superar las 200.000) ubicando en el 20% su participación en las ventas externas nacionales.

"Sin pymes no hay industria", sentencian en la UIA y por ello piden eximiciones impositivas y facilidades para el pago de las deudas impositivas y provisionales sin, —juzgan— desmesurados perjuicios para el Fisco. Porque podrían ser financiados con reducción de aportes patronales y amortización adelantada de Ganancias con baja de punitorios por parte de la AFIP.

Eso tiene coherencia en la línea de concluir con las encerronas y dificultades que padecen en especial las pymes en todo tipo de tramitación y en todos los ámbitos. La UIA reclama, en cambio, en el territorio laboral para las pymes la polifuncionalidad, ampliar el período de prueba y las pasantías, limitar sus responsabilidades como principales cuando tercerizan actividades y reducir las contribuciones patronales.

Por otra parte, insiste en la representación pyme para las negociaciones de los convenios laborales. Pero, hoy por hoy, las condiciones laborales están flexibilizadas, como lo revela la persistencia del período de prueba, las pasantías, el alargamiento de los horarios de trabajo, las vacaciones fraccionadas y otorgadas en cualquier período del año y también los bajos salarios.

Toda esa "herencia" negra de los años noventa se mantiene, potenciada por la tolerancia con el empleo en negro (un total de 4,7 millones de trabajadores), el alto desempleo (1,6 millones de ciudadanos) y el trabajo de beneficiarios de planes sociales a 150 pesos por mes.

Se sabe que las pasantías, que hoy pueden durar hasta 4 años, no son una herramienta de formación de los jóvenes sino un instrumento para pagar menos ya que los pasantes ni siquiera tienen un sueldo, sino que reciben apenas una "ayuda".

El pasante es una forma de no contratar trabajadores permanentes sin pagar el sueldo de convenio. En lugar de reclamar que sean efectivamente educativas, limitadas en el tiempo a apenas algunos meses, se reclama una ampliación de las pasantías, como si los cuatro años actuales fuesen insuficientes.

Lo mismo pasa con el pedido de ampliar el período de prueba, totalmente innecesario en una pyme, donde la relación patrón—empleado es más estrecha y el empleador rápidamente puede saber si el nuevo empleado es apto o no para la tarea. Con el pedido de reducir más las contribuciones patronales pasa lo mismo: las pymes ya tienen cargas achicadas.