Las políticas públicas implementadas en el sector pueden ser comprendidas en tres etapas: la primera, desde 1943, estuvo orientada a resolver el déficit energético con una fuerte intervención estatal; la siguiente, desde 1976, se caracterizó por propuestas basadas en la desarticulación y privatización del sector y, finalmente, desde el año 2000, las políticas sobre el sector profundizaron el control estatal sobre las empresas privatizadas ante la falta de inversiones y mantenimiento.

[i]El avance del Estado empresario en el sector eléctrico, 1943-1975[/i]

Este período se caracterizó por el progresivo avance del Estado empresario en el sector, proyectando y concretando muchas de las obras que serían los ejes del sistema eléctrico en Argentina en los años futuros. Durante esta etapa hubo un incremento destacado de población (de 15 a 23 millones de personas según los censos de 1947 y 1970) acentuado por la concentración urbana, que pasó de un 62% a un 79% en los mismos años, y un importante desarrollo industrial que demandaba un adecuado y eficiente servicio eléctrico.

Los diversos gobiernos militares y civiles que se sucedieron entre 1943 y 1975 tomaron conciencia de la gravedad del déficit energético existente e intentaron revertirlo con un mayor papel del Estado. Se crearon así nuevas empresas estatales como la Dirección Nacional de la Energía en 1943, Agua y Energía Eléctrica en 1947, la Dirección Nacional de Contralor Energético en 1956, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) en 1958, e Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (HIDRONOR) en 1967. Asimismo, se modificaron radicalmente los organismos encargados del sector como la Secretaría de Estado de Energía y Combustibles en 1958, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica en 1960 y la Comisión Nacional Coordinadora de Grandes Obras Eléctricas en 1964. Las dos grandes apuestas en este período fueron lograr el aumento de la generación de energía eléctrica a través de las centrales hidroeléctricas y la construcción progresiva de un sistema interconectado a nivel nacional. Entre 1943 y 1970, la mayoría de las centrales fueron termoeléctricas (con un promedio del 93%) y producían energía eléctrica a partir de la combustión de carbón, fueloil o gas. Frente a esto, los diversos gobiernos aumentaron considerablemente sus inversiones hacia el sistema de hidroelectricidad, que se basan en un sistema de captación de agua que origina una cierta energía potencial acumulada (ver cuadro 1).

Cuadro 1: Generación de energía eléctrica entre 1930 y 1970
(servicios públicos y en Gwh)

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

El accionar de los militares de 1976 consistió en no aumentar las funciones del Estado empresario al que consideraban uno de los problemas nacionales, incompatible con el funcionamiento ordenado de la economía y la sociedad. Sin embargo, desde 1976 se lograron habilitar de forma progresiva diversos grupos hidroeléctricos proyectados en la etapa anterior, así como ampliaciones en otras usinas. Salto Grande comenzó a generar energía en 1979, Planicie Banderitas en 1978 y se habilitaron nuevos grupos en el Chocon Los Cerros Colorados. Todo esto determinó un incremento notable en la generación de hidroelectricidad entre 1970 y 1980, que pasó de 1.492 a 15.057 Gwh. Con respecto a la energía nuclear, la Central Atucha I continuó generando energía y se amplió progresivamente su capacidad generadora. En 1980 se comenzó la construcción de Atucha II (ver cuadro 2).

A diferencia de la etapa anterior, este período se caracterizó por una falta de proyectos e inversiones a mediano y largo plazo en materia de energía y de sucesivos desaciertos en la administración estatal que provocaron una desarticulación del sector eléctrico que culminó con la grave crisis de 1988/89. A partir de 1988, el abastecimiento del sector eléctrico comenzó a atravesar una crisis resultante de condiciones naturales adversas y de una sucesión de situaciones técnicas que impidieron atender la demanda con el parque de generación disponible. Las causas fueron el bajo nivel del embalse El Chocon por reparaciones en la presa, la prolongación del mantenimiento correctivo de la Central nuclear Atucha I, la baja disponibilidad del parque térmico de generación y una sequía prolongada que afectó la generación hidráulica. Todo esto motivó que las autoridades decretaran la “Emergencia Energética” en 1989 y se plantearon programas de cortes de suministro y diversas restricciones. Hacia fines de 1990 se fue superando la situación crítica con mejoras progresivas en la generación hidroeléctrica, la reposición al servicio de la central nuclear de Atucha y el ingreso de nuevas unidades de generación. Superada la crisis de energía, el Estado comenzó a desempeñarse como regulador de actividades esenciales. En tal sentido, éste transfirió sus funciones de empresario al sector privado y el marco legal para la privatización de la electricidad lo dieron la ley 24.065/92 y su decreto reglamentario 1.398 que se conoció como el “Marco Regulatorio Eléctrico”. En esta ley, la electricidad dejaba de ser considerada un recurso estratégico y pasaba a ser una mercancía que se podía negociar y acumular, que podía cambiar de precio y de manos según las reglas del mercado. En este contexto, el sistema eléctrico quedó dividido en tres partes: generación, transporte y distribución. Las tres empresas que operaban en el sector público, SEGBA, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, fueron divididas en unidades de negocios de acuerdo con el tipo de actividad. Quedaron tres distribuidoras, Edenor, Edesur y Edelap, que fueron las primeras en ser privatizadas, seis empresas de transporte y más de veinte de generación, que formaron el mercado mayorista.

Gran demanda, poca inversión y mayores controles, 2000-2007

Luego de la crisis de 2001, Argentina aumentó la demanda de electricidad pero no hubo grandes proyectos de instalación de obras de generación. Frente a la falta de usinas hidroeléctricas o nucleares a inaugurarse en breve y para evitar los temidos apagones, desde el actual gobierno se apostó a la compra de turbinas para nuevas centrales térmicas, como la de Campana, que estarían habilitadas en febrero o marzo de 2008. La falta de inversiones en el sector es destacada y el accionar del Estado cambió en relación a administraciones anteriores. Profundizó su control sobre las empresas privadas y si bien logró evitar la suba de tarifas no pudo convencerlas de que inviertan. Asimismo, las medidas de los últimos años fueron dos: restricción e importación. La primera, al igual que en las etapas anteriores, se aplicó especialmente a grandes y medianos usuarios. La otra medida fue la importación frente al abastecimiento insuficiente. El gobierno optó por importar desde Brasil, Uruguay y Paraguay pero no siempre estos países tienen excedente para el mercado argentino.

[i]El futuro del sector eléctrico[/i]

En el corto y mediano plazo es crucial la concreción de obras que aumenten la generación de energía (nuevas usinas eléctricas, finalización de Yaciretá y Atucha II) y mejoren el transporte (líneas de alta tensión). Para ello, el rol del Estado resulta fundamental, no sólo por ser el sector eléctrico sumamente estratégico, sino porque es necesario controlar efectivamente el accionar e inversiones de las empresas privadas para evitar el deterioro del servicio y promover su mejoramiento.

[b]*Historiador, investigador del CONICET. Contacto: lascaleia2008@yahoo.com.ar[/b]