Las medidas de fomento implementadas, como el Pro.Cre.Ar o el reciente Pro.Cre.Auto, resultan dinamizadoras y tienden a generar impactos positivos en los sectores involucrados. Sólo manteniendo el poder de compra popular la economía podrá seguir avanzando.

No obstante, el crecimiento productivo tiende a generar una mayor demanda de importaciones, y aquí aparece la cuestión de la restricción externa, dado que aún se mantiene la estructura productiva desequilibrada, según la definió Marcelo Diamand; ésta obliga a coordinar las políticas monetaria, cambiaria y productivas.

En este entorno, el caudal de exportaciones es definitorio. Para fomentarlo resulta deseable mantener el tipo de cambio real multilateral en los niveles a los que llegó en enero de este año, al igual que se requieren políticas productivas de fomento a las exportaciones. No obstante, dada la suspensión para el atesoramiento de divisas, salvo el margen permitido mensualmente por la AFIP, y la devoción argentina por el ahorro en dólares o en algún sucedáneo, como el estoqueo de productos exportables, el estímulo para liquidar divisas se encuentra vinculado, aunque no únicamente, a una tasa de interés por depósitos a plazo fijo no muy alejada de las tasas de inflación. Y allí se produce un maridaje entre las tres políticas mencionadas.

Para compensar las altas tasas del momento, el BCRA está utilizando las nuevas capacidades y objetivos de la Carta Orgánica de 2012 para orientar el crédito a través de la línea para la inversión productiva, la regulación de las comisiones bancarias y de las tasas de interés a los préstamos a las personas, herramientas que tienen una alta potencialidad para darle un sesgo positivo a la actividad económica, y resulta deseable que se continúen generando nuevas políticas activas desde la autoridad monetaria.

Es necesario pensar en distintas regulaciones, novedosas, que garanticen los saldos exportables necesarios, evitando un excesivo incremento en los stocks de bienes exportables, junto con políticas de incentivación y mejora de la producción, y la determinación de márgenes “razonables” en las distintas etapas de las principales actividades productivas. Estas son medidas factibles, aunque no son de fácil implementación, luego del desarme del Estado activo que se verificó durante los neoliberales noventa. No significa reponer los organismos regulatorios que fueron cerrados, sino crear otras instituciones o reglamentos adecuados al momento actual, incorporando el concepto de democracia participativa, tanto en la definición de los instrumentos y organismos, como en su administración, con la necesaria participación estatal, compartida con los productores y consumidores. Este concepto de participación democrática está siendo positivamente utilizado en la implementación del programa de Precios Cuidados, y sería deseable una mayor profundización. De la misma forma, el diseño de una política industrial sustitutiva de importaciones debe gestarse desde el trabajo profundo entre el Estado y los distintos sectores involucrados.

Una reforma fiscal con un profundo sesgo progresivo y que fomente la actividad de las pymes es una condición indispensable para seguir avanzando, como también lo es la necesidad de derogar la ley de entidades financieras de la dictadura, por una ley pensada para los usuarios de servicios financieros. No son cuestiones de fácil resolución, pero es la alternativa a otra solución presentada como mucho más simple y eficiente, la libertad de los mercados, cuyos atroces resultados ya conocemos.

Página/12 - 7 de julio de 2014