Los perpetradores

La desaparición de personas en nuestro país contiene una marca administrativa estatal que en dos décadas previas dan atisbos de su lectura, su aplicación, e incluso de su vacua legislación posgolpe de Estado; una detallada gestión de la tortura, la muerte, la interrogación, también la delación y el encierro.

Avanzar con la democratización económica, productiva, jurídica y social

A 38 años del golpe cívico militar de 1976 la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) reafirma su compromiso con la profundización de la democracia, el proyecto productivo nacional y las políticas por la verdad, la memoria y la justicia.

Es preciso recordar que el régimen dictatorial tuvo el propósito central de terminar con las experiencias populares y las orientaciones industrialistas en nuestro país, mediante el terrorismo de Estado y un plan criminal que incluía centros clandestinos de detención, tortura, secuestros y desapariciones forzadas de personas.

En abierta complicidad con el genocidio, Martínez de Hoz, junto con el Consejo Empresario Argentino, ADEBA y otras entidades de ideología afín, ejecutó un minucioso proceso de destrucción del aparato productivo nacional para dar paso a políticas de desregulación, especulación financiera, concentración y extranjerización de la economía que se plasmaron en la década del 90 y llevaron a la crisis de 2001 y 2002.

En estos días el Ministerio de Defensa ha puesto a disposición pública archivos hallados en dependencias de la Fuerza Aérea en los que consta la relación esencial entre el terror político y la reestructuración económica y social a favor de grandes grupos económicos locales e internacionales.

Esto nos lleva a recordar que aun con modificaciones y atenuantes, en esencia siguen vigentes normativas clave impuestas por la dictadura, como las leyes de entidades financieras y de inversiones extranjeras. Esas leyes permitieron desarticular la capacidad del Estado para regular la economía y dieron paso a un régimen basado sobre la especulación financiera y la libre circulación de capitales, lo que terminó por desmantelar la industria nacional y el vasto entramado Pyme que le daba sustento.

Logros recientes como la Ley de Servicios Audiovisuales, surgida de un amplio debate político, social y cultural con participación de múltiples sectores, así como la recuperación de los fondos de la ANSES, de Aerolíneas e YPF, nos alientan a impulsar mayores avances en la derogación de normativas establecidas a favor de monopolios, oligopolios y unos pocos grupos de privilegio.

Las pugnas contra la democratización de Poder Judicial y las reformas del Código Civil y Comercial y del Código Penal, también deben interpretarse en este sentido.

Esos sectores continúan ejerciendo, con la concurrencia de sus voceros mediáticos y políticos, diversas modalidades de extorsión a las instituciones democráticas y a la ciudadanía en su conjunto, a fin de restaurar las bases del neoliberalismo e imponer sus intereses en desmedro de las mayorías sociales, del trabajo y de la producción.

En contraposición con esos intentos, es preciso articular las acciones de los sectores que integramos las mayorías sociales, Pymes del campo y la ciudad, trabajadores, cooperativistas, estudiantes, profesionales, en pos de afianzar y profundizar un proyecto de desarrollo inclusivo, soberano y democrático, con políticas activas del Estado, en el marco de la integración regional con Latinoamérica y el Caribe.

Por este motivo convocamos a los pequeños y medianos empresarios a participar en los actos y movilizaciones que se realizarán el próximo lunes 24 de marzo en todo el país para decir otra vez Nunca Más a la dictadura y el neoliberalismo y pronunciarse por una Argentina con plena vigencia de los derechos humanos, económicos y sociales para todos sus habitantes.

Documentos revelan rol clave de civiles en leyes económicas de la dictadura

La Ley de Inversiones Extranjeras y la denominada Ley Acindar fueron impulsadas por Martínez de Hoz y Klein, pese al desacuerdo de un sector de las FF AA. Repatriación de utilidades e igual trato que empresas nacionales.

A 38 años del golpe de Estado de 1976, los archivos hallados en noviembre en el edificio Cóndor a los que tuvo acceso Tiempo Argentino detallan de manera novedosa el rol de las grandes empresas y de los sectores civiles en la confección de las políticas económicas de la dictadura. Dos documentos paradigmáticos que reflejan esta relación, cual viejos fotogramas de una película de terror, son el debate en torno a la Ley de Inversiones Extranjeras –aún vigente– y el salvataje de grandes compañías que estaban al borde de la quiebra, conocido como Ley Acindar. En la víspera de un nuevo aniversario de la asonada militar, el análisis de este material que se hará público hoy junto al resto de los archivos en un acto en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, se vuelve imprescindible.

“Permite que todos los argentinos puedan acceder a los documentos hallados de la dictadura cívico-militar”

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, lanzó la página web archivosabiertos.com">http://archivosabiertos.com/]archivosabiertos.com[/url], plataforma virtual que contiene todos los archivos encontrados en noviembre pasado en el Edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea. También, presentó una edición especial impresa de seis tomos que recopilan las 280 actas de la Junta Militar entre 1976-1983.

“Es uno de los hallazgos más importantes que se han recuperado en democracia”, aseguró Rossi en el acto desarrollado en el Hall central del Edificio Libertador. En ese marco, recordó que en el día de ayer se inauguró en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica un espacio de acceso público a los archivos hallados. “A esta iniciativa se suman la página web, a fin de que el material pueda estar disponible para todos los argentinos, y la impresión de seis tomos destinados a bibliotecas militares y civiles para su consulta”, explicó.

"El sitio es de carácter dinámico, y en principio contiene las 280 actas halladas, listas negras, el documento de ADEBA que en su momento entregó a la Junta Militar, además de recortes periodísticos e informes sobre los 7000 legajos encontrados en enero pasado en el ex Instituto Penal de la Fuerzas Armadas de Magdalena”. Y continuó: “Iremos agregando la mayor cantidad de documentación posible”.

“Estamos conformes con todo lo que hemos hecho en estos últimos meses a partir de la documentación encontrada, cuyo objetivo es el mismo que propuso el Gobierno Nacional el 25 de mayo de 2003: trabajar bajo el paradigma de Memoria, Verdad y Justicia”, aseguró el ministro, y resaltó: “Es un paradigma que nos pertenece a todos como pueblo argentino”.

Durante su discurso, el titular de Defensa destacó “la colaboración y compromiso de los jefes de las Fuerzas Armadas”, y consideró que “estamos ante Fuerzas que piensan en la construcción hacia el futuro”.

Se realizó la entrega formal de los seis tomos que recopilan las 280 actas de la Junta Militar a representantes de las siguientes bibliotecas: Biblioteca Central del Ejército “Gral. Dr. Benjamín Victorica”; Biblioteca del Ministerio de Defensa “Generala Juana Azurduy”; Archivo y Biblioteca del Departamento de Estudios Históricos Navales de la Armada Argentina; Biblioteca Nacional de Aeronáutica; Biblioteca de la Escuela de Guerra Conjunta dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; Escuela de Defensa Nacional; Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”; Biblioteca Popular “Por Caminos de libros y Solidaridad”; Comisión Provincial de la Memoria; Comisión Nacional de Valores; Archivo Nacional de la Memoria y Archivo General de la Nación.

Acompañaron al ministro los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Jorge Fernández; de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, Santiago Rodríguez; los subsecretarios de Asuntos internacionales para la Defensa, Roberto De Luise; de Formación, Javier Araujo; de Coordinación Administrativa, Germán Martínez; de Planeamiento Estratégico y Política Militar, María Fernanda Llobet; y el jefe de Gabinete del Ministerio, Sergio Rossi.

Asistieron también, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, general de División Luis María Carena; los titulares del Ejército, teniente general César Milani; de la Armada, vicealmirante Gastón Erice; y el subjefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Rodolfo Centurión.