Rescate bancario a España: la semana en la que "todo se dio la vuelta"

Alejandro Ramirez
España acaba de vivir una semana de vértigo. El lunes 9 de julio los ministros de economia y finanzas del Eurogrupo llegaron a un acuerdo político entorno al Memorandum de Entendimiento (ME) que contiene la condicionalidad que irá ligada al programa de rescate de la banca española. A pesar de que no se espera la aprobación de la versión definitiva del ME hasta el 20 de julio, un día después de la reunión del Eurogrupo ya se había filtrado a la prensa un borrador detalladísimo del mismo. Los ministros del Eurogrupo también aprobaron el lunes la propuesta de la Comisión Europea de conceder a España un año más de plazo (hasta el 2014) para reducir su déficit público por debajo del 3%. A cambio de este año extra, el gobierno español se comprometió a realizar un ajuste fiscal adicional por valor de 65.000 millones de euros, en los próximos dos años y medio, a través de una bateria de medidas fiscales nuevas, que Rajoy anunció el miércoles 11 de julio al Congreso y que el gobierno aprobó el viernes.

Uno de los cometidos principales de la reunión del Eurogrupo era concretar los acuerdos políticos alcanzados por los jefes de estado y de gobierno de la zona euro durante el Consejo Europeo del 28-29 de junio. El comunicado que resumía las decisiones del Eurogrupo del 9 de julio clarificaba, sobre todo, que hasta que no se pusiese en marcha el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) cualquier desembolso que formase parte del rescate de 100.000 millones para recapitalizar bancos españoles sería concedido por el Fondo Europeo de Estabilidad Europea (FEEF) al Estado español a través del FROB y que, por lo tanto, sería el Estado español el que se haría responsable de su devolución. Una vez que el MEDE empiece a funcionar, el crédito a España será transferido del FEEF al MEDE, sin que el MEDE adquiera por ello rango de acreedor privilegiado frente a los demás acreedores en caso de impago. La puesta en marcha del MEDE, además, está todavía pendiente de la ratificación del tratado por parte de todos los parlamentos nacionales de la zona euro y del dictamén del tribunal constitucional alemán sobre su conformidad con la constitución alemana.

El comunicado del Eurogrupo también afirmaba que en septiembre se empezaría a discutir la posibilidad de conceder al MEDE la capacidad de financiar directamente recapitalizaciones bancarias en países de la zona euro sin tener que pasar por los Estados. La idea es que la financiación del MEDE no contribuya a aumentar aún más la deuda de los países receptores ya afectados por la crisis de la deuda soberana. Esta posibilidad, a la que el gobierno español ha apostado todo, queda estrictamente condicionada, sin embargo, a las negociaciones para crear un futuro supervisor bancario europeo en el que participe el BCE. Negociaciones que igualmente empezarán en septiembre sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea.

Por mucho que insista el gobierno español en aparentar lo contrario, no existe absolutamente ninguna garantía de que un futuro acuerdo sobre los poderes de un supervisor bancario europeo satisfagan lo suficiente a países como Alemania, como para que éstos aprueben conceder al MEDE la capacidad de recapitalizar directamente bancos sin cargo a la deuda soberana de los paises receptores. Lo que es más, aunque se llegase a un acuerdo sobre este punto, tampoco existe garantía alguna de que España pueda traspasar los créditos, para las recapitalizaciones ya desembolsados, de su deuda publica a un futuro MEDE dotado de estos poderes adicionales. Estos fueron dos puntos que el ministro de economía alemán, Wolfgang Schäuble, dejó ya muy claros en una entrevista que concedió a El País el pasado 8 de julio.

El 14 de julio, en declaraciones al Börsen Zeitung, el gobernador del banco central alemán, Jens Weidmann, además recomendaba al gobierno español que se deje de ilusiones y que pida directamente cuanto antes un rescate financiero también para el Estado español, dado el frágil estado de la economía que hace imposible separar el deterioro de la situación bancaria de la fiscal.

A pesar de ello, Rajoy, contradiciendo a todos los analistas del mercado, insistía en su discurso del 11 de julio ante el Congreso que el problema no es la falta de credibilidad de los acuerdos sobre recapitalizaciones directas por parte del MEDE y la creación de un futuro supervisor europeo. Afirmar lo contrario equivaldría a contradecir la caracterización de Rajoy de su gestión en el Consejo Europeo como un "éxito". No, según Rajoy el único problema es que el FEEF/MEDE no ha empezado todavía a comprar bonos españoles, no su "brillante" gestión en el Consejo Europeo del 28-29 de junio.

¿Que implica la condicionalidad del Memorandum de Entendimiento?

- La condicionalidad económica, fiscal y financiera son inseparables

Lo primero que salta a la vista cuando uno lee el texto publicado del ME es lo ridículo de la insistencia de Rajoy, en su discurso del 11 de julio, que el rescate de los 100.000 millones solo está ligado a una condicionalidad sobre el sector financiero y no sobre la política económica o fiscal del gobierno, tras lo cual el Presidente pasó a anunciar medidas de ajuste fiscal por valor de 65.000 millones de euros.

Por si hay dudas, el primer párrafo del ME dice claramente que España tendrá que cumplir con sus compromisos de ajuste fiscal bajo el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) al que está sometido y sus compromisos de política económica contenidos en las recomendaciones hechas por la Comisión Europea en el marco del Semestre Europeo. Si aún hay dudas, el ME detalla que el progreso de España en la ejecución de sus compromisos de política fiscal y económica será sometido a un riguroso seguimiento en paralelo al de la implementación de su programa de recapitalizaciones bancarias y reformas financieras.

- Treinta mil millones ahora, el resto para después

El ME fija un calendario de actuaciones para implementar el programa de reestructuración y recapitalizacion bancaria en España cuya finalización prevé para finales del 2013. El diario alemán Der Spiegel, el 15 de julio, afirmaba que disponía de información de que el programa de recapitalización abonaría los créditos en cuatro tramos (el último de ellos en la seguna mitad del 2013) y que los créditos vencerían a más tardar en el 2028.

A partir de finales de este mes de julio, el FEEF pondrá a disposición del gobierno español, en caso de que lo pida, una primera partida de 30.000 millones de euros. Estos fondos están pensados para ser usados solo en caso de que se aceleren los acontecimientos de manera inesperada y que la inestabilidad del sistema financiero imponga recapitalizaciones urgentes. En realidad, las recapitalizaciones bancarias no deberían comenzar hasta después de septiembre del 2012, una vez que las cuatro auditoras contratadas por el Banco de España (BdE) y el gobierno hayan estimado, en base a pruebas de estrés y análisis individualizados, las necesidades de capital adicional de cada entidad.

Partiendo de los resultados de los análisis de las cuatro auditoras, se dividirá a 14 entidades españolas (90% del sistema bancario) en cuatro grupos. El llamado Grupo 0, estará compuesto de entidades que no necesitarán capital adicional (entre las que presumiblemente estarán Santander, BBVA y posiblemente CaixaBank). El Grupo 1, donde se espera que se concentren la mayor parte de las necesidades adicionales de capital y que estará compuesto por las cuatro entidades ya intervenidas por el FROB (BFA/BANKIA, Catalunya Caixa, NCG y Banco de Valencia). El Grupo 2, estará formado por entidades que sean capaces de recaudar en el mercado al menos parte del capital adicional que necesiten, pero que asimismo requieran algo de capital público de apoyo. Por último, el Grupo 3 estará formado por las entidades que puedan obtener todo el capital adicional que necesiten en el mercado.

- Establecer una sociedad de gestión de activos tóxicos bancarios

El ME prevee la creación de una única sociedad especial al que los bancos puedan traspasar sus activos "toxicos", en su mayor parte créditos a promotores inmobiliarios y activos o terrenos adjudicados por los bancos, para así limpiar sus balances y concentrarse en sus lineas de negocios rentables. Esta sociedad ha sido bautizada por la prensa como el “banco malo”, aunque en realidad tal descripción es del todo errónea ya que, de acuerdo con el ME, ni será una entidad de crédito ni dispondrá de acceso a financiación como lo haría un banco, sino que más bien parece basarse en el modelo de la sociedad pública National Asset Management Agency (NAMA) creada por el gobierno irlandés en el 2009 para gestionar los activos tóxicos de sus bancos.

El papel de esta sociedad especial, que podríamos llamar sociedad pública de gestión de activos tóxicos (SGAT), es canjear titulos de deuda garantizados por el Estado por activos tóxicos de los bancos. En el canje estos activos tóxicos serán valorados a unos precios de descuento que reflejen su valor económico real a largo plazo y, por lo tanto, cristalizarán de manera inmediata las perdidas de valoración en los balances de las entidades que los traspasen al SGAT. El FROB, a su vez, recapitalizará las entidades que hayan cristalizado estas perdidas al traspasar los activos tóxicos. Los bancos que intercambien estos activos también obtendrán una participación minoritaria (el accionista mayoritario será el FROB) en el capital social del SGAT para que compartan los riesgos con el capital público. La idea es que, con el tiempo, el SGAT pueda recuperar el valor real económico a largo plazo de los activos tóxicos al no estar presionado, como lo estaría un banco, para liquidar estos activos cuanto antes y a cualquier precio. Los títulos de deuda garantizados por el Estado que recibirían las entidades bancarias mediante canje con el SGAT podrán ser utilizados como colateral por estas mismas entidades para obtener liquidez del banco central.

- Liquidar y expulsar a las Cajas del sistema bancario español

El ME no se limita a diseñar un plan para recapitalizar bancos, sino que pretende definir desde una optica ideológica neoliberal como debe estar estructurado el futuro sistema bancario español.

El ME exige nada menos que el gobierno español legisle de manera que le de el golpe de gracia a las Cajas de Ahorros españolas y elimine así su presencia del sistema bancario español para siempre. Pretende acabar la tarea iniciada por el gobierno Zapatero con el Real Decreto Ley del 2010 que obligó a las Cajas a "bancarizarse". Bancarización que consistió en imponerle a las Cajas exigencias de capital más rigurosas que a los bancos, de modo que se obligase a las primeras a tener que trasladar su negocio comercial a entidades bancarias de nueva creación, en la que las viejas Cajas tuviesen que compartir su participación en el capital social de estas nuevas entidades con accionistas privados. La premisa ideológica detrás de esta reforma es la creencia de que, por definición, los accionistas privados contribuirían a una mejor gestión de las entidades de crédito que los consejos de gobierno de las Cajas, dominados por políticos locales. De nada servía señalar, por ejemplo, que la tercera entidad de crédito del país era una Caja de Ahorros (La Caixa de Barcelona), cuya solvencia y valoración crediticia es comparable a la de entidades como BBVA y Santander. O que existían y existen tambien Cajas (las tres Cajas Vascas, por ejemplo) que no se sobreextendieron en su concesión de créditos inmobiliarios y que mantuvieron una gestión y solvencia encomiables.

Zapatero, sin embargo, no acabó del todo con el control de las Cajas sobre las nuevas entidades bancarias que estas crearon. Al aliarse en Sistemas Institucionales de Protección (SIPs), las Cajas fueron capaces de mantener el control mayoritario de las nuevas entidades bancarias frente a los accionistas privados. Este fue el caso de las siete Cajas que conforman BFA, que mantuvieron el control accionarial de Bankia a pesar de abrir su capital a inversores privados. También es el caso de La Caixa que, tras absorver a Banca Cívica, controla el 61% del capital social de CaixaBank.

El ME lo dice bien claro: El gobierno español tiene que preparar legislación para finales de noviembre del 2012 para reducir la participación de las Cajas en el capital social de los bancos creados por ellas hasta niveles minoritarios que no le permitán controlarlas. El ME no está hablando de legislación para las entidades intervenidas por el estado, sino de todas las entidades bancarias surgidas de las Cajas. Para saber como se va a hacer esto, probablemente baste con leer el informe del FMI del pasado mes de junio sobre el sistema financiero español, en el que se recomendaba legislar para impedir que las Cajas pudiesen continuar gozando del estatuto de instituciones de crédito y se tuviesen que constituir en fundaciones que se limitasen al papel de inversores pasivos con respecto a la gestión de las entidades bancarias en cuyo capital participen.

- Quemar a los clientes minoristas con preferentes y obligaciones subordinadas

El ME exige que se le impongan perdidas a los accionistas y a los tenedores de títulos que computen como parte del capital de la entidad (preferentes y obligaciones subordinadas) antes de comprometer dinero público (o del FEEF/MEDE) para recapitalizar dichas entidades. El ME de hecho le exige al gobierno que legisle antes de finales de agosto para obligar a las entidades controladas por el FROB, o a cualquier entidad que reciba fondos públicos para recapitalizarse, a canjear de manera "forzosa" las participaciones preferentes u obligaciones subordinadas de sus clientes por acciones ordinarias.

Este principio de compartir los costes de recapitalización con los inversores privados, en teoría tan "ecuánime" y "justo", no establece distinción alguna sobre la situación concreta de los distintos tenedores de estos títulos de capital. No distingue, por ejemplo, entre un accionista multimillonario como Manuel Jove, accionista mayoritario de BBVA, o Alicia Koplowitz, que compraron acciones en Bankia en la OPS del 2011 y un jubilado que es cliente de Bankia al que su director de oficina le convenció de la oportunidad de invertir su pensión en acciones de esta entidad.

En el caso concreto de Bankia, por ejemplo, la entidad colocó el 47% de sus acciones ordinarias entre 347.000 pequeños inversores (la mayoria eran sus propios clientes minoristas) durante la polemica OPS del 2011 por la que está imputado, entre otras cosas, Rodrigo Rato.

Además, las preferentes por valor de 3.000 millones de euros que Bankia colocó entre 92.000 de sus clientes también podrían sufrir cuantiosas perdidas, según lo estipulado en el ME. De acuerdo al auto judicial contra la anterior cúpula de BFA/Bankia, estas preferentes fueron colocadas entre los clientes de Caja Madrid y Bankia como una alternativa, más rentable que los depositos, donde los clientes podían invertir de manera "segura" sus ahorros. La realidad es que, muy al contrario que los depósitos, las preferentes no están garantizadas por el fondo de garantía de depósitos y su rentabilidad esta condicionada a que la entidad obtenga beneficios. Al contrario de los depósitos, las preferentes son títulos perpetuos que computan como capital, con lo cual la única forma de recuperar la inversión es revendiéndolas en un mercado que, por ser poco liquido, negocia estos títulos a elevados descuentos con respecto a su valor nominal. Al computar como capital, las preferentes no solo ayudan a las entidades a registrar un coeficiente de capital más elevado, sino que además se sitúan en primera linea, detrás de las acciones ordinarias, para absorber perdidas en caso de que las haya.

En junio, el nuevo presidente de BFA/BANKIA, Goirigolzarri, intentó llevar a cabo un plan para canjear a los clientes de Bankia casi 2.000 millones en preferentes por depósitos a cuatro años. La motivación principal era tratar de evitar que parte de los 11 millones de clientes de Bankia huyesen de la entidad con sus depositos, por espanto o por cabreo, ante el escandalo de las preferentes. Esta iniciativa fue vetada por la Comisión Europea para evitar que el FEEF/MEDE tuviese en un futuro que cubrir el agujero que dejarían en el capital de la entidad las preferentes convertidas en depósitos.

Ante el veto a canjear preferentes por depósitos, muchas entidades están canjeandolas por acciones ordinarias, ofreciendo al cliente un descuento sobre el valor nominal de la preferente que todavía situa su precio por encima del valor de "mercado" de estos títulos. Estos canjes suponen perdidas para el inversor en preferentes con respecto a su valor nominal y ayudan a la entidad a aumentar sus dotaciones de capital principal, pero el inversor supuestamente consigue salvar algo más del valor de sus títulos que si intentase venderlos en un mercado sin liquidez alguna, en el que como mucho recuperaría entre un 40-50% de su valor nominal.

El ME le exige explícitamente al BdE que desincentive cualquier canje de preferentes por acciones ordinarias en el que la entidad pague al cliente más de un 10% del valor de mercado de la preferente. La lógica esta clara: Minimizar las aportaciones futuras de capital por parte del FEEF/MEDE, infligiendoles más perdidas a los inversores en preferentes.

En España existen más de 700.000 inversores minoristas, con 8.000 millones de euros invertidos en participaciones preferentes. Más de la mitad son preferentes colocadas por las cuatro entidades intervenidas por el FROB.

Curiosamente el ME dedica un pequeño punto a recomendar al gobierno español que, de paso, legisle para mejorar la protección de los inversores minoristas en títulos y acciones de banca, prácticamente reconociendo el fraude al que han estado sometidos muchos pequeños inversores por sus bancos. Sin embargo, esta recomendación no le impide al ME insistir en que se debe quemar a todos los accionistas e inversores minoristas en preferentes, sin distinción, independientemente de que en el pasado se hayan aprovechado o no de ellos las entidades.

Conclusiónes y alternativas

España está intervenida. Tras el rescate bancario financiado por el FEEF/MEDE, el futuro de su sistema financiero no lo decidirán los ciudadanos españoles sino sus socios Europeos y la Troika. A nadie se le puede escapar que si el rescate se financia con dinero de los otros estados europeos, cuyas garantías y aportaciones de capital sustentan la capacidad de financiación del FEEF/MEDE, estos diseñarán una condicionalidad que otorgue prioridad a sus intereses y a los de su banca. Esto signica, por ejemplo, que antes que imponer quitas sobre la deuda de los bancos españoles, para reducir las necesidades de recapitalización de la banca, se priorizará quemar a los cientos de miles de accionistas y tenedores de preferentes españoles, evitando a toda costa que estos consigan salvar sus ahorros canjeando estos valores por depósitos. La razón es simple: la mayor parte de la deuda de los bancos españoles esta en manos de instituciones financieras extranjeras y el colchón de capital que el FEEF/MEDE financiará esta, entre otras cosas, diseñado para proteger a los tenedores extranjeros de deuda bancaria española de un impago, mientras éstos esperan que sus títulos venzan.

Se dirá que parte de la deuda senior de la banca española esta tambien en manos de entidades bancarias solventes como Santander, BBVA o CaixaBank, que habría que recapitalizar asimismo si se les impusiese perdidas a través de quitas sobre la deuda senior de las entidades intervenidas. Que parte de la deuda senior en forma de pagarés esta igualmente en manos de los clientes minoristas de la banca. Se dirá además que, al contrario que la deuda senior, la deuda garantizada de los bancos, como las cédulas hipotecarias, está en su mayor parte en manos de extranjeros, y que no se puede someter a quitas. Estas objeciones no hacen más que resaltar un punto: que cuando se decida como se van a distribuir los costes para financiar la recapitalización de la banca a través de la imposición de quitas sobre la deuda bancaria en manos de distintos tenedores, el principio rector debe estar basado en la capacidad de asumir costes de los distintos tenedores de títulos bancarios y no en el rango en la estructura de capital de los distintos tipos de títulos (acciones, deuda subordinada, deuda senior, depositos, bonos garantizados, etc). La distribución de los costes siguiendo este principio se podría hacer mediante una auditoria que estableciese quienes son los tenedores de cada tramo de capital y deuda para, a continuación, ofrecerle canjes por títulos garantizados a aquellos tenedores a los que, por razones de justicia, no se quiere arruinar para recapitalizar a un banco.

En cuanto a las entidades como Santander y BBVA. ¿De verdad se puede justificar que las dos entidades que no van a tener necesidades de ayuda pública, que siguen teniendo beneficios, que poseen miles de millones en activos liquidos a través de sus negocios internacionales, no pueden contribuir más a la financiación de la recapitalización de una futura banca pública? Sobretodo considerando que estas entidades son las primeras que se beneficían de la estabilización del sistema financiero español con dinero público o se beneficían directamente de la adquisición subvencionada con garantías de entidades intervenidas por el FROB y subastadas por 1 euro como en el caso de la venta de Unnim a BBVA.

Teniendo en cuenta que los costes de saneamiento del sistema bancario español serán en gran parte financiados por los créditos del FEEF/MEDE, no sería de extrañar que los países acreedores exijan que se le acabe vendiendo a sus bancos participaciones en el capital de entidades solventes como CaixaBank, o de entidades ahora nacionalizadas, una vez hayan sido saneadas y puestas a la venta. El rescate bancario, por supuesto, vetará cualquier intento de condicionar la recapitalización bancaria a una política que conceda moratorias a los hipotecados, que permita la dación en pago, o que le prohiba a los bancos nacionalizados o a los que reciban ayudas públicas, continuar llevando a cabo deshaucios. Este tipo de medidas aumentarían la morosidad y las necesidades de aportación de capital por parte del FEEF/MEDE.

Por si esto fuera poco, la ilusión de poder separar el rescate bancario de un rescate al Estado español muy probablemente se venga abajo antes de que termine el año. Las razones son multiples. La presión de los mercados sobre la prima de riesgo española no ha cesado desde el Consejo Europeo del 28-29 junio y los tipos de interés sobre la deuda pública española se mantienen en niveles peligrosamente cercanos al 7%, lo cual hace insostenible la financiación continuada del Tesoro a través de los mercados. Las perspectivas de la economía española, ya de por si malas, empeoran con cada giro de tuerca de ajuste fiscal procíclico. Las continuas exigencias a los bancos de desapalancarse y de dotarse de provisiones y capital adicional, en el plazo más breve posible de tiempo, a corto y medio plazo solo puede tener efectos negativos sobre el flujo del crédito bancario y por lo tanto también sobre la economía.

Con cada vez más frentes abiertos y unos mercados cada vez más inestables, no sería de extrañar que los socios europeos de España comiencen a presionar al gobierno español para que pida también un rescate del soberano, para asegurarse un control de la situación que el gobierno Rajoy ya hace tiempo que ha perdido.

Revista Sinpermiso Digital - 15 de julio de 2012