Específicamente viola lo establecido por el artículo 116 de nuestra Constitución, que establece la competencia de los tribunales nacionales en esta materia, y el artículo 27 que ordena que los tratados de comercio con potencias extranjeras deben estar “en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución” y que, con más razón, esa obligación resulta ineludible para los contratos celebrados con privados. Por tanto, tambien la reforma del art. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación autorizando la posibilidad de someterse a tribunales extranjeros, deviene manifiestamente inconstitucional, atento que el artículo 28 de la Carta Magna establece de modo tajante que “los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

23 de junio de 2014