Querellas y disputas en la educación pública

Pablo Imen * (Especial para sitio IADE-RE) | "Los y las trabajadoras de la educación han sido un blanco predilecto de este proyecto. En primer lugar, por una inconfesable tentación de reducir y reconfigurar el espacio de lo público y, dentro de tales esfuerzos, avanzar en la mercantilización educativa fue, es y será para ellos un objetivo de primer orden". 

 

Hace casi 90 años, Aníbal Ponce escribió un texto titulado “Educación y lucha de clases” en el cual denunciaba aspectos reproductivos de los sistemas educativos en el marco del capitalismo. Frente a corrientes que defendían un educacionismo ingenuo, Ponce demostraba cómo históricamente se fue estructurando un modelo educativo relativamente funcional a las necesidades de perpetuación del orden dominante. La pretensión de que la educación iba a resolver todos los males sociales ignoraba que esta práctica social e histórica –la educación- era parte de la vida colectiva organizada dentro del bloque histórico capitalista. Es decir, la educación –y sobre todo la educación sistemática- era la expresión de unas relaciones de fuerza y de unas tendencias dominantes. Pero también lugar de resistencias, contratendencias y conflictos. Así nos proponemos leer la política educativa nacional que es sede de gigantescas luchas entre proyectos y sujetos. Las luchas no se libran sólo en la Argentina, desde luego, sino que atraviesan la región y el mundo. Nuestro país no es una burbuja dentro de un orden global que sufre profundas convulsiones. El planeta tramita un tránsito brumoso hacia otras formas de organización de la especie. 

En suma, este presente oscuro de la humanidad se debate entre alternativas civilizatorias mientras el neoliberalismo muestra señales de agotamiento apurando una crisis múltiple: ecológica, productiva, social, cultural, política, institucional y militar. Nada escapa a la configuración de un modo de reproducción de la vida cada vez más insostenible, inviable e inadmisible. En este marco, las élites dominantes no ahorran ningún recurso para perpetuar una cultura de la injusticia, la desigualdad y la muerte. 

Aquí la propia educación –las propuestas político-educativas, los modelos pedagógicos, la esfera de la educación pública- resulta objeto de la acción de las élites. El campo de la educación pública es vislumbrado como un terreno fértil para la ampliación de las oportunidades de negocios y también (esto sí no es nuevo) para la construcción de hegemonía neoliberal, neoconservadora y neocolonial.  

El gobierno de Cambiemos no es, pues, sino una expresión nacional de una tendencia planetaria que vive una crisis orgánica. La política educativa de Macri –según desplegamos en columnas previas- expresa casi sin contradicciones esta perspectiva tecnocrática, mercantilista y autoritaria. Por supuesto que no lo hace en un vacío histórico sino en un sistema educativo con una robusta tradición de educación pública y con sindicatos docentes aguerridos. Tales circunstancias y sujetos hacen del escenario un agudo y creciente lugar de conflicto.

Sobre el proyecto educativo de Cambiemos

Las tendencias neoliberales desplegadas en las últimas décadas se propusieron reconfigurar radicalmente las políticas educativas tradicionales (de signo liberal democrático)  así como las alternativas de inspiración emancipadora. 

La idea promovida sobre “calidad educativa” se asocia linealmente con el logro de buenos resultados de operativos estandarizados. Esta “pedagogía de la respuesta correcta” supone una noción tecnocrática de educación ligada con la medición y rankeo de rendimientos en competencias con las cartas marcadas. Es en los países centrales donde se diseñan las pruebas que serán aplicadas de manera uniforme en todas las latitudes planetarias. Supone no sólo la definición de lo que los y las educandas deben aprender sino que apuntan al control exhaustivo del proceso de enseñar, enajenando la relación pedagógica y alejándola de intereses, necesidades y requerimientos de las comunidades educativas. 

Mientras se intenta imponer un modelo pedagógico tecnocrático se acompañan tales propuestas de mecanismos de mercantilización educativa. Son al menos tres los caminos para abrir paso a una concepción privatizada de educación.  La primera es la apertura a una serie de actividades históricamente específicas de los sistemas educativos a empresas especializadas. Así ocurre con  la industria editorial, con las empresas que diseñan instrumentos de “medición de la calidad”, con otras que proveen tecnología o implementan oportunos cursos de formación para fortalecer una pedagogía de la respuesta correcta. Fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales o empresas privadas constituyen prestadores de nuevas áreas abiertas generosamente al lucro.

Una segunda vía de privatización es la orientación a la formación o bien de “emprendedores” –capitalistas capaces de autogenerar sus propias alternativas de supervivencia- o bien de “sujetos empleables” con las competencias que exigen las empresas capitalistas. Desde el punto de vista de los resultados se busca producir un sujeto dócil, productivo, individualista y competitivo adecuado a la lógica y dinámica de la economía dominante. El discurso oficial del gobierno argentino ha sido en este punto consistente. Lo fue cuando el ex ministro Bullrich se plantó ante un auditorio de empresarios y declaró que él se paraba allí como gerente de recursos humanos. El hecho complementario de que el funcionariado del Ministerio difunda la categoría de “emprendizaje” evidencia toda una definición cultural, ideológica y pedagógica del sentido último de su política educativa.

Una tercera orientación empresarial tiene que ver con los documentos que inducen a las instituciones escolares a adoptar unos criterios y modos de funcionamiento análogos a las empresas.

No es tan solo un modelo tecnocrático y mercantil, sino también autoritario que sólo puede imponerse por la violencia simbólica o -lisa y llanamente- física. No puede esperarse algo distinto de un modelo que considera a lxs docentes verdaderos “enemigos internos” a quienes se les acusa de ser conservadores, resistentes al cambio e ineficientes. Esta retórica tiene una contraparte pedagógica clara: se trata de que asuman un papel de meros ejecutores de un paquete pedagógico elaborado por expertos, traducidos por editoriales y evaluados por el Ministerio (o una institución evaluadora privada). Y tiene un complemento de modelo laboral fundado sobre la precarización, la enajenación del trabajo, la amenaza permanente y la competencia como relación predominante entre estudiantes, entre docentes y entre instituciones educativas.

Las resistencias

El proyecto político educativo que estamos analizando tiene puntos de contacto con la política educativa desplegada en la década del 90. No es exactamente igual pero la direccionalidad apunta en un mismo sentido tecnocrático, mercantilista y autoritario.

En estos dos años de gobierno de Cambiemos, algunas declaraciones oficiales o de campaña parecían tender algunos puentes de convergencia con la construcción de los últimos 12 años. La declaración de Purmamarca de febrero de 2016 reconoce  “la unánime voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos años, en pos de concretar los desafíos pendientes…” 

En todo caso, declaraciones y acciones concretas avanzaron en el desmantelamiento de muchas de las creaciones del período previo.

Pero las imposiciones de Cambiemos se topan con distintos obstáculos adicionales. En primer lugar, una muy fuerte tradición de educación pública y de Estado docente. La herencia sarmientina –con sus alcances y sus límites- ha sido una barrera eficaz para el avance de objetivos del neoliberalismo educativo. 

De modo complementario, la configuración de una estructura secular muy estable hace de las instituciones escolares ámbitos que sólo pueden cambiar de manera prolongada en el tiempo y con el concurso de las comunidades educativas. El ensayo de reingeniería -negando en bloque lo existente-  y los tiempos largos del cambio de estructuras, culturas y subjetividades es otro problema para los entusiastas abanderados de Cambiemos. 

Por su lado, hay actores –muy particularmente los sindicatos docentes de la CTERA- que han defendido un proyecto político educativo alineado con la construcción del proyecto continental de Patria Grande, revitalizado en toda la región a partir del triunfo electoral de Hugo Chávez Frías. La creación en 2011 del Movimiento Pedagógico Latinaomericano es una expresión orgánica de las apuestas de amplios colectivos docentes para refundar un proyecto político-educativo y un modelo pedagógico propio, de cuño libertario y sustancialmente democrático.

Acción y reacción: educación y lucha de clases

El gobierno avanzó en los últimos dos años en procesos de reducción y subejecución presupuestaria, de ataque a los sindicatos docentes, de estigmatización de sus dirigentes más reconocidos, de desmantelamiento de los equipos ministeriales, de introducción de ONGs en prestación de distintos segmentos de la vida institucional del sistema educativo, de promoción de empresarios educativos a responsabilidades de gestión ministerial, de empeoramiento de las condiciones laborales docentes y de descalificación de la educación pública, sus mejores tradiciones y sus actores más comprometidos con una educación emancipadora. 

Lo que el propio Bullrich definió como “una campaña del desierto, pero educativa” se viene corporizando en medidas que amenazan con efectos devastadores.

El 17 de enero se publicó el decreto 52 del PEN eliminando las paritarias nacionales y disminuyendo la representación de la CTERA – la confederación más representativa del mapa sindical docente- a los fines de debilitar su capacidad de presión frente al Estado.

No fue la única medida: la gobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires habilitó un link donde invitaba a los afiliados a SUTEBA –de manera directa y excluyente- a abandonar su pertenencia al sindicato. No fue la única acción contra esa organización y sus principales dirigentes.

Antes de eso, Vidal había sostenido una política de tensión y presión permanentes contra las organizaciones gremiales de la provincia de Buenos Aires: en 2016 la gobernadora descontó días de paro (que la justicia obligó a devolver) y en la paritaria de 2017 intentó imponer un reconocimiento económico a quienes no participaron de las medidas de fuerza.

En abril de 2017 el Gobierno nacional reprimió con gases, golpes y detenciones el intento de colocar una Escuela de la CTERA en la Plaza de los Dos Congresos. 

Ese año se desató una furiosa campaña oficial y mediática contra Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. En mayo hubo elecciones en las cuales fue ratificado por más del 70% de las y los docentes para decepción de las espadas del fundamentalismo antisindical de Cambiemos. En esos días recibió amenazas de muerte, él y su familia. No fue la última vez que ocurrió. En enero de 2018 recibió un nuevo y brutal mensaje: “Te avisamos que no te metas más con el gobierno. Ahora vamos por vos y tu sindicato. Pudiste ser parte de todo esto, pero decidiste ser el enemigo, ahora te vamos a hacer desaparecer (…) Controlamos la ciudad, la provincia y el país, controlamos jueces y legisladores, las fuerzas de seguridad y las leyes, intendentes y gobernadores, jueces y medios, tenemos el apoyo de los más poderosos del país y controlamos la opinión pública”.  

La sumatoria de hechos parece converger en una acción consistente y coaligada del gobierno, factores del poder mediático y judicial, así como oscuros residuos del aparato represivo ahora revitalizado
contra los sindicatos. 

Los y las trabajadoras de la educación han sido un blanco predilecto de este proyecto. En primer lugar, por una inconfesable tentación de reducir y reconfigurar el espacio de lo público y, dentro de tales esfuerzos, avanzar en la mercantilización educativa fue, es y será para ellos un objetivo de primer orden. 

En segundo término, porque el proyecto necesita –para viabilizarse- disciplinar a los colectivos laborales. Los sindicatos docentes, además de tener la primera paritaria testigo del año, se han caracterizado por altas dosis de combatividad y coherencia. Las amenazas de carpetazos judiciales carecen aquí de todo margen de eficacia. 

Las organizaciones docentes no se han dejado amilanar. Respondieron con una doble agenda. Por un lado, una agenda defensiva a través de paros, masivas movilizaciones, la creación de la Escuela Itinerante. Pero a la par sostuvieron una agenda ofensiva, en las múltiples acciones del Movimiento Pedagógico Latinoamericano: producciones, publicaciones, espacios de formación, círculos pedagógicos expediciones pedagógicas, seminarios, jornadas, congresos constituyen algunos de los múltiples ejemplos de estas iniciativas.

La complejidad de la lucha no puede ser obviada. Por un lado, la derecha gobernante ha logrado instalar un cierto común consistente con el ideario tecnocrático o con la idea de formar para el empleo. 

A sus planes más radicales de transformación mercantil del orden educativo se le opone la tradición escolar liberal que hizo del Estado un actor garante del derecho a la educación. El fantasma sarmientino se erige como un obstáculo a los planes neoliberales. Pero esa educación no fue plenamente democrática: tuvo a la vez componentes clasistas, patriarcales y racistas. 

Frente a esas configuraciones una tercera corriente –preocupada por construir una pedagogía emancipadora- debe crear una alternativa pedagógica emancipadora que emerja desde las más potentes tradiciones acumuladas así como desde las prácticas actuales experimentadas en la escuela pública y los movimientos sociales.

En este mapa complejo, nadie tiene el éxito asegurado. Sin embargo, es posible aventurar los límites históricos, sociales y culturales del modelo educativo de Cambiemos: el neoliberalismo no puede prosperar sin apurar el fin de la Humanidad como proyecto colectivo. 

 

* Centro Cultural de Cooperación (CCC) – Universidad de Buenos Aires (UBA).