La inflación y el discurso encubridor de “Cambiemos”

Guillermo Wierzba * (Especial para sitio IADE-RE) | El autor desarticula el argumento oficial sobre la inflación y revela la intencionalidad de su uso: ajustar salarios a la baja y ampliar el excedente de los grupos económicos.

En los 12 años de gobiernos de signo democrático, nacional y popular se desplegaron políticas que reconstruyeron la lógica de la institucionalización de la negociación paritaria en el mercado de trabajo formal, a la vez que produjeron una disminución sustantiva de la tasa de desempleo y una suba -aunque parcial- de la tasa de trabajadores que se encuentran contenidos en ese sector formal respecto del total. Estas reformas fueron posibles tanto por un cambio de la política económica que revalorizó el papel del mercado interno como espacio de dinamización de la demanda agregada y la sanción de instrumentos legales que las habilitaron.

En el comienzo del segundo año del tercer período de carácter neoliberal que se abrió en la Argentina, el presidente Macri en su discurso de apertura de sesiones del Congreso Nacional sostuvo que la “la inflación es tóxica. Destruye el salario de los trabajadores, dificulta ahorrar, paraliza la inversión y nos impide mirar a largo plazo”.  En el típico estilo discursivo de los gobiernos del capital concentrado y las oligarquías tradicionales, el presidente argumentó sobre la necesidad de reducir la inflación como la cuestión clave de la política económica. Su intención es adjudicar a ese fenómeno el carácter de “mal absoluto” y, en consecuencia, proclamar la búsqueda de ese objetivo colocado en el lugar central de su gestión de la economía.

Hay una predilección del discurso oficial -tributario del dogma neoliberal- en designar la inflación como el impuesto de mayor regresividad. El 1 de marzo Macri decidió ir al grano argumentativo de los planes de estabilización tradicionales de las derechas restauradoras del poder oligárquico, ha dicho, como fue citado, que la inflación es la destructora del salario de los trabajadores. Sin embargo es un registro histórico que estos gobiernos de derecha han conducido siempre hacia una redistribución regresiva del ingreso y un descenso de la participación de los asalariados en el reparto del mismo.

El gobierno de Macri, siguiendo la tradición de las gestiones conservadoras y neoliberales, se empeñó en avanzar en la desarticulación de los esfuerzos estatales por construir intervenciones en la formación de precios que apunten a consagrar una distribución del ingreso que mejore la participación de los asalariados y, pese a la perorata anti inflacionaria, el primer año de este tercer ciclo neoliberal finalizó con una tasa de inflación sustantivamente superior al de todos los años de los gobiernos kirchneristas y, a la inversa que en la mayoría de ellos, el salario medio de los trabajadores descendió, haciéndolo en un registro también inédito en todo el período anterior  (por ejeneplo, una tasa del 6,5% interanual para noviembre de 2016 surge de los datos del informe de CIFRA – CTA, febrero 2017).

La lógica de la inflación en ascenso en el período de gobiernos kirchneristas estuvo determinada por la resistencia a las mejoras salariales por parte de los empresarios que defendían su tasa de ganancia,  sumada a las conductas de las grandes firmas formadoras de precios empeñadas en capturar los beneficios producidos por una etapa de importante y rápido crecimiento económico. La vigencia de paritarias libres y los dispositivos -aunque erráticos e insuficientes- de intervención y regulación de precios permitieron la suba de los salarios reales en la economía.  Fabián Amico concluye en su investigación “Los salarios reales en el largo plazo. Surgimiento de un nuevo piso estructural de las remuneraciones en Argentina” (CEFID-AR, marzo de 2015)” que en relación a su ascenso “se destaca su persistencia: no hay prácticamente comparación con otra etapa histórica ya que la década 2004-2013 es el período más largo de la historia argentina mostrando aumentos persistentes del salario real. En segundo lugar, se destaca la velocidad de crecimiento: en el lapso 2003-2013 el salario real crece a un ritmo del 4,6% anual mientras el PIB por ocupado lo hace al 2,9% anual promedio”.

En cambio, las razones de la escalada de precios del período del gobierno de Cambiemos se desencadenó por el cambio de precios relativos devenido de la devaluación, la quita de las retenciones, la suba descomunal de las tarifas de servicios públicos y la desarticulación de las políticas tendientes a la contención de los precios. O sea, una inflación que no refleja la resistencia empresaria a la suba del salario real sino la ofensiva de los dueños del poder económico por reducirlo, ampliar el excedente y apropiárselo. Ofensiva habilitada por medidas de un gobierno cuya composición y elenco de funcionarios exponen cabalmente los intereses de ese poder.

A pesar de las palabras que asignan a la inflación el carácter de destructora del salario, que declamaban la preocupación por defender los ingresos de los trabajadores, en el discurso mencionado el presidente fue recurrente en el intento por pautar la tasa de aumento salarial  -entre el 12 y el 17%- que según su criterio deberían discutir las paritarias en el sector privado requiriendo a empresarios y trabajadores poner atención sobre la misma que es la tasa de crecimiento de precios que se fijó como meta el Banco Central. O sea que, mientras enuncia el objetivo de defender el salario, el instrumento elegido sería evitar que este crezca nominalmente compensando el desfasaje del año anterior más la inflación esperada para el presente, como piso.

Es la vieja y falsa promesa de los gobiernos antipopulares: mejores sueldos mañana provendrán de admitir su descenso hoy, la mejora de la tasa de ganancia presente garantizaría mejores ingresos fijos mañana. En el año 2016 los funcionarios de Cambiemos estrenaron su política de comunicación anunciando una tasa de inflación esperada del 20% o apenas superior al mismo y ésta terminó orillando el doble de lo prometido. La subestimación del índice, si hubiera sido consensuada para la negociación paritaria -con ajustes salariales aun inferiores a los que se produjeron- habría significado un mayor retroceso del salario medio real y una caída del PIB aún mayor a la que se produjo (3,8% para el tercer trimestre de 2016 acelerando el 2,4% del primer semestre; CIFRA- CTA – informe febrero 2017). Por su parte la caída del empleo, los despidos y la desocupación también hubieran sido agravadas respecto de la dinámica crítica que tuvieron: entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 se despidieron 249.153 trabajadores, correspondiendo el     60,85% al sector privado y el 30,15% al público (CEPA, documento de trabajo Nº8, 2017).

Los primeros meses del presente año arrojaron incrementos de precios que descolocan y desmienten la posibilidad de que se verifique en la realidad la inflación, objetivo del Banco Central, coincidiendo con la conducta del año pasado. Queda explícita, entonces, la metodología intencionada que se utiliza desde el BCRA de fijar una tasa de inflación meta inferior a la razonablemente esperada, comportamiento que persigue el fin de ajustar salarios a la baja, refrendado por el presidente. Fue lo no dicho en el discurso de Macri, pero resulta de las políticas y el tipo de comunicación elegida: bajar el salario, aumentar la tasa de ganancia y, sobre todo, incrementar la renta agraria y financiera que constituyen ingresos de los sectores privilegiados y “elegidos” por el gobierno neoliberal de la tercera fase, como lo fueron también en las dos primeras. Entonces el discurso de Macri no busca explicitar sino encubrir su programa y su diseño de país, encubrimiento siempre necesario para los gobiernos que defienden intereses minoritarios pero que necesitan construir hegemonía y consenso para mantenerse en el poder, conquistando densidad electoral.

Pero no sólo hay discurso encubridor, también hay abandono de la sustancialidad republicana, cuando se incumple con lo legislado buscando interpretaciones que contradicen el sentido de la ley o intentan construir el condicionamiento de otros poderes del Estado, o directamente omiten o parcializan la aplicación de dispositivos legales en su sustancia. Son ejemplos de estas conductas la no convocatoria a la paritaria nacional docente, el intento de modificar el índice de ajuste jubilatorio dispuesto por ley mediante una resolución de menor jerarquía y la aplicación del Banco Central a priorizar con exclusividad  la consecución de una meta inflacionaria obviando que los fines dispuestos por la Carta Orgánica aprobada en el año 2012 son de carácter múltiple y definen que la entidad debe ocuparse también del empleo y el desarrollo con equidad social. Todas estas políticas afectan o intentaron/intentan hacerlo negativamente a los sectores de ingresos fijos. La primera busca fracturar la negociación salarial para debilitar a los docentes en su lucha por un aumento que recomponga sus ingresos, la segunda hubiera implicado una caída en el ajuste a los jubilados, la tercera importa el mantenimiento de tasas de interés elevadas.

Las tasas de interés altas significan un beneficio directo a la renta financiera, en una economía en la que se han eliminado, desde este mismo gobierno, los controles al ingreso y egreso de capitales. Esas tasas estimulan la entrada de capitales especulativos con una conducta destinada a la obtención de altas ganancias en el corto plazo sin actividad productiva alguna. Por otro lado, el enfoque teórico de aplicar altas tasa de interés para bajar la inflación sostiene que ésta es causada por excesos de demanda que no pueden ser atendidos por la oferta y que ese supuesto desequilibrio debe ser corregido deprimiendo la demanda agregada, o sea el consumo y la inversión, mediante un ajuste que enfríe la economía. Ese enfriamiento provocaría una caída en el nivel de empleo que debilitaría, por la precarización laboral, el poder de negociación sindical y permitiría la contracción de los salarios reales.

Así el enfoque de Metas de Inflación aplicado por el BCRA desnuda el carácter encubridor de un discurso que proclama una lucha contra ésta bajo la advocación del beneficio a los trabajadores. La lógica de este régimen que enamora a Sturzenegger explica los enunciados y preparativos para el intento de introducir reformas institucionales en el mercado de trabajo de carácter “flexibilizador”, eufemismo que designa -a la vez que encubre- la vocación por precarizar la legislación laboral.  El discurso neoliberal del gobierno va por la recuperación de la condición de pensamiento “único y objetivo” en el debate económico. Cabe evocar, para quitarle ese velo de “neutralidad”, la caracterización del economista y revolucionario ruso Nicolai Bujarin quien adjudicó a la economía marginalista (reconocible hoy con el nombre de economía neoclásica) el carácter de “economía política del rentista” y afirmó, ya hace más de un siglo, en un texto concluido en 1914, que: “La evolución capitalista ha asistido en las últimas décadas a una rápida acumulación. Como resultado del desarrollo de las diferentes formas de crédito, la plusvalía acumulada es apropiada a menudo por individuos que no tienen a menudo ninguna relación con la producción. El número de estos individuos crece continuamente, al punto de llegar a conformar una clase social: la de los rentistas”. Esta evocación de un texto ya centenario es para develar el fin que los neoclásicos han perseguido, y en buena parte logrado cuando se constituyeron en soporte teórico de los gobiernos neoliberales, de ser reconocidos como portadores de la verdad objetiva en el ámbito del pensamiento económico. Ambición que desnudaron claramente con el cercenamiento del nombre de la disciplina cuando mutaron el de Economía Política por “La Economía” a secas.  

Las altas tasas de interés y el escandaloso pago a los fondos buitre constituyen muestras de los beneficios que el gobierno de Macri ha otorgado a la escoria de esa clase de rentistas a la que ya se refería Bujarin, y que hoy opera a nivel global apropiándose de los recursos de las naciones más pobres y de las clases populares. Lo dicho por el discurso presidencial, citado al principio,  también encubre, cuando se refiere a los efectos de la inflación sobre el ahorro y la inversión, que la política que lleva a cabo el gobierno remunera altamente a la inversión especulativa y provoca el desestímulo de la productiva al deprimir la demanda agregada, produciendo la caída del PIB e impactando también en la erosión del tamaño del mismo para el futuro porque, como se demuestra en enfoques de la economía heterodoxa, las caídas en el producto del presente importan una afectación en las potencialidades de su nivel futuro.

 

* Economista.