El pasado 16 de abril se cumplió un año desde que fue enviado al Congreso el proyecto de ley que, aprobado el 3 de mayo siguiente, declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario para el país el logro del “autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”. Asimismo, con la ley resultante se expropió el 51 por ciento de las acciones de YPF, que estaban en dominio de Repsol. El proyecto buscó revertir el largo ciclo de dominio neoliberal en la explotación de los hidrocarburos, tomando el Estado un rol central en la organización y planificación de esta industria.

El Plan de los 100 días explicitado por Miguel Galuccio indica índices y señales donde se percibe un protagonismo excepcional de YPF en los próximos cinco años. El programa es un esfuerzo extraordinario en áreas convencionales conocidas y en áreas no convencionales prometedoras. La nueva YPF es una empresa de carácter mixto con capitales públicos y privados. La Comisión de Planificación y Coordinación estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas posee poderosas herramientas, entre otras, la definición de políticas e incentivos para las inversiones, que jugaran a favor del éxito de YPF.

Ya se sabe que los norteamericanos son obsesivos con la cuestión de la seguridad nacional, tanto o más que con el consumo desenfrenado. Pero, para que las dos cosas funcionen se precisan combustibles y si es prescindiendo de las compras externas, mejor. Eso es lo que sucede con la llamada Revolución del Gas no convencional, tanto que ya la señalan como The Golden Age of Gas. Según proyecciones oficiales de la Energy Information Agency (EIA), para el año 2035 los Estados Unidos importará sólo el 1 por ciento del gas que necesita anualmente (hoy contra el 11 por ciento) y la producción del shale gas, el gran actor protagónico, pasará desde un modesto 14 por ciento del total en el 2010 a casi el 50 por ciento en el 2035.

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El shale gas, o gas de esquistos, es definido comúnmente como gas no convencional. Teniendo en cuenta que la composición química del gas natural que se encuentra en cualquier yacimiento es muy similar, ¿a qué hace referencia en este caso el mote de “no convencional”? Básicamente, a las técnicas que se requieren para su extracción, más complejas que las que se utilizan en los pozos gasíferos convencionales.

Los procesos geológicos de formación de gas y petróleo son bien conocidos. Consisten en la acumulación durante millones de años de restos orgánicos en fondos marinos o lacustres, en donde son cubiertos por gruesas capas de sedimentos. A medida que aumenta su cantidad, se generan condiciones de presión y temperatura que modifican la materia orgánica y la transforman en hidrocarburos. En ciertos casos, estos hidrocarburos escapan de la roca madre donde se originaron –el yacimiento primario– y migran por el subsuelo hasta hallar alguna barrera rocosa impermeable que impide su paso, formándose así trampas geológicas –o yacimientos secundarios– en donde quedan almacenados.

La construcción y el cuidado de la falsa imagen corporativa de las grandes compañías energéticas es un asunto relevante para mantener tanto al consumidor/a alejado/o de la realidad como al accionista en una postura poco crítica respecto a sus actividades.

La desinformación -mediante informes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), publicidad engañosa, instrumentalización política o galardones ambientales- es una práctica reconocida en Repsol, que le garantiza un cierto campo de impunidad en los países donde opera. Sin embargo, la imagen de Repsol está siendo deteriorada por numerosas denuncias públicas que han desmontado las mentiras de la compañía y señalan su deuda ambiental y social.

El CEO de YPF, Miguel Galuccio, presentó el plan quinquenal para relanzar la petrolera. Los desafíos: autoabastecimiento, inversión, exploración, y el comienzo de “la era no convencional”.

A mediados de esta semana, el CEO de YPF Miguel Galluccio presentó el trazo grueso de su plan quinquenal para relanzar la empresa petrolera. El objetivo de mediano plazo que planteó fue muy claro: que Argentina vuelva a tener autoabastecimiento de combustible, un insumo que en el año 2011 implicó importaciones por más de 9000 millones de dólares. El plan quinquenal prevé un incremento de la producción en los yacimientos ya descubiertos, un aumento de la exploración y, en el corto plazo, comenzar el camino para utilizar los llamados hidrocarburos no convencionales. Son varios los estudios que indican que Argentina tiene la tercer reserva a nivel planetario del denominado shale gas, en el área de Vaca Muerta. Los desafíos que presentó Galuccio generan entusiasmo y también interrogantes.

Se debe recuperar el carácter estratégico del tema energético, en todas las etapas de producción y comercialización. La autoridad pública debe asumir la definición e implementación de las políticas y el planeamiento estratégico del sector eléctrico y de hidrocarburos, con participación del sector privado, pero con el objetivo de que la Argentina recupere su renta petrolera y consolide la ventaja competitiva de contar con energía barata.

La expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF, en manos de la empresa multinacional Repsol, es una de las medidas de mayor alcance adoptadas por el Estado argentino en los últimos años. Ello es así por su significación política y económica y porque atañe a un sector altamente estratégico, como es el de los hidrocarburos. Desde el Plan Fénix, consideramos necesario dar a conocer nuestra postura.

El 15 de noviembre de 1963 el presidente Arturo Illia firmó dos decretos que anulaban contratos de locación con petroleras extranjeras con YPF, acordados durante el gobierno de Arturo Frondizi por “vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación”. El mandatario criticado por los medios de comunicación por su “lentitud” había tomado esa decisión porque entendía que en lugar de locación se había hecho una concesión para la extracción de petróleo del suelo argentino. Lejos de dichas acciones pero encaminado hacia la recuperación de YPF del desastre económico y social que significó la privatización de los yacimientos petrolíferos fiscales, el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51 por ciento de la empresa a la española Repsol, proyecto que se convirtió en ley con un fuerte respaldo el pasado 3 de mayo. A propósito de este tema, el último lunes Gustavo Calleja, subsecretario de Energía durante el gobierno de Raúl Alfonsín, presidente de la Fundación Arturo Illia y vicepresidente del Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno), brindó una conferencia en la sede de la Universidad Nacional de Rosario sobre “Los recursos energéticos de la Argentina”, y en especial sobre el “Caso YPF”. En una entrevista previa con El Ciudadano, Calleja se explayó sobre el tema.

El petróleo y el gas constituyen recursos estratégicos del Estado –bienes públicos indispensables como palancas o instrumentos soberanos de planificación y regulación económica para el progreso económico con justicia social (desarrollo humano) del art. 75, inc. 19 CN-. De allí que merezcan –como otros tópicos estructurales- de una Política de Estado. Esto se ha concretado con la expropiación del 51% propiedad de REPSOL, sus controlantes y controladas, en el capital accionario de la sociedad anónima privatizada REPSOL/YPF, lo que contó con el apoyo mayoritario de las fuerzas sociales y políticas de Argentina y de nuestra América. Esta decisión soberana provocó la reacción de grupos políticos y mediáticos minoritarios que argumentan con intención aviesa o palmario desconocimiento del derecho.