Juego de pinzas

Leandro Etchichury
El Gobierno anunció el pasado miércoles su decisión de recurrir a la Justicia con el propósito de que se “declare ilegal en Argentina el pacto de Citibank y que se declaren nulos todos los actos jurídicos del Citibank en Argentina, tomados en función del pacto con los buitres”. “La Justicia otorgó muchas medidas cautelares contra este gobierno. Sería bueno que esa vez rápidamente otorgue una cautelar a favor no del Gobierno, sino de los clientes del Citibank, y en defensa del país y del sistema legal argentino”, resaltó el ministro de Economía, Axel Kicillof. Así, el Gobierno daba respuesta a una operación a tres bandas entre el juez Thomas P. Griesa, el Citi y el fondo de Paul Singer, a raíz de la decisión de Griesa de bloquear el pago a bonistas bajo legislación argentina para el 31 de marzo y 30 de junio próximos.

Gracias a ese pacto, el Citi obtenía una nueva autorización de pago, se retiraba del negocio y entregaba a Griesa (y por propiedad transitiva a los buitres) toda la información sensible respecto de las operaciones con los poseedores de títulos.
En paralelo, los comentarios insidiosos que desde la administración Obama se lanzan de manera pública sobre la economía argentina vienen cobrando intensidad desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió desestimar el tratamiento de la apelación, dejando al país en manos del juez del Distrito Sur de Nueva York. Ello fue entendido desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y así lo hizo trascender, como una decisión avalada por las más altas autoridades políticas norteamericanas.

La ahora rectificada declaración de “emergencia nacional” por la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela”, que emitiera el gobierno de Obama el pasado 9 de marzo, fue recibida con desagrado por buena parte de los gobiernos latinoamericanos y a ello se refirió la subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, manifestando su decepción con la reacción latinoamericana. Fue allí mismo cuando consultada sobre la situación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, más conocida como ALBA, la funcionaria norteamericana se corrió para hablar de Argentina que, aunque aclaró “no es un país del ALBA, está en muy mala forma”.

Es en este contexto que las autoridades de Citibank Argentina deciden negociar con Paul Singer a espaldas de las autoridades locales, y ante la reacción de los funcionarios de Economía recibe el decidido apoyo de la Asociación Bancaria Argentina (ABA), que reúne a las entidades de capital extranjero, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), con Clarín, Techint, Roggio y FIAT a la cabeza, y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que se sumó al repudio denunciando que la decisión de suspender al Citi para operar en el mercado de capitales local y la inhabilitación de su máximo responsable en el país “parece no haber sido tomada en base a elementos de juicio objetivos que pudieran determinar que el accionar del Sr. Gabriel Juan Ribisich haya vulnerado norma alguna o comprometido derechos de los usuarios financieros pertinentes”.

Repasando su investigación sobre la historia del Citibank en la Argentina –que realizara junto a Luis Balaguer– el periodista Marcelo Zlotogwiazda destacaba que “fue a partir de 1976 que el Citi disfrutó en la Argentina de un cuarto de siglo glorioso. Durante la dictadura aprovechó como ningún otro la liberalización financiera, la fuga de capitales y, fundamentalmente, el endeudamiento externo, y se convirtió en el principal acreedor del país. Eso llevó a que una vez restablecida la democracia, el Citi jugara un rol político decisivo como líder del Club de Acreedores que, con William Rhodes manejando la batuta, tuvo a maltraer a un alfonsinismo que vivió ahogado por la deuda externa” (Veintitrés, 19 de marzo de 2014). Una historia que continuaría con el desguace del Estado, las maniobras del Federal Bank y el Citicorp Equity Investment (CEI) y la fallida Comisión Investigadora que condujera Elisa Carrió.

Quien conoce al Citi por dentro es Hernán Arbizu, para el que trabajó en operaciones de fuga de divisas. “Cuando trabajaba en Citibank usaba toda la red de sucursales que tiene el Citi en Argentina para buscar clientes para que abrieran cuentas en el exterior. Tal es así que pedíamos a todas las sucursales los listados de clientes con más de 3 millones de dólares, y obligábamos a los gerentes de las sucursales Morón, Córdoba, o lo que fuera, a que generaran reuniones entre esos clientes y nosotros para ofrecerles los servicios offshore”, le aseguró al periodista Gustavo Sylvestre. Arbizu tiene una causa en el juzgado de Sergio Torres en la que se autoincriminó por este tipo de operaciones. “La causa está totalmente parada y el fiscal Marijuán, en siete años que tiene la causa presentó solamente dos o tres escritos”, manifestó a los pocos medios que lo quieren escuchar. El ex ejecutivo financiero señaló además que en el año 2000 su colega en el Citi, Gabriel Holand, fue contratado por el HSBC para replicar el modelo de captación de clientes predispuestos a la fuga.

Para no sentirnos aislados del mundo, actualmente en México la filial del Citigroup, Banamex, se encuentra inmersa en una denuncia por fraude, en lo que se conoce como el caso Oceanografía, que involucra a la petrolera Pemex y llevó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a imponerle una multa por 2 millones de dólares, mientras estudia nuevas sanciones adicionales. Aún tienen muy presente en ese país cuando, a fines de la década de los ’90, el Citibank fue denunciado en EE.UU. por lavado de dinero ilícito del hermano del presidente Carlos Salinas.

Miradas al Sur - 11 de abril de 2015