Una definición sintética del diccionario de la Real Academia Española señala que impunidad significa: sin castigo. Es decir, si algún acto o acción que dañase, independientemente de su intensidad, el tejido social o a un tercero no recibe la sanción establecida, se está ante un ejemplo de impunidad.

En el caso de la última dictadura cívico-militar, siempre he pensado que no hay una palabra para expresar en forma exhaustiva los horrores que se vivieron y los actos criminales que se consumaron. Mataron con alevosía, violaron mujeres, sometieron a las torturas más inhumanas a los privados ilegalmente de su libertad, secuestraron menores de edad, se apropiaron de recién nacidos, saquearon casas, robaron pertenencias de sus víctimas, mantenían centros clandestinos de detención dentro de sus estructuras... Creo que nadie, salvo que esté dentro de la mafia o la apoye ideológicamente, puede no reclamar que se juzgue y condene a quienes la integraban.

Fue eso lo que se intentó en 1986 con la reforma al Código de Justicia Militar, adjudicando el juicio a las Cámaras Federales de Apelaciones del país, que en general coincidían con la jurisdicción de los Cuerpos del Ejército. Por ese camino, la Cámara Federal de Bahía Blanca, en su anterior composición, inició una investigación de los delitos cometidos en su jurisdicción de aquel entonces (Río Negro, Neuquén, La Pampa y sur de la provincia de Buenos Aires) acumulando prueba suficiente para demostrar cómo se operaba, los delitos cometidos y sus presuntos autores. Sobre esta base se detuvo a cuatro generales, a pesar de que el ministro de Defensa era remiso en diligenciar las pruebas que se le solicitaban.
En este contexto se produjo el levantamiento de los llamados "carapintadas" en Semana Santa de 1987, cuyo objetivo era que se concluyera definitivamente con los juicios. Dudo si era una pretensión primaria o exigían el cumplimiento de algo pactado con anterioridad. En cualquier caso, lo lamentable fue que el presidente aceptó los reclamos, a pesar de la multitud que se concentró rodeando el lugar de la sublevación, en Plaza de Mayo y en todas las plazas del interior del país, expresando un claro NO a la impunidad.
Por eso creo que las excusas argumentadas para la claudicación no son válidas.

El Dr. Alfonsín tuvo la oportunidad histórica de producir una bisagra en el devenir de Argentina, reimplantando la vigencia de esa ecuación tan simple pero difícil de cumplir, como es la de premios y castigos. Pero eligió dictar la ley de Obediencia Debida, exonerando a la gran mayoría de los responsables. Se trató de una ley manifiestamente inconstitucional, y así lo declaró ese año, por mayoría, la Cámara Federal que integro. Fue el único pronunciamiento en el país, luego revocado por la Corte Suprema de la Nación.
El proceso continuó con los indultos dictados por Menem, también groseramente inconstitucionales y declarados así por la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Los daños producidos a la sociedad legitimando el no castigo hacia crímenes de lesa humanidad son amplios, y a veces insuficientemente analizados. Por ejemplo un tema tan candente como la inseguridad, sobre todo en hechos como los secuestros extorsivos o robos en banda, tiene mucho que ver con la "mano de obra desocupada" conformada por ex represores que hasta hoy no han sido enjuiciados. Otros partícipes del terrorismo de Estado están en servicio activo en las fuerzas armadas, de seguridad o policiales, algo insoportable para la solidez de nuestra democracia.

La desaparición de Jorge Julio López no sólo es una muestra de lo que estos grupos están dispuestos a consumar, sino un claro mensaje de no admitir más juicios a represores, y un efecto: llevar el miedo a futuros testigos, jueces, fiscales y querellantes.

Con independencia de hallar a López y descubrir a los autores de su desaparición, los poderes públicos tienen que procurar la vía para juzgar a todos los represores constituyendo tribunales con jurisdicción, como tenían las Cámaras Federales, cuya competencia en mi opinión sigue vigente, conformadas por jueces en actividad con un profundo sentido de democracia.

Quedarse en la pasividad o reforzar con algo de personal los planteles de los Juzgados Federales, no es suficiente. Estos no están preparados para afrontar la tarea, como se advierte en el escaso avance de las causas. Las razones pueden ser muchas, pero lo importante es que si no se investiga, se juzga y se condena a todos los que tuvieron participación en el terrorismo de Estado, la herida quedará abierta y el peligro de reiteración latente.

*Camarista Federal de Bahía Blanca

Fuente: Revista en Marcha - Diciembre 2006 - N° 43