La regulación estatal de las empresas públicas privatizadas

 

La venta de empresas estatales durante los años ’90 fue, entre otras cosas, una manera de obtener divisas para sostener el esquema de convertibilidad monetaria. Al privatizar los servicios públicos, el Estado perdió capacidad de establecer políticas y de actuar como regulador en áreas clave, cuyo destino quedó fijado exclusivamente a criterios empresariales privados. Algunas de estas limitaciones fueron superadas y otras permanecieron, incluso tras los procesos de renacionalización de principios del siglo XXI.

Argentina, ¿país sin ferrocarril?

 

En la década de 1990, en el marco de la reforma del Estado impulsada por el presidente Carlos Menem, se procedió a la privatización del servicio ferroviario en Argentina. El proceso privatizador suscitó cambios estructurales tanto en las pautas de organización del servicio ferroviario, como en las dimensiones de la infraestructura habilitada. Si bien este proceso de transformación tuvo gran repercusión en su momento, es notable el vacío de información existente sobre su magnitud, en particular es notable la ausencia de estadísticas oficiales, lo que probablemente deba atribuirse a la inexistencia de un organismo regulador.

Estatizar SQM

Mucho se ha hablado de las boletas que SQM utilizó para financiar de forma transversal a la clase política. Sin embargo, nada se dice de la razón de fondo por la cual el yerno de Pinochet entregó prebendas a políticos de todo el espectro: garantizar la continuidad de su negocio y que no hubiese un cuestionamiento público de cómo llegó a ostentar la propiedad de SQM y gran parte del litio chileno.

Auténticos amigos de las trasnacionales

El Acuerdo de Comercio en Servicios que negocian en secreto gobiernos de 50 países, incluido México, (TISA por sus siglas en inglés) supera todo lo que se ha visto hasta el momento en materia de tratados internacionales en pos de dar beneficios irrestrictos a las empresas trasnacionales, contra los intereses y el bien público. El término “servicios” en este contexto abarca desde agua y alimentación, a salud, educación, investigación, comunicaciones, correos, transportes, telecomunicaciones, comercio electrónico, venta minorista y mayorista, servicios financieros, y mucho más, incluso los mal llamados “servicios ambientales” relacionados a bosques, sistemas hidrológicos y otras funciones de los ecosistemas. ¡Hasta los migrantes se incluyen en el tratado como supuestos “proveedores de servicios”! El sector servicios es además el mayor empleador de los países de ingresos altos y medios, son enormes los impactos contra derechos laborales y sindicales.

Los que más bancan

El Banco Nación es la entidad financiera que más les presta a las micro, pequeñas y medianas empresas de la Argentina, seguido por el Banco Galicia, el Banco Provincia de Buenos Aires, Santander Río y el Banco Credicoop. Esto surge de estimar el volumen total, en pesos, de préstamos otorgados a empresas MiPymes. Un banco público estatal, que en varias oportunidades sufrió intentos de privatización, resultó ser la entidad que destina el mayor volumen de recursos hacia este segmento de empresas.