La compañía precisa que los deportados fueron detenidos por la Gestapo y no por policías franceses La compañía nacional de ferrocarril francesa, la SNCF, fue condenada el pasado martes, junto con el Estado francés, por su participación en el envío de dos hombres judíos al campo de tránsito de Drancy (periferia de París) en 1944. Es la primera vez que en Francia, país que colaboró con la Alemania nazi entre 1940 y 1944, se condena a una empresa pública y a la administración por su papel en la persecución de los judíos. El tribunal administrativo de Toulouse ha condenado a la SNFC y al Estado a pagar 62.000 euros a las víctimas por el perjuicio de su traslado de Toulouse a París en trenes para ganado y su encarcelamiento posterior en Drancy.

Alain Lipietz, europarlamentario verde, es hijo de uno de los dos demandantes. "Es una victoria para mi familia", comenta por teléfono. Su padre hoy difunto, George Lipietz, denunció en noviembre de 2001 al Estado y la SNCF. "Hoy por primera vez, la justicia administrativa condena al Estado como tal", dice Alain Lipietz.

Compara la sentencia con la condena de Maurice Papon, delegado del Gobierno francés en Burdeos durante la ocupación alemana, que en 1998 fue reconocido culpable de complicidad de crimen contra la humanidad. "Cuando se juzgó a Papon, se explicó lo malo que había sido; con este juicio, ya no se trata de distinguir los buenos y los malos, sino de sancionar a una organización, a una máquina que practicó el crimen de papel. Tiene un gran alcance simbólico".

La sentencia también puede tener consecuencias jurídicas inmediatas. Se calcula que 67.000 personas pasaron por Drancy, la gran mayoría de ellas antes de ser deportadas a Auschwitz -George Lipietz en cambio llegó suficientemente tarde a Drancy para no ser deportado al campo de exterminio nazi-. El diputado europeo cuenta que varios abogados de víctimas de la II Guerra Mundial le han confiado que pensaban seguir su ejemplo. Pero la
posibilidad de emprender acciones judiciales contra la empresa de ferrocarriles tiene fecha de caducidad. Chantal Cutajar, profesora de Derecho en la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo, explica que en el caso de la SNCF existe un plazo de 10 años antes de que haya prescripción.

El punto de partida de este periodo es la fecha a la cual se tuvo conocimiento de la posible responsabilidad de la empresa. El tribunal ha tomado en cuenta un informe, La SNCF bajo la ocupación alemana, redactado a petición de la compañía y publicado en septiembre de 1996. Quedan pues tres meses antes de que acabe el plazo de 10 años. En cuanto al Estado, se acabó el 6 de abril de 2005 la posibilidad de denunciarlo, afirma Cutajar.

La SNCF, que acaba de apelar la sentencia, confía en ganar la revisión del proceso. Su abogado, Yves Baudelot, considera la decisión "totalmente injustificada" ya que, según argumenta, la empresa pública estaba "bajo las instrucciones de los alemanes". Recuerda que el propio Serge Klarsfeld -abogado judío que llevó a los tribunales al nazi Klauss Barbie y desempeñó un papel importante en el proceso a Maurice Papon-, calificó la decisión de "aberrante".

Su hijo y también abogado Arno Klarsfeld está defendiendo la compañía ferroviaria en un caso similar en Estados Unidos. Arno Klarsfeld explica que la SNCF "no era una empresa privada sino que pertenecía al Estado", y que no
recibió una retribución por el transporte de los judíos, "sino meras compensaciones". Argumenta que los demandantes fueron arrestados por agentes de la Gestapo, y no por policías franceses. Los magistrados entendieron, al contrario, que la SNCF tenía cierta autonomía ya que fue capaz de "resistir a las exigencias de las autoridades alemanas siempre que estaban en juego sus intereses económicos fundamentales".