Durante más de la mitad del siglo XX (1930-1983), la Argentina no pudo procesar sus conflictos en el marco de reglas establecidas por su orden jurídico. Las tensiones severas culminaron, en ese entonces, en golpes de Estado. Además, en ese período y aun después del retorno a la democracia, como sucedió en 1989 y en el 2001/2002, las turbulencias políticas también desembocaron en desórdenes económicos extraordinarios y cambios drásticos en la política económica. Existe, pues, una tradición de transformar los conflictos en severas crisis institucionales y económicas.

La situación actual revela dos avances importantes respecto del pasado. Por una parte, a partir de fines de 1983, los conflictos se procesan dentro de las reglas de la Constitución y la democracia resiste las tensiones, preservando los relevos de los mandatos políticos y la división de poderes. Por la otra, por graves que sean las perturbaciones económicas, de origen externo e interno, la economía todavía ahora se mantiene bajo control en sus tres ejes fundamentales: la moneda, las finanzas públicas y los pagos internacionales. Avances de extraordinaria significación que contribuyen a procesar los conflictos sin reincidir en la inestabilidad institucional y el caos económico. En conclusión, la elección del día de ayer es un éxito en el sentido de que tuvo lugar en el pleno ejercicio de las reglas democráticas y en el marco de una economía ordenada.
Subsiste, sin embargo, otro dilema histórico, a saber: la ausencia de un consenso hegemónico acerca de la estructura económica necesaria para el desarrollo del país y su inserción dinámica en el orden mundial. La incapacidad de los argentinos de ponernos de acuerdo, provocó cambios drásticos de estrategia económica y su carácter pendular entre visiones antagónicas sobre las cuestiones fundamentales. Consecuentemente, el país no logró desplegar su potencial de recursos y participar de las relaciones económicas internacionales en una inserción simétrica, no subordinada.

El problema se expresa, principalmente, en tres cuestiones fundamentales: la relación campo-industria, el papel del Estado y las relaciones con el resto del mundo. El debate electoral volvió a demostrar que el diferendo fundamental, entre los modelos neoliberal y nacional, refiere a la posibilidad del país de elegir su propio camino antes que a la distribución del ingreso. En esta última, todos proponen, ahora, erradicar la pobreza y el reparto más equitativo del bienestar. La cuestión de fondo es, sin embargo, que sin soberanía es imposible aumentar las inversiones, el empleo y los salarios reales, condición necesaria de la equidad distributiva. En conclusión, la cuestión nacional es el núcleo de la cuestión social.

El contexto en el cual tiene lugar actualmente la confrontación de los “modelos” neoliberal y nacional, registra, también, cambios extraordinarios. La crisis mundial y el derrumbe del mundo del dinero han demolido los fundamentos del paradigma ortodoxo en el mismo centro del sistema. El descrédito se extiende a la periferia, como se advierte en la crítica generalizada al Consenso de Washington, que inspiró las políticas de la mayor parte de América latina. El Estado reaparece, en todas partes, como la tabla de salvación de las economías de mercado.

En el plano interno, la salida de la crisis del 2001/2002 reveló el potencial del país y su capacidad de ponerse de pie con sus propios medios, sin pedirle nada a nadie. Reveló, también, nuestra capacidad de poner la casa en orden. Logramos, en efecto, transformar el default en deuda pagable, pesificar el sistema monetario, recuperar solvencia fiscal y administrar el tipo de cambio y los pagos internacionales. La Argentina dejó de ser un suplicante de la ayuda externa y ha ganado la posición de los países que deciden su propio destino dentro del orden mundial. Esto permitió que del 2002 al 2008 la economía argentina creciera a “tasas chinas” y a más del doble que Chile o Brasil. La capacidad de resistencia de la economía argentina en la actualidad es verdaderamente notable si se toman en cuenta los acontecimientos negativos que se acumularon en los últimos tiempos (fuga de capitales, crisis mundial, conflicto del campo, sequía, crispación del debate político).

La propuesta “nacional” del desarrollo cuenta así, en la actualidad, con condiciones propicias, mucho mejores que en nuestra historia contemporánea. Aprendimos a procesar los conflictos conforme a las reglas de la Constitución, podemos enfrentar problemas económicos sin caer en el caos, el paradigma neoliberal ha revelado, aquí y en el resto del mundo, su inviabilidad y, por último, la recuperación de los últimos años ilustra que es necesario y posible vivir con lo nuestro, abiertos al mundo, en el comando de nuestro propio destino.

Sin embargo, los obstáculos para poner definitivamente en marcha un proceso nacional de desarrollo siguen siendo inmensos. Aun en el marco del descrédito, interno e internacional, el modelo neoliberal conserva considerable influencia, arraigado en intereses concretos y en lo que Galbraith llamaba la “sabiduría convencional”. Es indispensable, entonces, encontrar respuestas lúcidas a las tres cuestiones fundamentales, vale decir, la relación campo-industria, el papel del Estado y el estilo de relacionamiento internacional. El mayor obstáculo no radica en la gravitación de los intereses neoliberales ni en las restricciones externas. El problema de fondo es la división de los sectores y actores sociales creadores de riqueza, es decir, la falsa división de las aguas dentro del mismo campo de los intereses nacionales. Así se frustraron procesos de transformación en el pasado y corre el riesgo, actualmente, de volver a repetir la experiencia.

¿Qué nos dice, entonces, la elección de ayer? Lo principal es que está pendiente la construcción del consenso hegemónico sobre el modelo de país. En diversas expresiones políticas, están dispersos actores económicos y sociales, partícipes necesarios y beneficiarios del desarrollo nacional, los cuales aparecen divididos por cuestiones periféricas a los problemas centrales que tenemos por delante. Esos problemas consisten en: 1) Impulsar la formación de una economía integrada y abierta fundada en el desarrollo de todo el campo, toda la industria y todas las regiones. 2) Construir un Estado protagonista impulsor de la iniciativa privada, defensor de la soberanía y promotor de la equidad. 3) Vincularnos con el resto del mundo de manera simétrica no subordinada, consolidando la capacidad de decidir nuestro propio destino.

El primer desafío después de los comicios es fortalecer lo logrado. Es decir, consolidar el funcionamiento de las instituciones de la democracia y preservar la gobernabilidad de la economía argentina en sus tres ejes fundamentales, es decir, la moneda, las finanzas públicas y los pagos internacionales. En segundo lugar, es imprescindible clarificar las cuestiones en juego, para evitar enfrentamientos injustificables y la falsa división de las aguas. Un ejemplo emblemático de esta situación es el de las retenciones. La cuestión debe abordarse en términos de la estructura productiva y la necesidad de tipos de cambio diferenciales para que, desde la soja hasta los electrónicos, textiles y bienes de capital, sea rentable la producción de bienes transables sujetos a la competencia internacional, en el mercado interno y el mundial. Asimismo, es preciso clarificar el papel del Estado, la aplicación de los recursos del sistema de previsión social, la confiabilidad de las estadísticas oficiales y el tipo de cambio que asegure la competitividad de la producción nacional y evite la fuga de capitales. La insuficiente claridad en el tratamiento de los problemas genera antagonismos entre protagonistas que tienen coincidencias en sus intereses fundamentales.

¿Qué puede hacerse para clarificar el debate y generar consensos? Mucho. Entre otras iniciativas, la constitución del Consejo Económico y Social para abrir un intercambio permanente y sistémico entre el Gobierno y los actores económicos y sociales. Se trata de debatir los grandes problemas del desarrollo del país y su inserción internacional, promover y viabilizar las iniciativas desde el sector privado. Es necesario que las representaciones del ruralismo, la industria y el trabajo, planteen sus legítimos reclamos sectoriales en el marco de una visión solidaria, de un país integrado que despliega el potencial de sus recursos y de su gente.

Simultáneamente, el Gobierno podría proponer un amplio debate en el Congreso Nacional, sobre los grandes temas del desarrollo del país y su inserción en el mundo. Al estilo de la experiencia de las democracias de larga tradición, como la norteamericana, cabe instalar en las Cámaras del Congreso y sus comisiones, un espacio permanente de debate de los grandes temas nacionales y generación de consensos.

La elección de ayer renueva la esperanza y la posibilidad de cerrar la brecha entre el país real, que ahora tenemos, y el posible, en virtud de su extraordinaria dotación de recursos humanos y materiales. Es imprescindible generar el convencimiento de que el lugar más rentable y seguro para invertir el ahorro y el talento argentinos es nuestro propio país. Los recursos están. Es preciso consolidar la confianza en nuestras propias fuerzas. En la capacidad de los argentinos de vivir en democracia y de enfrentar los problemas con lucidez y el convencimiento de un destino compartido. No hay más lugar para el “que se vayan todos” o los destinos sectoriales, distintos del desarrollo nacional en toda la amplitud de nuestro gigantesco territorio.

*Aldo Ferrer combinó sus actividades universitarias y ensayísticas con la gestión pública desde 1958, cuando fue ministro de Economía y Hacienda en la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación del entonces radical intransigente Oscar Alende.

Amigo de nuestra Institución y autor de varios artículos de la revista Realidad Económica

[color=336600]Fuente: Diario El Argentino - 29.06.2009[/color]