“Corrí hasta mi casa y vi las camionetas de Ledesma actuando con total impunidad, acorralando gente y llevándosela en sus móviles. Luego eran conducidas a la base de Gendarmería que estaba adentro del ingenio”, recordó Ricardo Arédez hace cinco años, en el 30º aniversario de los apagones. Su familia conoció de cerca el poder de los Blaquier cuando su padre, Luis, era el médico del Ingenio y lo cuestionaban por recetar “remedios caros” para los obreros. Años más tarde siguió siendo molesto para los dueños del feudo azucarero cuando, ya como intendente, quiso cobrarles impuestos, algo que jamás había ocurrido. Arédez sufrió dos secuestros pero del segundo nunca volvió, permanece desaparecido desde 1977. Su mujer, Olga Márquez de Arédez, se puso un pañuelo blanco y comenzó a dar vueltas a la plaza del pueblo, exigiendo lo mismo que tantos familiares: aparición con vida y castigo a los culpables. Lo hizo hasta su muerte, en 2005, por un cáncer de pulmón que probablemente haya sido producido por bagazosis, una enfermedad derivada de la contaminación de bagazo, ese desecho de la caña que la empresa acumula en montañas a cielo abierto e impregna de olor a vómito de bebé las calles de Ledesma. Antes de morir, esa mujer presentó un amparo por la contaminación del ingenio, pero no prosperó.

Los organismos de derechos humanos vienen planteando que llegó la hora de juzgar las responsabilidades civiles del genocidio, en el entendimiento de que hubo una unidad entre el empresariado y los represores porque estos últimos eran los garantes de que el modelo de acumulación permanecería intacto, que no habría molestos delegados obreros haciendo planteos ni leyes que coartaran la libertad de mercado. Por eso, en un pueblo donde el poderoso Ingenio dominaba (y domina) casi todos los aspectos de la vida cotidiana –al punto de que en el hospital local jamás diagnosticaron un caso de bagazosis y son hostigados los militantes del centro de acción popular que funciona en la casa familiar de los Arédez, saqueada en 2007– parecía natural que durante la última dictadura los gendarmes durmieran en el predio y la represión se hiciera con camionetas que llevaban el logo de Ledesma. Así era en julio de 1976, mes de los apagones, y poco o nada cambió en julio de 2011, donde un grupo de personas sin techo pretendió ocupar 15 de las 40.000 hectáreas de caña de los Blaquier.

El caso de Arédez, como el de las decenas de desaparecidos de Libertador General San Martín y Calilegua, está abierto en los tribunales federales de Jujuy. A principios de abril, HIJOS y un grupo de abogados se presentaron como querellantes por tres casos emblemáticos de los que fueron víctimas trabajadores del ingenio. Una ONG europea argumentó, en las tres causas que investigan delitos cometidos contra 55 personas que trabajaban o vivían en Ledesma, que la empresa azucarera y papelera colaboró con el terrorismo de Estado. Pero la Unidad Fiscal de Seguimiento de los juicios por crímenes de lesa humanidad hizo un duro informe alertando sobre la parálisis de los expedientes jujeños, y nada de esto parece haberles removido el polvo.

Los Blaquier de Ledesma –que no tributaron por décadas, que contaminan Libertador hasta enfermar mortalmente a sus habitantes, que parecen ser inmunes a los boicots contra sus productos organizados por los sindicatos locales, a las intimaciones por salubridad de la Anses, y a los pocos pedidos de explicaciones de la Justicia– todavía no rindieron cuentas ante tribunal alguno. Pero el clamor de que así sea por parte de los sobrevivientes de los apagones, al que se sumará el de los muertos de ayer, aún no calla.

Página/12 - 29 de julio de 2011