La minería metalífera llegó para quedarse. De la mano de los grandes emprendimientos, las exportaciones, casi inexistentes en los ’90, alcanzaron los US$ 4.500 millones el año pasado. El oro y el cobre son, en líneas generales, los que más aportan al boom. Ubicados en la región cordillerana, y en menor medida en la meseta patagónica, un puñado de 18 proyectos explica lo sustancial del negocio. Hasta allí, las cifras de lo indubitable. ¿Cuál es el aporte del sector al Estado nacional? Según los datos de la Cámara de Empresarios Mineros, en base a un estudio encargado a la consultora abeceb.com, se trató de unos 5600 millones de pesos durante 2010. ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Guarda una proporcionalidad aceptable con la rentabilidad de las compañías? A partir de aquí, el camino se bifurca. Para algunos, el escenario está dominado por las ganancias extraordinarias y una pobre captura de los beneficios por parte de la Nación y las provincias. Para otros, el aporte está en línea con la realidad del sector. Estos últimos destacan que la carga impositiva es sólo superada por el complejo agroindustrial y que una mayor presión alejaría inversiones y sólo dejaría en pie los emprendimientos en yacimientos ricos, o los que extraen minerales muy favorecidos por los precios internacionales. Con el ánimo de contrastar análisis, Miradas al Sur consultó a Federico Basualdo, investigador del área Economía y Tecnología de Flacso (Ver: http://www.apuntesparaelcambio.com.ar); y a Mario Capello, del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, ex diputado nacional por San Juan y redactor de la ley de regalías de la provincia.

El marco legal. Según Basualdo, las leyes sancionadas en los ’90, entre las que se destaca la Ley de Inversiones Mineras (Nº 24.196/93), tuvieron un objetivo: adecuar el marco legal a las exigencias del capital extranjero. “Argentina no fue una excepción. Muchos países latinoamericanos con potencial minero aprobaron reformas en el mismo sentido”, explica el economista. El análisis subraya que las normas descentralizaron la administración y regulación de la actividad. Finalmente, la reforma constitucional del ’94 otorgó a las provincias el dominio originario sobre los recursos. Ya en abril del ’93, con el Acuerdo Federal Minero, la Nación había cedido la facultad de otorgar concesiones.

“Estas leyes concretaron el desplazamiento del centro de decisión sobre los recursos, patrimonio de todo el pueblo argentino, hacia cada una de las provincias, que aisladas poseen un escaso poder de negociación frente al capital transnacional. De esta manera, las corporaciones encontraron condiciones más que favorables para conducir el rumbo de la actividad y diseñar su perfil productivo en base a la lógica de maximización del beneficio”, afirma Basualdo.

El análisis de Capello, va en sentido contrario. Su visión valora como positivo el marco vigente y su eje central: la garantía de una estabilidad fiscal por treinta años. “Lo que permitió el crecimiento es esa invariabilidad. Sin esto no hubieran llegado las inversiones. Se puede polemizar sobre la necesidad de capturar una mayor proporción de la renta, pero se corre el riesgo de abortar las posibilidades del sector”, advierte Capello.

En el núcleo argumental de las empresas reside el “riesgo minero”. Según el Organismo Latinoamericano de Minería (Olami), la probabilidad de que un proyecto alcance la fase extractiva es de 1/100 para los países más explorados, y de 1/30 para los menos. “Los estudios de prospección y exploración son muy costosos y pueden demorar años. Luego viene la construcción de las instalaciones y después la producción. Todo esto puede llevar una década. No existe forma de recuperar la inversión en forma inmediata. Lo invertido en investigación es capital de riesgo. Además, agotado el yacimiento, el valor residual es nulo”, dice Capello.

En la práctica, los beneficios concedidos a las mineras no se agotan en la estabilidad fiscal. Basualdo enumera otros no menos importantes. “La amortización acelerada de las inversiones en exploración y en ampliación de los proyectos, la exención del pago de los derechos para la importación de bienes de capital, insumos o equipos utilizados, y el tope del 3% para el cobro de regalías por parte de las provincias son algunos de los cuantiosos beneficios vigentes”, precisa el economista.

Para Capello, las críticas se originan en la incomprensión: “Nuestro país siempre miró a la Pampa Húmeda. Por geología, tenemos más posibilidades que Chile. Sin embargo, apenas captamos el 4% de las inversiones que llegan a América latina. Chile y Perú rondan el 20% cada uno”. ¿La razón? Según Capello, porque la presión impositiva es mayor que en la Argentina.

Renta extraordinaria. Los impuestos que gravan la actividad son, principalmente, el Impuesto a las Ganancias y los Derechos de Exportación. “No es cierto que exista una baja carga tributaria. Estamos hablando del 35% en Ganancia y de un 3% en concepto de regalías, a lo que hay que agregar retenciones del 5% y el 10%, según sean productos finales o intermedios”, dice Capello. El análisis, sin embargo, admite que en los últimos años el escenario se caracterizó por precios excepcionales: “No siempre fue así –aclara–. Las fluctuaciones son grandes. No se puede legislar pensando en que se mantendrán. Debemos ser inteligentes para capturar la renta extraordinaria. Chile tiene un esquema eficaz”.

El esquema aludido contempla una tasa del 17% sobre los beneficios corporativos y un 18% sobre los dividendos. “Las comparaciones permiten arbitrariedades; además, no contempla muchos privilegios específicos que tiene la minería. Las comparaciones distorsionan la participación real de los estados en los beneficios”, advierte Basualdo. Según el economista, el sostenido aumento de los precios internacionales hace necesario una revisión minuciosa del conjunto de los beneficios otorgados para incrementar la participación del Estado. “Se podría lograr modificando el nivel de las retenciones o mediante la creación de un impuesto específico atado a la rentabilidad. En el caso de las provincias, el incremento de las regalías es el mecanismo más simple y directo”, propone Basualdo.

Otros temas. Desde su punto de vista, la reforma se presenta como un elemento central de las tareas pendientes: “El desafío incluye una mayor participación a través de empresas públicas en los proyectos liderados por el capital extranjero. La redefinición del rol del Estado nacional permitiría crear una empresa estatal que participe en la explotación y fomente el desarrollo de la pequeña y mediana minería”. Capello coincide en la idea de crear empresas provinciales o potenciar las que existen. Sin embargo, señala que deberían movilizar recursos no explotados. “No tiene sentido asociarse a los emprendimientos en operación. Hay derechos mineros otorgados que no se utilizan. Hacia allí deben apuntar las empresas provinciales”, dice Capello.

Capello y Basualdo subrayan la necesidad de avanzar en la sustitución de insumos y servicios importados. “Una verdadera política de sustitución requiere una política activa del Estado nacional. Desarrollar tecnologías lleva muchos años”, advierte Capello. Basualdo va más allá y enfatiza que el esfuerzo también debe dirigirse a “evaluar las condiciones para procesar el mineral bruto en el país e incorporar la actividad a la economía nacional para desarrollar encadenamientos que permitan generar mayor valor agregado y nuevos puestos de trabajo”.

En síntesis, para el economista de Flacso, la reversión de la situación actual debe apuntar a la recuperación por parte del Estado nacional de los resortes fundamentales para definir el rumbo y perfil del sector. “Es necesario concretar un organismo nacional que realice un fuerte control y seguimiento de la actividad para, entre otras cuestiones, desactivar operaciones vinculadas a los precios de transferencia y a movimientos financieros a partir de los cuales se apropian de una porción de excedente no declarado”, concluye Basualdo.

Según Capello, si las provincias aumentan la presión fiscal pueden quedarse sin proyectos. “También está en juego la cadena de proveedores -agrega-. ¿Qué otra actividad puede reemplazar la minería en cordillera? El sector no compite con otras actividades”. Su visión pone como ejemplo a San Juan. “Las empresas pagan el 3% por regalías; además de un 1,5% que se destina al Fondo de Infraestructura Provincial. Lo han aceptado y es una buena señal”.

Para finalizar, un dato curioso. Mientras el país tuvo como hipótesis una guerra con Chile, para explorar la cordillera hacía falta un permiso especial. La zona fue explorada por Fabricaciones Militares en buscaba materiales estratégicos como níquel, plomo y cobre. El hecho parece corroborar la postura de Basualdo: “La intensa actividad de exploración desarrollada por el Estado nacional aportó datos que redujeron el riesgo de las inversiones realizadas en muchos de los proyectos que están en funcionamiento”. Un beneficio adicional.

Algunos números: Una aproximación el caso de La Alumbrera

El precio del cobre tuvo un fuerte crecimiento, fundamentalmente, a partir de la demanda china. En 2007, alcanzó una suba del 351% con relación a los valores de 2001. Sin embargo, en el trienio 2007-2009, registró una caída del 27,7%. En 2011, su cotización retomó la senda alcista hasta alcanzar una cotización récord de 342 centavos de dólar por libra, un incremento de 46,6% respecto de 2009, y un 356% con relación al precio que registraba en 1998. “En este contexto –destaca Federico Basualdo–, la renta obtenida por el emprendimiento entre 2005 y 2009 se destaca por su magnitud.” Según el economista de Flacso, “la renta cuprífera en 2006 fue de 1.070 millones de dólares, presentando un incremento de 132% respecto del año anterior”. Basualdo señala que sin bien los valores alcanzados durante los años siguientes no alcanzaron a igualar el desempeño operativo de 2006, “presentaron un comportamiento más que satisfactorio en términos de ingresos”. En los hechos, la apropiación privada de la renta durante el lustro en estudio alcanzó el 55,2% de los recursos obtenidos por la compañía. En números redondos: US$ 581 millones en 2006 y US$ 508 millones en 2009. Durante el período bajo análisis, el promedio de la participación del complejo impositivo sobre el total de la renta fue del 41,2% (US$ 453 millones en 2006 y US$ 470 millones en 2007). ¿Cuánto quedó para la provincia de Catamarca? Apenas US$ 54 millones en 2006 por la vía de regalías, según precisa la investigación de Basualdo.

Miradas al Sur - 10 de junio del 2012