No estuvo muy feliz en sus declaraciones el jefe de la bancada oficialista en el Senado de la Nación, Miguel Pichetto. En el debate en torno de la prórroga de la Emergencia Económica –que le otorga al Poder Ejecutivo poderes casi omnímodos para ejecutar el presupuesto nacional a su voluntad– declaró que los argentinos “tenemos que pagar la deuda externa, no podemos caer en el default como Correa en Ecuador. No somos un país bananero, tenemos que pagar...”.

Como si la Presidenta no tuviera suficientes simpatizantes y partidarios que parecen más empeñados en entorpecer su gestión que en facilitarla, las palabras de Pichetto demuestran que la sabiduría y el tacto político no son precisamente las que caracterizan a la primera espada del oficialismo en el Senado.

En primer lugar, hablar de “país bananero” es hacer uso del lenguaje racista y colonialista que inventó la derecha norteamericana desde finales del siglo diecinueve para justificar sus tropelías en el Caribe y Centroamérica. Se trata de un error mayúsculo en labios de un representante de un Gobierno que se esmera por aparecer como “progresista” y, peor aún, cuando además lo refiere a un país cuyo gobernante, Rafael Correa, mantiene excelentes relaciones con la Casa Rosada. Pero, en segundo término, ¿cómo es posible que se descalifique tan groseramente a un gobierno que ha tenido la sensatez y la valentía de practicar una rigurosa auditoría de su deuda externa? ¿Qué nos queda entonces a nosotros, los argentinos, que la hemos venido pagando a lo largo de veinticinco años sin prestar la menor atención a las numerosas voces que planteaban la insanable ilegitimidad de una deuda mayoritariamente contraída por la más atroz dictadura de nuestra historia, y en la cual se habían conculcado todas las libertades y garantías constitucionales?

Una república bananera es la que obedece sin chistar a sus amos y a sus acreedores, por más que éstos sean simples delincuentes de cuello blanco como son quienes controlan el sistema financiero internacional; es la que actúa solícitamente ante los reclamos del imperio, por ejemplo para aprobar en menos de lo que canta un gallo una legislación antiterrorista o pagar de un plumazo una deuda porque el FMI necesitaba fondos frescos. Una república digna de ese nombre, en cambio, actúa como Ecuador, que sin aspavientos ni estridencias exige y convoca una auditoría internacional y confirma que sólo pagará lo que legítimamente se adeuda y ni un centavo de más.

Una república seria no reforma la Constitución nacional como se hizo en la Argentina en 1994: producto de un pacto sellado a puertas cerradas y aprobando como ley suprema de la Nación lo que decidieron los convencionales sin someter el nuevo texto al veredicto final del pueblo como sí lo hizo Correa con la nueva Constitución ecuatoriana, abrumadoramente ratificada por la voluntad popular. Por eso no sólo es una de las más avanzadas del mundo sino también una de las más legítimas. Avanzada, no sólo porque entraña un inédito reconocimiento de los pueblos originarios y sus lenguas, instituciones y culturas sino también porque establece, entre muchas otras notables innovaciones, que la naturaleza es sujeto de derecho y no una mercancía que se puede utilizar y de la que se puede abusar sin ninguna clase de restricciones como se hace en la Argentina, que permite la devastación del bosque nativo, las cuencas acuíferas, los valles y los glaciares a manos de grandes oligopolios transnacionales. Si Ecuador es una república bananera, ¿nosotros qué somos?

*Atilio Borón. Profesor Regular Titular de Teoría Política y Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires desde 1986. Investigador Principal del CONICET. Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales / CLACSO.

Fuente: [color=336600]Página 12 - 06.12.2008[/color]