FUERA LA INTERVENCION

La intervención del IPC ya constituye un escándalo político nacional de tal envergadura que hasta los sectores de la derecha más reaccionaria aprovechan para sacar rédito.

De un modo totalmente autoritario, mientras el gobierno de Kirchner metió de prepo una interventora en el IPC custodiada por dos matones y la presencia de la policía en las inmediaciones del Instituto, ahora encima por boca del ministro del Interior Anibal Fernández nos acusa a los trabajadores de ser “forajidos y mafiosos”, en tanto la ministra Miceli sigue mintiendo diciendo que la disconformidad se reduce a “un grupito de 20 personas”.

La interventora del IPC, autodenominada delegada del Ministerio de Economía se propone manipular los datos arrojados por las oscilaciones de los precios de los productos en función de la conveniencia del gobierno. Ni siquiera Menem llegó tan lejos. Después del fracaso de los acuerdos de precios impulsados por la ministra Miceli y el secretario de Comercio Guillermo Moreno, el gobierno resolvió intervenir el IPC para dibujar los números de la inflación implementando “metodologías confidenciales”, una truchada inclasificable que desenmascara el supuesto “progresismo” de Kirchner, engañando descaradamente al pueblo trabajador.

En ese sentido, cuanto más se disfracen los resultados de los índices de precios más difícil resultará exigir aumento de salarios en las próximas negociaciones paritarias, favoreciendo de hecho los intereses de los empresarios, tal como admite el empresario Carlos de la Vega , quien declaró que en la “negociación decididamente importará como venga el IPC” (Perfil, 4/02/07).

La intervención del IPC sienta un precedente sumamente grave que puede extenderse a otras direcciones a partir de las arbitrariedades gubernamentales. Sabemos que las intervenciones siempre estuvieron asociadas a asuntos turbios, amenazas a las fuentes de trabajo, privatizaciones, tercerizaciones, etc. Es lógico que los trabajadores estemos preocupados no sólo por la manipulación de los datos sino también por la posibilidad de la alteración de las condiciones laborales, que tarde o temprano pueden ser amenazadas.

No podemos depositar ninguna confianza en Mármora. El día jueves, después de haber llamado a los compañeros del IPC a “atrincherarse” en el 2º piso y a que no entregaran ningún papel a la interventora, el director del Instituto desapareció, y según los diarios está en el mutismo absoluto. Evidentemente, tras el escándalo suscitado en los medios, Mármora está negociando su pellejo después de haber abierto la puerta para intervenir el IPC.

En igual sentido, y tal como dijo el jefe de personal, muchos directores fueron a saludar a la interventora para procurar la garantía de sus propios cargos. Por eso sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas para echar a la intervención.

La instalación de la intervención fue acompañada por la pasividad de ambos gremios, UPCN y ATE. Sin embargo, las numerosas asambleas autoconvocadas obligaron a los delegados de la Junta Interna de ATE a decir que si el índice salía por debajo del cálculo establecido por los trabajadores del IPC llamarían a medidas de acción.

Los delegados de ATE parecen dispuestos a esperar un índice relativamente aceptable como prenda de negociación para mantener la intervención. Los trabajadores debemos echar a la intervención por todas las consecuencias que traería de conjunto, sin condicionar nuestra acción al resultado del índice.

En ese sentido, hay que imponerle a los delegados de ATE que pongan la legalidad gremial al servicio de medidas de lucha para expulsar a la intervención, más allá de cómo salga el índice. Los trabajadores no queremos ninguna intervención negociada.

POR UN DEBATE PUBLICO NACIONAL

Los trabajadores del INDEC tenemos la tarea prioritaria de echar a la intervención, rechazando la pretensión gubernamental de manipular los datos. Sin embargo, tal como reflejaron los diarios durante el fin de semana, los trabajadores y los técnicos del INDEC tenemos una deuda pendiente con las deficiencias en las metodologías, que como todos sabemos son perfectibles.

Si el gobierno de Kirchner tuviese un ápice de progresista y le interesara realmente el legítimo derecho que tiene el pueblo trabajador a saber toda la verdad, cuanto menos propondría “un debate público” sobre la metodología para calcular la inflación, como bien sugiere el Comunicado de Prensa del 1 de febrero, votado en asamblea, posición compartida incluso por numerosos intelectuales destacados.

Nosotros opinamos que es necesario ese “debate público” nacional con intelectuales, estadísticos, técnicos y trabajadores para abordar críticamente las metodologías empleadas para elaborar los índices. No es posible ignorar que la sensibilidad popular del hombre de a pie dista mucho entre los resultados de los índices y lo que observa en la realidad todos los días, donde la “inflación real” se aparta de la “inflación oficial”.

En la misma dirección, resulta válida la posición del dirigente de la CTA Claudio Lozano, quien señala una crítica a la metodología para el registro de pobreza y la indigencia.

Lozano afirma que “con el método actualizado en lugar de 12 millones de pobres, habría casi 16 millones de personas en esa situación”, elevando la tasa de pobreza de 31,4 al 39,6%. Si bien el gobierno por un lado pretende manipular los datos, simultáneamente por el otro se vale de las deficiencias metodológicas para engañar abiertamente al pueblo.

Complementariamente, es necesario terminar con los nombramientos a dedo de los gobiernos de turno y poner al frente de las direcciones a los profesionales más idóneos en las materias a partir de concursos públicos y transparentes controlados por los intelectuales y las personalidades más destacadas junto a las organizaciones de los trabajadores.

Por otro lado, sólo un directorio integrado por técnicos y trabajadores, elegido por todo el personal, puede orientar de forma efectiva nuestro Instituto con este curso.

Los sucesivos directores del Instituto son los responsables directos de los negociados, de las caídas de los programas y de numerosos despidos. Sólo un directorio de técnicos y trabajadores puede acabar con los negocios turbios y distribuir el presupuesto para salarios, asignaciones de programas y adquisición de infraestructura en función de un Instituto vinculado con los intereses reales del pueblo trabajador.

Fuente: Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh - 06.02.07