Los obispos advierten serios riesgos de "manifestaciones violentas por parte de sectores excluidos del mundo del trabajo, que podrían degenerar en peligrosos enfrentamientos sociales". Los preocupa, entre otros aspectos, la reiteración de reclamos no atendidos, de huelgas desproporcionadas y el crecimiento escandaloso de la desigualdad en la distribución de los ingresos.

El crudo diagnóstico de la situación del país se dio a conocer ayer, en un documento titulado "Una luz para reconstruir la Nación", al término de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina.

"No nos dirigimos expresamente al Gobierno, sino a todos los hombres de buena voluntad, entre los que están incluidos los funcionarios del Gobierno", precisó ayer monseñor Carmelo Giaquinta, administrador apostólico de la diócesis de Resistencia, al presentar el pronunciamiento de la Iglesia en una conferencia de prensa, en Pilar.

Giaquinta, presidente hasta ayer de la Comisión de Pastoral Social, que se encargó de elaborar el borrador del documento, fue el obispo que la semana pasada dijo que no dudaría en llamar a los cristianos a la desobediencia civil si el Gobierno perdía su razón de ser en materia sanitaria y educacional.

Con el pronunciamiento, el Episcopado busca "proponer a la reflexión algunas situaciones y cuestiones para estimular a todos al estudio de la Doctrina Social de la Iglesia" y a su aplicación al momento presente.

En el crítico documento, los obispos buscan dar un ejemplo de cómo mirar la realidad a partir de los principios básicos de la doctrina católica: el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la participación y la solidaridad.

Si bien afirman que no pretenden desentrañar todas las implicancias que esos principios tienen para la vida social argentina, son pocas las áreas temáticas que quedan fuera de la aguda observación de los religiosos.

Enfrentamientos sociales

La solidaridad debe captarse, según la doctrina católica, en su valor de principio social ordenador de las instituciones. Sin embargo, en este momento, según perciben los obispos, hay "preocupantes" formas de insolidaridad: el crecimiento escandaloso de la desigualdad en la distribución de los ingresos, el debilitamiento de la cultura del trabajo en muchos que gozan de él y la reiteración de reclamos no atendidos y de huelgas desproporcionadas.

"En una sociedad donde crece la marginación no serían de extrañar manifestaciones violentas por parte de sectores excluidos del mundo del trabajo, que podrían degenerar en peligrosos enfrentamientos sociales", alertan los prelados.

Al ejemplificar el "olvido" al que fue relegado el principio del destino universal de los bienes (que indica que todo lo creado debe llegar a todos en forma equitativa y justa), los prelados se refieren al empobrecimiento "de gran parte de la población" y llaman especialmente la atención sobre el trabajo y el acceso a la tierra.

Afirman que la ausencia de un trabajo digno y estable "degrada a amplios sectores del pueblo honrado y trabajador y desintegra a la familia" y que ésta es "una las peores desgracias sufridas por la Argentina, de cuya magnitud no se tiene idea cabal". Para revertir esta situación sugieren esforzarse "por la dignificación del trabajador mediante la creación de fuentes de trabajo genuino y la supresión del trabajo en negro y de la dádiva".

En cuanto al "difícil acceso a la tierra", los obispos advierten: "La gran extensión territorial, conjugada con una población relativamente escasa y altamente concentrada en el Gran Buenos Aires y en muchas capitales de provincia, amenazan constituir una estructura permanente generadora de pobreza".

La pobreza es el aspecto que más detalladamente se describe en el texto episcopal. "Quizá porque la pobreza sea tan dolorosa", arriesgó Giaquinta.

Otras situaciones de pobreza mencionadas son la "deficiencia de la educación", la "precariedad de los servicios de la salud" y la "inmensa deuda pública". Respecto de esta última los obispos recuerdan que "tiene dos caras": la injusticia de la economía internacional reinante en este campo, y la irresponsabilidad de quienes contrajeron la deuda o alentaron a contraerla a espaldas del pueblo.

El documento recuerda también que el principio de la subsidiariedad (que protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores) se puede aplicar al ámbito educativo. "La escuela pública de gestión privada cumple un papel muy importante en la sociedad, y es de justicia que el Estado aporte para sufragar los gastos de esta educación con los impuestos que pagan los ciudadanos", ejemplifican.

Luego de afirmar que "está vigente una subcultura de la dádiva", advierten que ésta "pervierte el principio de subsidiariedad, degrada al pobre y lo convierte en un sujeto incapaz de participar de la vida democrática".

"Queremos que los cristianos sepan plantearse los problemas desde la fe y no tengan que esperar los mensajes del Episcopado", dijo Giaquinta que recordó que la doctrina social nace, como lo había definido monseñor Angelelli, de poner "un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo".